Nota
¿Qué hizo el Congreso con la denuncia de Ramos Padilla?
Daniel Lipovetzky (PRO) y Rodolfo Tahialde (Unidad Ciudana) son dos de los tres legisladores que integran la subcomisión que formó la de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia para estudiar el expediente de Ramos Padilla. Ambos hablaron con lavaca acerca de la reunión privada que mantuvieron -junto a otros legisladores- con el juez de Dolores. Qué piensan sobre su investigación sobre la red de espionaje ilegal judicial, político y mediática. Qué saben, y qué hicieron. Y por qué el Congreso no sólo no está a la altura de la denuncia, sino que es parte.
Mientras el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla sigue tomando indagatorias clave en la causa que investiga una red de espionaje judicial-mediática y política, la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia recibe este jueves a los titulares de la AFI. Si bien la reunión es privada, se espera que surjan trascendidos al igual que ocurrió con el encuentro entre legisladores y Ramos Padilla el jueves 21, según los dos bandos interesados (el oficialismo representado por Daniel Lipoveztky del PRO, y la oposición, encarnada en el diputado de Unidad Ciudadana Rodolfo Tahialde) en los detalles que parecen forzar lecturas en una y otra dirección, que en verdad es una sola: el Congreso no solo no está a la altura de la situación, sino que es parte.
La Bicameral de Inteligencia está conformada por 14 legisladores: siete del oficialismo y siete de la oposición (cuatro de Argentina Federal y tres por el kirchnerismo). Pero a partir del destape del escándalo del falso abogado D´Alessio, y un día después de la exposición de Ramos Padilla en Diputados (reunión a la que los bloques de Cambiemos no asistieron), la Bicameral resolvió formar una subcomisión para leer las 5 mil fojas que el magistrado envió, integrada por los diputados Lipoveztky (Cambiemos) y Tailhade (Unidad Ciudadana) y el senador Pedro Guastavino (Argentina Federal).
Cómo fue la reunión: la conexión Fariña, protección de testigos y el informe Fantino
Según pudo reconstruir lavaca, la reunión con la Bicameral duró tres horas. Ramos Padilla amplió algunos detalles de lo que expuso en la Comisión de Libertad de Expresión, aunque en un clima “más distendido” ya que la reunión era cerrada al público y sin cámaras de televisión. Las preguntas llegaron, básicamente, de dos sectores: el oficialismo y el kirchnerismo, los más interesados en la cuestión.
Esta escena es una representación de cómo está Bicameral.
Por su parte, el oficialismo hizo hincapié en uno de los argumentos por los que le exigen el juicio político al juez federal: por qué decidió acudir a la comisión de Libertad de Expresión y divulgar la causa que, en la opinión de Cambiemos, debería ser secreta. Ramos Padilla contestó que durante toda su carrera se había apoyado en el Programa Verdad y Justicia y en su mecanismo de protección de testigos, dedicado específicamente a crímenes de lesa humanidad. El juez señaló dos razones: el Programa no iba a apoyarlo en esta causa y, además, ningún testigo quería saber nada con ningún programa de protección de testigos del Gobierno. ¿Uno de los motivos? Por la causa mediáticamente conocida como la “ruta del dinero”, la Justicia puso en ese programa a Leonardo Fariña. El detalle: su abogado es Rodrigo González, uno de los imputados en esta causa, ni más ni menos que el exdefensor de D´Alessio. En febrero renunció a representarlo aclarando que no se hacía responsable de nada de lo que hizo D´Alessio.
El oficialismo también se interesó por Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que inició la denuncia en Dolores al revelar la extorsión de D´Alessio y Stornelli: en concreto, le preguntaron si no le había llamado la atención que esa denuncia pudiera haber sido una posible operación de inteligencia o de contrainteligencia, teniendo en cuenta que Etchebest llegó al juzgado con registros de audio y cámara. Ramos Padilla contestó que en el momento en el que Etchebest llegó a Dolores, él sólo veía a una persona que había llegado a denunciar una extorsión con 14 horas de grabación en curso, y que se dedicó a investigar eso. Si efectivamente es una operación de contrainteligencia, se determinará después. La conclusión: el juez está obligado a investigar, sea quien sea el denunciante.
