#NiUnaMás

#NiUnaMenos: Con la sangre como tinta

Publicada

hace 8 años

03/06/2016

La feminista boliviana María Galindo analiza el femicidio como crimen de Estado. Es un concepto teórico basado en una experiencia concreta: el colectivo Mujeres Creando, que fundó e integra María, acompaña el proceso judicial del femicidio de Andrea, la hija de una de sus integrantes. Y con ese dolor ha bordado una bandera de lucha bajo que cobija a muchas víctimas que reclaman justicia. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que inspira esta reflexión parida en la trinchera.

#NiUnaMenos: Con la sangre como tinta
Escribo estas reflexiones con la escalofriante sensación de estar escribiendo con la sangre de las mujeres como tinta. La sangre derramada en el asfalto de Andrea, la sangre derramada sobre la chacra que cultivaba Verónica cuando fue asesinada, la sangre de ella; de la de 50 años, de la 30, de la de 44, de la de 18.
Está ya claro que cuando hablamos de femicidio estamos hablando del “derecho universal” de todo hombre de disponer de la vida de una mujer, inclusive al punto de eliminarla, derecho que caracteriza a la sociedad como una sociedad patriarcal estructuralmente.
Sí, has leído bien.
No hay error en lo escrito: el femicidio visibiliza un derecho masculino de tomar la vida del “otro”, que somos nosotras, y disponer de esa vida a su antojo.
Cuando hablamos de femicidio estamos hablando de una figura penal introducida en nuestros códigos de forma muy reciente (quizás Bolivia es uno de los últimos países de la región en haberlo hecho). Una figura penal introducida, que ha sustituido la anterior figura del “crimen pasional” en la cual todo hombre podía decir -frente al femicidio de su pareja-, que sufrió de una emoción violenta, que sufrió de un impulso del que no era responsable.
Cuando hablamos de femicidio estamos hablando del derecho de sustituir una mujer matándola, el derecho de desechar a una mujer matándola, el derecho de frenar la libertad de una mujer matándola, el derecho de sobreponer el poder del macho sobre una mujer matándola: es eso lo que representa el femicidio.
Por eso es un crimen contra la libertad de las mujeres.
Porque es la libertad de ellas, de nosotras, lo que el femicidio ha querido frenar.
Así se entiende que muchísimas veces el femicida, en su relato criminal, no se reconoce como un asesino porque no se reconoce en el deseo de matar a una mujer, sino en el derecho de impedir, frenar, condicionar tal o cual comportamiento de ella.
Esto es muy importante porque nos permite entender que el femicidio no es la tragedia personal de una mujer que condujo mal su relación afectiva con un hombre o que se topó con el hombre equivocado en el momento equivocado. El femicidio es un arma patriarcal contra la libertad de las mujeres que consiste en eliminarlas.
El femicidio es hoy un problema estructural grave en las relaciones hombre-mujer en todas nuestras sociedades, porque representa una forma de respuesta violenta frente a un proceso de rebelión subterránea que estamos enfrentando las mujeres en los horizontes de vida personal que nos hemos planteado. Tenemos decenas de casos que nos hablan de escenas de femicidio donde es la mujer que quería cobrar la cuota alimentaria, o es la mujer que quería divorciarse, o es la mujer que quería terminar la relación. El femicidio es un relato sangriento de respuesta de disciplinamiento del conjunto de las mujeres a través de la eliminación y la muerte de algunas de nosotras.
El femicidio funciona socialmente como un de castigo patriarcal contra “la mala mujer”, por eso la insistencia en convertir todo femicidio en una suerte de juicio moral de la mujer asesinada, donde es ella -que ya está muerta- la que tiene que dar cuenta de su vida a la medida del relato del feminidad.
Este mecanismo del femicidio como castigo y del femicidio como derecho masculino universal sobre toda mujer, no funciona explícitamente, sino que es un mecanismo subconsciente colectivo frente al cual en la sociedad hay una negación neurótica. La sociedad no reconoce que es así, por lo tanto, para negar neuróticamente esta realidad, se desata en torno del femicidio una suerte de normalización de la muerte de las mujeres, de rutina necrófila, de consumo de la noticia de la muerte de las mujeres. Por eso se da pie y paso en los medios de comunicación, al interior del aparato judicial y policial al relato del femicida que no se reconoce como asesino y que, inclusive con muchísima frecuencia, se victimiza frente al “comportamiento” de la muerta.

