Nota
Luciano Arruga, presente
Vanesa Orieta se detuvo y aclaró: “No fue un accidente”.
Hizo un silencio, miró a cada uno y acentuó: “No fue un accidente. ¿Me escuchan?”.
Señaló hacia la izquierda: “¿Vos?”. Señaló al medio: “¿Vos?”. Señaló hacia la derecha: “¿Vos?”.
Eran las pasadas las 18 cuando Vanesa Orieta pidió que no nos hagamos los boludos.
(Textual: “No se hagan los boludos”).
Este sábado 17 de octubre se cumplió un año del hallazgo del cuerpo sin vida de su hermano Luciano Arruga, enterrado como NN.
Vanesa Orieta se detuvo y aclaró: “No fue un accidente”.
Hizo un silencio, miró a cada uno y acentuó: “No fue un accidente. ¿Me escuchan?”.
Señaló hacia la izquierda: “¿Vos?”. Señaló al medio: “¿Vos?”. Señaló hacia la derecha: “¿Vos?”.
Eran las pasadas las 18 cuando Vanesa Orieta pidió que no nos hagamos los boludos. (Textual: “No se hagan los boludos”)
La jornada cultural arrancó a las 11 de la mañana bajo un sol único. Este sábado se conmemoró un año del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, el joven de 16 años de La Matanza desaparecido el 31 de enero de 2009 que, tras 5 años y 8 meses de una sólida lucha por parte de su familia. Fue encontrado el 17 de octubre de 2014 enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Ese día se supo que el adolescente había sido atropellado la noche de su desaparición en la Avenida General Paz. Sin embargo, la sombra de la Policía Bonaerense acecha el caso: seis meses atrás Luciano había comenzado a ser perseguido sistemáticamente por oficiales de la localidad de Lomas del Mirador.
La razón: los efectivos le pidieron a Luciano que robara para ellos.
La respuesta: “No”.
La persecución derivó en amenazas y una privación ilegítima de la libertad que lo condujo el 22 de septiembre al destacamento de Lomas del Mirador, un chalet que funcionaba como dependencia policial a partir del pedido de seguridad de los vecinos del barrio, y que no tenía las condiciones necesarias para albergar detenidos. Mucho menos -claro está- un menor. Por las torturas físicas y psicológicas desatadas en esa detención ilegal el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó en mayo de este año al policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión.
Allí, según testigos, Luciano fue visto por última vez con vida la noche del 31 de enero.
“A Luciano lo humillaron, lo verduguearon”, recordó Vanesa. “Todo lo que vivió Luciano hasta el 31 de enero no se olvida y eso es lo que nos hace estar más seguros que nunca. Luciano no murió en un accidente de tránsito. Esta puta palabra, ´accidente´, no la quiero escuchar más. No fue un accidente. A mi hermano lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Por negligencia, por desidia, por complicidad: a mí no me importa. Las responsabilidades las tienen que pagar igual. Y esto lo digo como hermana: me va a dar la vida para condenarlos. Y si no hay justicia del Poder Judicial, la vamos a hacer nosotros. No con violencia: los vamos a ir a escrachar. A cada uno. Esa es la justicia que necesitamos: la justicia social. Porque el dolor y la bronca no se van a ir nunca más, y la única forma de aliviarlo es condenando a los responsables políticos, materiales y judiciales”.
Datos y pruebas
El hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga dio un giro a la causa que tramita el Juzgado Federal de Morón N°1 de Gustavo Salas. La principal hipótesis sigue siendo la participación de la Bonaerense, pero el caso también reveló un oscuro entramado que desnudó los mecanismos institucionales mediante los cuales una persona puede desaparecer hoy en democracia. El recorrido incluye el destacamento de Lomas del Mirador, el SAME, el Hospital Santojanni, la Morgue Judicial y el Cementerio de Chacarita. De la investigación, se desprenden algunos elementos claves:
- Luciano Arruga fue atropellado a las 3.21 de la madrugada en el cruce de General Paz y Emilio Castro. Había sido visto por última vez la noche del 31 de enero de 2009. Falleció el 1 de febrero de 2009 a las 8 de a mañana en el Hospital Santojani. Fue trasladado por el SAME. Allí lo catalogaron como NN y ese fue su destino en la Morgue Judicial y en el Cementerio de la Chacarita. La familia llegó a este descrubimiento luego de presentar un hábeas corpus.
