#NiUnaMás
“No militamos la Ley para continuar lamentando muertes por abortos inseguros”

La Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto denunció que una mujer de ese distrito bonaerense murió como consecuencia de un aborto clandestino. “No militamos la Ley para continuar lamentando muertes por abortos clandestinos e inseguros”, alertaron. Una integrante de la Mesa habló con lavaca y describió la falta de recursos en hospitales y salitas, la desinformación, las trabas municipales, y qué pasa cuando el Estado no llega, a casi ocho meses de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina.
“Una mujer de nuestra ciudad ha muerto a causa de un aborto clandestino e inseguro”.
Las palabras llegan desde Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros del Congreso de la Nación donde el 30 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.
“Sabemos que pasó hace diez días aproximadamente, que fue por un aborto que se había provocado ella misma, que había llegado a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas de Merlo y que había fallecido”, relata Natalia, de la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto.
De la mujer tienen un solo dato, el lugar en el que vivía: detrás del barrio La Capilla, una zona que aún no tiene nombre. “Es una zona que está en la periferia de Marcos Paz, no hay salita, no hay absolutamente nada ahí. No nos sorprende que una persona que viva en las afueras no sepa que en la ciudad se puede acceder a un aborto en el hospital”.
La Capilla –explica Natalia- está a 30 cuadras aproximadamente del Hospital Municipal donde funciona un equipo de acceso a abortos legales. “Debe ser una de las pocas cosas que funciona bien en el hospital”, dice sobre el servicio que costó muchas gestiones y esfuerzo materializar. Pero la mujer que murió a causa de un aborto inseguro no fue al Hospital de Marcos Paz, sino a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas en Merlo. “El Hospital Municipal tiene muchísimas situaciones irregulares, la guardia no es amigable y hay muchas personas que optan por ir hasta Merlo que está a 1 hora en colectivo”, describe.
El comunicado que se difundió desde la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto dice: “Esta muerte podría haberse evitado con une agente de salud entregando folletos y dando información sobre cómo acceder a una IVE en Marcos Paz”.
Natalia amplía: “La única información que se distribuye en los barrios lo hacemos nosotras. Estamos llevando adelante un proyecto de rondas de charlas en los barrios y notamos que no se tiene idea que se puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en Marcos Paz, además de muchísimas otras cosas, por ejemplo no hay idea de cómo acceder a los métodos anticonceptivos, de cosas muy básicas. Ese laburo lo tiene que hacer la Municipalidad, desde el área de Salud, pero no hay preservativos en la salita, ni hablar de pastillas. Hay una falla comunicativa muy grande desde la Municipalidad, no está llegando la información donde tiene que llegar”.
–¿Se comunicaron con la Municipalidad luego de conocer la muerte por aborto inseguro?
-Le enviamos el comunicado a la Secretaría de Salud y no nos contestó. Vamos a ir cara a cara a pedir que nos dé una reunión. Acá nos conocemos entre todos, es una ciudad que sigue siendo medianamente un pueblo, todos nos cruzamos todo el tiempo.
–El acceso legal al aborto es ley, ¿qué falta?
-Compromiso real. Cada vez que se conquista una nueva ley que avanza en derechos la realidad es que el cuello de botella son los municipios. Cuando llegás al nivel municipal ahí dependés del recurso que tenés, que muchas veces es paupérrimo. Acá lo que está faltando es compromiso desde la Secretaría de Salud. Los municipios, con tal de que le pongan la banderita verde, van a decir ‘sí cumplimos’, pero después hacia adentro los hospitales municipales ponen trabas tremendas, por ejemplo con las semanas de gestación. La estructura municipal lo toma como una propaganda y no como una política real. Y después tenes dentro de los hospitales toda la estructura del sistema medico hegemónico que tenes que derribar. Todo el tiempo es derribar estructuras. La ley sola no garantiza nada. Se necesitan recursos, se necesitan capacitaciones comprometidas, que no queden en un zoom o un power point, y se necesita que se informe de verdad. Tener un equipo armado para el casco urbano sirve muchísimo, lo evidenciamos estos meses, pero para las zonas que están más alejadas, en el medio del campo o en barrios súper humildes, realmente no le cambia que haya un equipo en el hospital municipal porque ni siquiera tienen una salita que les pueda dar esa información.
-¿Por qué el Estado no llega?
-El Estado llega donde quiere si es que lo quiere hacer. En Marcos Paz hay una estructura de promotoras de salud en la Secretaría y desde que arrancó la pandemia las promotoras no salen a los barrios, es contradictorio porque es cuando más se necesita. Nosotras venimos haciendo las charlas y lo que más notamos es que se ha retrocedido muchísimo, son las mujeres las que se encuentran cada vez más encerradas en las casas. Si las personas no salen es el Estado el que tiene que estar en la puerta de la casa acercándoles los derechos.
El comunicado completo
Marcos Paz, 26 de agosto de 2021
Desde la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto no quisiéramos estar escribiendo esto, pero cuando las cuestiones que afectan directamente la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar no son tomadas como prioridad y en su conjunto, quienes ven perjudicadas sus vidas son siempre las mismas. Una mujer de nuestra ciudad ha muerto a causa de un aborto clandestino e inseguro, falleciendo en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, hace poco más de 10 días atrás.
Sabemos muy bien -porque venimos articulando en el acceso seguro a la IVE con diversas áreas municipales- que el equipo interdisciplinario que garantiza las Interrupciones Voluntarias de Embarazos en el Hospital Municipal trabaja excelente y que las capacitaciones en Unidades Sanitarias y UMIs (Unidades Municipales Integradas) para la conformación de consejerías en Salud Sexual están en proceso. Pero si bien celebramos estos avances, la falta de material informativo, preservativos y métodos anticonceptivos en los barrios y zonas rurales de Marcos Paz es recurrente y hasta constante en muchos lugares. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud imprimir, difundir y proveer estos recursos. No alcanza con un par de carteles y volantes. Es necesaria la inversión en comunicación en salud sexual e insumos de prevención y más aún en este contexto. La pandemia no es excusa, la pandemia es la causa de que se recrudezca el encierro de las mujeres y la desinformación cuando el Estado no toca la puerta. Esta muerte podría haberse evitado con une agente de salud entregando folletos y dando información sobre cómo acceder a una IVE en Marcos Paz.
Valoramos el trabajo de articulación que se viene dando entre nuestra Mesa y las áreas municipales correspondientes. Sin embargo, como organización de la sociedad civil por la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos corresponde manifestarnos y exigir políticas públicas completas. Mientras no se tome como prioridad y se aborde de manera integral la salud sexual de las mujeres y personas con capacidad de gestar y esa desatención genere una muerte, el Estado seguirá siendo responsable. No militamos la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni redactamos y presentamos la Ordenanza local 011/2021 de Creación de Consejerías en Salud Sexual y acceso a la IVE/ILE para continuar lamentando muertes por abortos clandestinos e inseguros. Es urgente que desde la Secretaría de Salud del Municipio de Marcos Paz se lleve adelante una campaña comunicativa barrial y rural sobre salud sexual integral y que se garanticen preservativos y métodos anticonceptivos en las Unidades Sanitarias y UMIs.
Educación Sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto Legal, Seguro y Gratuito para no morir
Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

#NiUnaMás
216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
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