El feminicidio no se mide en cifras

Esta reflexión nos lleva también a entender que el femicidio no puede ser medido en cifras. No es un crimen horroroso por la cantidad de mujeres. Es un crimen horroroso por el valor social que este crimen tiene, por la inmensa justificación social que carga el asesino, por la gran protección mediática con la que cuenta, por la presunción de inocencia que se convierte en una presunción de impunidad.
Las cifras son alarmantes, sí.
Actualmente en Bolivia estamos hablando de que cada 3 días se asesina a una mujer en un contexto de femicidio. Sin embargo, esa cifra es menor a la realidad porque son muchos los femicidios que se consigue tapar como suicidios, como accidentes o que simplemente ni siquiera se denuncian. Se mata a la mujer, se la entierra y se la sustituye por la siguiente en el pueblo, en el barrio, en la familia, en la facultad, en la comunidad o en el trabajo.
El femicidio se convierte en un castigo social porque funciona como mensaje para el conjunto de las mujeres que rodean a la muerta; para las amigas, las vecinas, las hijas y las parientas.
Casi me molesta tener que decirlo: no se trata de convertir a la mujer muerta en virtuosa porque ha muerto, no se trata de convertirla en mártir. Nosotras amamos la vida y de la salvación por la vía del martirio estamos históricamente agotadas. Lo que acontece es que la mujer asesinada ha sido asesinada debido al ejercicio de su libertad, debido al antagonismo entre sus decisiones personales y las de su pareja sentimental.
El mensaje que deja impreso el femicidio en el subconsciente social es: para salvar tu vida, para proteger tu vida, tienes que someterte. Que no se entienda que partimos de la necesidad de convertir a la mujer muerta en una falsa heroína porque eso sería hacerle el juego a la tesis de la salvación por el martirio.
La mujer muerta es aquella despojada de todo su valor social.
La mujer muerta es aquella que estaba en la lucha personal por su libertad personal individual.
Es la sustituible, es la incómoda, es el estorbo, es lo desechable.
Ese es el contenido político que el Estado le da a la víctima, y en ese contexto es que funciona como mensaje de castigo social sobre todas nosotras.
La consigna del Ni Una Menos -que no me gusta y que ha ido recorriendo varias movilizaciones contra el femicidio (en varios países)- nos habla de esa percepción colectiva que las mujeres, quizás de forma muy intuitiva, tenemos. Es la confirmación de que la colectividad de mujeres recibimos el mensaje de que cuando se mata a una mujer, hay por detrás una suerte extraña de aniquilamiento y sustitución de nosotras. Por eso sin pensarlo gritamos: “NI UNA MENOS”.
Más que una protesta, es una aceptación en el fondo de la muerte por femicidio como un aniquilamiento de la libertad de las mujeres.
Es una aceptación tácita del femicidio como una guerra física, violenta e ideológica contra las mujeres.
Cada muerta funciona como un espejo.
Cada muerta funciona como una lápida que cargamos sobre nosotras.
Cada muerta es un mensaje de castigo.

¿Son femicidio los crímenes contra las trans?

