Nota
Otro triunfo contra los agrotóxicos
Hoy por la mañana la justicia de Entre Ríos convalidó el amparo presentado por la Coordinadora Basta es Basta solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar. Este es el comunicado de la Coordinadora Basta es Basta y compartimos la nota La batalla de las velas, publicada en MU, que explica cómo se desarrolló esta lucha que representa un nuevo triunfo de la comunidad frente a las corporaciones.
“Hace pocos minutos se conoció la sentencia judicial admitiendo el amparo presentado por la Coordinadora Basta es Basta solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas.
El amparo fue concedido dejándose sin efecto los artículos que disminuían las distancias quedando efectivos los demás por lo que persiste la prohibición de aplicaciones en horario escolar. Como resultado, quedan vigentes las distancias de 1000 metros terrestres y 3000 aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.
Desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: ¡Basta es Basta! festejamos este gran avance en favor de la vida y la salud de nuestrxs gurises y solicitamos al gobierno provincial continuar avanzando en su proclamada política de transición a la agroecología que ponga a nuestra provincia a la vanguardia del verdadero progreso”.
Coordinadora Basta es Basta.
La batalla de las velas
En Entre Ríos todo era normal:
* 760 alumnos de tres escuelas rurales en el departamento de Colón debieron ser evacuados por una masiva fumigación que duró tres días.
* Otra escuela rural fumigada en Santa Anita llevó su caso a juicio y fueron condenadas tres personas (el productor, el dueño de la empresa aplicadora y el aviador) con prisión en suspenso. Las fumigaciones continuaron en toda la provincia, e incluso sobre esa misma escuela.
* Murió Antonella González, de Gualeguaychú, 9 años, leucemia. Su familia pidió por las redes donantes para el trasplante de médula, lo cual difundió su historia con la foto de la niña rapada por la quimioterapia. Ayudó la cercanía del cantante Abel Pintos con esa pequeña fan de sus canciones. Antonella falleció el 6 de noviembre de 2017. Su madre alertó además sobre el gran porcentaje de niños llegados desde Entre Ríos al Hospital Garrahan con enfermedades como la de su hija. Nació en Gualeguaychú un grupo de vecinos autoconvocados llamado Stop Cáncer.
* Hubo más casos de escuelas fumigadas en Maciá y Espinillo, con una docente y dos niños de jardín de infantes internados por reacciones a los venenos. El Ministerio de Salud provincial tuvo que ordenar a la directora del Hospital Falucho que denuncie los casos de intoxicación por agrotóxicos, cuestión que venía omitiendo, por lo cual muchos casos quedaron ocultos.
* La Universidad de Rosario continuó organizando relevamientos sanitarios que descubrieron enfermedades inesperadas en Bovril, Basavilvaso, Gobernador Mansilla, San Salvador y Larroque hasta ahora, surgidas a partir de la aplicación masiva de agrotóxicos. (Mu 77 y 90).
* El Espacio Multidiscipliario de Interacción Socio Ambiental (EMISA) de la Universidad de La Plata detectó la presencia de agrotóxicos en el agua y los barros del río Paraná, de donde se obtiene el agua. La potabilización no elimina esos tóxicos, que llegan a cada canilla de cada hogar.
* En ciudades como San Salvador las propias vecinas y vecinos tuvieron que armar censos y mapas en los que se veían más de 30 cruces concentradas en tres cuadras, señalando muertos y enfermos. (Mu 75).
* El Hospital Italiano de Buenos Aires detectó también casos de cáncer de jóvenes en Villa Elisa, lo que motorizó un proyecto de la institución para investigar y debatir en la zona la posibilidad de producir sin venenos (Mu 118).
* Los senadores del Frente para la Victoria con el apoyo de los de Cambiemos presentaron y aprobaron una Ley de Fitosanitarios que incrementa a niveles metafísicos el uso de agrotóxicos eliminando, por ejemplo, las distancias de aplicación que existían hasta el momento.
En Entre Ríos todo era normal.
Entonces, aparecieron las velas.
Serie de terror
Hay leyes que curiosamente se votan siempre a fines de diciembre, con la gente pensando en Papá Noel y acercándose al Día de los Inocentes. La llamada Ley de
Fitosanitarios de los senadores Ángel Giano y Mario Torres (FpV) ganó 14 a 3 el 26 de diciembre de 2017 y pasó a la Cámara de Diputados.
