Mientras preparaban el segundo paro migrante en oposición a la política expulsiva del gobierno, grupos de inmigrantes organizados recibieron otro cachetazo: la propuesta oficial de negar el derecho a la salud a los extranjeros sin residencia. En una asamblea en la Mutual Sentimiento desarmaron los mitos y las mentiras instaladas detrás de esta medida: “Les sirve decir que nosotros somos los culpables de los problemas económicos de la Argentina para esconder que hay un gobierno que viene imponiendo políticas de regresión, de ajuste, de fuga de capital y de traspaso de recursos”. El próximo lunes 5 de marzo el colectivo Migrar no es delito anunció una conferencia de prensa en la Legislatura Porteña a las 12 y un ¡Migrantazo! frente al Congreso Nacional a las 15 horas.

Por Giansandro Merli para lavaca.org

“Valiente” fue el adjetivo utilizado ayer por Marcos Peña para calificar la propuesta del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de negar el derecho universal a la salud a los extranjeros sin residencia que necesiten asistencia sanitaria. El Jefe de Gabinete de Ministros afirmó que el proyecto merece ser discutido en el Congreso para que se aprueben medidas aplicables en todo el territorio nacional. Mientras tanto, el diputado de Cambiemos Luis Petri declaraba haber presentado, junto con otros congresistas de la misma agrupación, “un proyecto de ley que busca regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes, sobre la base de criterios de reciprocidad”.
Es alrededor de esta palabra que se juega el discurso oficialista. Fuentes cercanas al macrismo afirmaron que en el origen del debate estaría el rechazo de Bolivia de una ley para garantizar el acceso a su sistema sanitario para los argentinos, una noticia sin confirmación alguna. Al revés, la cancillería boliviana desmintió la recepción por el gobierno Macri de un proyecto de reciprocidad y el embajador argentino en La Paz debió pedir disculpas por el manejo mediático del asunto. Poco después, el canciller boliviano Fernando Huanacuni declaró que su gobierno está a favor de discutir una medida que de “atención recíproca” a los argentinos en territorio boliviano.

Imágenes de la asamblea.
Foto: www.facebook.com/migrarnoesdelito/

Números que desarman mitos

Siempre los ajustes de derechos necesitan discursos que los legitimen. Hace un año el gobierno de Macri aprobó el DNU 70/2017, un decreto que simplifíca las expulsiones de los migrantes que viven en Argentina. Uno de los fantasmas agitados por el gobierno es el índice de criminalidad de los extranjeros, a pesar del hecho que la población carcelaria de origen extranjera es sólo del 6%. Alrededor de las propuestas de Morales y Petri, en cambio, flota la idea del inmigrante como un parásito que viene a Argentina para aprovechar derechos sociales.
Un discurso que parece tomado de los Estados Unidos de Donald Trump o de una Europa cada vez más xenófoba con los trabajadores migrantes, incluso con muchos latinoamericanos y con los mismos argentinos. Un discurso aún más absurdo si se toma en cuenta el volumen real: en noviembre de 2016 la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina calculó en el 2% los estudiantes de otros países en Argentina, y en el 4% las consultas en hospitales realizadas por extranjeros. Este mes un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la encuestadora Voices! afirmaba que 7 de 10 argentinos creen que todos los inmigrantes deberían seguir teniendo derecho al acceso libre y gratuito a salud y formación.

Migrar no es delito

Las declaraciones de los políticos oficialistas cayeron como un rayo en el círculo de trabajadores, migrantes y argentinos, que se encontraban justamente organizando el segundo paro migrante A la discusión sobre cómo llevar la batalla contra el DNU 70/2017, se sumó esta nueva amenaza contra derechos sociales fundamentales. “Migrar no es delito” es el nombre de la campaña que el año pasado juntó más que treinta colectivos, asociaciones y gremios que el 30 marzo salieron a la calle en el primer paro migrante.

