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Mala leche: otro negocio que entrega el Estado a las corporaciones

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En la revista MU de noviembre, que ya está en los kioscos, esta investigación de Soledad Barruti revela el negocio que hace el Estado con empresas que comercializan leche de fórmula en Capital Federal y Córdoba. La compartimos para extender el alerta y la defensa por la lactancia materna.
Fue el 21 de mayo de 1981, en la sede central de la Organiza­ción Mundial de la Salud en Ginebra: la firma de un acuer­do mundial que todavía, más de 35 años después, se puede decir único. Ese día, 118 países acordaron intentar pre­servar a la Humanidad de la libertad de mercado, del engaño publicitario y de los conflictos de intereses que habían logrado algo siniestro: habían convencido a gran parte de la población de que la industria alimentaria y farmacéutica juntas habían superado a la biología y habían logrado una leche mejor que la humana para alimentar a los bebés.
En sólo una generación, gracias a un tendal de médicos convencidos por em­presas que a su vez convencieron a sus pa­cientes, las estadísticas de lactancia ma­terna se derrumbaron en lugares tan distintos como Estados Unidos y Perú. Se calcula que un millón de bebés murieron en África, donde las marcas habían mon­tado un marketing de guerrilla que incluía falsas enfermeras que instruían a las par­turientas sobre que el alimento innovador -que les regalaban- haría que su bebé se desarrollara más gordo, más vivaz, más inteligente.
Meses después, esos mismos bebés pa­decían lo que se terminó llamando “mal­nutrición comerciogénica”: problemas neurológicos, ceguera y raquitismo, y así hasta el paro cardiorespiratorio. Muchos de los que sobrevivían –porque tenían más suerte o porque vivían en lugares urbanos con fuentes de agua segura para preparar la leche y sus familias podían costear el gasto que implicaba el alimento artificial sin in­terrupciones- lo hacían con un rosario de dolencias: enfermedades gastrointestina­les, alergias, asma.
Esos bebés serían la evidencia de algo que hoy nadie discute: los alimentados con leche de fórmula son hijos menos sanos de un sistema cada vez más enfermo. Los gastos en salud pública disminuyen cuan­do aumenta la lactancia materna porque disminuyen las muertes prematuras y to­dos los cuadros más frecuentes que copan las guardias: gastroenteritis, broncoes­pasmos, otitis.
En la salud de las mujeres también inci­de: las que no amamantan tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y de útero y osteoporosis.
Los gastos familiares se ponen en ja­que: la lactancia materna es gratuita, co­mercialmente hablando, claro, porque no se cuantifica el tiempo y dedicación de las mujeres a esa tarea ni su alejamiento del mercado del trabajo que no está debida­mente compensado con licencias pagas el tiempo suficiente: la negociación capita­lista, sus tironeos, sus violencias en el cuerpo.
La leche humana es segura y nutritiva, empoderadora de las mujeres, democrática e igualadora. Seguramente por eso hay tan­ta ingeniería destinada a liquidarla.
Entonces llegó Ginebra, 35 años atrás, y este documento: el Código de Comerciali­zación de Sucedáneos de la Leche Materna. Una serie de normas en las que deben en­cuadrarse los alimentos que puedan impe­dir u obstaculizar el amamantamiento:

  • Se prohíbe publicitar por ningún medio fórmulas infantiles, leches de conti­nuación, harinas o cereales o productos lácteos para bebés; también mamade­ras y chupetes.
  • No se pueden entregar muestras gratis, ni obsequiar equipamiento de consul­torio: el intercambio con los profesio­nales debe ser científico.

Por supuesto en el documento no se prohí­be la leche de fórmula en sí: se establece que, de ser imposible la leche humana, la única alternativa es un producto similar a un medicamento para enfrentar situacio­nes puntuales. La OMS establece alcanzan a no más del 5 % de la población.
Con el Código se reconocían tres cosas:

  1. La perfección de la lactancia materna.
  2. La inferioridad de los sucedáneos.
  3. La vulnerabilidad de las personas al combo feroz de la publicidad directa y subliminal, los expertos y el dinero.