Los asesinatos contra las mujeres trans, por la vía del odio social o del machismo de sus parejas, por supuesto que forman parte del fenómeno del femicidio. Me parece que debiera ser obvio, sin embargo quiero explicitarlo.
Cada mujer trans no deja de ser mujer por ser trans. Es más: deja de ser un hombre y se convierte en una mujer. Sin embargo, no se convierte simplemente en una mujer sino que carga sobre sí otra forma de odio patriarcal. Ella está sujeta a un examen machista de tener que demostrar si es mujer o no. En muchos casos acepta formas de condicionamiento en sus relaciones heterosexuales que una mujer -biológicamente vista como tal- no aceptaría, porque en una sociedad patriarcal una mujer trans no tiene la “legitimidad de serlo”.
Una mujer trans, además, carga tras de sí el odio de haber renunciado, impugnado, no deseado o no aceptado una supuesta condición de ventaja social como es la de “pertenecer al universo del macho” y por ello la misoginia que se desata contra ella tiene una gran carga violenta. Hay un gran deseo de aniquilarla.
Separar los femicidios a las mujeres trans de los femicidios a las mujeres biológicamente conceptuadas como mujeres es debilitarnos, es hacerle el juego a la homofobia, al machismo y al propio patriarcado. Porque ellas comparten la cuestión de ser mujeres que no están cumpliendo con el “concepto de ser mujeres”, y en ese contexto el femicidio de cada una de ellas suma a los femicidios cometidos contra las mujeres, contra nuestra libertad y como parte de la misma masacre.
El femicidio de una mujer trans se suscita bajo las mismas reglas de juego de poder patriarcal que el conjunto de los femicidios. Eso deberíamos comprenderlo nítidamente. Es la misma violencia machista y misógina de control del cuerpo y de la vida que se desata en un femicidio contra una mujer trans que el que se desata contra una mujer no trans.
Y si de femicidas se trata, los actores de unos y otros femicidios, actúan bajo el mismo código del “derecho de disponer la vida de otro”, cuya vida vale menos que la suya o cuya vida tiene el derecho de controlar.
Lo que si queda claro es que para entender el asesinato de una mujer trans como femicidio es necesario entenderlo dentro un marco feminista de análisis de ese crimen, y es eso lo que ni el Estado ni tampoco el movimiento Gelebetoso (GLBT) que se apropia de estas muertes quiere hacer.