Por otro lado, el kirchnerismo le preguntó si había iniciado alguna medida de prueba respecto al llamado “informe Fantino”, en relación al conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, y donde aparece mencionada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Según confiaron a lavaca fuentes legislativas, todo comienza con el espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le detectan un encuentro con Fantino. Allí le piden a D´Alessio que le pida a “su amigo”, el periodista de Clarín y Animales Sueltos, Daniel Santoro, que traiga información.
Santoro volvió con críticas a dos colegas: el propio Fantino y Romina Manguel. Según surge en la causa:
Sobre Fantino: “Le lavaron la cabeza”, ya que después de la reunión “empezó a hablar de presos políticos y todas esas huevadas”.
Sobre Manguel, dijo que trabajaba para el operador judicial Javier Fernández.
Ese informe, redactado por D´Alessio, está dedicado a “RB o quien corresponda”. RB es Ricardo Bogoliuk, un comisario que orbitó en al AFI en 2017. Allí especifica que Animales Sueltoses un ciclo que reproduce la productora Jotax SA, propietario de “un amigo muy cercano” a la gobernadora Vidal, quien “le dio a esta persona fondos reservados de la provincia para que comprara el paquete accionario de América que vendía el hermano de Daniel Vila”, según confiaron a lavaca.
Ramos Padilla contestó que aún no había indagado sobre esa línea de investigación.
El kirchnerismo también le preguntó por el empresario petrolero Mario Cifuentes, otro de los que denunció ser extorsionado por D´Alessio. ¿Por qué el interés? En la computadora del falso abogado, el juez secuestró un archivo en el que aparece un oficio del juez federal Claudio Bonadío en el que le pide a la AFI un informe de inteligencia sobre Cifuentes. El dato: el oficio y el informe aparecen en la computadora personal de D´Alessio. La pregunta estaba orientada a saber si Ramos Padilla chequeó si el oficio salió de la computadora de Bonadío, ya que eso acreditaría la pertenencia de D´Alessio a la AFI.
La respuesta del juez también fue negativa: “Si tengo que sacar una línea de investigación por cada cosa, no termino más”.
Lavaca pudo hablar con Lipovetzky y Tailhade, a quienes consultó sus impresiones respecto al rol del Congreso en tanto poder del Estado en esta trama de espionaje ilegal. Esta agencia también intentó comunicarse con el senador Guastavino, que rechazó tres pedidos de entrevista.
Daniel Lipovetzky (Cambiemos): “No es un tema de libertad de expresión”
-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Ramos Padilla concluyó que cree que se trata de una organización paraestatal de inteligencia, y que hasta ahora no tiene ninguna acreditación de que haya intervención de los organismos públicos de inteligencia, importante destacarlo. La impresión que yo tuve, y un poco se lo dije, es que esperaba hubiera ejecutado muchas más medidas de prueba de las que en ese momento había realizado, teniendo en cuenta que la información que nos había enviado a la Bicameral fue 20 días antes. Y la impresión que yo tuve es que profundizó la investigación sobre todo en el vínculo Stornelli y no en otras personas que también tenían vínculos con D´Alessio, incluidos otros que aparecen como socios y algún otro que era el denunciante, como Etchebest. D´Alessio es una persona hay que analizar su perfil con mucho detenimiento, un perfil de un hipotético delincuente, pero además que fue funcionario del gobierno anterior, y que hacía gala de sus relaciones para delinquir, extorsionar o hacer inteligencia ilegal, que es un delito.
-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?
-Para analizar la gravedad institucional de esta organización hay que seguir profundizando los vínculos. Porque acá lo que uno ve es un personaje que tenía contacto con un montón de gente: funcionarios judiciales, funcionarios políticos de este gobierno y del anterior, de ahí me parece que hay que sacar ese análisis. Pero esos vínculos no significan que después los haya usado para delinquir, eso hay que investigar. Por ejemplo, un montón de gente se contacta con nosotros. Nuestros celulares ya cualquiera lo puede tener: podrías mandar un mensaje, pero no te haría partícipe de lo que ese personaje haga. Lo que sí está claro es que hay que ser muy precisos en la investigación porque esta causa tiene vinculación con otras que sí tienen importancia institucional para la Argentina, como la de lo Cuadernos. Una no debería tener que ver con la otra, pero hoy no parece tan así.
-Para usted, ¿afecta al Estado de Derecho?
-La verdad es que inteligencia paraestatal o no, hecha por los organismos públicos, y no hecha para prevenir delitos internacionales, es ilegal. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, es un delito. Está claro que los tipos son delincuentes. Y tienen que ser juzgados y condenados. Pero lo que hay que ver es si tiene colaboración de un funcionario público. Por lo que yo vi, no encontré.
