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El Chubutaguazo: asambleas salen a las calles contra el nuevo intento de zonificación minera

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El gobierno de Chubut anunció hoy que este viernes 5 de febrero la Legislatura dará tratamiento al proyecto de ley de zonificación minera que pretende dar un marco para impulsar la actividad en la provincia. Asambleas de vecines, comunidades originarias, sectores académicos y sindicales ya adelantaron que saldrán esta semana a las calles contra la reactivación de nuevos (viejos) proyectos mineros, como lo vienen haciendo hace 18 años (que incluyeron plebiscitos, represiones y espionajes históricos, además de una Iniciativa Popular que la legislatura chubutense no se digna a tratar). Reflexiones sobre la política, la democracia, y la riqueza convertida en maldición, en esta nota de Sergio Ciancaglini para la MU 149.

En cierta zona del universo hay lugares con nombres bellos y desconocidos en la geografía mediática: Yala Laubat, Colan Conhué, Paso de Indios, Gan Gan, Los Altares, Chacay, Paso del Sapo, Gualjaina, Piedra Parada. Se suman nombres que el narcisismo de las ciudades grandes registra a lo sumo por razones turísticas: El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Trevelin, Corcovado. Andan por allí Esquel, Aldea Apeleg, Facundo, Lago Blanco y del otro lado, en la costa, Camarones, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Pirámides y un total de 42 comunidades que se están dedicando a un par de tareas inhóspitas en un invierno de nieve, virus y aislamiento: frenar la minería, y reinventar la democracia. 

Ese lugar se llama Chubut, que significa “transparente” en lengua tehuelche, aunque otra teoría es que significa “tortuoso” o “zigzagueante”. Muchos de sus habitantes consideran que esa geografía padece una maldición: el oro. Hay también plata, uranio y cantidad de tesoros naturales que encandilan a uno de los oficios más viejos, tortuosos y poco transparentes del mundo: extraer esas riquezas del suelo, con un saldo imborrable de territorios dañados, contaminados y empobrecidos. Por eso maldición y minería funcionan como dos caras de una misma memoria.   

Una super-niña, con un cartel bastante claro, sobre su futuro y el de les chubutenses, en una de las últimas manifestaciones que rechazan la megaminería en la provincia.

Consejos Elsztain 

La larga historia, abreviada, señala que el señor Eduardo Elsztain informó en mayo de este año a sus clientes, amigos & afines que el único modo de sobrevivir en modo millonario a pandemias y otras incertidumbres planetarias es acumulando oro. No pesos, plazos fijos ni dólares: lingote mata billetera. 

Elsztain es dueño de una creciente barba blanca que oculta el nudo de sus corbatas, entre otros enigmas. Dueño también de IRSA, el grupo de bienes raíces más grande de Argentina con shoppings como Abasto, Alto Palermo, Patio Bullrich, hoteles y edificios de lujo, como el Llao Llao. De Cresud (un millón de hectáreas de campos). De un tercio del Banco Hipotecario. De edificios en Nueva York. Y tiene el control del mayor grupo económico de Israel, el IDB (Israel Discount Bank) entre muchas otras cosas. 

Escribió sobre la actual crisis pandémica: “El manual de supervivencia económica de la Argentina dice que, en este contexto de déficit fiscales épicos, más el endeudamiento más alto de la historia, más emisión monetaria a niveles nunca vistos, más depresión económica, cualquier persona con ahorros grandes o pequeños, debería redireccionar una parte significativa de esa liquidez a la única moneda que no puede ser impresa: el oro”. La frase figura en su escrito Chapter three of the most challenging crisis in our lifetimes, o “Capítulo tres de la crisis más desafiante de nuestras vidas”. 

La palabra “nuestras” remite solo a los que tienen liquidez en estos tiempos tan secos, a quienes Elsztain les recomienda comprar oro, mientras él concreta algo todavía más astuto: convertirse en minero. Creó la empresa Austral Gold con la que desarrolla proyectos de minería en Salta, San Juan, Rio Negro y Santa Cruz. 