La responsabilidad del Estado

¿Formamos las mujeres parte de la Humanidad?
Imagínense ustedes si los crímenes cometidos por las dictaduras en América Latina se convirtieran, en un abrir y cerrar los ojos, en un problema individual del asesinado porque se comportó mal.
Imagínense ustedes si de pronto los genocidios que la Humanidad juzga como crímenes de lesa humanidad porque dañan a la Humanidad se convirtieran en un problema personal, individual, de cada uno de los muertos.
Imagínense si borraríamos el Holocausto nazi contra el pueblo judío, o si borráramos los crímenes del colonialismo como fallas de los conquistados por no haberse sometido.
El femicidio -si bien ha sido tipificado en el Derecho Penal y recibe en la teoría la pena máxima- sigue siendo considerado por nuestro Código Penal y por los códigos penales a escala mundial crímenes individuales y no colectivos.
No se los juzga como crímenes contra las mujeres, ni como crímenes contra la Humanidad, sino que se ha colocado el femicidio al interior del Código Penal como un caso de crimen que se suma a los asesinatos, y a todas las otras formas de crimen de un individuo contra otro.
Entonces la primera operación que convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal es en la forma teórica como ha sido conceptualizado dentro del Derecho Penal. No tiene conceptualmente el carácter de crimen contra la Humanidad, no se lo compara con el genocidio y el Estado, en esa medida, no lo reconoce como un crimen contra las mujeres en un orden social patriarcal y, en ese contexto, no asume de forma directa el Estado ninguna forma de responsabilidad.
El femicida atenta contra la vida de una mujer y no contra la vida de las mujeres como parte de la Humanidad; eso cambia completamente el relato de la tragedia en un relato personal, donde lo que se examina es la vida de la mujer y no la del femicida. El relato jurídico de un femicidio no trasciende el caso de un hombre concreto que ha matado a una mujer concreta, por razones particulares, en contextos particulares.
El Estado, al no asumir ninguna forma de responsabilidad ni de reconocimiento del femicidio como un crimen análogo al genocidio, no asume la pérdida de las mujeres, ni asume la defensa de la vida de las mujeres, en cuanto mitad de la Humanidad. Y en ese contexto se convierte en una suerte de cómplice tácito del femicida, convirtiendo al femicidio en un crimen de Estado.
Si entendemos el femicidio como efecto de una sociedad patriarcal, lo estamos reconociendo como un problema social estructural y no como un tipo de crimen -de uno cualquiera- que se comete contra otra cualquiera.
El clima que tenemos que enfrentar cuando tenemos un caso de femicidio en ese contexto es un Estado que nos restriega en la cara todo el tiempo, como gran avance y logro, la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal. Y pareciera que debiéramos aplaudir y agradecer de rodillas semejante avance cuando, en realidad, se trata de una suma de confusiones conceptuales muy importantes.
No soy abogada, ni aficionada al Derecho, por lo que pido que estas reflexiones se entiendan desde el contexto de la reflexión política y filosófica que es anterior a la reflexión conceptual jurídica.
Despojar de su contenido de crimen de lesa humanidad al femicidio no ha sido la única operación que convierte al femicidio en un crimen de Estado.
La segunda operación ha sido la de aislar un caso del otro. Cada mujer que sufre un femicidio aparece como una historia aparte y en sí misma. Por lo tanto, cada juicio es uno, y cada madre, hermana, hija o hermano que reclama justicia se encuentra atrapada en las redes de un proceso judicial que tiene características que luego vamos a abordar. Lo que me interesa dejar claro en esto es que una víctima se encuentra aislada de la otra. No pueden luchar conjuntamente, ni establecer bases de interpretación común de los crímenes que enfrentan. Eso dispersa a las victimas e impide no sólo que el Estado reconozca el carácter de crimen contra la Humanidad que tiene el femicidio, sino que impide que las victimas mismas puedan unificarse, manifestarse conjuntamente, dibujar la magnitud del problema, sumar fuerzas y demostrar que estamos frente a crímenes de la dictadura patriarcal de la cual el Estado es parte articuladora.
Y ustedes me dirán que el Derecho Penal es así.
Repito: no soy abogada.
Pero considero que se debieron hacer operaciones conceptuales diferentes y que la tradición liberal de simple incorporación de derechos o de figuras penales dentro el mismo esquema, a las mujeres no nos ha servido cuasi para nada. Por eso, en realidad, la incorporación de la figura del femicidio ha sido parte de una rutina del “copy paste” vía oenegés y agencias de cooperación, que se ha dado de forma cuasi automática dentro de nuestra legislación porque todo el aparato no ha sentido ningún impacto ni cambio estructural en sumar una figura penal más.
Aislar a las victimas una de la otra e impedir la colectivización de los casos convierte al femicidio en un crimen del Estado patriarcal que marca la impunidad del femicida y la imposibilidad social de construir nuevas formas de consciencia colectiva sobre el valor de la vida de las mujeres.
Un torturado, perseguido y muerto por un Estado se convierte en un crimen de Estado.
Una cantidad de crímenes contra un colectivo por razones étnicas se convierte en un genocidio.
Un femicidio, en cambio, no se convierte en un crimen contra las mujeres, contra la sociedad, ni menos aún de lesa humanidad.
Se trata de crímenes aislados, de victimas aisladas, de victimadores aislados y se impide conceptual y políticamente la asociación de las víctimas por la dispersión e individualización que el propio Derecho Penal impone. Es decir, se incorpora la figura del femicidio, pero no se cambia la lógica de abordaje en ninguno de los pasos.

El relato jurídico justifica al feminicida y promueve la impunidad

El relato jurídico de un juicio por femicidio está determinado no sólo por los prejuicios o el poder del victimador, que siempre es mayor que el poder de la víctima. Sino que está dado por las metodologías del Derecho Penal: el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario y es la parte acusadora que debe demostrar su culpabilidad. La parte acusadora, además, no es el Estado sino la madre o hermana de la víctima. Ahí queda sellada la garantía de impunidad, salvo en los casos en los que el femicida es atrapado infraganti o que se declara culpable, que son los menos. El juicio por femicidio, por tanto, es un interminable examen de la vida de la víctima. Es una interminable suma de las virtudes sociales del victimador y una banalización del valor central que es el de la vida. Quien dirime esos juicios es el Estado convirtiéndose en cómplice del femicida y, por lo tanto, convirtiendo el femicidio en un crimen de Estado.
La muerte de las mujeres por femicidio se diluye en la rutina judicial bajo miles de papeles y grandes confusiones conceptuales de fondo.
Sobre esto hay que añadir los prejuicios machistas de los operadores de justicia, la corrupción que en estos casos determina siempre la ventaja del victimador, porque indefectiblemente todo hombre tiene más dinero, más relevancia o más poder que su pareja asesinada, casi como un reflejo de la pirámide social en la que nos encontramos las mujeres: el obrero tendrá más relevancia que su pareja ama de casa u obrera, y el empresario tendrá más poder y relevancia que su pareja. Todo esto que es la única ventaja visible no es más que el último grupo de factores que determinan la impunidad social del femicida frente a la víctima.
Queda claro que no solo se pudieron hacer las cosas de otra manera, sino que se debieron haber hecho de otra manera.

