Nota
Medios, redes sociales y desapariciones forzadas en democracia
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, entregó a la CIDH este informe realizado por lavaca que analiza la relación entre concentración mediática, los ataques de granjas de trolls y desapariciones forzadas en democracia, a partir de dos casos emblemáticos: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México y Santiago Maldonado, en Argentina. Publicamos hoy la primera parte del informe y en los días sucesivos sus anexos, con toda la documentación, que quedará disponible con libre acceso para facilitar otros análisis de un material clave para comprender los desafíos comunicacionales de esta época.
Informe presentado en la última audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo por lavaca.org
El comportamiento de los medios de difusión ante desapariciones forzadas padecidas en América Latina ha sido diversamente analizado en el contexto de dictaduras militares. El Caso Maldonado nos expone y compromete a analizarlo en contextos más complejos, como lo son los Estados democráticos y el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la difusión de la información. Cuál es el rol de los medios concentrados y las granjas de trolls en esta batalla contra la impunidad del mayor crimen de Estado. Cuáles son las preguntas que nos impone un caso manipulado por operaciones de prensa y ataques virtuales a la dignidad de las personas que reclaman verdad y justicia. Algunas hipótesis para comenzar a construir respuestas urgentes, necesarias y determinantes para el futuro de nuestras sociedades.
Las lecciones de Ayotzinapa
Tenemos como antecedente una tremenda experiencia: la de México, con 30 mil desapariciones forzadas y cientos de periodistas asesinados. En ese dramático espejo podemos encontrar las sombras que se agitan ahora, en forma incipiente pero inquietante, en Argentina y en el caso Maldonado.
El más claro ejemplo está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de setiembre de 2014. Esas desapariciones se perpetraron en un escenario siniestro para el ejercicio de la prensa: la brutal concentración mediática y el crimen de periodistas, que por entonces cosechaba un promedio de 10 asesinatos por año y sumaba más de 90 crímenes de mujeres y hombres de prensa. Y que desde entonces no paró de crecer.
En ese escenario de muerte y concentración mediática , que deja a una sociedad sin posibilidad de generar información independiente, las redes sociales virtuales se convirtieron en una oportuna herramienta para expresar la indignación social. Un ejemplo fue el hashtag #YaMeCansé que se convirtió en tendencia mundial a lo largo de 26 días exigiendo la aparición con vida de los 43 estudiantes. Hoy sabemos que el informático Andrés Sepúlveda –condenado en 2015 a 10 años de cárcel por espiar las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC- confesó haber manejado 30 mil cuentas de Twitter destinadas a desacreditar ese hashtag, generar tendencias a favor del gobierno mexicano y difamar a las familias y organizaciones denunciantes.[1] Sabemos también que Sepúlveda no fue el único que coordinó ataques destinados a manipular la opinión pública en relación a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. El 5 de diciembre de 2014 quedó registrado que contra el hashtag #YaMeCansé actuaron 75.000 cuentas automatizadas desde granjas de trolls financiadas por el gobierno.[2] Amnistía Internacional difundió, además, el testimonio de una troll arrepentida que confesó haber cobrado 2.500 dólares por hora para gestionar 150 cuentas contra el hashtag #YaMeCansé. [3]
En setiembre del año pasado, al cumplirse el tercer aniversario de Ayotzinapa, las granjas de trolls lanzaron otro brutal ataque, con amenazas de muerte a periodistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos. El mensaje era claro: les advertían que si se sumaban a las movilizaciones convocadas para ese día “su sangre sería derramada”. El hashtag de las amenazas era aterrador: #ElPatrónYaDioLaOrden[4].
La experiencia mexicana nos advierte que los trolls no representan meros ataques virtuales, sino que incitan a crímenes que se concretan. No los justifican: los anticipan. Y en esa anticipación, reiterada al infinito por los trolls, aturden los mecanismos sociales para prevenirlas, impedirlas y juzgarlas dónde y cómo corresponde: la justicia. Es decir, el Estado.
¿Advertimos entonces lo que representa que un crimen de Estado active mecanismos comunicacionales capaces no ya de justificar sus propios crímenes sino también de garantizar su impunidad?
Ese es el interrogante que nos deja la lección de Ayotzinapa.
Las lecciones de Santiago
El escenario argentino es aún más complejo que el mexicano. Desde la asunción del nuevo gobierno de Cambiemos todas las políticas de Estado han favorecido la concentración mediática, pero todavía subsisten medios autogestionados que, al no depender económicamente del Estado desde hace años, han podido adaptarse –no sin dificultad- a esta etapa de privilegios a las corporaciones mediáticas. Un dato sintetiza la situación: la pauta oficial se concentra en tres grupos que han tenido un rol activo en el caso Maldonado: Clarín, Indalo y La Nación. Las últimas cifras disponibles –que corresponden a los primeros 6 meses de 2017- dan cuenta del siguiente reparto:
Para comprender el alcance de esta desigual distribución del dinero estatal, dos datos:
- Las 5 primeras corporaciones mediáticas privilegiadas concentraron el 46,3% de los recursos estatales.