Las noticias sobre esta especie de guerra química sobre la provincia ya habían llevado a crear la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos Basta es basta, con fuerte presencia del Foro Ecológico de Paraná que tiene como referente desde hace dos décadas a un bioquímico ya jubilado: Daniel Verzeñassi. Ante la aprobación de la ley, Basta es Basta convocó a vecinas y vecinos el martes 9 de enero frente a la Casa Gris de Paraná, sede del Ejecutivo y el Legislativo Provincial.
Con las campanadas de la torre, a las 20.15, unas 80 personas con velas comenzaron a caminar alrededor de la Casa Gris. Así nació la Ronda de los Martes. Impresiona ver a esas personas iluminándose solo con las pequeñas llamas en algunos pasajes oscuros de la ronda. Caminan sin consignas ni cantos, porque ya todos saben lo que está ocurrie. Van conversando e intercambiando las novedades de la semana. Llevan una bandera que dice Paren de fumigar mientras el gremio infantil corretea alrededor.
“Si para visibilizar el tema teníamos que seguir esperando muertos y tragedias, es que no estábamos poniendo el énfasis como para que la sociedad esté definitivamente enterada”, explica Daniel Verzeñassi. “Pensamos en la Ronda de las Madres, y nos largamos los martes. Hay una conmoción mucho mayor que hace un año o dos por esa sucesión de noticias tremendas”. Molestó mucho, cuenta Daniel, que el paranaense Luis Etchevehere asumiera como ministro de Agroindustria en noviembre de 2017 declarando: “El glifosato es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo”. La famosa gota que colma el vaso: “Cayó muy mal la ley aprobada en el Senado, que creo que quería cortar la movilización creciente contra la situación escandalosa en la provincia. Pero fue al revés”. En Esquel han planteado estas situaciones como la doctrina del Coyote, que prepara trampas meticulosamente para atrapar al Correcaminos, pero las trampas le explotan en la cara.
Las Rondas no se suspenden por lluvias, truenos, martes 13 (ya les tocaron dos), ni feriados. Ya se replican en 17 ciudades y pueblos de todo Entre Ríos, y tienen noticias de 30 pueblos del país, empezando por Trenque Lauquen (Buenos Aires).
¿Qué quieren lograr? Verzeñassi: “Respirar sin peligro, tomar agua sin veneno, frenar la epidemia de cáncer y que la gente que va a tener un hijo no estén con el temor de saber si el bebé nacerá, y cómo, por la gran cantidad de abortos espontáneos y de bebés nacidos con malformaciones”.
Un recuerdo le nubla de angustia la mirada. Era bioquímico en el hospital de niños San Roque de Paraná. Entre 2002 y 2003 la realidad arrasó sus tubos de ensayo: aparecían labios leporinos, paladares interrumpidos, gastrosquisis (las vísceras totalmente fuera del cuerpo), bebés anencefálicos (sin cerebro) y casos de sirenomelia, que nacen con las piernas unidas como una cola de sirena. “Son inviables, obviamente. Todos, apenas uno hablaba con la familia, venían de estar expuestos a las fumigaciones”. La cantidad de casos obligó a crear un Comité de Malformaciones. De dos camas para enfermos oncológicos se pasó a 17: “Los familiares terminaron construyendo un piso entero, de tantos enfermos que había”. En el laboratorio, de tres tubos de análisis oncológicos por día, pasó a 15 en 2013 (al
jubilarse). ”Pero hubo una cooptación de profesionales para que no se difundiese lo que está sucediendo”.
A esa experiencia de serie de terror, Verzeñassi agrega una positiva: con el Foro Ecológico enfrentó en 1996 la construcción de la represa del Paraná Medio. “El gobernador Jorge Busti la había declarado de interés provincial, y una de las empresas era Halyburton, con George Bush y Dick Cheney. Pero la movilización y los recursos de amparo lograron frenar el proyecto y el propio Busti terminó pronunciándose en contra”.
A los integrantes de Basta es basta se le ocurrió una idea: no sólo dar vueltas alrededor de la Casa Gris sino entrar a ese edificio para ver si es posible encontrarle otros colores, y tratar de dar vuelta la historia.
