Daniel Lipovetzky (PRO) y Rodolfo Tahialde (Unidad Ciudana) son dos de los tres legisladores que integran la subcomisión que formó la de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia para estudiar el expediente de Ramos Padilla. Ambos hablaron con lavaca acerca de la reunión privada que mantuvieron -junto a otros legisladores- con el juez de Dolores. Qué piensan sobre su investigación sobre la red de espionaje ilegal judicial, político y mediática. Qué saben, y qué hicieron. Y por qué el Congreso no sólo no está a la altura de la denuncia, sino que es parte.

Mientras el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla sigue tomando indagatorias clave en la causa que investiga una red de espionaje judicial-mediática y política, la comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia recibe este jueves a los titulares de la AFI. Si bien la reunión es privada, se espera que surjan trascendidos al igual que ocurrió con el encuentro entre legisladores y Ramos Padilla el jueves 21, según los dos bandos interesados (el oficialismo representado por Daniel Lipoveztky del PRO, y la oposición, encarnada en el diputado de Unidad Ciudadana Rodolfo Tahialde) en los detalles que parecen forzar lecturas en una y otra dirección, que en verdad es una sola: el Congreso no solo no está a la altura de la situación, sino que es parte.

La Bicameral de Inteligencia está conformada por 14 legisladores: siete del oficialismo y siete de la oposición (cuatro de Argentina Federal y tres por el kirchnerismo). Pero a partir del destape del escándalo del falso abogado D´Alessio, y un día después de la exposición de Ramos Padilla en Diputados (reunión a la que los bloques de Cambiemos no asistieron), la Bicameral resolvió formar una subcomisión para leer las 5 mil fojas que el magistrado envió, integrada por los diputados Lipoveztky (Cambiemos) y Tailhade (Unidad Ciudadana) y el senador Pedro Guastavino (Argentina Federal).

Cómo fue la reunión: la conexión Fariña, protección de testigos y el informe Fantino

Según pudo reconstruir lavaca, la reunión con la Bicameral duró tres horas. Ramos Padilla amplió algunos detalles de lo que expuso en la Comisión de Libertad de Expresión, aunque en un clima “más distendido” ya que la reunión era cerrada al público y sin cámaras de televisión. Las preguntas llegaron, básicamente, de dos sectores: el oficialismo y el kirchnerismo, los más interesados en la cuestión.

Esta escena es una representación de cómo está Bicameral.

Por su parte, el oficialismo hizo hincapié en uno de los argumentos por los que le exigen el juicio político al juez federal: por qué decidió acudir a la comisión de Libertad de Expresión y divulgar la causa que, en la opinión de Cambiemos, debería ser secreta. Ramos Padilla contestó que durante toda su carrera se había apoyado en el Programa Verdad y Justicia y en su mecanismo de protección de testigos, dedicado específicamente a crímenes de lesa humanidad. El juez señaló dos razones: el Programa no iba a apoyarlo en esta causa y, además, ningún testigo quería saber nada con ningún programa de protección de testigos del Gobierno. ¿Uno de los motivos? Por la causa mediáticamente conocida como la “ruta del dinero”, la Justicia puso en ese programa a Leonardo Fariña. El detalle: su abogado es Rodrigo González, uno de los imputados en esta causa, ni más ni menos que el exdefensor de D´Alessio. En febrero renunció a representarlo aclarando que no se hacía responsable de nada de lo que hizo D´Alessio.

El oficialismo también se interesó por Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que inició la denuncia en Dolores al revelar la extorsión de D´Alessio y Stornelli: en concreto, le preguntaron si no le había llamado la atención que esa denuncia pudiera haber sido una posible operación de inteligencia o de contrainteligencia, teniendo en cuenta que Etchebest llegó al juzgado con registros de audio y cámara. Ramos Padilla contestó que en el momento en el que Etchebest llegó a Dolores, él sólo veía a una persona que había llegado a denunciar una extorsión con 14 horas de grabación en curso, y que se dedicó a investigar eso. Si efectivamente es una operación de contrainteligencia, se determinará después. La conclusión: el juez está obligado a investigar, sea quien sea el denunciante.

Por otro lado, el kirchnerismo le preguntó si había iniciado alguna medida de prueba respecto al llamado “informe Fantino”, en relación al conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, y donde aparece mencionada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Según confiaron a lavaca fuentes legislativas, todo comienza con el espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le detectan un encuentro con Fantino. Allí le piden a D´Alessio que le pida a “su amigo”, el periodista de Clarín y Animales Sueltos, Daniel Santoro, que traiga información.

Santoro volvió con críticas a dos colegas: el propio Fantino y Romina Manguel. Según surge en la causa:

• Sobre Fantino: “Le lavaron la cabeza”, ya que después de la reunión “empezó a hablar de presos políticos y todas esas huevadas”.

• Sobre Manguel, dijo que trabajaba para el operador judicial Javier Fernández.

