#NiUnaMás

#NiUnaMenos hoy: el grito que más molesta

Publicada

hace 8 años

03/06/2018

El 3J es la fecha que parimos para denunciar la violencia machista. Coincide esta vez, además, con una semana clave para que el aborto sea legal y logremos, al fin, que el Estado deje de condenar a las mujeres a la muerte y a la cárcel. Estos dos ejes centrales para el movimiento más inesperado de los últimos años -que nació para desbordar aparatos, discursos y convertir las calles en un abrazo- son los que más perturban a las instituciones estatales, políticas y sociales que intentan disciplinarlo con discursos políticos y conceptualizaciones que corresponden a otras prácticas. Ni Una Menos es puro Basta, el resultado de una realidad que nos golpea todos los días. Esta nota resume nuestra experiencia concreta y también, nuestra exigencia para este día: Ni Una Menos: aborto legal ya!

El Estado es Responsable no es consigna: es diagnóstico. El movimiento social Ni Una Menos lo sabe y las organizaciones políticas, oenegés y burocracias de género lo olvidan cada vez que negocian la conversión de esta demanda social en paliativos que nada solucionan y fugan la bronca hacia aristas menos conflictivas. La realidad es la verdad y la verdad es indignante: a pesar de las movilizaciones, compromisos firmados, leyes vigentes y selfies, para las mujeres argentinas denunciar la violencia es una condena.
Las pruebas:
1.En tres días de una misma semana – la tercera de febrero- acompañamos la denuncia de tres situaciones de violencia machista sufrida por tres mujeres, madres de cinco niños menores de 4 años.
2. Cada una tuvo que soportar lo que representa hoy ingresar por la única puerta de entrada a la justicia que tiene la Capital Federal. Estamos hablando de una sola oficina, que tiene una sala de espera de menos de 50 metros cuadrados con cuatro bancos de metal, incómodos, para atender la potencial demanda de una población de 1 millón de mujeres, según el censo de 2014 y solo teniendo en cuenta a las mayores de 18 años que viven en la ciudad, ya que si son menores y sufrieron violencia, en esta oficina no las atienden. Entonces, ¿a dónde van las mujeres menores a denunciar? Primera de las muchas preguntas que van a quedar con respuesta incierta.
3. Es necesario repetirlo: esta es la única oficina que recibe las denuncias de hechos de violencia sufridos por mujeres que viven en la Capital Federal.
4. Esta única oficina se denomina a sí misma Oficina de Violencia Doméstica y muchas de las mujeres que están en esa sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta se refieren a ella por sus siglas: OVD. Fue creada en 2006, depende de la Corte Suprema y tiene el objetivo “de facilitar un acceso rápido de conflictos a las personas afectadas por violencia doméstica”. La intención es noble y el equipo interdisciplinario que allí atiende es amable, pero desde el nombre se queda corta para canalizar la demanda de justicia de una verdadera epidemia social, como lo es hoy la violencia machista. Con la palabra “doméstica” ya recorta el alcance de su función: sólo puede denunciarse allí casos de violencia que hayan sido ejercidos por miembros del grupo familiar. Quedan así fuera, por ejemplo y nada menos, las mujeres y travestis en situación de prostitución -si los golpes, violaciones o maltratos fueron perpetrados por sus fiolos o prostituyentes-; las mujeres golpeadas, violadas o maltratadas por desconocidos o vecinos, las abusadas por integrantes de las fuerzas de seguridad, etc. “Doméstica” es la violencia de “género” definen las “especialistas” que atienden el primer paso de este trámite, que es el que filtra los casos según sean “urgentes” y “pertinentes”. Es decir, si son recientes y producidos en el entorno familiar. Segunda pregunta con respuesta incierta: ¿dónde denuncian las que quedan fuera de esta clasificación?
