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Juicio por Cromañón: números, mitos y sentimientos

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En la misma sala en la que se juzgó a las juntas militares, el juicio por la masacre de Cromañón será un modo de analizar el rol de la corrupción en el siniestro evitable más grande de la historia judicial argentina. Callejeros, Chabán pero sobre todo los funcionarios políticos y policiales –los imputados y los que vienen zafando- simbolizan una lógica política de la época, donde el mercado y el Estado privilegiaron sus negocios por sobre la vida humana. Datos y palabras para tratar de entender.

¿Qué significan las palabras “hacer justicia”?
Tal vez esa será la pregunta más perturbadora que ronde al viejo palacio de Tribunales (al que le han pintado la fachada) cada vez que el Tribunal Oral formado por María Cecilia Maiza, Marcelo Alvero y Daniel Llanos entre a la Sala de Audiencias y el secretario Julio Di Giorgio diga “de pie”, como es costumbre.
Cuando eso ocurra, durante siete u ocho meses de juicio oral y público, volverá a ser 30 de diciembre de 2004.
Aquella noche, el boliche República Cromañón fue la trampa que envenenó con humo de cianuro de las mediasombras a cientos de chicas y chicos que habían ido a un recital de fin de año. Mató a 194. El veneno sigue activo. “Aquí no se juzga un accidente sino la tragedia evitable más grande de la historia judicial argentina” describe a lavacael abogado José Iglesias (papá de Pedro, uno de las víctimas) “y esperamos con este juicio poder mostrar su causa: la corrupción”. Silvia Bignami, (la madre de Julián Rozengardt) postula algo que es casi un editorial político de la época: “Esperamos que se juzgue una lógica. La lógica Cromañón , donde se privilegia el negocio por sobre la vida, y se cuida más la propiedad que a las personas”.
Hay 15 acusados. Tres ex funcionarios (Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal, Gustavo Torres, director de Fiscalización y Control y Ana Fernández, directora adjunta de Torres). Dos policías (el comisario de la 7º, Miguel Belay y el subcomisario Carlos Díaz), el empresario Omar Chabán y su ‘mano derecha’ Raúl Villarreal, y el grupo Callejeros (6 músicos, el manager y el escenógrafo).
Los delitos van desde estrago doloso seguido de muerte, hasta cohecho (más conocido como coima o soborno). La diferencia es que el cohecho es “activo” para los que pagaron la coima, y “pasivo” para quienes la recibieron. Los funcionarios, por ahora, sólo están acusados de incumplimiento de sus deberes. Se espera la declaración de 346 testigos.
Números de la República
El Movimiento Cromañón consiste en la articulación de los diversos grupos de sobrevivientes y familiares que –contra las típicas lógicas argentinas- tienden a permanecer unidos, acompañarse y trabajar juntos, mucho más que a fragmentarse. En la articulación estuvieron haciendo cálculos a partir de lo ocurrido en República Cromañón, República Argentina:

  • 194: víctimas fatales.
  • 887: internados con diversos grados de lesiones y envenenamiento pulmonar.
  • 1.037: capacidad máxima permitida para el boliche.
  • 3.000: o más, los que se había permitido ingresar.
  • 100 pesos: coima que recibía la policía cada 500 personas extra que se permitía ingresar.
  • 15: los acusados en este juicio.
  • 4: las querellas que representan a las víctimas, y que reúnen a decenas de abogados.
  • 850: los querellantes.
  • 4: los diferentes jueces que tuvieron la causa en el período de instrucción.
  • 45: los legisladores que, sobre 60, votaron por el juicio político y la destitución del jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.
  • 43: las marchas realizadas a razón de una por mes desde entonces, aunque se pueden sumar siete de los primeros días, varias de ellas reprimidas por la policía.
  • 10: familiares de las víctimas, que a su vez fallecieron por enfermedades fulminantes luego de Cromañón.

Entre los diversos grupos, además, prepararon un volante cuya información a esta altura parece inconcebible:

