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#NiUnaMenos y el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres

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A partir de dos casos testigo y analizando el accionar de la justicia, la policía y los funcionarios que actuaron, esta nota denuncia el rol del Estado en la máquina de violencia contra las mujeres. Fue presentada por lavaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humans (CIDH) en junio de 2017.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por “sofocamiento” entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

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Melina Romero

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]
Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].
Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

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Araceli Fulles

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

  • La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
  • El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
  • Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

  • La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
  • Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
  • Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
  • Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
  • Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
  • Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
  • Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
  • Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
  • A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.
 
[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html
[2] https://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch
https://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html
[3] https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10
[4] https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen
[5] https://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml
[6] https://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html
https://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061
[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/
https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html
[8] https://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf
[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html

Actualidad

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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El Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró  62 femicidios y travesticidios en todo el país en los primeros 60 días de 2024. Durante febrero, fueron 29 femicidios: uno por día.

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 62 femicidios y travesticidios se registraron además 43 huérfanxs por femicidios. Y 54 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan. Hay, además, 10 desaparecidas en lo que va de 2024.

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Además, en lo que va del 2024 se registraron 34 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1.113 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

No son cifras, y por eso en nuestros padrones se visualizan sus nombres, edades, dónde vivían y cómo sucedió el femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

62 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
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Observatorio Lucía Pérez

30 femicidios en el primer mes del año

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A Rosa, a Anabella y a Yamila 20, 29 y 39 años las asesinaron el primer día del año: en Budge, en Burzaco, y en Pergamino.

El femicidio de Rosa fue frente a sus dos hijos menores. 

Desde ese día hasta hoy registramos 30 femicidios en todo el país: uno por día, sin freno. 

30 femicidios en el primer mes del año

Conocemos el nombre de cada una de las 30 asesinadas. En muchos casos también su cara porque recuperamos la foto para ponerle cuerpo a esa vida que nos quitaron. Registramos sus edades, donde vivían, cómo pasó. Buscamos también el nombre del sospechoso, su edad, si había algún vínculo. Indagamos en los datos que debe dar el Poder Judicial: quién lleva adelante la investigación y cuál es la carátula. 

Mientras escribimos este informe se confirma, por parte de los fiscales de la causa, que Berenice González (23 años y un hijo de 4) fue drogada y violada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Luego del abuso sufrió un colapso, murió en el hospital a donde había sido trasladada después de que la encontraran en la calle. Hay dos detenidos: Daniel Castañeda, 46 años, acusado del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal; y una amiga de Berenice, de 25 años, acusada de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas. 

La muerte de Berenice no está caratulada en la justicia aún como femicidio. Su hijito, huérfano, jamás podrá acceder a la ayuda económica que siempre tarde, entrega la ley Brisa.

30 femicidios en el primer mes del año

Hechos vs teorías

Este mes, también, la Fiscalía General de Chubut, por primera vez, restringió información sobre un femicidio alegando la tesis de la “mímesis” promocionada por Rita Segato. Se trata de un texto de una alumna brasileña, que Segato tuteló, que relaciona estos crímenes con los relatos mediáticos. 

En el contexto de degradación del ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas y líneas de atención a violencias de género, sumado a la total ausencia de programas de prevención, estas órdenes de silencio a la prensa nos resultan totalmente funcionales a la ausencia de política oficial, especialmente si se tiene en cuenta que, según los 4.623 casos que registra nuestro padrón, esta tesis no tiene ningún sustento en cifras concretas. 

Sin embargo, no hay textos académicos que se refieran a la relación entre el narcotráfico y la violencia femicida, donde sí aparece claramente una mímesis, por cierto no atribuible a los medios de comunicación, como frivoliza la teoría promovida por Segato.

30 femicidios en el primer mes del año

 

El femicidio de Berenice reproduce los pasos de los que en nuestro padrón clasificamos como Femicidios Territoriales. Por ejemplo:

En 2016 en Mar del Plata asesinaban a Lucía Pérez, 16 años: a los responsables se los encontró primero culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad, pasaron años hasta que se los juzgó por femicidio. También Lucía fue presentada a sus asesinos por una amiga consumidora.