Y se daba vía libre a una expresión de época, que crecería proporcional a la astucia de la industria: el activismo contra el negoción que lo acecha. Porque aunque la OMS había pedido a los gobiernos que incorporaran le­yes que penaran las violaciones al Código, pocos países lo hicieron.
La mayoría, como Argentina, quedó a medio camino: adherimos, pero no cum­plirlo no implica ninguna penalidad. Lo que por supuesto fue corriendo la frontera: de una góndola dedicada a sucedáneos, a consultorios decorados por laboratorios. Y de ahí a esto que pasa ahora: gobiernos fervorosos por asociarse a empresas, im­pulsar sus modelos, recaudar fondos y mejorar su imagen, poniendo en riesgo los logros alcanzados hasta ahora y la salud de los bebés, principalmente de los pobres.

Estrategias de venta

En los 64 Centros de Primera Infancia hay 9.000 niños y niñas pobres des­de los 45 días a los cuatro años. Lle­gan desde barrios marginalizados de la Ca­pital Federal y pasan ahí, al cuidado de docentes y estimuladores, un promedio de ocho horas.
El programa depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad y fue inau­gurado en 2009, con el objetivo de cubrir ba­jo el paraguas del Estado a un dispar grupo de comedores, merenderos, jardines de in­fantes que dependían de distintas oenegés. Actualmente también se propone como lu­gar donde padres y madres pueden recibir información sobre nutrición (los talleres predilectos, según un informe de Cippec de 2009), crianza, sexualidad. Pero en los últi­mos meses, los CPIs se han vuelto, además, el territorio donde se desató un conflicto que nace de la circulación de divisas y choque de intereses llamado Responsabilidad Social Empresaria.
Por esa ventanilla, abierta por el ministe­rio dirigido por Guadalupe Tagliaferri, in­gresó el acuerdo más polémico que se hizo hasta ahora con una marca dedicada a la venta de productos para nutrición de los be­bés: Nutricia Bagó. A partir de 2017 quedaría en sus manos la capacitación de los profe­sionales encargados de los Centros “en lo relativo al cuidado para el desarrollo y la nu­trición correcta y saludable los primeros mil días de vida”: esto es, desde el embarazo, hasta los primeros dos años.
La noticia puso el mundo lactivista en lla­mas. Médicos, consultores de lactancia, miembros de distintas sociedades científi­cas y funcionarios expresaron lo mismo: “Esto es una violación al Código de Sucedá­neos por parte del gobierno. Una empresa de fórmulas infantiles no puede dar recomen­daciones sobre alimentación. Aunque no hablen de leche de fórmula y que repitan que la lactancia es irremplazable: la publicidad subliminal existe, y por eso el Código es es­pecífico en estas cuestiones”.
En total fueron consultadas siete fuentes de altos cargo que enseguida solicitaron el off the record.
¿Por qué?
Porque las sociedades científicas a las que pertenecen o los ministerios donde trabajan no se expidieron públicamente.
A más de un mes de haberse hecho públi­ca la firma (no así el convenio, que perma­nece confidencial dentro de Desarrollo) las instituciones parecieran resguardar sus re­laciones privadas y sus financiamientos, encerrando a sus miembros en un oscuro si­lencio de facto.