  • 1992 Embajada de Israel 29 muertos
  • 1993 Kheyvis 17 muertos
  • 1994 Atentado a la AMIA 85 muertos
  • 1995 Embalse Rio Tercero 7 muertos
  • 1997 Avión Austral 74 muertos
  • 1999 LAPA 65 muertosLos que faltan
    El denominador común, además de la muerte, es la impunidad en todos esos casos, lo cual tal vez establezca cierta tendencia judicial, que quién sabe si ahora se podrá revertir. José Iglesias explica: “Este es un juicio incompleto. Nunca va a estar lo suficientemente completo porque el primero que debería estar, Aníbal Ibarra, fue sobreseído por razones políticas y porque la corporación judicial – o al menos una parte- siguió protegiéndolo”.
    Iglesias y los familiares consideran que hay responsabilidades distintas: “Lo fundamental para nosotros son los funcionarios acusados, que son los que permitieron a todos los demás hacer lo que hicieron. Un escaloncito debajo están los policías. Y luego el grupo, Chabán y Villarreal”.
    En términos más amplios, plantea: “Para nosotros lo central es que se entienda que hay una consigna en las marchas, que es literalmente cierta. A los pibes no los mató ni la bengala ni el rock. Los mató la corrupción. El lucro desmedido es corrupción. El sistema que participa de esas ganancias es corrupción. Y la coima directa es corrupción directa”.
    Silvia Bignami acuerda con este razonamiento: “Estuvimos con el fiscal y de pronto nos dice: parece que para ustedes fuera más importante Ibarra que Chabán. Ni lo habíamos hablado entre nosotros, pero le dijimos que por supuesto. Porque Chabán es un empresario. Uno puede querer que hubiera otra clase de empresarios. Pero Ibarra era el Estado. Entonces, o cuidás a la gente, o no me vendas que lo vas a hacer. No es que no queremos condena para Chabán sino que no somos tontos, no queremos que le den 50 años a Chabán y que los funcionarios queden exonerados. Eso sería una mentira”.
    Iglesias cree que en un juicio completo, debería participar también Vilma Ibarra (hermana del ex jefe de Gobierno). “Ella, por su manejo con los negocios de la noche. Y hay gente que está procesada y espera el 2º juicio oral, como Juan Carlos López, ex secretario de Seguridad, o Rafael Levy”. Levy era el propietario del lugar que Chabán arrendaba. Fue sobreseído hace pocos días. “Ahora tenemos que apelar para revertir ese sobreseimiento” comenta Iglesias. En ese segundo juicio deberán también analizarse las responsabilidades de los funcionarios que mantuvieron abierto un lugar como Cromañón, entre muchas otras. “Nosotros tomamos esto como el primer capítulo de una novela larga. Pero existe una corporación judicial que pretende que sea el último capítulo”.
    La razón para buscar esa clausura del caso, según Iglesias, es la siguiente: “Cromañón es un mal ejemplo, que se puede expandir. Hay una corporación judicial, e incluyo en lo que digo a la Corte Suprema, que tiene una concepción aristocrática del Poder Judicial. Ellos son los cortesanos, y el pueblo son los súbditos. Pero resulta que los súbditos andan medio subversivos, y hay que cuidarse de ellos, que somos todos nosotros”. Iglesias considera que no se establecieron recaudos de espacio y condiciones para una causa como esta. “Todos hablan mucho, pero en la práctica se hace poco. Aquí la consigna es: adaptarse a lo que hay, y callarse la boca”.
    Un caso emblemático fue el blindex (vidrio blindado) con el que se divide a la sala. “Primero, los abogados íbamos a estar del otro lado del blindex, recién lo pudimos solucionar a último momento” relata Iglesias. Silvia: “Lo loco es que Cromañón está planteado como un juicio de alta peligrosidad, pero los peligrosos somos nosotros, los familiares”. Silvia suma entre los gestos de las últimas semanas el sobreseimiento de Levy al procesamiento de tres padres (Bonomi, Righi y Fernández): “Uno de ellos le dijeron a la jueza (María Angélica) Crotto, que los chicos desde el cielo la iban a castigar. Entonces ella los denunció (a los padres) por amenaza agravada. Yo me quedé pensando que yo tendría que haberla denunciado a ella en su momento”. Silvia recuerda el encuentro que tuvo –junto a un grupo de padres- con la señora Crotto, quien les recomendó hacer el duelo: “Nos dijo que teníamos que hacer el duelo con nuestros hijos, igual que ella lo hizo cuando le extirparon un tumor”. La opinión sobre la comparación entre “tumor extirpado” e “hijo muerto” queda a cargo de las y los lectores.
    La testigo muerta
    Silvia asegura que otro golpe de estos días fue la inesperada muerte de Ana Sandoval, 36 años, que trabajaba en Cromañón. “Fue de las que entró varias veces a sacar gente, y declaró haber visto el momento de pago de coimas por parte de Chabán a la policía”. Ana estaba en la puerta de Cromañón aquel 30 de diciembre, y adentro estaba su amiga Patricia González, 21 años, quien falleció aquella noche. «Entré cuatro veces, pero era imposible llegar a los baños por el humo, que no te dejaba respirar. Pude sacar sólo a algunas personas que estaban a mi alcance», recordó Ana en alguna entrevista.