Mirá quién habla
Daniel Verzeñassi es vecino de Pedro Báez, diputado cercano al ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados entrerriana Sergio Urribarri. “Me encontré con Báez, le expliqué la situación general de la provincia en estos temas, le hablé de cómo está en riesgo incluso el Acuífero Guaraní (segunda reserva mundial de agua dulce del planeta) y creo que medio se sorprendió, y habilitó el diálogo con Urribarri. Nos encontramos con él y tres diputados más, vino Mariela Leiva (la directora de la escuela fumigada en Santa Anita). Eran del FpV, pero eso no nos interesaba: queríamos hablar con diputados, como lo había hecho también con la concejal de Villa Elisa Alejandra Barbosa, que es de Cambiemos y me invitó a dar una charla en Chajarí, en el campamento de la Juventud Radical donde también estaba el diputado “Pepo” Artusi. Nuestra actitud es: hablar con todos los que podamos, explicarles y convencerlos”. Basta es basta decidió no fijarse en los carnets partidarios ni en el santoral para decidir con quién reunirse.
La reunión con Urribarri culminó con un pedido: “Que les diéramos nombres para organizar una actividad que permitiera que los diputados conocieran otra mirada diferente a la de los lobistas habituales de la Sociedad Rural, Aapresid y grupos por el estilo”. Se abrió la puerta a una convocatoria inédita. Se llamó Ciclo de Socialización de Saberes – Hacia un nuevo modelo de producción de alimentos. Participaron en diferentes jornadas:
* El doctor en Quimica Damián Marino, inspirador del EMISA, explicó a diputadas y diputados cómo el 80% de las frutas y verduras que comemos están contaminadas de herbicidas e informó sobre los hallazgos de agrotóxicos en los barros y aguas del Paraná, entre otras cosas. Agregó que no se trata de buenas o malas prácticas, sino que con unos 400 millones de litros de herbicidas arrojados cada año en el país, el problema es sistémico.
* El Dr. Damián Verzeñassi (hijo de Daniel, médico) explicó los resultados de los Campamentos Sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario en los pueblos fumigados.
* El ingeniero químico Marcos Tomasoni compartió sus investigaciones sobre cómo es imposible controlar el veneno que, además, permanece en suelos, agua y aire, se acumula y no se degrada inocuamente.
* El ingeniero Eduardo Cerdá, asesor de campos e inspirador de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), explicó de qué modo se puede realizar una transición a modos agroecológicos de producción. Mostró que resultan productivos y rentables (al no utilizar insumos químicos aumenta el margen bruto de ganancia con respecto al productor convencional), además de ser sanos humana y ambientalmente. Explicó que esto no sólo funciona para pequeñas huertas, sino también para producciones extensivas, en campos como La Aurora de Benito Juárez (Mu 79) y La Primavera de Bolívar (Mu 112) entre otros. Otro dato: el modelo masivo de fumigaciones se inauguró en 1996 matando toda maleza conocida. Hoy ya hay 32 malezas resistentes al glifosato, por lo cual los fumigadores tienen que usar cada vez más venenos, en dosis y cócteles cada vez más nocivos.
¿Cuál fue la reacción? El ojo de Daniel Verzeñassi: “Uno los miraba y era visible una aparente sorpresa por lo que estaban escuchando,sobre todo en el caso de la exposición de Cerdá. Porque lo otro más o menos se conocía, pero la apertura a un nuevo modelo era algo que no habían escuchado en términos tan concretos”.
Durante el propio ciclo, Urribarri anunció que votaría en contra de la Ley de Fitosanitarios enviada por el Senado. Ricardo Troncoso (Cambiemos), María Elena Tassistro (PJ), Alejandro Bahler (Frente Renovador) anunciaron también su rechazo. Afuera, continuaba la Ronda de los Martes.
El diputado Gustavo Guzmán (FpV) explica a MU: “El ciclo nos dio argumentos, respaldo científico. No tenía el panorama que tengo ahora. Al rechazo de la Ley hay que agregarle ahora otra Ley con medidas impositivas que premien a los productores que hagan agroecología”.