Un funcionario de Desarrollo de la Na­ción, parte de la cartera de Carolina Stanley, que ocupó el cargo de Tagliaferri hasta co­mienzos de este año, aseguró que el conve­nio circuló como posibilidad en la gestión anterior, pero previendo lo que se vendría no quisieron firmarlo.
¿Qué es exactamente lo que temían?
El momento en que este derrotero de re­uniones e intercambios postales que está ocupando ahora los tiempos del Ministerio, estallase en escándalo.
Quien sí habló con MU fue la empresa Nutricia: “No recibimos ninguna carta ni consulta formal que dijera que nosotros ha­bíamos violado el Código. Buscamos saber qué estaba sucediendo y, proactivamente, nos reunimos con Fagran (Federación Ar­gentina de Graduados en Nutrición), AADYN (Asociación Argentina de Dietistas y Nutri­cionistas), Fundalam (Fundación Lactancia y Maternidad) y SAP (Sociedad Argentina de Pediatría); porque estas son las institucio­nes con las que trabajamos desde hace años y querían saber de qué iba el convenio”.
¿Y de qué va?
“Es un convenio de colaboración mutua. Lo que hacemos es desarrollar talleres de ca­pacitación sobre seguridad alimentaria, manejo de porciones, promoción de la lac­tancia materna y sueño seguro, a profesio­nales de los Centros de Primera Infancia. No va a haber presencia de marca, ni de produc­tos. Y no lo vamos a impartir directamente sino a través de una fundación muy recono­cida llamada Fundasamin”.
Fundasamin es una fundación dedicada a la divulgación, organización de congresos y dictado de talleres para profesionales de neonatología, obstetricia y enfermería, en­tre otros. Está conformada por médicos y enfermeros, y recibe apoyo y financiamiento de empresas productoras de leche de fór­mula infantil, como Mead Johnson, Abbot y Nutricia Bagó. La alianza es tan fluida que una de sus miembros, la coordinadora de docentes Carmen Vecchiarelli, figura como parte del consejo consultivo de la Asociación de Empresas de Nutrición Infantil: la Cáma­ra que nuclea a los productores de sucedá­neos, y que hasta hace poco estaba presidida por Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Desde Fundasamin confirmaron haber realizado talleres junto con Nutricia en otras oportunidades, pero de este proyecto pun­tual dijeron: “Sólo tenemos una invitación a participar en capacitaciones sobre lesiones y sueño seguro, no alimentación”.
El Gobierno de la Ciudad prefirió no res­ponder preguntas básicas del tipo, ¿es la empresa o la fundación la que va a hacer la capacitación?
Como sea, para los expertos en el Código, da igual.
Fernando Vallone, que fue durante varios años coordinador local de IBFAN (la Red In­ternacional de Grupos Pro Alimentación In­fantil, organización internacional que com­pila y denuncia las violaciones al Código en el mundo) dice: “Si la capacitación es finan­ciada por Nutricia directamente o a través de Fundasamin no cambia: es un paso para atrás enorme, que dilapida muchísimos es­fuerzos que se hacen desde hace años para aunar un único mensaje sobre cuál es la ali­mentación adecuada de los bebés. Están po­niendo al zorro a cuidar el gallinero”.