- Luciano intentó cruzar la General Paz por un lugar imposible. Hay que ir al lugar para saber de qué se está hablando en particular, pero la imagen no dista mucho de cualquier avenida “alta”. Hay un terraplén de césped que sólo trepando se puede acceder a la vía rápida de la General Paz. A metros del punto exacto donde Luciano fue atropellado, luego de trepar ese terraplén, hay un paso a nivel. Todas las personas cruzan la General Paz por ese lugar.
- El conductor que atropelló a Luciano declaró que el joven “cruzó como desesperado”. Aclaró que “no estaba trotando ni caminando, sino corriendo”. Y el punto que más llamó la atención de los funcionarios y actores judiciales que intervienen hoy en la causa: “Por lógica parecía que estaba escapando”.
- El testimonio anterior es clave porque fue la persona que atropelló a Luciano. Sin embargo, declararon otros testigos. Entre trabajadores de Autopistas del Sol que brindaron testimonio al juez Salas, hubo un motociclista que presenció e intervino en el hecho y es considerado como “altamente calificado”. Esta persona se detuvo en plena avenida e intentó proteger el cuerpo para que no fuera arrollado por otros vehículos. Fue el primero que llegó. Para evitar otro impacto, el hombre dio vuelta su moto para alertar con su luz a los automovilistas que venían de frente. Fue en ese momento que divisó una camioneta doble cabina de la Bonaerense estacionada con las balizas apagadas en la colectora de la General Paz, a la altura del atropello, del lado de la provincia de Buenos Aires. Otros testigos certificaron este dato. Para la familia, todos estos testigos refuerzan la hipótesis de la participación de la Bonaerense en el hecho, que nunca hizo ninguna manifestación pública.
- La reconstrucción realizada por el juez Salas sobre la autopista corroboraron los hechos.
- Otro elemento sustancial: al momento del impacto Luciano Arruga llevaba puesta ropa que no era la de él. Así se desprende de testimonios y otras pruebas recolectadas en la causa. Además, según el acta que la Policía Federal realizó esa madrugada, el joven llevaba una mochila. Detalle: hasta el día de hoy aún no fue localizada la totalidad de la ropa ni las pertenencias que había en esa mochila. Estos elementos de prueba no fueron resguardados por la fiscalía y el juzgado de instrucción que tuvieron a cargo la investigación de los hechos que produjeron la muerte de Luciano. Fueron la jueza Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez. Ambas sobreseyeron al conductor y cerraron la causa sin interesarse quién podía ser aquella persona enterrada como NN.
- En esa causa consta que Luciano Arruga llevaba zapatillas. Tampoco se sabe hoy dónde está el calzado, que hubiera ayudado a determinar con mayor precisión por dónde Luciano accedió a la vía rápida de la General Paz.
La denuncia por su desaparición originó una causa que quedó a cargo del juez Gustavo Banco y así, formalmente se estableció quiénes eran los responsables de encontrarlo. La actuación de dos fiscales (Roxana Castelli y Celia Cejas) y el juez convirtieron a esa investigación en un monumento a la impunidad judicial. Durante un año y cuatro meses la fiscal Cejas pidió 15 veces intervenciones a los teléfonos de la familia Arruga, que el juez Banco autorizó. La misma familia que había denunciado a a la policía por corrupta y responsable por la desaparición de Luciano fue vigilada a través de escuchas telefónicas. Además, desde marzo de 2010 el juzgado y la fiscalía ya contaban con los mismos datos que permitieron encontrar a Luciano a partir de la aceptación del habeas corpus. Nunca los activaron.
Los tres funcionarios están al borde de la destitución. Un jury de enjuiciamiento pesa sobre ellos.
La conquista del color
La jornada cultural fue en el propio destacamento de Lomas del Mirador. El lugar fue recuperado y expropiado por los familiares tras más de dos meses de acampe para transformar un lugar de tortura en un centro cultural para los niños y las niñas del barrio. “Todavía me cuesta entrar”, señaló Mónica Alegre, mamá del joven. Adentro se hicieron murales y se proyectó el documental Nunca digas nunca. El patio del destacamento tomó así un color que descolonizó el gris que lo dominaba. Las piernas esquivaban los baldes y tachos de pintura, y trataban de no interferir en la obra de los artistas. La propia Vanesa fue una de las que tomó el pincel y tatuó de vida esas paredes. “Gracias”, dijo Mónica Alegre. “Hoy no me levanté bien a la mañana, pero después vine acá, los vi a todos ustedes y la verdad que la pude pilotear. Estamos pidiendo justicia por todos los pibes”.