La impunidad reproduce impunidad

Queda claro, también, que la única posibilidad que tenemos es construir plataformas colectivas, que se hacen muy difíciles porque cada caso penal no solo es un mundo, sino que es agotador: consume todas tus fuerzas. Y en ese sentido, demandar la participación de las víctimas en una segunda instancia colectiva es pedir más sangre y agotar completamente sus vidas. Si toda la plataforma tendría que asistir a todas las audiencias y analizar todas las irregularidades que se cometen -desde la autopsia hasta el proceso para impedir que se garantice la impunidad del femicidio- no nos dedicaríamos a otra cosa que no fuera eso y solo eso. Por eso nosotras hemos pedido y exigido a Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, una comisión legislativa de auditoria jurídica que centralizara este trabajo y que hiciera este trabajo. Lo hicimos para que quede claro que tenemos una propuesta y que la tesis en la que nos basamos es en el hecho de que el femicidio es un crimen de Estado y no la tragedia personal de Carmen, Andrea, Julia o Verónica. Sabemos que el Estado boliviano no tiene ninguna voluntad de hacer esta comisión. Formulamos el pedido entonces como un acto político y como un horizonte de lucha, conscientes que hablábamos con una interlocutora sorda y que hablar con ella era como “hablar al sordo cielo”.
El femicidio debe recibir el tratamiento de genocidio y debería, por tanto, ser tratado por tribunales especiales, como crímenes de lesa humanidad.
Ese es el horizonte de lucha.
Esa es la base conceptual para frenar la impunidad.
Los crímenes de femicidio son análogos a los crímenes cometidos por la dictadura.

Transformando el dolor del femicidio en lucha por justicia

Aquello que tenemos en los brazos -además de los cuerpos muertos de nuestras amadas hijas, compañeras, amigas-, es entender que la justicia reproduce justicia y que la impunidad reproduce impunidad. Por eso valoramos todos y cada uno de los esfuerzos que hace cada víctima por luchar por justicia, aunque sea en medio de juicios que diluyen el delito, que ponen a las víctimas en el banquillo de las acusadas, que relativizan el valor de la vida de las mujeres, y que se pierden en la inmensidad de una tragedia mujeril de grandes magnitudes.
Entendemos, al mismo tiempo y de forma muy contradictoria, por qué descoloca los juicios en los que estamos inmersas que plantear el femicidio como un crimen de Estado es la forma más efectiva de lucha: porque simplemente al femicidio hay que crearle una base conceptual de comprensión feminista del problema.
María Galindo
La Paz, Bolivia
Junio de 2016

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Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas

Publicada

hace 22 horas

16/09/2024

La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.

Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.

La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.

El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas.

Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”.

La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”.

El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación.

La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.

De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia.

Informe Final CiberAcoso Descarga

Trolling para silenciar

El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”.

En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política.

A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”.

Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala:

La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública.
Hay sesgos de género en los ataques que reciben.
La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.

Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública:

Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados.
Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público.
A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.

Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos:

El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
Un tercio cambió de puesto laboral.
Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo.
Un 80% temió o teme por su integridad física.

Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas:

El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas.
Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación.
La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.

Casos paradigmáticos

Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.

La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:

Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía.
Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales.
En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder.
Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.

Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista; Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel, conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación.

Los pedidos

Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:

-Al Estado:

Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.

-A las empresas de medios:

Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque:

El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y sindicales.
Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes.
Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario.

Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas — Integrantes de Periodistas Argentinas después de la presentación.

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#NiUnaMás

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

Publicada

hace 7 días

10/09/2024

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.

Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.

Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.

Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.

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Nota

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Publicada

hace 2 semanas

02/09/2024

Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

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