    Silvia: “Para mi nunca se pudo recuperar del humo que aspiró”. Otras versiones dicen que Ana tenía problemas estomacales. En cualquier caso, las causas de su muerte el último 7 de agosto, en el Hospital Fernández, que los médicos no pudieron precisar, siguen siendo lo suficientemente misteriosas como para que algunos de los abogados de la causa reclamaran una autopsia. “Era una testigo clave y lo raro es que no te puedan dar una explicación convincente” dice Silvia.
    ¿Qué se enseña en la Facultad de Derecho?
    Iglesias tiene como expectativa que se logren penas con prisión de cumplimiento efectivo. “La función que tiene el derecho penal en las sociedades modernas, si es que todavía tiene alguna, es que hay normas que cumplir, y si no hay un castigo”.
    ¿Lo que pasó judicialmente luego de Cromañón es una desmentida a lo que usted estudió en la facultad?
    -No, porque yo no estudié el modo perverso de interpretar las normas para que los corruptos eviten ir a prisión. Lo que estudié es cuáles son las normas correctas que hay que cumplir, y cómo llegar a un resultado justo.
    -¿Qué siente frente a la brecha entre teoría y práctica?
    -Asco. Durante 18 años formé parte del poder judicial. Vi muchas épocas, vi su decadencia, y hoy siento eso. Dejo a salvo a algunas personas, Le doy mi cuota de confianza a los jueces de este tribunal oral. Pero uno encuentra a personas que se manejan diferente. El marasmo es la institución.
    -Frente a la muerte de un hijo, ¿el juicio puede funcionar al menos como una catarsis?
    -No sé cómo me funciona todo esto, pero nunca como catarsis. Catarsis es una descarga que se puede producir si uno tiene un cable a tierra. Por ejemplo, que haya algo de justicia. Pero aquí no tenemos casi de esos pequeños placeres. No hay descarga. Sólo carga, y la seguiremos llevando como una mochila militante con todos los padres. Estoy notando que todos quieren ser protagonistas, estar presentes. Esa es una gran fortaleza que hemos tenido todos juntos.
    Ateos + creyentes
    Al menos dos páginas web como Memoria y justicia por nuestros pibes (www.lospibesdecromagnon.org.ar) que así como la página y el newsletter del grupo Que no se repita (www.quenoserepita.com.ar) están organizando cómo difundir lo que ocurra en el juicio. Varios familiares reconocen que ante la solicitud de diversos medios “prácticamente nosotros tenemos que hacerles las notas”. Eso llevó, por ejemplo, a que Memoria y justicia sistematizara los datos que presentamos más adelante. Para Silvia Bignami, sin embargo, el juicio no es algo central en lo que se ha venido haciendo:
    -Lo principal es que nos hemos mantenido durante todos estos años con una tendencia a la unidad y no a la dispersión, como ocurre –dolorosamente lo digo- con tantos grupos. Hemos podido sortear dos diferencias. Una, con respecto a la responsabilidad de Callejeros, y otra con respecto a cómo construir juntos. Los medios grandes nos ignoran, pero seguimos haciendo una marcha por mes, publicamos nuestros documentos, hacemos conferencias de prensa conjuntas. El grupo se mantuvo. No sé si a alguien le importa. A nosotros sí.
    ¿Cuál es la clave para que eso haya podido ocurrir?
    -Una cosa, es que eran muchos los muertos… (se queda pensando)… pero en otros casos también hubo muchos, y no pudieron mantenerse unidos. Yo creo que la muerte de los chicos nos dejó una obligación: tratar de ser mejores personas. Hay discusiones que terminan cuando alguien dice: che, los chicos no querrían vernos pelear. Y yo te confieso: no sé qué querrían los chicos. Yo soy atea. Pero te reconozco que el hecho de que haya muchos papás y mamás creyentes influyó en la necesidad de seguir unidos, porque los chicos nos miran desde otro lugar. No te hablo de la Iglesia, que no es precisamente lo que le ha hecho bien a nuestro país. Pero hablo de la creencia. Y además, este ha sido uno de los poco slugares donde la diversidad y la heterogeneidad fue una fortaleza. Nos sacamos de encima esa idea de que para estar juntos tenemos que pensar lo mismo. También creo que ocupamos cierto lugar en la lucha por los derechos humanos hoy.
    -¿Y el juicio?
    -Lo que esperamos es que haya condena e inhabilitación de los funcionarios judiciales, y cárcel. Pero acá vas aprendiendo cosas raras. Por ejemplo, que para la ley tenés más culpa cuanto más cerca estás del hecho. Eso es muy cuestionable, porque los que mandan siempre están ‘lejos’ de los hechos, pero son más responsables. Aquí hubo negligencia, corrupción, impunidad. Por todo eso, era casi inevitable que ocurriera lo que ocurrió. Era una bomba de tiempo, y una lógica de negocio. Mil veces se había advertido a las autoridades que ahí podía haber una tragedia. Pero bueno, veremos qué pasa, yo no le pongo las principales fichas a lo judicial.
    -¿Y a qué cosa sí?
    -A la memoria, a la acción conjunta y a los chicos sobrevivientes. Porque los chicos podrían ser parte de las víctimas, o las víctimas podrían ser estos chicos. Son el mismo grupo, que se siente acorralado por la vida, por la falta de trabajo, por las dificultades para estudiar. Ellos miran y dicen ¿esto es la política? ¿Esto es la justicia? ¿Esto es el rock? Pero yo me quedo pensando algo que a lo mejor es muy loco. ¿Qué queríamos para nuestros hijos? Un país un poco mejor. Ojo: yo sé que esto que te digo es una estupidez que repite cualquiera: un país un poco mejor. Pero lo que digo es que alguna vez habría que intentarlo de verdad.