Vanesa agregó: “Hay que accionar y convertir esa tristeza y desesperación en acciones concretas, y en acciones que nos dan esperanza de poder revertir esta situación que nos permite no estar en ese estado de depresión”. Por eso se centró en el espacio: “Este tiene que ser un lugar por donde pasen muchos niños y jóvenes. Son ellos quienes están en peligro. Y nosotros somos quienes tenemos que darles las herramientas que son necesarias para que puedan defender sus derechos y puedan apropiarse de este lugar. No pedimos la expropiación para instalarnos como si fuera nuestra casa: este espacio lo conquistamos para que los pibes se lo apropien”.
La bisagra
“El caso de Luciano debe ser una bisagra para que no haya más Lucianos”, afirmó a lavaca Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH-La Matanza), una de las personas que acompañó desde el primer minuto a la familia y pudo observar cada uno de los procesos que transitó la causa. “No fue un error administrativo como nos quieren hacer creer. Fue un abandono total de persona: intervino la Policía Federal, el SAME, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el Santojanni y la Morgue. Eso después de lo que ocurrió en la General Paz”.
¿Y antes? “Siempre dije que el caso de Luciano se enmarca en un mejoramiento de los sistemas de represión por parte de la policía. Cada hecho es mejorado después. Pero nunca me hubiera imaginado que el tan famoso ´que parezca un accidente´ lo pusieran en práctica. Porque si no hubieran visto los testigos al patrullero, ya está: hubiera quedado como alguien que lo atropelló. Y para Luciano ese fue su pelotón de fusilamiento. Era como una ruleta rusa: podía pasar como no. Pero pasó. Pobre Luciano por lo que habrá pasado esas horas previas. Y aquí cobran sentido dos testigos de la Comisaría 8° (ex Sheraton, el Centro Clandestino de Detención) que declaran haber visto a un joven de las características de Luciano colgado a centímetros del suelo pidiendo que lo asistan, golpeado. Uno de ellos, Federico Cabrera Ruiz, fue asesinado días antes del juicio a Torales. En ese momento los abogados y la fiscal no le dieron réditos. Yo digo: sea o no sea Luciano, allí hubo una persona que vivió esa misma noche el flagelo de la tortura”.
Pimentel dijo que se enteró de la noticia de la aparición del cuerpo en la casa de Vanesa. “No podía salir del asombro de estar viviendo en un país con sectores judiciales y del Estado tan perversos con su propio pueblo. Del pueblo más pobre, más sufriente”. El militante recordó también a Diana Sacayán, la militante travesti asesinada. “Cuando la despedíamos, pensaba: a mucha gente le cuesta vivir, pero a muchos hermanos les cuesta el doble. Por ser pobre, por ser trans. Y a Luciano también. Y detrás, a toda su familia”.
El futuro y la esperanza
“La única forma de poder hablar de violencia institucional, gatillo fácil y desapariciones forzadas es apuntar hacia los actores que permiten que esto suceda”, subrayó Vanesa. “Nosotros estamos denunciando a las instituciones del Estado, y no queríamos trabajar con aquellos a quien denunciamos. La independencia es fundamental para hablar de la defensa de los derechos humanos”. Apuntó a cambiar el enfoque habitual: “Han instalado inteligentemente la figura del pibe chorro. Ustedes ya se imaginan cuáles son sus características al escucharlo. Son las características de los pibes de nuestros barrios. Ese pibe es generalizado, victimizado y condenado a las aberraciones más inmundas que se puedan imaginar. Se los tortura, se los humilla, se los desaparece. Y no podemos instalar que la mirada vaya dirigida hacia las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de controlar las redes de grandes delitos de nuestro país”.
Por esa razón Vanesa se centró en el espacio: “Desde acá podemos hacer visible esta problemática y que poco a poco los índices vayan disminuyendo. Esto recién empieza: todo lo que salga de acá, a partir de ahora, tiene que ser esperanzar. Tiene que darnos la posibilidad de soñar que realmente podemos cambiar esta situación y que realmente podemos tener la democracia que nos merecemos. Y para eso tenemos que participar. La democracia la construimos entre todos. Tenemos que crecer. La democracia tiene que ser participativa, con la participación del pueblo”.
Vanesa Orieta invitó a todos a participar de la próxima jornada: el 31 de enero de 2016.
“Es la fecha del asesinato y desaparición de Luciano”.
Fue allí cuando se detuvo y aclaró: “No fue un accidente”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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