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Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia

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La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, entregó a la CIDH este informe realizado por lavaca que analiza la relación entre concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y desapariciones forzadas en democracia, a partir de dos casos emblemáticos: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México y Santiago Maldonado, en Argentina. Publicamos hoy la primera parte del informe y en los días sucesivos sus anexos, con toda la documentación, que quedará disponible con libre acceso para facilitar otros análisis de un material clave para comprender los desafíos comunicacionales de esta época.

Informe presentado en la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo por lavaca.dream.press
El comportamiento de los medios de difusión ante desapariciones forzadas padecidas en América Latina ha sido diversamente analizado en el contexto de dictaduras militares. El Caso Maldonado nos expone y compromete a analizarlo en contextos más complejos, como lo son los Estados democráticos y el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la difusión de la información. Cuál es el rol de los medios concentrados y las granjas de trolls en esta batalla contra la impunidad del mayor crimen de Estado. Cuáles son las preguntas que nos impone un caso manipulado por operaciones de prensa y ataques virtuales a la dignidad  de las personas que reclaman verdad y justicia. Algunas hipótesis para comenzar a construir respuestas urgentes, necesarias y determinantes para el futuro de nuestras sociedades.
Las lecciones de Ayotzinapa
Tenemos como antecedente una tremenda experiencia: la de México, con 30 mil desapariciones forzadas y cientos de periodistas asesinados. En ese dramático espejo podemos encontrar las sombras que se agitan ahora, en forma incipiente pero inquietante, en Argentina y en el caso Maldonado.
El más claro ejemplo está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de setiembre de 2014. Esas desapariciones se perpetraron en un escenario siniestro para el ejercicio de la prensa: la brutal concentración mediática y el crimen de periodistas, que por entonces cosechaba un promedio de 10 asesinatos por año y sumaba más de 90 crímenes de mujeres y hombres de prensa. Y que desde entonces no paró de crecer.
En ese escenario de muerte y concentración mediática , que deja a una sociedad sin posibilidad de generar información independiente, las redes sociales virtuales se convirtieron en una oportuna herramienta para expresar la indignación social. Un ejemplo fue el hashtag #YaMeCansé que se convirtió en tendencia mundial a lo largo de 26 días exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes. Hoy sabemos que el informático Andrés Sepúlveda –condenado en 2015 a 10 años de cárcel por espiar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC- confesó haber manejado 30 mil cuentas de Twitter destinadas a desacreditar ese hashtag, generar tendencias a favor del gobierno mexicano y difamar a las familias y organizaciones denunciantes.[1] Sabemos también que Sepúlveda no fue el único que coordinó ataques destinados a manipular la opinión pública en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. El 5 de diciembre de 2014 quedó registrado que contra el hashtag #YaMeCansé actuaron 75.000 cuentas automatizadas desde granjas de trolls financiadas por el gobierno.[2] Amnistía Internacional difundió, además, el testimonio de una troll arrepentida que confesó haber cobrado 2.500 dólares por hora para gestionar 150 cuentas contra el hashtag #YaMeCansé. [3]
En setiembre del año pasado, al cumplirse el tercer  aniversario de Ayotzinapa, las granjas de trolls lanzaron otro brutal ataque, con amenazas de muerte a periodistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos. El mensaje era claro: les advertían que si se sumaban a las movilizaciones convocadas para ese día “su sangre sería derramada”. El hashtag de las amenazas era aterrador: #ElPatrónYaDioLaOrden[4].
La experiencia mexicana nos advierte que los trolls no representan meros ataques virtuales, sino que incitan a crímenes que se concretan. No los justifican: los anticipan. Y en esa anticipación, reiterada al infinito por los trolls, aturden los mecanismos sociales para prevenirlas, impedirlas y juzgarlas dónde y cómo corresponde: la justicia. Es decir, el Estado.
¿Advertimos entonces lo que representa que un crimen de Estado active mecanismos comunicacionales capaces no ya de justificar sus propios  crímenes sino también de garantizar su impunidad?
Ese es el interrogante que nos deja la lección de Ayotzinapa.
Las lecciones de Santiago
El escenario argentino es aún más complejo que el mexicano. Desde la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos todas las políticas de Estado han favorecido la concentración mediática, pero todavía subsisten medios autogestionados que, al no depender económicamente  del Estado desde hace años, han podido adaptarse –no sin dificultad- a esta etapa de privilegios a las corporaciones mediáticas. Un dato sintetiza la situación: la pauta oficial se concentra en tres grupos que han tenido un rol activo en el caso Maldonado: Clarín, Indalo y La Nación. Las últimas cifras disponibles –que corresponden a los primeros 6 meses de 2017- dan cuenta  del siguiente reparto:

Para comprender el alcance de esta desigual distribución del dinero estatal, dos datos:

  • Las 5 primeras corporaciones mediáticas privilegiadas concentraron el 46,3% de los recursos estatales.
  • En tanto los medios no comerciales (cooperativas y asociaciones civiles) recibieron el 0,4%.[5]

Sin embargo, desde la primera semana de agosto, de este sector fueron los primeros medios (Cítrica y lavaca.dream.press, ambas cooperativas de periodistas) que enviaron profesionales de prensa al lugar en el cual desapareció Santiago Maldonado. Es decir: los medios más “pobres” fueron los únicos que invirtieron recursos humanos y financieros para producir información que fue determinante para desbaratar operaciones de prensa, imponer el caso en la agenda mediática e, incluso, aportar testigos a la causa.
Los medios corporativos no hicieron referencia a la desaparición de Maldonado hasta 3 días después de presentarse el habeas corpus que la denunciaba. Y lo hicieron de manera indirecta, al informar sobre una manifestación en El Bolsón que reclamaba “por un artesano”.
A partir de esa fecha, y de acuerdo al análisis que realizamos de lo publicado por los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones impresas –que se adjunta a este informe- la comparación entre lo editado en ambos diarios durante los primeros dos meses muestra diferencias importantes. La Nación pudo mantener, junto con la difusión de la desinformación oficial, una línea de investigación propia. ¿Se justifica esa diferencia en la cantidad de favores obtenidos del Estado por cada medio? Es notable que La Nación recibe mucho menos del Estado, y eso queda en evidencia en los montos de pauta oficial, más si se tiene en cuenta que es apenas una muestra significativamente menor de todos los privilegios que le otorgó el gobierno de Cambiemos al Grupo Clarín. Pero no es menos cierto que hubo en La Nación periodistas que mantuvieron una ética profesional, que por eso mismo han quedado expuestos a peligros y que cuentan con muy pocas herramientas para defenderse de ellos.
Para facilitar la comparación entre lo publicado en ambos diarios, hemos clasificado la información en tres categorías específicas:

  1. Difusión de operaciones de prensa, tendientes a desviar los ejes de la investigación judicial, manipular la opinión de influencers sociales y encubrir responsabilidades estatales.
  2. Difundir la palabra y versión de diferentes funcionarios estatales.
  3. Relacionar el caso con la campaña electoral y en beneficio del partido oficial.

El detalle de las notas, su contenido y sincronía con los acontecimientos sociales –marchas, campañas en redes sociales, etc.- y, en especial, con hechos relacionados con el trámite de la causa judicial, hablan por sí mismo, por lo que nos limitamos a recomendar la lectura de ese anexo.
Destacamos aquí que la importancia de analizar lo publicado por la prensa gráfica es vital para analizar un aspecto central de las desapariciones forzadas en democracia: ya no alcanza todo ese poderoso arsenal para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado. Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia.
En el caso de Santiago Maldonado, el blanco elegido fue su hermano Sergio, en particular –que se constituyó públicamente en vocero de la familia- “los hermanos” (Sergio y Germán), en segundo lugar y los organismos de derechos humanos, en particular, tanto los nacionales como los internacionales, que estuvieron activamente presentes en este caso.
En otro anexo adjuntamos el análisis de algunos de estos ataques de trolls, así como una línea de tiempo que reconstruye cuándo fueron ejecutados. Allí hemos identificado tres ataques de trolls sincronizados con dos propósitos detectados:

  • Inundar esa red social con difamaciones personales, creando un clima de malestar, alteración y crueldad.
  • Arrobar información falsa o derivada de las operaciones de prensa publicada en los medios corporativos a periodistas, programas de tevé y radio e influencers sociales, inundando así sus cuentas con campañas dirigidas a sembrar caos informativo.

La campaña de trolls se activó luego de que asumiera el nuevo juez que, en principio, representó que el gobierno no tuviera pleno acceso a maniobrar la propia causa, tal como lo hizo impúdicamente durante la gestión del juez Otranto, de tal forma que el responsable del enlace legal del Ministerio de Seguridad se convirtió en un puente entre el juzgado y los medios, filtrando información sesgada.
Medios corporativos y redes se transformaron así en formas de presión a la justicia a través de intoxicar a la opinión pública.
 