La Ley de Fitosanitarios fue presentada por el propio FpV: ”Creo que los senadores tuvieron una mirada productivista. Lo primero es la persona, pero si quieren lo productivo, también hagamos agroecología”. Guzmán rescata lo inédito. “Que una comunidad se organice, convoque a científicos e intervenga en la Legislatura tendría que ser recontra natural, pero sin embargo fue inédito”. ¿Se trata también de una tendencia a una democracia más participativa? “Bienvenida la crisis de representatividad, y que la gente no delegue frente a un sistema de producción que ha generado tanto daño. Cuando hay más participación, crece la cultura. Cuando gana la representatividad, caen la participación y la cultura, digo yo”.
El fracaso del éxito
Bajo un retrato de Arturo Illia, Alberto Rotman (médico y diputado de Cambiemos) revela a MU. “Voy a votar en contra de la ley de Fitosanitarios. Se hizo evidente que el beneficio económico que supuestamente trae el modelo redunda en un fracaso si seguimos así. La Comunidad Europea está dejando de lado el glifosato totalmente en 5 años. No les vamos a poder vender nada. Pero el capital más grande de un país es el ser humano. El problema es que los agroquímicos intoxican de modo crónico y acumulativo, no agudo. Entonces parece que no pasa nada, pero más tarde la enfermedad se manifiesta. Si la Organización Mundial de la Salud dice que el glifosato es posiblemente cancerígeno, yo, como médico, digo que ya no hay que usarlo. Hay que prevenir. Para eso está el principio precautorio. Hay un choque de esta idea con
intereses económicos muy grandes. Por eso es importante la movilización constante, las asambleas, la concientización. Cuando fue el intento de privatización menemista de Salto Grande, en Concordia hicimos eso: cortes de ruta, asambleas, y así se frenó el proyecto. Acá pasa lo mismo”.
Miriam Lambert es diputada por el departamento de Colón (FpV): “Yo ya había hecho un proyecto de promoción agroecológica y hay otro proyecto del senador Melchiori. Lo que es seguro es que tiene que cambiar el modelo de producción porque nos está llevando puestos, nos está matando. No se trata de fumigar un poquito más lejos. Verzeñassi habló de las patologías, tumores, diabetes, tiroides hipertensión. Y Cerdá explicó el modo agroecológico. Ya lo invitamos a Colón, para que hable directamente con los productores”.
Lucas Larrarte fue uno de los tres senadores que expuso y votó contra la Ley de Fitosanitarios presentada por sus propios compañeros del FpV. “Argumentamos todos los antecedentes internacionales y en mi caso expliqué que el derecho a la salud, al ambiente y a la producción no están en pie de igualdad. Salud y ambiente son derechos de naturaleza universal, que están por encima. Los recursos de control en la Ley iban a ser de unos 2.500 pesos mensuales por municipio, imagínese. Creo que ahora hay que pensar cómo aplicar una transición al modelo agroecológico como muy bien explicó el ingeniero Cerdá en el ciclo”. En la Casa Gris cunde una sospecha: que el FpV sea oposición a nivel nacional facilita que sus legisladores tengan posiciones más independientes que las que hubieran sostenido hace unos años. El gobernador Gustavo Bordet no se pronunció en este tema, aunque apareció bastante abrazado al ministro Etchevehere.
El presidente de la Cámara de diputados, Sergio Urribarri: “Aquí vamos a intentar que haya un modelo de agroecología para la provincia , y ojalá para el país”. ¿Por qué no lo impulsó durante su mandato como gobernador? “Hubo proyectos como el del senador Melchiori, pero estuvimos muy condicionados por el conflicto con el campo. Nos querían tomar la casa de gobierno. No se establecieron límites del Estado en materia de agricultura con glifosato, pero este ciclo sirvió para que los legisladores tomen conciencia y sepan que hay otros modelos de producción”. Por una denuncia por enriquecimiento ilícito, Urribarri reveló que es productor de soja transtgénica y arroz. Dice: “Soy socio con un amigo porque yo no me dedico. Soja no hacemos más. Y arroz sí, pero con fumigación mínima”. ¿Pensó en hacer agroecología en sus propias producciones? “No, tengo el tiempo muy limitado y uno tiene que dedicarse”. Habrá que ver si legisladores como Urribarri logran convencer a productores como Urribarri.