En 2017, en Tigre, Luna Ortiz, 19 años, drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que intercambiaban violación por droga: su crimen no fue juzgado como femicidio. El único condenado fue encontrado responsable del delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal, en concurso real con homicidio imprudente”. Hoy está libre, viviendo a pocas cuadras de la familia de Luna, que consiguió, tras años de movilizaciones, que a través de un juicio cesura pudiese reabrirse el debate sobre su crimen. 

Esta misma mecánica con la que opera la máquina femicida es reproducida en Mar del Plata, San Martín o Victoria, territorios muy distantes y diferentes, pero donde la desigualdad social produce lo mismo: consumos problemáticos que convierten los cuerpos femeninos en mercancías y a las masculinidades de una franja etaria similar (45/55 años), tan dañadas por el sistema, en seres capaces de destrozar cuerpos adolescentes, produciendo crímenes brutales, que luego el Poder Judicial juzga con prejuicios cómplices y arbitrarios.

Esta mímesis real y concreta desnuda una realidad que duele, crece y que podemos detener si no nos ciegan con teorías construidas desde lejanías, por prejuiciosas distancias de clase y raza, y por foráneas: otra galaxia.

Desde el Observatorio Lucía Pérez proponemos hace tiempo la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Berenice, Lucía o Luna. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación (pasiva o concreta) de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales. 

30 femicidios en el primer mes del año

También proponemos que todo análisis de la violencia femicida parta de su contexto: el territorio, porque allí están las raíces, pero también las alas. Es la comunidad quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad que nos mata.

Por último reiteramos una alerta: el lavado epistémico que representa la ausencia de trabajos de investigación académica que analice la relación entre narcotráfico que en su escala territorial se transforma siempre en narcomenudeo y la violencia femicida.

30 femicidios en el primer mes del año

La información de enero 2024:

30 femicidios, uno por día 

4 víctimas eran menores de edad.

14 infancias huérfanas 

31 marchas exigiendo paren de matarnos

19 tentativas de femicidios

2 desaparecidas 

1084 días sin Tehuel

Toda la  información en www.observatorioluciaperez.org

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Nota

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio

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Llegando a los últimos días del año, Mónica Ferreira pensó que iba a poder festejar el 2024 con la tranquilidad de que su hija estaba en paz. Pero el veintiocho de diciembre por la mañana recibió un llamado. Del otro lado, el abogado Diego Szpigel: “Te tengo que dar una mala noticia: los asesinos de tu hija están sueltos”. Esas fueron las palabras que generaron que la familia de Araceli Fulles volviera a derrumbarse. “Sentí lo mismo que cuando encontraron su cuerpo: como si la hubieran vuelto a matar” dice Mónica. Por eso decidió hacer lo mismo que aquel día: movilizar al barrio. Cómo sigue este reclamo de justicia.

Por Delfina Pedelacq para lavaca.org

Fotos: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Son las cuatro de la tarde del viernes cinco de enero, el sol raja el asfalto de las calles de Barrio Sarmiento en San Martín. Más de cien personas se concentraron en la intersección de las calles Cabildo y Campichuelo para visibilizar, en el barrio de Araceli Fulles, que sus asesinos están sueltos otra vez. Muchas son madres o familiares de otras víctimas de femicidio que llegaron para acompañar este reclamo. Una a una se colocan detrás de la bandera que grita el reclamo de justicia, para caminar hasta la plaza donde Araceli fue vista por última vez, en marzo de 2017. Mónica lleva en su antebrazo derecho un tatuaje con la cara de su hija. Mira al cielo, lo besa y comienzan a caminar.

Rastros

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados a perpetua el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. El 29 de diciembre pasado, los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar de un perito. Tras 25 días de búsqueda, fue este perito, con su perro adiestrado en la búsqueda de personas, quien encontró el cuerpo de Araceli Fulles en la casa de Dario Badaracco y marcó en el corralón de Cassalz los lugares donde habría estado Araceli.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Mónica, mamá de Araceli. Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Los magistrados en su fallo pidieron que la Fiscalía General de San Martín investigue la actuación del perito Marcos Herrero en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones de los binomios guía-can idóneos para esa tarea, en función de lo corroborado en esta causa y otros antecedentes”.

