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#NiUnaMás

Ni Una Menos en el Pellegrini

El colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires está tomado por estudiantes que denuncian que se promovió a un preceptor que fue sumariado por golpear a dos alumnas en 2007. Hoy se reunieron con el rector. Las lecciones que dicta este conflicto.

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El colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires está tomado por estudiantes que denuncian que se promovió a un preceptor que fue sumariado por golpear a dos alumnas en 2007. Hoy se reunieron con el rector. Las lecciones que dicta este conflicto.

Ni Una Menos en el Pellegrini

Foto: Nacho Yuchark/lavaca


La escalera del Carlos Pellegrini está bloqueada por sillas. Señalizan así que el colegio está tomado y por eso los estudiantes están a cargo de controlar el paso. Mientras nos acompaña por las escalinatas, Camilo, 17 años, resume qué sucede: “Es un conflicto que arranca en 2007, cuando en el marco de otra lucha, quien por entonces era preceptor golpeó a dos estudiantes. Esa misma persona es la que quieren ascender como regente. Por eso, después de sentadas y marchas, decidimos la toma”.
Facundo, también de 17, agrega: “No solo golpeó a dos estudiantes, sino que hizo una persecución a docentes. Hostigó y sacó fotos. Entendemos que la escuela no puede premiar a un golpeador. Eso es violencia”.
Camilo completa información en los últimos escalones: “También nos estamos manifestando contra un preceptor que el año pasado acorraló a una chica de 14 años en el pasillo y la intentó besar”.
Llegamos.
En el primer piso hay más de 100 alumnos sentados. De repente, se paran y corean un canto que taladra una realidad:
“Borombombón, borombombón, el que no salta es golpeador”.
Luego, esos 100 cuerpos ingresarán a la oficina del rector Leandro Rodríguez para plantear sus exigencias.
Ni Una Menos en el Pellegrini

Foto: Nacho Yuchark/lavaca

El conflicto

Como explican los jóvenes, el conflicto data de 2007, y hasta motivó la intervención del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y del Consejo del Niño, Niña y Adolescentes. Lo que entonces sucedió puede leerse en este documento redactado por los padres y madres de esa época, que fuera presentado ante 14 instituciones: https://www.taringa.net/post/noticias/949459/La-verdadera-historia-de-lo-que-pasa-en-el-Carlos-Pel.html
Esta denuncia fue apoyada por uno de los representantes gremiales de los docentes. «Demandamos que los preceptores Héctor Mastrogiovanni y Pablo Prada sean separados de sus cargos, quienes golpearon a los chicos y los amenazaron», sostuvo a Télam Julio Bulacio, delegado de la Asociación Gremial Docente (ADG-Pellegrini).
Se abrió entonces un sumario administrativo que los encontró “responsable de negligencia en los deberes a su cargo, en un hecho en el que resultaron lesionados física y psicológicamente dos alumnas a su vigilancia” , según determina el expediente 2084674/2009. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió suspender por un día a Prada y por cinco a Mastrogiovanni, sanción que nunca cumplió, amparado por sus fueros gremiales: es delegado por CTERA.
En 2015 se reordenó el esquema de cargos dentro del colegio y se propuso designar a Mastrogiovanni como regente. Según detalla un comunicado de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGBA):

  • “La Secretaría de Escuelas Medias del Rectorado dictó una resolución a medida, que le permitió a Mastrogiovanni ascender sin título terciario al cargo de regente (el único postulante que no tenía título terciario)”.
  • Que esa resolución fue con redactada “con el asesoramiento del abogado de Mastrogiovanni, Mariano Bernava Castex, representante gremial de Ctera y funcionario de la Secretaria de Escuelas Medias”.
  • AGBA también denuncia en ese comunicado que una docente que expresó públicamente su repudio a l ascenso de Mastrogiovanni fue “literalmente encerrada en la Regencia (donde cumple actualmente sus funciones Mastrogiovanni) con el objetivo de intimidarla. Y que esa intimidación fue realizada “en compañía de una persona que se presentó como abogada” que le hizo “una serie de advertencias sin explicar qué condición le permitía semejante abordaje. Todo ello en la escuela, en horario de trabajo y en la Regencia”. https://www.agduba.org.ar/node/1712
  • La organización gremial denuncia algo más grave: “El ocultamiento más lamentable es el que se hiciera sobre el testimonio desgarrador en primera persona que hiciera un graduado ante el CER (Consejo de Escuela Resolutivo, máximo organismo que rige los establecimiento secundarios dependientes de la UBA) , protagonista directo de los hechos de 2007 que dieran lugar al sumario”.