Acuerdos prohibidos

“Es triste que el gobierno crea que de­be recurrir al sector privado para proveer asesoramiento, cuando en su sistema de salud pública existen asesores. Además es alarmante que le dé esta tarea a una empresa cuyo objetivo es la fabricación y comercialización de fórmulas infantiles”, escribió en su blog Enrique Abeyá Gilardón, médico, experto en lactancia y miembro de la comisión homónima del ministerio de Salud de la Nación, resumiendo una preocupación compartida por expertos en todo el mundo: con la lactancia materna en lenta recupera­ción, ¿serán los gobiernos los que vuelvan a desbarrancarla?
George Kent es profesor de la Universi­dad de Hawaii, experto en nutrición ade­cuada, políticas alimentarias y derechos humanos. Actualmente trabaja en un libro que reúne pruebas para sustentar una teo­ría: bajo el plan de favorecer la economía a toda costa los gobiernos se están volviendo socios de la industria y, como tales, promo­tores activos de la leche de fórmula infantil. “Una forma es permitiendo acuerdos que están prohibidos; otra, tal vez el paso si­guiente, es la compra y entrega de fórmula desde el Estado. Ya sucede en Estados Uni­dos, y empezó a suceder en Chile”.
Chile: el país que más progresos hizo en la región para fomentar el amamanta­miento inauguró el mes pasado un progra­ma de entrega gratuita de Nutrilón para fa­milias de bajos ingresos que lo soliciten. “Creo que, como tantas veces, este país es­tá siendo el puntapié de un plan que quiere instalarse en la región”, dice la pediatra chilena Cecilia Castillo, magister en Nutri­ción. “Son acuerdos comerciales que vie­nen de Washington; si no, no se explica”.
En Argentina la entrega gratuita de fór­mula infantil, sin prescripción médica, ni más diagnóstico que la pobreza, es lo que empezó a hacer el ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba a través del programa Más leche Más Proteínas. El pro­grama fue motivo de aplausos y de indig­nación. Por un lado, fue bien recibida la entrega de leche fortificada a cien mil ni­ños en edad escolar y hasta los 11 años, a través de una libreta que obliga al segui­miento de su salud. Pero por el otro, no hubo quien pudiera explicar los beneficios de extender el plan a todos los recién naci­dos en familias vulnerables, y hasta los 12 meses, que recibirán una o dos latas por mes de fórmula Nidina (Nestlé).
“¿Cómo los niños van a poder salir de la exclusión? Con educación. ¿Cómo van a re­ceptar lo que se les enseña si no cuentan con la alimentación adecuada?”, planteó en la presentación el gobernador Juan Schia­retti pasando por alto que la leche de fór­mula infantil es, según el consenso cientí­fico, lo contrario al alimento adecuado.
“Hay muchas cosas que atender”, dice Cecilia Karplus, miembro de la comisión de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación y de la Liga de La Leche. “Sostener o desalentar la lactancia materna en el pri­mer mes es lo que va a determinar que continúe. En Argentina el 95% de las mu­jeres comienzan con el amamantamiento, pero sólo el 30% lo continúa con exclusivi­dad hasta los seis meses. En la mayoría de los casos porque no tuvieron el apoyo ade­cuado, o directamente tuvieron interfe­rencias comerciales. Ingresar a lugares vulnerables con fórmula es interrumpir la única estrategia de supervivencia que tie­nen los bebés”.
¿África, 1970?
Algo así.
“Si la fórmula que les entregan no les alcanza, ¿con qué van a alimentar a esos bebés?”, plantea Karplus. “¿Con leche en sachet, que es indigesta hasta el año? ¿Con mate cocido? ¿Cómo garantizan que una familia indigente tenga acceso al agua se­gura para prepararla?”.
El programa en el cual la provincia invir­tió, para los primeros cuatro meses, 68.640.000 pesos, de los cuales 11.328.000 fueron a la compra de 96 mil latas de fórmu­la, no anunció ninguna inversión para ase­soramiento en lactancia, algo similar a decir que no brinda una opción informada para que esa mujer pueda elegir lo que resulte más conveniente para ella y para su hijo.
Así el Estado ingresa con el regalo-pro­blema del que esa familia pasará a depen­der durante años. “Pero si la provincia in­virtiera esos mismos recursos en consultoras que hicieran visitas de apoyo intensivas -dos veces por semana- en esas mismas casas, se ahorrarían cien mil dóla­res”, dice Karplus.
Son pocos los están pensando en pro­gramas de ese tipo y menos aún los que se animan a proponerlo desde instituciones libres de conflictos de interés.
Con programas de marketing o planes sociales, que nadie parece haber pensado profundamente, la industria avanza.
Y con ella, esta idea alimentaria que só­lo un porcentaje de la población puede costear con sus recursos. “Los gobiernos empujan la fórmula haciendo acuerdos millonarios con la industria. Es un nego­cio. Y se apoyan sobre un dilema ético muy serio: muchas mujeres no amamantan y no tienen dinero”, plantea Kent. “Pero el Estado tiene la obligación de no agudizar el problema sino de ir un paso más allá. Hay que saber si las mujeres están optando por la leche de fórmula porque la entienden como algo más valioso o porque no tienen la suficiente información sobre cómo amamantar. También hay que poner en debate si están dando condiciones como leyes laborales y de apoyo económico. Hay que poner ahí el esfuerzo. De lo contrario, lo que está habiendo es una violación a un derecho humano que pocos tienen en cuenta: el de esa díada que conforman ma­dre e hijo a no tener interferencias”.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

Un abrazo contra la motosierra

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Un abrazo contra la motosierra

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

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La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

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Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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