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Marzo transfóbico: qué hay detrás de la campaña anti trans. Por Cristina Montserrat Hendrickse

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La abogada trans analiza en este artículo cómo el conjunto de declaraciones transfóbicas que recorrieron redes y medios durante este mes tuvo su correlato judicial, tiene su raíz histórica y llega a la violencia física. Las cuestiones biológicas, religiosas, las presuntamente científicas, y las meramente mediáticas. Las implicancias de ciertas declaraciones, los contextos que la producen y qué motiva a los enviados de turno: «La campaña anti trans puede tener excepciones de motivaciones por ignorancia, pero es la minoría. La mayoría está influenciada por discursos anti derechos. Los discursos de odio no son neutros y generan consecuencias en la vida concreta de las personas trans».

Hemos asistido en marzo de 2022 a una embestida de discursos de odio contra el colectivo trans en particular y contra el feminismo en general.

La embestida arrancó el 2 de marzo con un tweet de la diputada Amalia Granatta afirmando: «(…) No solo debe cerrar ya el Ministerio de la Mujer, también tiene que cerrar el INADI y destinar los fondos (producto del esfuerzo de todos los argentinos) a EDUCACION. Con educación no se necesita de estas “Instituciones” inventadas para mantener a la militancia K.”.

Luego se hizo foco en el 8M. La conductora Viviana Canosa -atribuyéndose la representación de las mujeres- lanzó: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. ¡Vayan a laburar! Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este Gobierno. Por eso, hoy es el ‘Día internacional de la mujer verde’ y no de la mujer. ¡Nos robaron hasta eso!…”.

Posteriormente, en un ida y vuelta con Carmen Barbieri, Amalia Granatta dijo: «En la Legislatura ingresan proyectos para darles más derechos a los trans o porque son trans darles viviendas gratis o pagarles desde el Estado” y “sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar”. También recordó que “ante la ley, el hombre y la mujer somos iguales…”. Agregó que “…mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans”. Y añadió “el trans no es una persona incapaz, tiene manos pies, cerebro”, a lo que una de las panelistas le replicó que a las personas trans no les dan trabajo. Sin embargo, lejos de empatizar Amalia respondió “que se pongan a estudiar”, y continuó, “eso es seguir manteniéndolos en la victimización, ustedes mismos están excluyéndolos pensando así».

Esta ensalada derogatoria de derechos de las mujeres y las personas trans originaron una tormenta de denuncias.

Cristina Montserrat Hendrickse, Es abogada, docente, y parte del Observatorio Lucia Pérez. www.observatorioluciaperez.org

La respuesta no se hizo esperar y Canosa convocó a Granata, su abogado y a Agustín Laje en un derroche de afirmaciones unidimensionales sin ninguna voz que las cuestionara.

Allí Laje dijo que el feminismo «fracasó» mostrando gráficos con estadísticas de la Corte Suprema con aumento de femicidios a partir de 2014. Lo que no dijo es que a partir de 2015 se incorporaron otras categorías: transfemicidios y femicidios indirectos. Para comparar los números sin desinformar a la audiencia debería desagregar las categorías agregadas. En segundo lugar no explicó el nexo causal entre aumento de femicidios y feminismo; bien también se lo podría vincular con nexo causal en su libro y demás discursos de odio en difusión. También recurriendo a las estadísticas, Laje atribuyó mayor número de violaciones a las marchas del 8M, sin reparar que lo que aumentaron fueron las denuncias, sin dar cuenta que el movimiento feminista impulsa el empoderamiento para vencer el miedo a denunciar.

¿Hubieron más violaciones o mayor cantidad de denuncias de violaciones ? Laje sabe que no es lo mismo. Pero confunde. No es un dato menor que este mensaje encubra a otro más perverso, para advertir entre líneas: no se manifiesten si no quieren que las violen más veces.

Como todo programa transfóbico no podía faltar la recurrente referencia al caso de Sergia, que transicionó a los 60 años; según sus compañeros de trabajo (vaya ambientes hostiles si los hay) denunciaron a los medios que era para jubilarse antes. Comunicadores que sustituyen la autopercepción legal por la percepción del entorno laboral jamás hacen referencia a que los varones trans, a diferencia de Sergia, se jubilan 5 años después. Y aquí la ciencia estadística -en la que gusta recostarse Laje- brilla por su ausencia.

Laje habló de un presa trans que «dejó embarazada» a una interna cis. No aclara si fue forzada o no. No habla de las violaciones por varones en cárceles de varones. No habla de gendarmes violadores reiterativos de mujeres en prisión (como el caso de la causa Rivero CSJN, en el cual se anuló el juicio en el que se había absuelto al gendarme acusado de violador porque la víctima no recordaba el número exacto de las veces que se la obligó a practicar sexo oral).

También Laje pretendió atribuir al término “homofobia” –para derogarlo como tal- un carácter patológico, siendo que es un concepto jurídico (Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Afirmó que con el reconocimiento del derecho a la identidad de género aumenta la cantidad de personas trans. ¿No será que, cuando hay garantías, somos más las que nos animamos a salir del closet?

No podía faltar en este marzo transfóbico Baby Etchecopar con su tweet: “La Peque Pareto dijo que no están en igualdad de condiciones en una competencia con las personas trans. ¿Coinciden con ella?”. Otra embestida contra las trans, obviamente sin referir siquiera el caso “Richards v. United States Tennis Ass’n” en el que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la tenista trans Renee Richards a participar en competencia de tenis siendo finalmente derrotada por la mujer cis Martina Navratilova en el US Open de 1977. O el caso de Jessica Millamán, en el cual la justicia de Chubut la autorizó a competir en Hockey femenino. Ni hablar del varón trans Patricio Manuel que en 2018 venció al varón cis mexicano Hugo Aguilar convirtiéndose en el primer pugilista transgénero en ganar una pelea profesional en Estados Unidos.