-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?
-Para nosotros el Congreso tiene que dar respuestas a través del organismo competente que es la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es la comisión que tiene facultades para intervenir, justamente reservada y con un montón de condiciones distintas a las comisiones del Congreso, y es quien debe tomar el rol y profundizarla. Para eso necesitamos que el Poder Judicial colabore en ese marco de relación entre dos poderes planteando toda la información del expediente, que no la tenemos.
Rodolfo Tailhade (Unidad Ciudadana): “El Congreso no está a la altura”
-¿Cómo se comportó el Congreso en la Comisión de Libertad de Expresión?
-Fue un bochorno que no estuvieran otros bloques. En realidad estuvimos nosotros, un par de diputados de Argentina Federal, un rato la izquierda, pero era un tema central y más allá de que algunos bloques del oficialismo podían tener miradas muy críticas de Ramos Padilla, era la oportunidad para dejarlo en evidencia. Pero sabíamos que lo que iba a contar, sin el detalle, era grave. Me parece que el Congreso no estuvo a la altura. Y las razones quedaron en evidencia: el bloque oficialista está defendiendo a parte de la banda. Tiene cierta lógica. Podés tener críticas, pero no relativizar la importancia que tiene.
-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Lo más interesante de todo es que todavía no puede empezar a investigar todo lo que hay para investigar. En un contexto en el que no tiene recursos, que tiene que usar cada minuto o bien, se concentró inicialmente en los delitos que se atribuye a los que están en prisión, inclusive al propio Stornelli, porque tenía que resolver la situación procesal de ellos. Pero a nosotros todo el circo no nos interesa. Nos interesa si hay agentes o no en la banda, si se verificaron contactos de D´Alessio con la AFI, si la AFI qué reconoció. Ramos Padilla contó que lo único que reconoció fue a Bogoliuk como agente durante un año, en 2017: eso nos interesaba nosotros. Es lo que vamos a preguntarle a Arribas, pero el juez no había hecho muchas medidas. Lo único que tenía era que Bogoliuk fue agente de la AFI, confirmado por la AFI. Y que la AFI negó que Aníbal Degastaldi y D´Alessio fueran agentes.
-Padilla dijo que sólo había visto el 25 por ciento del expediente.
-Lo ratificó en la Bicameral. Abrió un celular o dos de una docena, un disco rígido de cuatro y está totalmente desbordado, no tiene recurso materia para buscar. El dijo: “Si pongo Rodolfo Tailhade en el disco rígido que abrimos, el software tarda media hora en detectar. Si detecta dos y quiero abrir uno, me rebota”. Esos software son caros: medio millón de pesos. No sé si le van a colaborar mucho.
-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?
-Por ahora no tenemos ni siquiera una mínima parte de lo que realmente se puede conocer. Falta mucha información que tiene que abrir el juez. Con lo poco que hay está muy claro que hay una organización que tiene contactos con la AFI. Bogoliuk era el jefe de D´Alessio, a quien él le subía los reporters, y Bogoliuk era la persona de confianza de Majdalani. No tengo ninguna duda de que la AFI está en esto y que usaba esta organización para sus operaciones de persecución política. Seguro usa otras, que coexisten, pero usaba ésta en parte para conseguir información o inventar información, armado de causas, de testimonios, con fines politicos. A su vez, esta organización que recibía información de la AFI tanto para sus objetivos políticos, la transformaba en un negocio porque, además, esos tipos eran millonarios. Había mucho papel que armaba D´Alessio: inventaba una testimonial y después iba a ver a la víctima. Era falso, pero tenía toda la información general porque venia alimentado de datos ciertos. Seguro que gente de la AFI participaba del botín: D´Alessio no se cortaba solo.
-¿Cómo se explica ese modus operandi?