Finalmente, padres, madres, docentes y alumnos lograron que el ascenso se frenara.
Duró poco: en diciembre el rectorado convalidó que asumiera el cargo.
Por su parte, el preceptor denunciado por acoso fue derivado a tareas administrativas en la Facultad de Ciencias Económicas. “Pero sigue viniendo a la escuela”, dicen los jóvenes.
El Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial sumó su adhesión a la toma, porque les «parece muy grave la impunidad de personas que han tenido comprobadas actitudes de maltrato y abuso hacia estudiantes». Expresa también: «Dado que hemos intervenido profesionalmente en las actuaciones llevadas a cabo en los sumarios correspondientes por las agresiones a menores por en 2007, enterados del actual conflicto, queremos expresar nuestro apoyo a los reclamos actuales».

El diálogo

Comienza la reunión con el rector Leandro Rodríguez. Ofelia, presidenta del Centro de Estudiantes, le pide algo concreto: “No sea abstracto”. Quiere que se focalice en el eje del problema: “Nunca la escuela se hizo cargo, nunca dijo: ´Esto pasó´. Y esa situación es violenta.” Luego sintetiza la exigencia del alumnado: “Ninguna de estas dos personas puede tener contacto con alumnos. Cualquier propuesta debe dejar en claro eso”.
El primer tema de discusión es el del preceptor denunciado por acoso. El rector Rodríguez argumenta que, al separarlo del cargo, “la escuela se posicionó”.
Le retrucan los alumnos: “¿Dijiste por qué? ¿Que fue por esto específico? ¿Dónde está registrado?”.
Victoria Camino, secretaria general del Centro: “El tema es creerle a una alumna. Me saca de quicio, perdón, ¿pero por qué elegimos creerle al violento y no a la que denuncia?”.
Otra alumna: “Vos no vas a estar acá siempre. Entonces, si no hay un posicionamiento claro, ¿cómo sabemos si mañana no lo van a poner de nuevo?”.
El rector Rodríguez finalmente compromete: “Va a haber posicionamiento”.
Otro tema.
Otra joven.
Es de la Comisión de Género del Centro y le pregunta al rector por qué no se aplicó en la escuela el Protocolo de intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación aprobado por la propia UBA después de la masiva movilización Ni Una Menos.
El rector Rodríguez alude cuestiones administrativas.
La joven repregunta: “¿Se va a aplicar o no?”.
Rodríguez: “Yo fui el que lo propuso en la reunión de Consejo, pero hay que bajarlo a la particularidad de la escuela”.
Otra chica: “Buenísimo que lo hayas propuesto. Es excelente. Pero así como se te ocurrió proponerlo, se te podría haber ocurrido aplicarlo. Y estas cosas no habrían pasado”.
El rector subraya que habrá un pronunciamiento, pero aclara que debe dejar actuar los canales administrativos. “Si no, me convierto en un juez”.
Facundo: “No: convertite en funcionario público”.
Las alumnas y los alumnos le reclaman luego por la situación del nuevo regente. El rector esgrime que actualmente no tiene ese cargo. “¡Pero firma como regente!”, le retrucan. “Es una firma conjunta, pero no es”, responde.
El rector Rodríguez resume : “Después de este conflicto, se van a tener que abrir concursos para el ascenso de auxiliares docentes. Reconozco que la solución que se dio no fue solución”. Promete: “Se le va a cambiar la función”.
Facundo insiste en el planteo de los alumnos: “Si no hay pronunciamiento, el próximo rector puede volver a posicionar a un golpeador como regente”.
Otra joven: “No puede quedar de nuevo ese vacío legal”.
Rodríguez propone derivar al denunciado a otros tres lugares físicos.
“¿Es en el colegio?”, preguntan.
“Sí”, responde.
“O sea que lo vamos a seguir viendo”, razonan.
Rector: “Sí”.
La reunión se levanta.

Preguntas

Pregunta al rector Rodríguez:
¿Por qué no hay un pronunciamiento claro de las autoridades respecto a personas denunciadas?
Porque no está esa denuncia documentada. Es una opinión de los chicos.
¿Considera “opinión” las denuncias de golpes y persecución dentro del colegio?
¿Golpeó a dos chicas? ¿Vos tenés algo?
Copias de las denuncias de la comunidad educativa y del sumario…
El sumario terminó en 2009. Y una denuncia, para un funcionario público, es una denuncia administrativa. Sino cada vez que alguien dice algo lo tengo que separar. Es difícil manejar una institución de esa forma.
Pregunta a las y los alumnos:
¿Cómo se enmarca esta situación en un país que vivió un hito con la movilización Ni Una Menos?
Responde Ofelia, presidenta del Centro de Estudiantes: “Esto es violencia, claramente. En Ni Una Menos marchamos 1.000 personas de esta institución. Se puso el cartel en la puerta. Y más allá de otras cuestiones que nos exponen a ese peligro, ¿qué nos está enseñando la escuela ahora? ¿Que hay que premiar, que hay que perdonar al violento? Eso no puede pasar. A los violentos se los castiga. Acá no se nos enseña ni Biología ni Historia: se enseña un modelo de sociedad. Y ese modelo no es contra el machismo y la violencia hacia la mujer. Por eso estamos en esta toma, exigiendo que Ni Una Menos se enseñe acá, ahora y en esta escuela”.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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