#MigrarEsUnDerecho: marcha al Congreso de inmigrantes en Argentina

La fecha no es casual: el 30 marzo 2006 las llamas en un “taller clandestino” de Caballito se llevaron la vida de cinco personas. La mayor tenía 25 años, todas las otras eran menores. Eran  familiares de trabajadores boliviano, que abajo del taller trabajaban y arriba, vivían.
Muchos son los bolivianos que acudieron a la asamblea, juntos a chilenos, colombianos y peruanos dicen que la lucha por una “Patria Grande” sigue siendo perspectiva política concreta y necesaria. “La campaña quiere ser un espacio donde los migrantes podamos encontrarnos y empoderarnos. Más allá de cómo nos representan los políticos y los medios de comunicación, nosotros participamos activamente de la sociedad argentina. Ellos dicen que somos un costo, nosotros decimos que aportamos mucho a este país: económicamente, socialmente y culturalmente. Hay que visibilizar este aporte”, dice Pablo Cossio, chileno, 7 años acá en Argentina. Cossio trabaja en la cooperativa Burbuja Latina, un experimento de trabajo organizado horizontal y asambleariamente nacido en 2001 de la asamblea Gastón Rivas del barrio, de Caballito. En Burbuja Latina realizan más que 25 productos de limpieza y de tocador que llegan a vecinos, pequeños comercios, escuelas, organizaciones sociales y cooperativas.

Mentiras y precariedad

En la asamblea son muchas las voces que desarman los discursos del gobierno. La mayoría tienen timbre femenino: la presencia de mujeres en la asamblea es fuerte y protagónica. Natalia Quiroga, colombiana, investigadora de la Universidad General Sarmiento y miembro del Bloque de Trabajadores, afirma: “Hay que desarticular el tema de la reciprocidad utilizado por el gobierno. En Jujuy, el problema de la sanidad no son los migrantes. Son las estructuras privadas que no pagan a las estatales. Es el mecanismo de financiarización del sistema sanitario que amenaza a los que lo necesitan, no los extranjeros”.
Juan Vázquez lleva 26 años en Argentina, aunque el pasaporte dice que nació en Bolivia. Es un trabajador de la cooperativa textil Juana Villca. Él está convencido que la lucha no sólo debe desarmar las mentiras del gobierno, sino también proponer otra racionalidad, una lógica distinta y completamente alternativa a la que viene empujada por el neoliberalismo: “Dicen que acá en Argentina hay que limitar el acceso libre y gratuito a la sanidad o a la educación, para la cuestión de la reciprocidad. Yo pienso que reciprocidad debe significar que el problema está en todos los países que cobran para estos derechos fundamentales. Es allá que hay que producir cambios”.
Sergio, del gremio Vendedores Libres, asegura a lavaca que “el peligro de deportación es concreto”. Según los datos de la Defensoría del Pueblo hay 30 deportaciones cada mes, una por día. Dice Sergio: “Cuando los policías secuestran la mercancía a los trabajadores intentar que no te la saquen es considerado resistencia a la autoridad y puede llegar hasta lesiones graves. Estas acusaciones significan ya varios pasos hacia la deportación”.

Así será la campaña que lanzará el colectivo Migrar no es delito en los próximos días.

Problemas comunes y chivos expiatorios

Todas las intervenciones y los diferentes puntos de vista en la asamblea coinciden en que el gobierno quiere negar el derecho universal a la salud para abrir el camino hacia la progresiva privatización del sistema. Los inmigrantes sin residencias son el eslabón más débil de la cadena social: por esto empieza acá. Entonces, la lucha para que las declaraciones de los oficialistas no se conviertan en medidas de ley con valor real abarca todos los que viven en Argentina, más allá de los diferentes pasaportes. Andrea, mujer colombiana que trabaja de avocado en la Defensoría del Pueblo, tiene las ideas muy claras: “Es ya hace tiempo que el gobierno intenta dividirnos entre migrantes y argentinos, pero la verdad es que todos somos trabajadores en la Argentina. Esta es la demostración de que el gobierno tiene intereses políticos. Como no entran sus medidas económicas, no entra su ajuste, nos utilizan como chivo expiatorio. Le sirve decir que nosotros somos los culpables de los problemas económicos de la Argentina para esconder que hay un gobierno que viene imponiendo políticas de regresión, de ajuste, de fuga de capital, de traspaso de capital del pueblo trabajador hacia los sectores más concentrados de la economía”.
“Tenemos que salir a la calle y levantar la voz, ya”, terminan diciendo en la asamblea. «Las declaraciones de estos días son demasiado graves para esperar el final de marzo”. Por esto, ya el próximo lunes 5 de marzo Migrar no es delito anunció una conferencia de prensa en la Legislatura Porteña a las 12 y un ¡Migrantazo! frente al Congreso de la Nación a las 15 horas.
Dos etapas importantes para levantar la movilización hacia el segundo paro migrante, cuya fecha será decidida en las próximas asambleas.
La lucha para la igualdad de derechos entre inmigrantes argentinos acaba de empezar. A ellos y ellas sí vale la pena llamarlos «valientes».