-Esto existió siempre. Hace 40 años que las bandas pululan así. El rey de esto era Jaime Stiusso, nomás que con mucha más capacidad y más sofisticado. La gravedad es que hay una alianza servicios de inteligencia-medios de comunicación-gobierno nacional, que arma causas, que persigue y te prescribe. Esa triple alianza, y acá comparto la mirada del juez Ramos Padilla, pone en riesgo el Estado de Derecho. Un proceso judicial tiene que ser conforme la legítima defensa, el Estado lo tiene que garantizar, pero vemos que es el que te arrincona en base a irregularidades. Esa alianza quedó al descubierto. El principio de esa descomposición la podría ubicar por lo menos en 1992. Allí Menem hace una reforma judicial importante, aparecieron tribunales orales, juicios orales, cambia el Código Procesal, se sacó a muchos jueces molestos, los ascendió y puso en Comodoro Py a los jueces de la servilleta. Las primeras modalidades del servicio-Poder Judicial eran los famosos sobresueldos que venían de Hugo Anzorregui y la SIDE, en dólares, para que armara causas de determinada manera. Esto se fue modificando. Durante el kirchnerismo eso se cortó, pero Stiusso, en vez de llevar sobresueldos, empezó a vender negocios. Ezeiza, por ejemplo, es su mina de oro: bajaban aviones con supuesto material de inteligencia de Estados Unidos, se lo llevaba la camioneta de la SIDE, y de repente eran Playstation, sillones de dentistas, lo que se te ocurra, y los metían acá. Son millonarios, imaginate. Entonces todos los negocios se lo daban a lo jueces, los hacía socios y así se fue consolidando una relación promiscua: los jueces terminaron siendo dependientes de los servicios. Hoy eso quedó a la vista.
-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?
-No, para nada. Porque hay muchos intereses que son comunes entre las bandas, y en esta alianza hay muchos legisladores o bloques. Acá ya tendría que haber en marcha, por lo pronto, la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que durante 2017 funcionó a pleno para cargarse a Gils Carbó (Alejandra, ex Procuradora General de la Nación) y ahora está totalmente desactivada. La principal responsable es la vicepresidenta Michetti: es la firma que está obstaculizando su conformación, que es la que tiene que traer a Stornelli en términos políticos. Así como se armó la Bicameral por el ARA San Juan, todos los bloques tendríamos que armar la Bicameral de investigación esta mafia. Por eso yo digo: la mafia está integrada por los servicios, por la Justicia Federal, por el Gobierno nacional, por medios, y por diputadas y diputados. Todos son usuarios de la información de D´Alessio. Carrio y Oliveto, por ejemplo. Por supuesto que van a bloquear cualquier intento de profundizar la investigación que pueda ponerlas en riesgo. Evidentemente ellos reconocieron a D´Alessio como propio. La mafia está integrada por quienes están defendiendo a los mafiosos.
Nota
1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría
La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.
Por Facundo Lo Duca
El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.
Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.
A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.
Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:
─Señora, su hija se quitó la vida.
La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.
La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.
La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.
La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.
La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.
El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.
La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.
La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.
A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.
Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.
La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.
La bonaerense de Laprida
En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.
Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.
Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.
Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.
Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.
Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.
En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.
Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.
Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.
Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.
#NiUnaMás
3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.
De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.
Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.
El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.


Las voces de las familias
Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida
Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas.
Marisa, mamá de Luna Ortiz
Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios.
Facundo, papá de Luna Ortiz
Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.



Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001
La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.
Thelma Fardin, actriz
Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida.


Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015
Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.
Mónica, mamá de Iara Rueda
Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.




Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli
Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.
Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan
A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años. Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable.
Alfredo, papá de Carla Soggiu
Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.
Mamá de Analía Aros
Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.




Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa
Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.
Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa
Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre».
Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas
Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.
Erika, amiga de Claudia Tuppa
Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.
Familiares de Sofía Fernández
Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar. El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.




Abuela de Chiara Ramírez
Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.
Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje
La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.




Las organizaciones que acompañaron
Sobre el final el micrófono se abrió y las siguientes organizaciones compartieron unas palabras:
· MTR 12 de abril
· Pan y rosas
· Las rojas
· AGD-UBA
· Crculo de amigas feministas
· ATE-CTA Autónoma
· MST
· PSTU
· Movimiento Teresa Rodriguez
· Marabunta
· Isadora – izquierda socialista
· MTL rebelde
· Romina del Plá, plenario de trabajadoras PO.
· Opinión socialista
Nota
El Nunca Más a la violencia patriarcal: foro en Plaza de Mayo

“Este 3J volvemos a salir a las calles” comienza diciendo el comunicado de las Familias de Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones, que convocan este sábado 3 de junio a su primer foro nacional.