    Los mitos de Cromañón
    Silvia cree que van a arreciar las campañas con las que suelen atacarse a los familiares, sobrevivientes y amigos de Cromañón. El grupo Que no se repita (al cual pertenece José Iglesias) preparó un trabajo que se llama Los mitos de Cromañón que aquí reproducimos, al menos para que los que quieran conocer del tema, se contenten con algo más que con repetir las mentiras instaladas por funcionarios, medios y otros cómplices que suelen luchar abnegadamente por la impunidad. Este es el texto.
    «A partir de lo ocurrido en República de Cromañón el 30/12/2004, que dejó un saldo de 194 personas muertas (la mayoría jóvenes) y miles de sobrevivientes, con secuelas de distinta índole, se crearon y alimentaron numerosos MITOS .
    Algunos nacieron de informaciones superficiales iniciales, otros fueron creados al correr de los días. Todos, sin excepción, fueron alimentados o recreados por algunos de los responsables de la masacre allí cometida: nada mejor que trasladar la culpa a las víctimas . Es un viejo y perverso mecanismo, que ha posibilitado un país como el que padecemos.
    A continuación los listaremos y responderemos. Aclaramos que la replica a cada mito está estrictamente documentada en cientos de declaraciones prestadas en la causa judicial que, para quien le interese, están a su disposición (basta que lo requiera a través del contacto de nuestra página).
    He aquí los mitos:
    * En el primer piso funcionaba una guardería .
    Cientos de testimonios concordantes de la causa afirman con énfasis que no existía ninguna guardería. Los pocos menores que fallecieron eran los hijos de los empleados de República de Cromañón, que esa noche (la ultima laboral del año) fueron con sus padres. (30 de diciembre)
    * Los padres no los cuidaron .
    Más del 80 % de los jóvenes fallecidos era mayor de edad, los chicos de 15 a 18 años estaban dentro del horario permitido a menores (de 16 a 24 horas).
    La mayoría de los fallecidos (40%) perecieron intentando salvar a los chicos que quedaban dentro del local.
    * Los padres no se informaron sobre el lugar al que iban sus hijos .
    Los chicos concurrieron a un lugar al que le fue otorgada la habilitación. Ese local era uno de los cinco lugares más grandes para celebrar recitales en la ciudad de Buenos Aires. No era previsible que no estuviera habilitado, ni que pudiera mantenerse abierto con el certificado de bomberos vencido desde hacía más de un mes, cuando hasta el propio recital era publicitado en revistas con el auspicio del Gobierno de la Ciudad. Por lo demás, a los ojos de cualquier padre ninguna de la infinidad de infracciones que concurrieron a la muerte de nuestros hijos estaba visible: los padres no eran especialistas en seguridad y prevención de incendios.
    * Los chicos estaban drogados o alcoholizados .
    En ninguna de las 194 autopsias se detectó ni alcohol ni sustancias psicotrópicas.
    * Nadie busca al que tiró la bengala .
    Existe una causa especialmente formada como anexo para la búsqueda y responsabilización del autor o autores del lanzamiento de la bengala. En esa causa se han hecho búsquedas hasta en las provincias del Noroeste (Tucumán, Salta). Se hizo un enorme trabajo de identificación y pericias de determinación fisonómica sobre tres identikits, a partir de los testimonios. Las tareas de inteligencia policial y búsqueda de personas han sido enormes. Los padres no descartamos que el autor o autores cuenten con cierta protección policial, que ha impedido que lo actuado tenga existo.
    La causa sigue en plena investigación impulsada precisamente por nosotros.
    * Los padres de Cromañón son violentos .
    De los 388 padres solo tres han adoptado actitudes de violencia verbal. Ninguno de ellos jamás agredió físicamente a nadie ni pasó de la palabra a la acción. Ellos tres, como los restantes 385 padres, perdieron a sus hijos. Su violencia verbal no está provocada por una filiación política, por un acto de disputa de poder gremial, ni integran una barrabrava o una patota sindical. Fueron padres en la peor instancia de su vida. Todos los actos de los padres se caracterizan por ser absolutamente pacíficos, reclamando sin eufemismos justicia y denunciando que la corrupción mata. Cuando estos reclamos tienen nombre y apellido, los destinatarios suelen decir que los padres de Cromañón son violentos (alguna vez nos dijeron nazis: Silvina Walger, por ejemplo).
