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Un gol al ángulo: fútbol y amparo contra el tarifazo

Con la calle como estadio y el Ministerio de Energía de tribuna, la primera acción pública de la Multisectorial disputó la #CopaAranguren en pleno microcentro porteño. También se anunció la presentación de un amparo colectivo para frenar el aumento indiscriminado de tarifas que pone en peligro la fuente laboral de miles de personas en todo el país.

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Con la calle como estadio y el Ministerio de Energía de tribuna, la primera acción pública de la Multisectorial disputó la #CopaAranguren en pleno microcentro porteño. También se anunció la presentación de un amparo colectivo para frenar el aumento indiscriminado de tarifas que pone en peligro la fuente laboral de miles de personas en todo el país.

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María Eva Lossada, presidenta del Hotel Bauen -preocupada por la suba de tarifas que llevó la luz de uno de los bastiones de las empresas recuperadas de 40 mil a más de 300 mil pesos- está parada frente a un arco de fútbol, mientras grita indicaciones a sus compañeras en pleno ataque. No hay césped ni línea de cal, sino cemento y policías. Tampoco hay luces ni tribunas, sino la sede del Ministerio de Energía y Minería, en Paseo Colón e Yrigoyen, pleno microcentro porteño.
La cancha improvisada es también la sede de la primera acción pública de la Multisectorial contra el tarifazo, formada hace casi dos semanas en el Bauen, donde una asamblea abierta de 200 trabajadoras y trabajadores de cooperativas, fábricas y empresas recuperadas, clubes de barrio, pymes, comercios, centros culturales, sindicatos, centros de jubilados, bibliotecas y asociaciones de consumidores votó la presentación de un amparo colectivo para la Ciudad de Buenos Aires y la realización de la #CopaAranguren, que llegó a ser tendencia en Twitter en estos tiempos hollywoodenses de monasterios, bolsos y offshores.
Los trofeos fueron igual de creativos: un sol de noche, una linterna y una orden de compra por 500 pesos para velas. “Es una manera de protestar apelando a la ironía, pero la verdad es que estamos en una situación de crisis”, dice María Eva. “En cualquier momento cerramos nuestra fuente de trabajo porque no tenemos cómo sostenerla. Las cooperativas se sostienen con los recursos que se van generando: o pagamos a los compañeros los retiros o cerramos porque no podemos pagar la luz. Nos vino la factura con un aumento de más del 600 por ciento. Lo mismo en gas. Por eso estamos acá: decimos no. Por más que quisiéramos pagar, no podemos. Es así de simple. Porque también están los compañeros que tienen familia y no pueden llevar el pan a la casa. Recién ahora terminamos de pagar los retiros. Es bastante grave. Entonces, estamos acá porque queremos que se tome conciencia”.
La conciencia, en esta tarde futbolera, llega a puro gol.

La tarifa confiscatoria

La situación alarmante de todos los actores que componen la multisectorial está generando movilizaciones, protestas y medidas judiciales en todos los puntos del país. En Capital salieron a la calle la semana pasada, marcharon hasta el Ministerio de Energía. Allí consiguieron la conformación de una mesa de trabajo y la garantía del subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chambouleyron, de que no hubiera cortes de. Debían reunirse esta semana para discutir un nuevo cuadro tarifario, pero el gobierno la postergó para el martes que viene.
A su vez, un informe del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la UBA -coordinado por el antropólogo social Andrés Ruggeri- presentado en el Bauen el martes, resume el estado del movimiento autogestivo hoy. “Planificada o no, la política (hacia el sector) parece ser un ataque por varias vías, sin que aparezca -en lo posible- el gobierno directamente, siempre con la justificación ideológica basada en la “inversión” y la “eficiencia” en términos de mercado”, concluye el estudio. “Para eso además de las señales de tolerancia a los empresarios vaciadores y hacia los jueces para avanzar sobre las ERT existentes y posibles, el desguace de las pocas herramientas estatales para apoyo, los ataques directos a través de los vetos, se apunta al ahogo económico junto al resto de la economía productiva” .

Amparo colectivo

Luego de la #CopaAranguren, se realizó una conferencia, en la cual el abogado de la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (Facta), Ataliva Dinani, anunció la presentación de un amparo colectivo para los sectores afectados en la Ciudad de Buenos Aires, que quedó radicado en el Juzgado Contencioso y Administrativo Federal N°12, a cargo de la doctora Marra Giménez. “Entre los lineamientos, en primer lugar, cuestionamos la falta de la convocatoria a una audiencia pública para discutir las tarifas, tal como lo fija la ley. El gobierno pretende usar una audiencia convocada en 2005, 11 años atrás, para justificar un aumento que va del 1.000 por ciento, en caso de comercios, al 400 por ciento, en otros sectores”.
La medida judicial también cuestiona la falta de protección del derecho al trabajo, ya que los aumentos pone a las trabajadoras y los trabajadores ante la “disyuntiva de pagar la luz o de llevar algo de comida a sus casas”. En tercer lugar, se planteó el “carácter confiscatorio” sobre los retiros de las personas que trabajan en cooperativas de trabajo, medianas empresas, clubes de barrio y centros de cultura. “Son organizaciones que no tienen un fin de lucro, sino que nutren en un fin cultural a los distintos barrios de la Capital, pero que ven una política de gobierno que cambia el paradigma en el cual el servicio es considerado una mercancía más, como si la luz fuera un lujo y no un derecho social que tienen todos los ciudadanos”.