- En tanto los medios no comerciales (cooperativas y asociaciones civiles) recibieron el 0,4%.[5]
Sin embargo, desde la primera semana de agosto, de este sector fueron los primeros medios (Cítrica y lavaca.org, ambas cooperativas de periodistas) que enviaron profesionales de prensa al lugar en el cual desapareció Santiago Maldonado. Es decir: los medios más “pobres” fueron los únicos que invirtieron recursos humanos y financieros para producir información que fue determinante para desbaratar operaciones de prensa, imponer el caso en la agenda mediática e, incluso, aportar testigos a la causa.
Los medios corporativos no hicieron referencia a la desaparición de Maldonado hasta 3 días después de presentarse el habeas corpus que la denunciaba. Y lo hicieron de manera indirecta, al informar sobre una manifestación en El Bolsón que reclamaba “por un artesano”.
A partir de esa fecha, y de acuerdo al análisis que realizamos de lo publicado por los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones impresas –que se adjunta a este informe- la comparación entre lo editado en ambos diarios durante los primeros dos meses muestra diferencias importantes. La Nación pudo mantener, junto con la difusión de la desinformación oficial, una línea de investigación propia. ¿Se justifica esa diferencia en la cantidad de favores obtenidos del Estado por cada medio? Es notable que La Nación recibe mucho menos del Estado, y eso queda en evidencia en los montos de pauta oficial, más si se tiene en cuenta que es apenas una muestra significativamente menor de todos los privilegios que le otorgó el gobierno de Cambiemos al Grupo Clarín. Pero no es menos cierto que hubo en La Nación periodistas que mantuvieron una ética profesional, que por eso mismo han quedado expuestos a peligros y que cuentan con muy pocas herramientas para defenderse de ellos.
Para facilitar la comparación entre lo publicado en ambos diarios, hemos clasificado la información en tres categorías específicas:
- Difusión de operaciones de prensa, tendientes a desviar los ejes de la investigación judicial, manipular la opinión de influencers sociales y encubrir responsabilidades estatales.
- Difundir la palabra y versión de diferentes funcionarios estatales.
- Relacionar el caso con la campaña electoral y en beneficio del partido oficial.
El detalle de las notas, su contenido y sincronía con los acontecimientos sociales –marchas, campañas en redes sociales, etc.- y, en especial, con hechos relacionados con el trámite de la causa judicial, hablan por sí mismo, por lo que nos limitamos a recomendar la lectura de ese anexo.
Destacamos aquí que la importancia de analizar lo publicado por la prensa gráfica es vital para analizar un aspecto central de las desapariciones forzadas en democracia: ya no alcanza todo ese poderoso arsenal para acallar la potencia social que condena este crimen de Estado. Es entonces cuando se activa el ataque de las granjas de trolls que trabajan en la zona más oscura, con argumentos más arteros, sin el bozal de la corrección política ni profesional que, aún en apariencia, deben representar los medios corporativos. Se trata de atacar la dignidad social, a través de personalizar en un blanco todas las indignidades posibles e imposibles de ser expresadas en voz alta y en una democracia.
En el caso de Santiago Maldonado, el blanco elegido fue su hermano Sergio, en particular –que se constituyó públicamente en vocero de la familia- “los hermanos” (Sergio y Germán), en segundo lugar y los organismos de derechos humanos, en particular, tanto los nacionales como los internacionales, que estuvieron activamente presentes en este caso.
En otro anexo adjuntamos el análisis de algunos de estos ataques de trolls, así como una línea de tiempo que reconstruye cuándo fueron ejecutados. Allí hemos identificado tres ataques de trolls sincronizados con dos propósitos detectados:
- Inundar esa red social con difamaciones personales, creando un clima de malestar, alteración y crueldad.
- Arrobar información falsa o derivada de las operaciones de prensa publicada en los medios corporativos a periodistas, programas de tevé y radio e influencers sociales, inundando así sus cuentas con campañas dirigidas a sembrar caos informativo.
La campaña de trolls se activó luego de que asumiera el nuevo juez que, en principio, representó que el gobierno no tuviera pleno acceso a maniobrar la propia causa, tal como lo hizo impúdicamente durante la gestión del juez Otranto, de tal forma que el responsable del enlace legal del Ministerio de Seguridad se convirtió en un puente entre el juzgado y los medios, filtrando información sesgada.