Ese informe, redactado por D´Alessio, está dedicado a “RB o quien corresponda”. RB es Ricardo Bogoliuk, un comisario que orbitó en al AFI en 2017. Allí especifica que Animales Sueltoses un ciclo que reproduce la productora Jotax SA, propietario de “un amigo muy cercano” a la gobernadora Vidal, quien “le dio a esta persona fondos reservados de la provincia para que comprara el paquete accionario de América que vendía el hermano de Daniel Vila”, según confiaron a lavaca.

Ramos Padilla contestó que aún no había indagado sobre esa línea de investigación.

El kirchnerismo también le preguntó por el empresario petrolero Mario Cifuentes, otro de los que denunció ser extorsionado por D´Alessio. ¿Por qué el interés? En la computadora del falso abogado, el juez secuestró un archivo en el que aparece un oficio del juez federal Claudio Bonadío en el que le pide a la AFI un informe de inteligencia sobre Cifuentes. El dato: el oficio y el informe aparecen en la computadora personal de D´Alessio. La pregunta estaba orientada a saber si Ramos Padilla chequeó si el oficio salió de la computadora de Bonadío, ya que eso acreditaría la pertenencia de D´Alessio a la AFI.

La respuesta del juez también fue negativa: “Si tengo que sacar una línea de investigación por cada cosa, no termino más”.

Lavaca pudo hablar con Lipovetzky y Tailhade, a quienes consultó sus impresiones respecto al rol del Congreso en tanto poder del Estado en esta trama de espionaje ilegal. Esta agencia también intentó comunicarse con el senador Guastavino, que rechazó tres pedidos de entrevista.

Daniel Lipovetzky (Cambiemos): “No es un tema de libertad de expresión”

-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?
-Ramos Padilla concluyó que cree que se trata de una organización paraestatal de inteligencia, y que hasta ahora no tiene ninguna acreditación de que haya intervención de los organismos públicos de inteligencia, importante destacarlo. La impresión que yo tuve, y un poco se lo dije, es que esperaba hubiera ejecutado muchas más medidas de prueba de las que en ese momento había realizado, teniendo en cuenta que la información que nos había enviado a la Bicameral fue 20 días antes. Y la impresión que yo tuve es que profundizó la investigación sobre todo en el vínculo Stornelli y no en otras personas que también tenían vínculos con D´Alessio, incluidos otros que aparecen como socios y algún otro que era el denunciante, como Etchebest. D´Alessio es una persona hay que analizar su perfil con mucho detenimiento, un perfil de un hipotético delincuente, pero además que fue funcionario del gobierno anterior, y que hacía gala de sus relaciones para delinquir, extorsionar o hacer inteligencia ilegal, que es un delito.

-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?

-Para analizar la gravedad institucional de esta organización hay que seguir profundizando los vínculos. Porque acá lo que uno ve es un personaje que tenía contacto con un montón de gente: funcionarios judiciales, funcionarios políticos de este gobierno y del anterior, de ahí me parece que hay que sacar ese análisis. Pero esos vínculos no significan que después los haya usado para delinquir, eso hay que investigar. Por ejemplo, un montón de gente se contacta con nosotros. Nuestros celulares ya cualquiera lo puede tener: podrías mandar un mensaje, pero no te haría partícipe de lo que ese personaje haga. Lo que sí está claro es que hay que ser muy precisos en la investigación porque esta causa tiene vinculación con otras que sí tienen importancia institucional para la Argentina, como la de lo Cuadernos. Una no debería tener que ver con la otra, pero hoy no parece tan así.

-Para usted, ¿afecta al Estado de Derecho?

-La verdad es que inteligencia paraestatal o no, hecha por los organismos públicos, y no hecha para prevenir delitos internacionales, es ilegal. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, es un delito. Está claro que los tipos son delincuentes. Y tienen que ser juzgados y condenados. Pero lo que hay que ver es si tiene colaboración de un funcionario público. Por lo que yo vi, no encontré.

-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?

-Para nosotros el Congreso tiene que dar respuestas a través del organismo competente que es la Comisión Bicameral de Inteligencia. Es la comisión que tiene facultades para intervenir, justamente reservada y con un montón de condiciones distintas a las comisiones del Congreso, y es quien debe tomar el rol y profundizarla. Para eso necesitamos que el Poder Judicial colabore en ese marco de relación entre dos poderes planteando toda la información del expediente, que no la tenemos.

Rodolfo Tailhade (Unidad Ciudadana): “El Congreso no está a la altura”

-¿Cómo se comportó el Congreso en la Comisión de Libertad de Expresión?
-Fue un bochorno que no estuvieran otros bloques. En realidad estuvimos nosotros, un par de diputados de Argentina Federal, un rato la izquierda, pero era un tema central y más allá de que algunos bloques del oficialismo podían tener miradas muy críticas de Ramos Padilla, era la oportunidad para dejarlo en evidencia. Pero sabíamos que lo que iba a contar, sin el detalle, era grave. Me parece que el Congreso no estuvo a la altura. Y las razones quedaron en evidencia: el bloque oficialista está defendiendo a parte de la banda. Tiene cierta lógica. Podés tener críticas, pero no relativizar la importancia que tiene.

-¿Qué puede contar de la reunión en la Bicameral?

