Nota
#MigrarEsUnDerecho: marcha al Congreso de inmigrantes en Argentina
Frente a las declaraciones racistas y el avance silencioso de políticas expulsivas, cientos de inmigrantes de distintos países se unieron para cantar “Migrar es un derecho” frente al Congreso de la Nación. Al mismo tiempo, representantes de la ONU se reunían con el Estado argentino para pedirle explicaciones sobre la discriminación racial. Los datos que dan contexto a la marcha.
Banderas de Brasil, Perú y Paraguay. Bolivia, República Dominicana y Senegal. La marcha de organizaciones y personas inmigrantes autoconvocadas atravesó la Avenida de Mayo, desde la 9 de Julio hasta el Congreso, donde dio una vuelta simbólica. Comandados por una bandera que rezaba “Migrar es un derecho” y convocada por la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina y el Frente Patria Migrante, participaron más de 500 personas, muchas mujeres, muchas familias y muchos carteles con distintas consignas:
- Migrar para vivir
- No al retroceso de las políticas migratorias
- El problema no somos nosotros: el problema es el racismo
- Basta de xenofobia
- No es Trump: es Macri
- No más Pichettos
- No al centro de detención para inmigrantes
La marcha tiene razones y contexto: al mismo tiempo que ocurría la movilización, miembros del Comité de la ONU -que evalúa el cumplimiento de los países de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD)- se reunieron con representantes del Estado argentino. En esa reunión la ONU cuestionó al Estado argentino la creación del centro de detención de migrantes y las posibles modificaciones al decreto reglamentario de la Ley de Migraciones, que endurecerían los controles. Uno de sus integrantes la describió como “extrañas a la tradición argentina de no criminalizar y estigmatizar” a los migrantes. Según comunica el Centro de Estudios Legales y Sociales, la comitiva de las Naciones Unidas destacó la importancia de la regularización migratoria “para combatir la explotación laboral y asegurar que los migrantes puedan ejercer todos sus derechos” y pidió información al Estado sobre la detención arbitraria de Milagro Sala.
El encuentro con el Estado seguirá mañana: el Estado argentino tendrá que contestar estas preguntas y otras de los expertos del Comité CERD. Se podrá seguir en vivo en este sitio desde las 6 y hasta las 9 AM, hora argentina.
El modelo de control
Once organizaciones presentaron un informe al Comité sobre la situación de los migrantes donde señalan que “un modelo de control que incluye mecanismos de detención y expulsión está desplazando a las políticas que tenían como eje central a la regularización migratoria”. En ese sentido, denunciaron el aumento de las órdenes de expulsión:
- En 2014 se dictaron 1760 expulsiones.
- En 2015, 1908.
- En los primeros nueve meses de 2016, se llegó a 3258. Representa un incremento del 70%
En el informe completo (que puede verse aquí: https://www.cels.org.ar/common/InformeDerechosMigrantes.pdf) y destaca el cierre del programa de abordaje territorial “que promovía y facilitaba el acceso a la documentación nacional de las personas migrantes”. También la intensificación y difusión de los “operativos de control de permanencia” que intiman y amenazan a las personas para que regularicen su situación migratoria, pero sin facilitarles los procedimientos para que lo hagan.
Las voces de la marcha
Estos datos se hicieron carne hoy en pleno microcentro porteño. Karina, de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina, dijo a lavaca: “Están rompiendo los procedimientos que estaban acordes a la Ley de Migraciones. Por ejemplo, el artículo N° 17 dice que el Estado tiene que propiciar los medios para que la gente se regularice. Hoy el Estado está en contra, está tomando medidas sólo de control de permanencia, medidas para expulsar a más migrantes”.
Marlene Pérez, también de la Red: “Marchamos porque vemos los retrocesos en las leyes migratorias y también porque las declaraciones de Pichetto, donde dice que de Bolivia y Paraguay viene toda la resaca y la delincuencia: criminalizan la migración. En este caso, esas declaraciones han dado pie a que salgamos a defender nuestros derechos”.
Niurka, autoconvocada de República Dominicana: “La comunidad dominicana es una de las más afectadas del país, ya que no pertenecemos al Mercosur. El nuevo cambio de gobierno ha sido muy fuerte. Piden cosas insólitas: por ejemplo, a una chica le piden tener un matrimonio o tener un hijo argentino para poder quedarse en el país. La están poniendo en riesgo de cautiverio y de violencia, porque nunca sabés quién te toca. Yo soy sobreviviente de esas situaciones, solo por no tener documento”.
Karina también habla del intento de creación del centro de detención para migrantes. “El centro no está en funcionamiento, pero es la línea política que quieren: lanzar una policía migratoria para investigar migrantes. Lo van a llevar adelante con gente que tiene nada más que fallas administrativas, porque la gente que comete delitos ya está en cárceles comunes. Esto no es más que una línea para tener con control y poder sobre los migrantes”.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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