Decenas de comunidades en resistencia de 17 estados de México comenzaron una larga campaña que busca coordinar luchas, denunciar el extractivismo y ofrecer un espacio de ayuda mutua entre quienes están siendo agredidos por el capital y el Estado. Por Raúl Zibechi para lavaca.


“La campaña busca un diálogo y acciones comunes que construyan tejido”, explica Gerardo Meza de la Comunidad Habitacional Acapatzingo, en Ciudad de México. “Porque la falta de información sobre lo que sucede es aprovechada por el Estado para impulsar los megaproyectos contra los pueblos. Por eso buscamos construir espacios organizativos no orgánicos para generar identidad en los barrios y tejer proceso de autonomía en la Ciudad de México.”
Gerardo se refiere a la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio que comenzó el 10 de abril y culminará el 20 de noviembre, dos fechas de hondo contenido rebelde en México. En ella participa la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente junto a 179 organizaciones de 17 estados, agrupados en nueve regiones. Un Comité por la Madre Tierra integrado por 40 músicos, actores, religiosos y profesionales apoya la campaña que en cada actividad reúne cientos y miles de personas: desde las 1 500 que acudieron al lanzamiento en la Ciudad de México el 10 de abril, pasando por los centenares que se movilizaron en apoyo a Xochicuautla, donde la comunidad resiste la construcción de una autopista en el Estado de México.
“La punta de lanza del modelo extractivo es la minería”, razona Meza, “arrasando comunidades enteras, quitándoles el territorio y destruyendo sus identidades”. La campaña pone en relación comunidades afectadas con comunidades afectadas en una relación directa, horizontal, no mediada por representantes sino de pueblo a pueblo. De los firmantes de la campaña, 97 comunidades y barrios tienen conflictos con el capital y el Estado extractivistas, a los que resisten a menudo con costos humanos muy altos.
En la capital mexicana, por ejemplo, los barrios están siendo afectados por proyectos de infraestructura urbana y de comunicación, a través de la construcción de líneas de metro, trenes interurbanos y especulación inmobiliaria, una de las facetas más destructivas y menos analizadas del modelo extractivo. Podemos hablar de un “extractivismo urbano”, que se conecta con el modelo general y en muchos casos actúa complementando el modo de acumulación, ya que las enormes ganancias en los monocultivos y en la minería suelen ser invertidos en especulación urbana, que redunda en la gentrificación de las ciudades y la expulsión de sus habitantes más pobres.

De Norte a Sur: mujeres jóvenes y valientes

La Campaña informa que la mayor parte de los conflictos se producen por la construcción de represas hidroeléctricas y otros proyectos de generación de energía (34%), seguidos de cerca por las mineras (32%). A bastante distancia aparecen los proyectos de transporte como carreteras y trenes (12%) y la urbanización (11%). La privatización del agua abarca el 15% de los conflictos, pero muchos proyectos mineros y de energía también se apropian de bienes comunes como el agua, por lo que debe ser uno de los principales motivos de las resistencias comunitarias.
En el norte, en el estado de Sonora, la Nación Comcáac resiste la destrucción de cien kilómetros del litoral Pacífico, donde los pescadores buscan salvar sus fuentes de trabajo del proyecto minero La Peineta. Gabriela Molina, de la organización Defensores del Territorio Comcáac, asegura que la mitad del territorio de su pueblo ha sido concesionado a la minera que pretende extraer hierro, cobre y plata en sitios sagrados para su nación. “La nación un lugar de reproducción del venado y del borrego cimarrón, por lo que no queremos una actividad extractiva en nuestro territorio, que además está muy cerca del Canal del Infiernillo, donde están las plantas que usamos para nuestras artesanías, como la jojoba y el torote, y es por lo tanto un sitio de importancia material espiritual para la sobrevivencia de nuestro pueblo.”
Como sucede en todo el mundo, la minera consiguió dividir al pueblo comcáac con promesas y pequeños recursos. “Nuestro grupo está integrado por 22 mujeres que nos organizamos contra la minera y nos dedicamos a informar a los pueblos de la sierra de Sonora que desconocen lo que es la minería”, dice Gabriela. Como Nación Comcáac se apoyan en la Guardia Tradicional, autodefensa armada que nació en 1979 para la protección del territorio autónomo. La guardia es elegida por el consejo de ancianos y el gobernador tradicional y está integrada tanto por varones como por mujeres.
“Hasta que nos sumamos a la campaña nuestro pueblo era invisible”, remata Gabriela, que denuncia también el extractivismo hídrico que desvía aguas para la producción empresarial y proyectos turísticos en zonas habitadas por su pueblo.
El pueblo San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, se opone desde 2008 a la llegada de una minera en una población campesina que cultiva maíz, frijoles y garbanzos. Según datos oficiales de la Secretaría de Economía, desde la aprobación de la Ley Minera en 1992, México entregó 31,000 concesiones sobre casi 51 millones de hectáreas a más de 300 empresas que manejan alrededor de 800 proyectos. Rosalinda Dionisio, que integra la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sufrió un atentado cuando miembros de la organización fueron emboscados por oponerse a la minera Cuzcatlán, subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota 700 hectáreas para extraer uranio, oro y plata.
La mina se encuentra cerca del municipio San José del Progreso, uno de los tres más pobres del estado. Aunque la mayor parte de sus seis mil habitantes rechazan a la minera, el alcalde la apoya y encabeza un grupo que ataca a los miembros de la Coordinadora. En febrero y marzo de 2012 los activistas fueron atacados, en un caso por la policía municipal y en el otro por desconocidos, con un saldo de dos muertos y varios heridos, entre ellos Rosalinda. Ésa fue la reacción a las protestas de la comunidad, cuando se instalaron tuberías para llevar agua a la mina, desviándola de los cultivos de los campesinos.