Medios y desapariciones forzadas en democracia: un complejo y pendiente desafío
La pregunta que nos impone estos casos analizados –Ayotzinapa y Maldonado- es urgente, necesaria y preocupante: ¿qué nos revela este escenario de medios concentrados y granjas de trolls?
Tenemos que construir esa respuesta.
Algunas hipótesis para comenzar a esbozarla:

  • La concentración mediática y la aparición de nuevas tecnologías de difusión han creado un nuevo mapa de audiencias. No hay ya un lugar donde “atrapar” a la opinión pública, sino múltiples escenarios y todos en constante fuga y reformulación.
  • Esta dispersión y multiplicidad, obliga al poder a desarrollar diferentes estrategias de manipulación de la opinión pública. Por un lado, los diarios impresos siguen cumpliendo el rol de imponer agenda en ámbitos políticos y de toma de decisiones. Por el otro, en diferentes redes virtuales en las cuales se distribuye el público clave para sostener el apoyo social que necesitan estos casos para resquebrajar la impunidad del Estado, se inyectan campañas “sucias” e información falsa.
  • De acuerdo al Digital News Report de 2017, las redes son la principal fuente de acceso a información entre los jóvenes de 18 a 24 años en 36 países relevados.[6] Un trabajo de los investigadores argentinos Eugenia Mitchelstein, Pablo Boczkowski y Mora Matassi, detalla que las redes sociales se imponen como segunda opción preferida de recolección de noticias (58 por ciento) entre los jóvenes de 18 a 29 años, al igual que los sitios web (41,9 por ciento). Este es el segmento social que impone tendencias, advierten. También el que participa activa y creativamente de la batalla social contra la impunidad de los crímenes de Estado.
  • Operaciones de prensa y ataques de trolls forman parte del arsenal que se dispara desde el poder para alterar el tejido social, aturdirlo, confundirlo y traumarlo, de forma tal de romper el lazo solidario necesario para sostener la batalla contra la impunidad estatal que representa toda desaparición forzada.
  • No se trata de una operatoria ornamental, sino central, necesaria y que se está revelando cómo planificada y modelizada, al repetirse casi en forma idéntica en diferentes países, casos y circunstancias.
  • La centralidad de esta operatoria representa, nada menos, que una desaparición forzada en democracia implica actualmente que el Estado utiliza estas técnicas para producir en la opinión pública un efecto que ya no es de mera adhesión o de neutralización del rechazo, sino de trauma.
  • Una desaparición forzada en democracia implica ahora que el Estado active un procedimiento comunicacional de shock porque no puede ignorar el factor “opinión pública” como si puede hacerlo una dictadura militar. Algo tiene que hacer con ella y, según se evidencia en estos casos, lo que hace atenta contra el rol que tiene la opinión pública en la vida democrática. En palabras de Noelle-Neumann es una forma contemporánea de La Espiral del Silencio: ya no se trata del aquel miedo a ser castigado por no pensar como la mayoría, sino de perder el parámetro de qué es esa “mayoría”[7]. Desquiciarla, para que esa noción de opinión pública pierda fortaleza y confianza. Contaminar lo común, lo social, aislar a los individuos, conlleva el peligro que describió Giovanni Sartori: “el gobernante gobernándose a sí mismo”.

¿Cómo prevenir que el Estado actúe contra la opinión pública ante una denuncia de desaparición forzada?
¿Cómo investigar qué hizo el Estado y cómo lo hizo cuando hay indicios de que se produjo una?
¿Cómo no dejar impune este ataque a la opinión pública,  uno de los pilares fundamentales de la vida democrática?
Son los desafíos que nos toca responder en medio de un crimen brutal y traumático, como lo es una desaparición forzada en democracia, que exige tantas respuestas, todas urgentes, todas necesarias y todas determinantes para el futuro de nuestras sociedades.

[1] http://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.html
[2] https://www.vice.com/es_mx/article/8qdz7b/trolls-bots-y-legiones-la-guerra-por-el-internet-en-mexico
[3] http://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[4] http://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[5] http://revistafibra.info/publicidad-oficial-2017-concentrada-y-en-aumento/
[6] http://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.htm
[7] http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18omportillo.html

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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