5. Presentar una denuncia ante la OVD tiene cuatro pasos, anuncia la pantalla que está en la sala de espera: admisión, espera, atención del equipo interdisciplinario y derivación al juzgado. La admisión implica que aquellas que quedan seleccionadas reciben un número y una explicación: cada entrevista con el equipo interdisciplinario dura tres horas. De acuerdo a la cantidad de denuncias a atender cada día, le informan qué espera las espera. En cada uno de los tres casos que acompañamos, calcularon que la espera implicaría entre 6 y 8 horas, dependiendo de la cantidad de mujeres que desistan del trámite, desalentadas o imposibilitadas de esperar tantas horas en ese lugar, pero también de si deben interrumpir el llamado del “numerito” porque “estamos atendiendo a la señora con el golpecito en la cabeza”, tal como explica ahora la coordinadora del turno tarde. Es decir, si llegan casos notoriamente graves, la espera puede alargarse más.
Así, las que completan la entrevista de admisión sin salir disparadas a la calle -porque ya saben que no pueden tener lo que necesitan cuando lo necesitan-, regresan a la sala de espera pequeña, incómoda y mugrienta aturdidas por preguntas que no saben cómo contestar: si dejaron a los hijos con alguien, ¿hasta qué hora los pueden cuidar?; si están ahí con ellas, ¿qué y cómo darles de comer?
Luego de llamadas urgentes y corridas al kiosco, las que pudieron quedarse porque encontraron respuestas en su red social, se sientan y murmuran, finalmente, la incógnita que las desespera: ¿qué solución van a encontrar después de esa larga espera?
Así comienza el intercambio de información y estrategias. También las advertencias – “esto no es fácil”- y el mutuo aliento: “es una forma de comenzar a terminar”.
6. Es necesario repetirlo: muchas se van sin denunciar.
¿Cuántas?
Es fácil establecerlo: la diferencia que hay entre las que reciben el número para la admisión y las que finalmente están presentes cuando las convocan a la entrevista con el equipo. No es un dato que haga público la OVD. En su web sólo publican el número de denuncias que se completan, no las que quedan sin ser atendidas. Así, el dato de que por mes atienden un promedio de 900 denuncias sólo indica qué capacidad tiene esa oficina de atender denuncias. Pero de ningún modo registra la cantidad real de demanda que hasta allí llega y que esa oficina no tiene recursos suficientes para tramitar. No es este un detalle ni una incapacidad. Es un delito y es grave. Es el que comete el Estado cuando no garantiza a sus ciudadanas el acceso a la justicia. El que comete el Estado argentino cada día, a cada hora y cada vez que una mujer sale de la OVD sin ser debidamente atendida, como es su derecho.
7. En el primer caso que acompañamos, la mujer sacó número para la admisión a las 4 de la mañana y accedió a la entrevista a las 10 am. En el segundo, llegó a las 16 y tuvo que irse a las 3 de la mañana, porque a las 7 tenía que estar en su trabajo y si no se presentaba en horario, le descontaban el día. Regresó a la UVD a las 11 y accedió a la entrevista con el equipo interdisciplinario poco después de las 16. Si tenemos en cuenta todas las horas que le insumió el trámite, fueron 24. La tercera, 8 horas.
¿Qué nos gritan estos números? En principio, que los recursos humanos que dispone la OVD no son suficientes para atender la demanda que recibe.
8. A la entrevista con el equipo interdisciplinario cada mujer debe ingresar sola. Las que están con sus hijos pueden dejarlo – solo mientras dure la entrevista- en una sala especialmente dispuesta para los niños. Es una sala de juegos. Lejos de ser un gesto amoroso, esto implica algo muy grave: que las y los niños no son atendidos allí como víctimas de violencia. No son escuchados ni representados, aun cuando la mayoría sufrieron y convivieron las situaciones de violencia que está detallando su madre en la en la sala de al lado. Más grave aún: en los tres casos acompañados, los jueces dispusieron medidas para garantizar que el denunciado tenga acceso a las y los hijos, aunque en la misma resolución dictaron medidas de restricción perimetral para separar al denunciado de sus madres. Esta invisibilización judicial de las y los niños víctimas de violencia machista no es un detalle ni una muestra de incapacidad. Es un delito que comete el Estado argentino al vulnerar un derecho que está garantizado por la Constitución Nacional y la Convención que establece explícitamente que el Estado argentino está obligado a protegerlo “de toda forma de violencia física, maltrato, descuido o trato negligente”, y que “su opinión sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que los afecte”, según obliga la ley Nª 26. 061, sancionada en 2005.