Un monstruo que se llama Estado

“Con la campaña buscamos articularnos con otras comunidades, ya que nosotros debimos replegarnos ante la represión, y poder informar a otros pueblos lo que nos está sucediendo”, explica Rosalinda. “Tenemos un monstruo de Estado que nos ha golpeado muy fuerte, con desapariciones, con represión, por eso necesitamos una red en la que apoyarnos, con base en la ayuda mutua, para enfrentar al monstruo que nos quita la vida”, dice esta mujer joven y valiente, sobreviviente de la guerra contra los pueblos. Luego de varias cirugías aún no recuperó completamente su movilidad, pero muestra un espíritu combativo admirable.
La resistencia de la comunidad de Cherán no necesita presentación, porque ha sido desde 2011 ejemplo para los pueblos que resisten el modelo extractivo y a los grupos armados, estatales o paramilitares, que lo promueven y protegen. Severiana Fabián integra el Consejo Mayor de la comunidad indígena p’urhépecha de Cherán y forma parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Su comunidad se levantó para expulsar a los delincuentes talamontes apoyados por caciques locales.
“Luchamos para defender un bien común como lo es la madre tierra”, explica Severiana. La clave del éxito de esta comunidad es su organización, extensa y profunda, que llega a todos los rincones, es abierta y transparente, sólida y contundente. “Estamos organizados por usos y costumbres y hemos conseguido que Cherán esté tranquilo y seguro por la fuerza de nuestra organización comunitaria”, dice una mujer que se siente orgullosa del trabajo realizado en cinco años, que considera un ejemplo para los mexicanos.
La forma de organización, de abajo arriba, empieza por las fogatas. Son cuatro barrios y en cada barrio hay entre 50 y 60 fogatas, a razón de una por cuadra. En el barrio de Severiana son 53 fogatas, lo que habla de una forma de organización a cielo abierto, en la que pueden participar las familias, desde los niños hasta los ancianos. Cada barrio elige tres personas que integran el Consejo Mayor, en el que actualmente hay tres mujeres.
Cherán tiene una población de 20 mil habitantes y en cada una de las 240 fogatas instaladas en cada esquina, hay unas cien personas. “Esta organización es la clave de todo”, exclama Severiana. Las fogatas son lugares de encuentro entre los vecinos, espacios donde se recrea comunidad, pero son también órganos de poder en los que se toman las decisiones colectivas y donde la participación de las mujeres es decisiva.
Como síntesis de estos años de lucha, Severiana asegura que en Cherán “el coraje superó al miedo”. Quizá sea el legado de esta comunidad que puede recoger, y ampliar, la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.