Medios corporativos y redes se transformaron así en formas de presión a la justicia a través de intoxicar a la opinión pública.
Medios y desapariciones forzadas en democracia: un complejo y pendiente desafío
La pregunta que nos impone estos casos analizados –Ayotzinapa y Maldonado- es urgente, necesaria y preocupante: ¿qué nos revela este escenario de medios concentrados y granjas de trolls?
Tenemos que construir esa respuesta.
Algunas hipótesis para comenzar a esbozarla:
- La concentración mediática y la aparición de nuevas tecnologías de difusión han creado un nuevo mapa de audiencias. No hay ya un lugar donde “atrapar” a la opinión pública, sino múltiples escenarios y todos en constante fuga y reformulación.
- Esta dispersión y multiplicidad, obliga al poder a desarrollar diferentes estrategias de manipulación de la opinión pública. Por un lado, los diarios impresos siguen cumpliendo el rol de imponer agenda en ámbitos políticos y de toma de decisiones. Por el otro, en diferentes redes virtuales en las cuales se distribuye el público clave para sostener el apoyo social que necesitan estos casos para resquebrajar la impunidad del Estado, se inyectan campañas “sucias” e información falsa.
- De acuerdo al Digital News Report de 2017, las redes son la principal fuente de acceso a información entre los jóvenes de 18 a 24 años en 36 países relevados.[6] Un trabajo de los investigadores argentinos Eugenia Mitchelstein, Pablo Boczkowski y Mora Matassi, detalla que las redes sociales se imponen como segunda opción preferida de recolección de noticias (58 por ciento) entre los jóvenes de 18 a 29 años, al igual que los sitios web (41,9 por ciento). Este es el segmento social que impone tendencias, advierten. También el que participa activa y creativamente de la batalla social contra la impunidad de los crímenes de Estado.
- Operaciones de prensa y ataques de trolls forman parte del arsenal que se dispara desde el poder para alterar el tejido social, aturdirlo, confundirlo y traumarlo, de forma tal de romper el lazo solidario necesario para sostener la batalla contra la impunidad estatal que representa toda desaparición forzada.
- No se trata de una operatoria ornamental, sino central, necesaria y que se está revelando cómo planificada y modelizada, al repetirse casi en forma idéntica en diferentes países, casos y circunstancias.
- La centralidad de esta operatoria representa, nada menos, que una desaparición forzada en democracia implica actualmente que el Estado utiliza estas técnicas para producir en la opinión pública un efecto que ya no es de mera adhesión o de neutralización del rechazo, sino de trauma.
- Una desaparición forzada en democracia implica ahora que el Estado active un procedimiento comunicacional de shock porque no puede ignorar el factor “opinión pública” como si puede hacerlo una dictadura militar. Algo tiene que hacer con ella y, según se evidencia en estos casos, lo que hace atenta contra el rol que tiene la opinión pública en la vida democrática. En palabras de Noelle-Neumann es una forma contemporánea de La Espiral del Silencio: ya no se trata del aquel miedo a ser castigado por no pensar como la mayoría, sino de perder el parámetro de qué es esa “mayoría”[7]. Desquiciarla, para que esa noción de opinión pública pierda fortaleza y confianza. Contaminar lo común, lo social, aislar a los individuos, conlleva el peligro que describió Giovanni Sartori: “el gobernante gobernándose a sí mismo”.
¿Cómo prevenir que el Estado actúe contra la opinión pública ante una denuncia de desaparición forzada?
¿Cómo investigar qué hizo el Estado y cómo lo hizo cuando hay indicios de que se produjo una?
¿Cómo no dejar impune este ataque a la opinión pública, uno de los pilares fundamentales de la vida democrática?
Son los desafíos que nos toca responder en medio de un crimen brutal y traumático, como lo es una desaparición forzada en democracia, que exige tantas respuestas, todas urgentes, todas necesarias y todas determinantes para el futuro de nuestras sociedades.
[1] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.html
[2] https://www.vice.com/es_mx/article/8qdz7b/trolls-bots-y-legiones-la-guerra-por-el-internet-en-mexico
[3] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[4] https://m.aristeguinoticias.com/2401/mexico/como-las-redes-organizadas-de-trols-atacan-y-hostigan-a-periodistas-y-activistas-en-mexico/
[5] https://revistafibra.info/publicidad-oficial-2017-concentrada-y-en-aumento/
[6] https://www.apertura.com/economia/Como-hacer-politica-en-epoca-de-trolls-20170918-0001.htm
[7] https://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18omportillo.html
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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