Será desde las 12 hasta las 18 horas en Plaza de Mayo. Son más de treinta las familias que promueven la actividad y que compartirán sus experiencias, dolores y lucha durante la jornada. Llegarán desde distintos puntos del país: Mar del Plata, Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy y distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada incluirá dos mesas de intercambio, una marcha y una gran asamblea para elaborar a cielo abierto un petitorio que se presentará a las autoridades responsables de prevenir y responder con políticas concretas la violencia femicida. El documento se construirá así colectivamente.
El contexto: durante 2023, según el registro del Observatorio Lucía Pérez, se produjeron 139 femicidios y travesticidios que dejaron 76 infancias huérfanas. Y hubo además hasta ahora 133 tentativas de femicidios.
Se hicieron también 140 marchas para exigir verdad y justicia. Sin embargo, se sigue soportando un accionar judicial que alienta la impunidad de estos crímenes atroces. Un ejemplo: el reciente femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco, que corre serios riesgos de quedar impune por el desempeño de la fiscalía.
Las actividades, familias convocantes y el documento completo de la convocatoria.
Programación de actividades
12hs: Mesa: Poder Judicial y construcción de la impunidad: las víctimas juzgan al sistema. Qué exigimos.
13hs – 16hs: Inicio de asamblea.
Coordina: Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones.
13.30hs: Marcha de las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones con organizaciones sociales desde el Av. de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo para abrazar a las familias. La asamblea recibe a la columna y sigue el debate.
16hs: Mesa: La red territorial que da batalla a la violencia patriarcal. Exposición de las organizaciones políticas y sociales que acompañan a las familias.
17hs. Acción artística
18hs: Cierre con llamada de tambores
Familias que convocan
Norma, mamá de Tehuel de La Torre | Marta y Guillermo, padres de Lucia Pérez | Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa | Marisa y Facundo, padres de Luna Ortiz | Alfredo y Roxana, padres de Carla Soggiu | Laura y Gustavo padres, hermanos y sobrinos de Natalia Melmann | Rodrigo, tío de Marina TripodI | Ezequiel, tio de Katerine Moscoso | Mónica y Juan, padres de lara Sabrina Rueda | Blanca, mamá de Agustina Fredes | Sonia, hermana de Joanna Córdoba I Susana, mamá de Julieta Gonzalez | María, mamá de Camila Cinalli | Noemi, mamá de Lia Martinez | Adriana, mamá de Pilar Riesco | Mariela, mamá de Paola Tacacho | Leticia, mamá de Georgina Grispi | Gabriel, hermano de Gisela Lopez | Matilde, mamá de Camila Peñalba | Analia, mamá de Camila Flores | Fabiana, mamá de Julieta Delpino | Lorena, hermana y tía de Susana, Bárbara, Micaela y Marisol | Marta, mamá de Johana Ramallo | Silvana, mamá de Agustina Fernández | Mónica, mamá de Julieta Ortega | Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela Fernández | Víctor, hermano de Micaela Catán | Graciela, tía de Vivi Altamirano | Alejandro, hermano de Sofi Fernández | Adriana, hija de Paula | Patricia, mamá de Micaela Rascovsky | Oscar, papá de Bárbara Zabala | Susana, mamá de Julieta González | Lorena, hermana de Laura Rivero y tía de Thiago | Mónica, mamá de Alejandra Álvarez.
Comunicado completo de la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones
Este 3J volvemos a salir a las calles, esta vez convocando a una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 y hasta las 18. Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones nos proponemos elaborar así, escuchando, reflexionando y elaborando con todas las organizaciones sociales y personas, un petitorio que entregaremos luego a las autoridades responsables de implementar las políticas necesarias para frenar la impunidad y lograr Femicidios Nunca Más.
Soportamos un gran dolor al perder a nuestros seres queridos, pero la carga es todavía más grande porque tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y femicidios relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estas causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del Poder Judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino.
En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir, por ejemplo, peritos de parte, ya que los peritos del Poder Judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar trescientos mil pesos?
Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo queremos verdad y justicia.
Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres, trans y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si salimos a reclamar, el Poder Judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez. La violencia contra nuestras víctimas nunca frena. Esa es la máquina que alienta los femicidios.
No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando.
Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.
Este sábado 3 de junio, realizaremos una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 hs. El micrófono estará abierto para todas las familias, víctimas, activistas y organizaciones que deseen tomar la palabra.
Ni una menos. Ni una más. Basta de violencia. Basta de femicidios.
Basta de impunidad.
Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones
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