Mucho menos se trata de recordar lo cuestionable de las categorías deportivas basadas en pretendidas cuestiones biológicas, tal como en el fútbol sudafricano las categorías de blancos, bantúes, hindúes y mulatos; o la pretensión de la Sudáfrica del apartheid de participar en la Copa Africana de 1957 con dos equipos: uno de negros y uno de blancos (ya que Sudáfrica no permitía equipos mixtos). Fracasada la propuesta en la siguiente Conferencia de la FIFA Sudáfrica se ofreció a llevar un equipo de solo blancos para el mundial de Inglaterra 1966 y otro de solo negros para el de México 1970. Sudáfrica fue suspendida por la FIFA.

La campaña anti trans puede tener excepciones de motivaciones por ignorancia (así lo reconoció Carmen Barbieri pidiendo disculpas entre llantos), pero es la minoría. La mayoría está influenciada por discursos anti derechos, como los de Laje, los de Roxana Kraimer (decretando el fin del patriarcado, negando la violencia de género o el techo de cristal), entre otros.

La característica común es no fundarse en dogmas religiosos, sino en conclusiones revestidas de dudosas “verdades científicas” que no terminan de acreditar y siempre despojando a la ciencia de su carácter provisorio, revisable y autocuestionable propio del conocimiento científico, para pasar a atribuirles al mismo cualidades de verdades inmutables, eternas tal como si las conclusiones científicas fueran dogmas religiosos.

La embestida mediática para excluirnos a las trans ha tenido también un correlato judicial. El 4 de marzo María José BINETTI, Graciela Noemí TEJERO, Adriana Valentina CRUZ y Andrea PIUMATTI, todas académicas, iniciaron ante la justicia federal demanda contra el INDEC solicitando que en los formularios censales del 2022 en las respuestas a la pregunta “De acuerdo a la identidad de género se considera…”, 1) Se elimine las categorías mujer y varón; 2) Se sustituya la opción mujer trans por feminidades trans; 3) Se elimine la opción varón trans (quedando como opción la ya existente masculinidades trans).

Todo este clima anti derechos, que en Argentina está en sintonía con las prédicas excluyentes en Europa (grupos “identitarios” xenófobos, grupos anti LGBTIQ, neonazis, neo fascistas, etc.) ha generado un momento más que preocupante, que no es neutro y genera consecuencias en la vida concreta de las personas trans por la mella que hace en su equilibrio psíquico generando, cuando no agravando, cuadros depresivos de base que en muchos casos terminan en suicidios.

Basta recordar el caso de Celene “Nati” Colantonio hallada sin vida en su domicilio de Mina Clavero. En una entrevista Nati había afirmado: “…Aún hay cosas por cambiar, sigue habiendo mucha discriminación en Europa y aquí; me ha pasado que cuando ‘descubren’ que soy trans, porque yo lo cuento, empiezan a tratarme mal. Es algo que hace que todo se te dificulte…”.

Pero no solo el discurso de odio causa daño a la salud psíquica de las personas trans. También se traduce en agresiones o comportamientos violentos. Tal el caso de los policías de la Comisaría 3A del barrio de Balvanera, en Buenos Aires, que, tal como lo señaló el CELS, violando la Ley de Identidad de Género -el 24 de marzo: vaya fecha para causar torturas- alojaron a una persona trans junto a varones, con la previsible consecuencia de abusos sexuales en su contra.

La mujer trans había sido detenida por consumir drogas en el contexto de una ley cuya finalidad, paradójicamente, es la de protegernos la salud.

Cerrando el mes, en la madrugada del 30 de marzo, Fernanda López o “La Ferchu”, mujer trans que vivía en la zona de Parque Ferré en Concordia, fue atacada en la intersección de calles Tala y Urdinarrain. Ella fue abordada por otra persona que portaba un arma blanca provocándole serias heridas que le provocaron la muerte en pocos minutos.

Para el medio CN central de noticias digital, pese a que titula en género femenino a la víctima, en el cuerpo de la nota redactó “…En el lugar, un joven de 33 años de nombre Fernando Mario López, persona trans conocido como «la Ferchu», fue atacada por otro malviviente con un arma blanca quien le provocó serias heridas que con posterioridad le ocasionaron la muerte. El joven habría sido encontrado por…” y “…El herido fue asistido por…” (“otro malviviente”, al parecer para estos medios todas las trans también somos malvivientes).

La ley de identidad de género cumplirá una década este año y sorprendía entonces que la redacción en su artículo 12 -en pleno siglo XXI-  se titulara “Trato digno”. Al parecer, ese reclamo de trato digno se quedó corto.

A los discursos de exclusión de la Europa del siglo XX en los que el fascismo excluía a comunistas, gitanos, etc. pero haciendo foco principalmente en judíos, en el siglo XXI focaliza la exclusión en el extranjero y en personas LGBT. La derecha argentina, al igual que en el siglo pasado, no se queda atrás. Y los resultados, tristemente, ya están a la vista.

También en marzo, ante la sugerencia de un funcionario de proponer controlar el odio en las redes, en nombre de la “libertad” las lenguas del odio reclaman su derecho a construir este clima de crímenes.

Las travestis/trans también nos queremos vivas.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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