Después de conocer el fallo, el abogado de la familia Fulles, Diego Szpigiel presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires: “No nos vamos a quedar con esta resolución porque la entendemos absolutamente arbitraria”.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Araceli Fulles: El sabor de la justicia

Cinco cuadras caminó la multitud hasta llegar a la Plaza “Soberanía Nacional”, donde también se encuentra un monolito en homenaje a Araceli. Es una imagen grande de su cara, abajo tiene una inscripción que dice: “Vamos negrita: bailá hasta el fin”. Monica abre despacio la reja que lo protege, levanta un cuadro y mantiene durante algunos minutos su mirada fija en él. Es una foto escolar de tercer año de Araceli: “3ro D, Señorita Maria Luisa”.

“Se me va a ir la vida, pero quiero que mi hija descanse en paz. Voy a seguir luchando y quiero que me acompañen siempre” dijo Monica ante toda la gente que participó de la movilización. “Ahora no se trata tampoco de llorar, se trata de recuperar fuerza para luchar por ella y por todas las mujeres, porque lamentablemente estos jueces corruptos han largado a estos asesinos, van a estar sueltos y le puede pasar a cualquier mujer. Tanto Carral, Violini y Maidana son más asesinos que los que mataron a mi hija, porque la volvieron a matar. Son los mismos que también soltaron a los femicidas de Anahí Benítez y Luna Ortiz”.

Alrededor del monolito se forma una ronda. Le acercan a Mónica un megáfono. La mayoría de las personas que están en la plaza se arriman a escuchar. “Nosotros queremos vivir libres. A ellos les dieron perpetua y no la cumplen: están en la calle. Mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Somos nosotros los que tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, dice Mónica, sin contener el llanto. Ricardo Fulles la aprieta en sus brazos y le seca las lágrimas.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Con la voz quebrada y agarrada fuerte de su mano, Marisa (mamá de Luna Ortiz) toma la palabra: “Luchar sirve, no nos vamos a quedar en nuestras casas llorando porque siempre se nos hizo difícil con esta justicia. Esta es la justicia que nos dan con sabor a nada, que los encierran un par de años como para decir acá ya está y después los vuelven a liberar. En estas causas hay mucha mugre y queremos que los asesinos estén donde tienen que estar, en la cárcel. Y basta de jueces y fiscales corruptos”.

Familiares de víctimas de violencias como Candela Sol Rodríguez, Natalia Sabán, Zaira Rodríguez, Luna Ortiz, Andrea Jara, Damián Castillo, Nicolás Duarte, Laura Iglesias, Lucia Costa entre otros, acompañan a la familia de Araceli durante esta primera jornada de lucha del año. La familia de Lucía Pérez y la campaña “Somos Lucía” se sumaron al reclamo y llevaron adelante una acción en Mar del Plata. También está presente el Padre Adolfo Benassi y la monja Martha Pelloni. “Esta es nuestra nueva familia”, dirá Mónica después de mencionarlos a todos y todas, “porque pasamos lo mismo, sabemos el dolor que cada uno siente porque también lo sentimos.”

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Cómo sigue

La movilización llegó a la plaza Soberanía Nacional y después de un pequeño acto, volvió hasta el lugar de salida. Con el objetivo de que el barrio se entere y conozca el nombre de los jueces que permitieron que los asesinos de Araceli estén nuevamente libres.

“El día que me digan: Señora, usted consiguió la perpetua para todos, no solamente por Araceli sino por todas las demás, ese día voy a poder descansar e irme con mi hija, porque lo que más anhelo es eso. Algún día voy a reencontrarme con vos, mamita”, dirá Mónica.

“¿El poder siempre gana? No, vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, finaliza Mónica y agradece a todos por el acompañamiento. Estas movilizaciones por el distrito se realizarán durante todo enero y cuando termine la feria judicial, el objetivo es llegar a La Plata, frente a la Cámara de Casación, para visibilizar también quienes fueron los responsables de que hoy los asesinos de Araceli estén libres.

En la esquina de Campichuelo y 25 de mayo hay un mural donde se la puede ver sonriente, como si saliera de la pared. Coronando su imagen hay una frase que Araceli había posteado en su Facebook, tiempo antes de su femicidio. “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

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