Mientras la sociedad estaba pendiente de la situación sanitaria, la minera canadiense Yamana Gold informó que Elsztain, con su socio Saúl Zang, invertirá 2 millones de dólares para incorporarse al proyecto Suyai, de Esquel, como primer paso para llegar a un 40% del paquete accionario. ¿La función de los nuevos socios? Informa la empresa: “El grupo argentino asumirá la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y, en particular, liderará los esfuerzos de permisos destinados a avanzar en el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo”. 

La traducción obvia es: lobby y negocios. Elsztain intentará que pueda realizarse el hasta ahora fracasado proyecto Suyai (“esperanza”), ubicado sobre la población de Esquel, a 6 kilómetros del centro de la ciudad. 

Calcula Pablo Lada, quien desde Trelew se ha transformado en un referente del rechazo en la costa chubutense: “Los 2 millones de dólares son un chiste en términos mineros. Lo de Elsztain es simbólico: significa poner a un empresario argentino para meter más presión para aprobar Suyai”.   

Ese proyecto había sido rechazado en 2003 con el 82% de los votos de un plebiscito en Esquel que sembró el camino para la Ley 5001 que prohíbe en toda Chubut la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero mientras las riquezas sigan bajo el suelo parece haber más trampas que leyes en una provincia desmantelada por sus propios gobernantes que han sabido esfumar millones de dólares de las arcas estatales, mientras postulan que la solución es la megaminería. El otro proyecto clave, en la Meseta, es Navidad (plata, plomo y cobre).

Un mensaje de whatsapp llegado desde Chubut sintetiza la situación: “Otra vez sopa”. 

¿Qué es una iniciativa popular?

«Se sumó todo” dice Viviana Vivi Moreno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH) recordando que en diciembre Alberto Fernández, recién asumido, dijo: “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la Meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”. 

“Me parece que le informaron mal” supone Vivi, que es bioquímica jubilada y una tromba de iniciativas. En Mendoza, la sociedad agitó inteligencias y pies en diciembre contra la derogación de la ley antiminera 7722, con movilizaciones históricas que hicieron retroceder el plan oficial nacional y provincial. En Chubut hubo también grandes movilizaciones que incluso rodearon la Legislatura en Rawson, y la minería sigue prohibida. 

“Íbamos a anunciar la idea de la Iniciativa Popular el 22 de marzo, y nos agarró la cuarentena. Pero cuando vimos que el gobierno, sin importar el coronavirus ni el aislamiento, declaró a la minería ‘actividad esencial’, y que Elsztain entró en el proyecto Suyai, dijimos: no nos podemos paralizar. Cada vez que se los políticos y los mineros se mueven, tiran kerosén al fuego”, dice Vivi. 

El 22 de junio se lanzó la Iniciativa Popular, una herramienta de la Constitución provincial que permite, con el aval del 3% de firmas del padrón electoral, presentar un proyecto de Ley que debe ser obligatoriamente tratado por la Legislatura. En Chubut necesitan 13.500 firmas.

¿Qué plantea Ley que propone la Iniciativa? Prohibir la minería metalífera de la primera categoría del Código de Minería (oro, plata, platino, cobre, etc.), la de uranio y torio, y el uso no solo del cianuro sino de toda una serie de químicos contaminantes con los que intenten reemplazarlo. 

Iván Payllalaf, 20 años, mapuche-tehuelche y estudiante de Historia, debe viajar desde su casa en Cachay Oeste 10 kilómetros hasta un lugar en la meseta nevada donde consigue señal telefónica para comunicarse con MU: “Otra cosa que incluye la Ley es el principio precautorio, el preventivo, el intergeneracional”. O sea: ante el riesgo de daño irreversible actual o futuro, mejor prevenir que curar. Esos principios, así como el de sostenibilidad y cooperación, son parte de un texto casi desconocido para la farándula empresaria y política, llamado Ley General del Ambiente. 

