A partir de dos casos testigo y analizando el accionar de la justicia, la policía y los funcionarios que actuaron, esta nota denuncia el rol del Estado en la máquina de violencia contra las mujeres. Fue presentada por lavaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humans (CIDH) en junio de 2017.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por «sofocamiento» entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

Melina Romero

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]
Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].
Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

Araceli Fulles

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

• La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
• El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
• Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

• La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
• Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
• Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
• Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
• Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
• Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
• Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
• Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
• A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.
 
[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html
[2] https://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch
https://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html
[3] https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10
[4] https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen
[5] https://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml
[6] https://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html
https://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061
[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/
https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html
[8] https://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf
[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html