La verdad de la locura

“Uhhh”, se grita en la calle, y el grito suena expectante. La pelota rueda, sortea divertida las piernas y las motos de los policías que separan la cancha del tránsito, y se mete debajo de un colectivo. Un voluntario de las cooperativas curtidoras corre a buscarla, haciendo señas a los automovilistas, y reanuda el partido desde el lateral. El juego no es brusco, teniendo en cuenta el contexto, pero cada gol se grita con el alma .
“Esta actividad es la muestra de la unidad de todos los sectores”, sintetiza Cristian Font, de la Unidad Nacional de Clubes de Barrio, compuesta por 2 mil clubes afiliados sin pagar cuota social. En el país hay más de 20 mil. “Tenemos un gobierno nacional que busca sectorizarnos y darnos soluciones por separado, que, además, son insuficientes. Esta es la respuesta: estamos todos juntos contra el tarifazo que nos llevó puesto a todos”.
¿Cómo están hoy los clubes de barrio? “El cuadro es una situación casi de knock out: clubes que están iniciando el cese de actividades, que han bajado la térmica, a los que le han cortado el servicio de gas y que si tenían una pileta no están haciendo más natación, porque les dicen que, por tener pilera, no son prioritario para la tarifa social. Pero los funcionarios no saben que tienen una cuota mínima, que prestan esas piletas para que otras instituciones puedan usarla gratuitamente, incluso la escuela pública. El 80 por ciento de los chicos que concurren a nuestras instalaciones está becado, y la verdad es que teníamos todas las herramientas para que fuera un buen año: teníamos una ley, 300 millones en el presupuesto nacional, pero este gobierno nos contestó con un tarifazo, un ajuste, que nos está llevando al cierre de puertas”.
Apoyado contra una columna, con la mirada clavada en el partido, está Francisco Manteca Martínez, de la cooperativa Textiles Pigue, donde el gas pasó de 30 mil a 200 mil pesos. “Nosotros tenemos en claro que acá hay una política que tiene un enemigo para los trabajadores: este gobierno. Todas estas actividades unen, incluso a varias corrientes o a las distintas maneras de pensar de cada cooperativa, aunque no podemos equivocarnos en términos de lo central: acá hay un ajuste, hay devaluación, hay inflación, hay apertura de las importaciones y ellos le dicen sinceramiento. La verdad es que es una locura”.
¿Esa locura provoca tener que pensar estrategias? “Hay un enemigo. Nada de juntarse por el espanto: nos juntamos porque somos compañeros. En estos 12 años se han visto montones de este tipo de movilizaciones, con más o menos fuerza, pero lo que no hemos podido nunca lograr, y eso es un déficit, es una articulación verdadera de la producción y la comercialización entre los productos y los trabajadores de la economía social. Para eso tenemos que capacitarnos y seguir creciendo, porque nuestras producciones tienen que ser de calidad”.

La cosa intrépida

El torneo termina y María Eva suelta un grito cuando le otorgan a sus compañeras el sol de noche como premio. Es una lámpara puesta arriba de un trofeo. Misma descripción para la linterna. La orden de compra es una suerte de cheque enorme al estilo Susana Giménez.
Fabiana Solano, de Construyendo Cultura (uno de los espacios que integran Cultura Unida, que realizó hace unas semanas un apagón cultural en varios centros porteños), habla con la linterna en sus manos: “El premio está buenísimo, la circunstancia no. En los centros han llegado facturas con un aumento del 1.000 por ciento. Es muy difícil mantener actos regulares, sobre todo porque muchos trabajan más de noche que de día, y es cuando más se prende la luz. Es muy difícil mantenerlo, porque se sostiene con esfuerzo de todos. Y muchos espacios no tienen fines de lucro, ni hacen actividades que puedan recaudar para mantenerse”.
Fabiana deja una pista de época. “Muchas de los centros y de estos espacios que vemos hoy nacieron de la crisis del 2001, y tienen esa cosa intrépida de salir a buscar las cosas a la calle. Hoy es un día importante porque empieza a visibilizarse la Multisectorial que se comenzó a conformar en el Bauen. Y está bueno como espacio colectiva, teniendo en cuenta que todas las actividades se ven afectadas por las subas de tarifas. El premio es una excusa para estar acá”.

Fotos: Julieta Colomer/lavaca

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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