Por eso la paradoja: quienes se rebelan en Chubut y en Mendoza (y en cada centímetro del país amenazado por la destrucción socioambiental) son personas que defienden la vida y las leyes escritas y no muy aplicadas, amenazadas por los Estados y las corporaciones empresarias. 

“Nos han mentido y atacado de todos los modos posibles” dice Vivi Moreno. La secuencia incluye espionaje de la AFI sobre más de 30 integrantes de la asamblea de Esquel (la justicia no dio el nombre de quienes cometieron el delito, porque eran espías protegidos, superando en creatividad al Superagente 86). Las asambleas fueron reprimidas en Rawson por patotas pseudosindicales con zona libre policial en 2012, y a fines del año pasado 6 manifestantes fueron secuestrados y golpeados directamente por la policía provincial, una de las más violentas del país, que logró entre varios blasones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino por la desaparición forzada en democracia de Iván Torres, en 2003, en Comodoro Rivadavia, sin que el accionar policial haya cambiado excesivamente desde entonces.         

Mandame un mensajito 

El lema de la Iniciativa Popular es “Nos deben una ley”. Explica Vivi Moreno: “Habíamos presentado una Iniciativa Popular en 2014, casi idéntica a la actual, que la Legislatura convirtió en un fraude. Habíamos reunido 13.007 firmas. Pero en lugar de debatir nuestro proyecto, lo distorsionaron totalmente y lo convirtieron en una ley prominera tan vergonzosa, que el propio gobernador Mario Das Neves la tuvo que vetar”. La votación había sido 15 a 12. 

El símbolo de aquel fraude fue la foto del legislador del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, mensajeándose desde su Blackberry con el gerente de Yamana Gold Gastón Berardi, quien le indicaba qué aspectos de la Ley debían modificar. La foto del celular, tomada desde las gradas, recorrió el mundo como símbolo. Vivi: “Ahí estaban nuestros representantes basureándonos, humillándonos. Una todavía confía, tiene ilusiones de que la democracia es la mejor opción. Pero ya aprendimos: no se puede confiar. Hubo incluso tres diputados de Esquel, también del FpV, Javier Cisneros, Héctor Trotta y Elba Willhuber que nos traicionaron”. El propio Das Neves fue antiminero y pro minero sucesivamente (según estaba o no en el poder) hasta que la crisis hídrica en la provincia lo puso contra la minería antes de morir en 2017. Poco después, ya con el vice Mariano Arcioni (ex antiminero) al mando, hizo su aparición en Chubut otro inolvidable, versión PRO: el exsecretario de Energía Juan José Aranguren, con fuerte custodia policial y el vía libre de Macri Mauricio para instalar la minería, actividad que parece destinada a sellar las grietas en buena parte de la política, y abrirlas con las comunidades. “El actual secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, es de San Juan, provincia prominera, y es la continuidad de Aranguren. No hay diferencia alguna”, explica Moreno. 

La licenciada en Química Marta Sahores, otra de las mujeres que hizo escuela en Chubut explicando el verdadero contenido de la megaminería, dice sobre las frecuentes contradicciones entre el sistema representativo y la idea de democracia: “La democracia la hacemos en las calles, con la participación. No es ir a votar cada tanto. Cuando vamos a votar, no son elecciones: son opciones. Se opta por el mal menor. La democracia es otra cosa”. 

¿La minería da trabajo?      