La diputada Carmen Toller también votará en contra: “No podemos sacrificar al ser humano por motivos economicistas. La sociedad vino a golpear las puertas del Estado, habemos muchos que queremos preservar el ambiente, cuando más del 50% de los chicos con cáncer en el Garrahan son de Entre Ríos”. La enfermera del Garrahan e integrante de la junta interna de ATE Mercedes “Mechi” Méndez dijo a MU que no se pueden establecer datos precisos “y ese es un problema, porque hay cantidad de chicos de Entre Ríos y de otras provincias como Chaco, pero ¿cuáles son las cifras en otros centros de atención? En todo caso es una mirada sobre la enfermedad y no sobre la prevención. Lo crucial es que se hagan trabajos epidemiológicos que asocien
al modelo con las enfermedades. ¿Cómo puede ser que los oncólogos vean esto y no hagan nada? Dicen que no tienen certezas. Nadie se las pide, se les pide que tengan dudas, que se pregunten qué es lo que está pasando”.
Modelos de vida
En este clima, la concejal de Cambiemos en Paraná Claudia Acevedo presentó una ley de prohibición del glifosato que su supuesta pareja, el intendente Sergio Varisco, promulgó aunque vetándole su principal artículo. En cambio en Gualeguaychú se sancionó una ordenanza acaso inédita de prohibición de las fumigaciones que abarca no solo al casco urbano sino a todo el ejido municipal. Rubén “Kika” Kneeteman (maestro rural y acompañante de todas estas historias): “Gualeguaychú ha sido un faro en las luchas ambientales y esta vez, en lugar de reclamarle cosas al Uruguay o a las pasteras, se lo exige a sí mismo. Y la ordenanza es la primera que toca intereses concretos”. También Eduardo Cerdá ha estado por allí, donde el municipio se sumó a la RENAMA.
Verzeñassi tiene una hija, Daniela, arquitecta y docente, que ha sido central en la organización del Basta es Basta. “Hay compañeros que cuestionan que hayamos sumado a determinados políticos: antes los criticábamos porque no apoyaban nuestros reclamos, y ahora los criticamos si los acompañan. Yo no quiero que muera más gente. Para eso necesitamos que cambien el modelo no sólo los pequeños, sino los campos grandes. Por la reflexión o por ley que hagan un giro en su producción, porque si no estamos en el horno. Cerdá planteó cómo hacer una transición, la necesidad incluso de técnicos suficientes para acompañarla y lograr una reconversión productiva”.
Dice Daniela: “Una puede querer una reforma agraria, pero si esperamos eso para cambiar el modelo, no llegamos. ¿Voy a construir el mundo que quiero con Etchevehere? No, pero lo vamos a invitar porque siempre fuimos educados. Él no. Si lo que querés es quedarte con las tierras de Etchevehere, la estás pifiando. No es una cuestión de loquitos fundamentalistas, como nos decían, ahora se entiende que lo que defendemos es la vida y una producción sana. Tuvimos a casi todos los medios en contra, pero ya no pueden tapar lo que ocurre, aunque sea tarde. Los legisladores, no todos, lo entendieron a costa de tener sobre sus espaldas tantas muertes. Estamos hablando de salud pública, de dolor, de enfermedad. Ahora es el momento de lograr ganar en serio esta batalla. La primera revolución hay que darla en los cordones periféricos de las ciudades donde ya no se puede fumigar pero sí hacer agroecología. Y una vez que empezás, como dice Cerdá, la experiencia es contagiosa. Yo creo en ese contagio”.
Daniela cuenta que el Colegio de Ingenieros Agrónomos está organizando jornadas de discusión, se suma el INTA, la Facultad de Agronomía está dictando posgrados en agroecología, y que no dan abasto para las charlas y capacitaciones que incluyen el rubro Soberanía Alimentaria.
¿Hasta cuándo van a sostener las Rondas? Daniela ha hecho el siguiente cálculo: “Hasta que cambie el modelo”.
Hay una serie llamada Endeavour que indaga sofisticados crímenes británicos, un relax frente a la realidad criolla. En un episodio se plantea que la crueldad es como el cáncer, toma primero una célula, se multiplica y avanza. Podría pensarse que es al revés, que el cáncer es como la crueldad, un arma sofisticada para muchos crímenes del presente. Y que frente a eso funciona un viejo saber chino: mejor encender una vela, que maldecir la oscuridad.
En Entre Ríos cada vez son más las velas encendidas. Tal vez son parte de las luces más potentes que nos alumbran en esta época.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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