9. Terminada la entrevista interdisciplinaria, cada una de las mujeres debe regresar al día siguiente -si es fin de semana, el lunes- para presentarse ante el juzgado que se hará cargo de su denuncia. La OVD entrega allí su informe y “recomendaciones”, en base a las cuales cada juez dicta las medidas que le sugieren. Concretamente, esto representa que cada mujer recibe en el juzgado un papel que le comunica qué medidas dictó el juez sin verla ni escucharla. Los ojos y orejas de la justicia fueron los de la OVD y si las medidas dictadas no le parecen convenientes, para discutirlas, completarlas o impugnarlas deberá tener un abogado que presente por escrito esas demandas. Y eso lleva varios días.
10. En los tres casos que acompañamos, las medidas dictadas por el juez contemplaron el dictado de perimetrales. En un caso, impracticable: la perimetral sólo tenía vigencia en Capital Federal y la mujer, ante la violencia sufrida, había tenido que refugiarse en el conurbano bonaerense, desde donde viajaba todos los días hacia su trabajo, en el porteño barrio de Monserrat. Al señalarle la inoperancia de la medida, le indicaron que debía presentar esa resolución en la Comisaría de la Mujer correspondiente al nuevo domicilio bonaerense. Y así cada vez que se traslade a otra localidad. En el segundo caso, la perimetral también era impracticable: agresor y víctima trabajaban en el mismo edificio, dependiente de una universidad pública. En el tercero, parecía funcionar y el juez, por la violencia de la situación denunciada, dispuso una guardia policial permanente en el domicilio de la víctima. Al día siguiente, la mujer nos envió una foto del policía que cumplía la guardia sentado en el auto del agresor. Se los veía muy animados, compartiendo una pizza.
11. Durante los siguientes tres meses, nuestra abogada Cristina Monserrat trabajó en cada uno de estos casos hasta lograr lo que se necesitaba: a través de una mediación se acordaron regímenes de visitas, alimentos, trato y contención. En todos los casos colaboraron también las abogadas de los denunciados, comprometidas con encontrar una respuesta eficaz ante la indiferencia del aparato judicial.
12. Estamos hablando entonces desde la experiencia concreta y desde la impotencia, la bronca y el hartazgo. Estamos hablando desde el dolor que representa que en lo que va del año 2018 se hayan cometido ya 102 femicidios y que ya esas muertas no sean “tema de agenda”. Estamos hablando desde el aullido que nos desgarra saber que desde que salimos por primera vez a la calle a gritar Ni Una Menos han quedado huérfanos 908 niñxs, mientras vemos desfilar por la calle fetos. Estamos hablando, tal como sintetizó Flor de la V en su exposición en el plenario de Diputados, cuando contó que su madre murió desangrada en un aborto clandestino, de algo central: “”Busqué durante mucho tiempo al femicida de mi mamá y ahora sé quién es: el femicida de mi madre es el Estado”. Estamos hablando de lo que significa ese grito y esta fecha: salir a la calle a denunciar que la violencia machista sigue impune y que nosotras no vamos a callarnos más.
De ese eso se trata exigir hoy #AbortoLegalYa
De eso se trata gritar Ni Una Menos.
De abrazarnos.
Nos tenemos a nosotras.

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Ni Una Menos, aborto legal ya: un grito colectivo

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 1 mes

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 mes

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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#NiUnaMás

El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 1 mes

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.