«Es incomprensible que una persona como Mariano Arcioni haya llegado a ser gobernador, y lo siga siendo” dice Pablo Lada. La intentona minera se apoya en ese zigzagueante político cuyos spots televisivos contra la minería quedaron tan archivados como los rumores de romances farandulescos que le dieron notoriedad mediática porteña. En 2019 Arcioni logró adelantar elecciones junto al último pago normal de los sueldos provinciales. Apenas ganó, la realidad quedó más desnuda y menos glamorosa que vedette televisiva: la provincia venía endeudándose en dólares a niveles insostenibles, y estalló una crisis social inédita. Aún hoy, los sueldos se pagan con atrasos de entre dos y tres meses y Chubut vive de los salvavidas financieros que le arroja el gobierno nacional. O sea: más deuda. Arcioni venía siendo uno de los grandes ganadores con el “quedate en casa”, consigna que no aplicó para las mineras, que siguieron operando.    

La Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros publicó la teoría según la cual “la Ley 5001 propició el empleo público y desincentivó la inversión privada”. “Siempre han dicho lo mismo” explica Pablo. “La crisis es producto de que no hay minería, y ponen la zanahoria de que con mineras la situación mejoraría, lo cual sabemos que es falso”. Creer que el progreso radica en el extractivismo que primariza la economía, contamina y destruye, es un tanto extravagante. Pero además en Esquel están finalizando una investigación que demuestra por qué el argumento sobre el empleo es falso. Algunos datos del trabajo que se conocerá en estos días: en San Juan, en su apogeo minero, la actividad ocupa al 0,89% de los asalariados y el empleo privado en general está en caída constante durante los últimos 6 años. Si se compara Chubut con la ultraminera Santa Cruz, se descubre que en esta última los empleos públicos ocupan al 57%, contra el 30% de Chubut, revelando el sesgo de la información que difunden los lobbies mineros. Viviana: “Las que ganan son las corporaciones y los políticos que las apoyan. Nunca gana la gente”. 

Dónde está la energía

«Lo que está ocurriendo con la Iniciativa Popular es fenomenal” dice Pablo Lada. “Cumplimos los protocolos de distancia, los barbijos, la gente viene con su lapicera y, si no tiene, le damos una que luego desinfectamos. Se hacen colas con frío bajo cero para firmar. Es conmovedor”. Datos de las primeras semanas: Trelew ya reunió el 6% de firmas de su padrón; Puerto Madryn, 4%; Rawson, 11%; Epuyén, 10%. En la Meseta (proyecto Navidad): Las Plumas, 10%; Chacay, 50%; Los Altares, 32%. Todo arriba del 3% necesario, si se mantiene la tendencia. “Y en mucho menos tiempo que la vez anterior, con todo en contra por el frío, la crisis y la pandemia”. Uno de los llamados de las asambleas: “Tu firma vale más que el agua”. Cuatro de los 27 legisladores chubutenses también firmaron, hasta ahora. 

Desde la Meseta, Iván Payllalaf me manda una selfie en medio de la nieve que lo rodea. Estudia en Trelew pero volvió a Chacay para estar con su familia. Su papá trabaja en la Cooperativa eléctrica de Gan Gan y su mamá es auxiliar educativa. Iván habla con una mezcla de rigor y emoción en cada palabra: “Las mineras quieren entrar con clientelismo y asistencialismo. En el caso Sarayaku, de Ecuador, la Corte Interamericana dijo que las prácticas de asistencialismo empresarial son incompatibles con los derechos humanos, en especial en el mundo indígena. Tenemos el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada en territorios que nos han sido robados. La minería no es una actividad productiva: no produce nada: solo extrae minerales para exportarlos. Lo que hacemos con las asambleas en Chubut es una de las mejores formas de defender la democracia frente a la estafa, destrucción y división que generan las mineras. No sé qué va a pasar. Tienen gente muy pesada amenazando y el Estado abandonó sistemáticamente a la Meseta. Desde que nací, y más antes, hasta hoy, nunca hay luz desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hay cortes semanas enteras. Me acostumbré, no me quejo porque nunca me faltó comida ni agua. Pero es una desigualdad. Y les dan todo a las corporaciones. La gente quiere cuidar el agua, la tierra, sus animales, el planeta, la vida. Lo se hace aquí con la Iniciativa me produce admiración. Y yo agradezco que alguien nos escuche”. 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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