    * Los padres de Cromañón formaron parte de un golpe institucional de la derecha .
    Esta es una de las frases gastadas de Aníbal Ibarra y algunos ibarristas. La remoción de Aníbal Ibarra fue votada por los dos tercios de una legislatura, en la que la derecha no era mayoría. El juicio político fue decidido por los dos tercios de esa misma legislatura con una composición distinta a la que dispuso la remoción. Los votos correspondieron a la izquierda, el Ari, el Kirchnerismo, partidos independientes, y el macrismo. Los padres ni son de derecha, ni de izquierda ni de centro, son padres (las múltiples ideologías de cada uno son algo ajeno al movimiento de Cromañón, que esencialmente es tan plural como lo fueron nuestros hijos).
    * Ibarra no conocía a Chabán .
    Ibarra había apoyado a Chabán en 1993 cuando el Concejo Deliberante decidió clausurar Cemento. Escribió artículos a favor de Chabán en la Revista Humor y en Página 12. Tiene aún un departamento en el mismo edificio del domicilio de Chabán, unos pisos más abajo. No sólo fueron vecinos, sino que participaban de reuniones en dicha dirección: Rodríguez Peña 24. Por eso Cemento jamás fue clausurado (una clausura dispuesta por los inspectores fue prohibida a través de un handy) y República de Cromañón no era inspeccionada también como consecuencia de órdenes impartidas por handy.
    * Ibarra no sabía qué pasaba en República de Cromañón .
    Aníbal Ibarra recibió 36 alertas que lo advertían de la situación, algunos directamente referidos a los locales de Plaza Once y deliberadamente se desentendió. El negocio de la noche era una caja política, por eso en su primer acto público después del 30 de diciembre de 2004, salió acompañado de los integrantes de la Cámara de Empresarios de Locales Bailables. Ibarra sabía de la existencia y actividades de los boliches de Chabán.
    * La justicia actúa .
    La justicia en nuestro país solo actúa con una intensa lucha procesal y enorme presión. Es de recordar que en la causa principal, se sobreseyeron no solo a Ibarra, sino también a Juan Carlos López, Enrique Carelli, Vicente Risso, Yamil Chabán, etc., sino que también se excluyó al dueño del Boliche y se declaró prescripta la causa de los funcionarios que concedieron la habilitación. También se sobreseyó a Callejeros por su participación en el cohecho. Casi todas estas decisiones fueron removidas, como consecuencia de una tenaz acción judicial, promovida por la querella (no por la fiscalia). Hoy, solo como consecuencia de esa presión, están procesados López, Risso, Carelli, ha sido indagado Levy y los integrantes de Lagarto S.A.
    La lucha contra los mitos es parte de nuestra actuación.
    Adormecerse frente a ellos, como adherirse a lo que formulan, contribuye a la impunidad .
    Las imputaciones falsas ayudan al cajoneo judicial, ya que aletargan a los medios y al control de la sociedad.
    Esos silencios y tácitas complicidades son las que permiten las malditas secuencias de nuestro país.
    La Puerta 12 está impune.
    Kheyvis está impune y prescripto.
    La Embajada de Israel está al borde de la prescripción.
    Río Tercero orilla la muerte judicial.
    La Amia es una causa impune.
    Fray Bentos aún aguarda una voz judicial.
    Lapa aguarda el resultado de un inquietante juicio oral.
    Cada uno de esos hechos produjo el siguiente.
    Cromañón tiene que ser un punto de inflexión.
    Tomar conciencia le evitará a quien lee tener que marchar en el
    futuro con la foto de un ser querido en el pecho» .

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Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

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Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

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🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

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Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

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Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

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13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

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En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
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