-Lo más interesante de todo es que todavía no puede empezar a investigar todo lo que hay para investigar. En un contexto en el que no tiene recursos, que tiene que usar cada minuto o bien, se concentró inicialmente en los delitos que se atribuye a los que están en prisión, inclusive al propio Stornelli, porque tenía que resolver la situación procesal de ellos. Pero a nosotros todo el circo no nos interesa. Nos interesa si hay agentes o no en la banda, si se verificaron contactos de D´Alessio con la AFI, si la AFI qué reconoció. Ramos Padilla contó que lo único que reconoció fue a Bogoliuk como agente durante un año, en 2017: eso nos interesaba nosotros. Es lo que vamos a preguntarle a Arribas, pero el juez no había hecho muchas medidas. Lo único que tenía era que Bogoliuk fue agente de la AFI, confirmado por la AFI. Y que la AFI negó que Aníbal Degastaldi y D´Alessio fueran agentes.

-Padilla dijo que sólo había visto el 25 por ciento del expediente.

-Lo ratificó en la Bicameral. Abrió un celular o dos de una docena, un disco rígido de cuatro y está totalmente desbordado, no tiene recurso materia para buscar. El dijo: “Si pongo Rodolfo Tailhade en el disco rígido que abrimos, el software tarda media hora en detectar. Si detecta dos y quiero abrir uno, me rebota”. Esos software son caros: medio millón de pesos. No sé si le van a colaborar mucho.

-¿Qué representa esta denuncia en términos de gravedad institucional?

-Por ahora no tenemos ni siquiera una mínima parte de lo que realmente se puede conocer. Falta mucha información que tiene que abrir el juez. Con lo poco que hay está muy claro que hay una organización que tiene contactos con la AFI. Bogoliuk era el jefe de D´Alessio, a quien él le subía los reporters, y Bogoliuk era la persona de confianza de Majdalani. No tengo ninguna duda de que la AFI está en esto y que usaba esta organización para sus operaciones de persecución política. Seguro usa otras, que coexisten, pero usaba ésta en parte para conseguir información o inventar información, armado de causas, de testimonios, con fines politicos. A su vez, esta organización que recibía información de la AFI tanto para sus objetivos políticos, la transformaba en un negocio porque, además, esos tipos eran millonarios. Había mucho papel que armaba D´Alessio: inventaba una testimonial y después iba a ver a la víctima. Era falso, pero tenía toda la información general porque venia alimentado de datos ciertos. Seguro que gente de la AFI participaba del botín: D´Alessio no se cortaba solo.
-¿Cómo se explica ese modus operandi?

-Esto existió siempre. Hace 40 años que las bandas pululan así. El rey de esto era Jaime Stiusso, nomás que con mucha más capacidad y más sofisticado. La gravedad es que hay una alianza servicios de inteligencia-medios de comunicación-gobierno nacional, que arma causas, que persigue y te prescribe. Esa triple alianza, y acá comparto la mirada del juez Ramos Padilla, pone en riesgo el Estado de Derecho. Un proceso judicial tiene que ser conforme la legítima defensa, el Estado lo tiene que garantizar, pero vemos que es el que te arrincona en base a irregularidades. Esa alianza quedó al descubierto. El principio de esa descomposición la podría ubicar por lo menos en 1992. Allí Menem hace una reforma judicial importante, aparecieron tribunales orales, juicios orales, cambia el Código Procesal, se sacó a muchos jueces molestos, los ascendió y puso en Comodoro Py a los jueces de la servilleta. Las primeras modalidades del servicio-Poder Judicial eran los famosos sobresueldos que venían de Hugo Anzorregui y la SIDE, en dólares, para que armara causas de determinada manera. Esto se fue modificando. Durante el kirchnerismo eso se cortó, pero Stiusso, en vez de llevar sobresueldos, empezó a vender negocios. Ezeiza, por ejemplo, es su mina de oro: bajaban aviones con supuesto material de inteligencia de Estados Unidos, se lo llevaba la camioneta de la SIDE, y de repente eran Playstation, sillones de dentistas, lo que se te ocurra, y los metían acá. Son millonarios, imaginate. Entonces todos los negocios se lo daban a lo jueces, los hacía socios y así se fue consolidando una relación promiscua: los jueces terminaron siendo dependientes de los servicios. Hoy eso quedó a la vista.

-¿El Congreso está a la altura de esta denuncia?

-No, para nada. Porque hay muchos intereses que son comunes entre las bandas, y en esta alianza hay muchos legisladores o bloques. Acá ya tendría que haber en marcha, por lo pronto, la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que durante 2017 funcionó a pleno para cargarse a Gils Carbó (Alejandra, ex Procuradora General de la Nación) y ahora está totalmente desactivada. La principal responsable es la vicepresidenta Michetti: es la firma que está obstaculizando su conformación, que es la que tiene que traer a Stornelli en términos políticos. Así como se armó la Bicameral por el ARA San Juan, todos los bloques tendríamos que armar la Bicameral de investigación esta mafia. Por eso yo digo: la mafia está integrada por los servicios, por la Justicia Federal, por el Gobierno nacional, por medios, y por diputadas y diputados. Todos son usuarios de la información de D´Alessio. Carrio y Oliveto, por ejemplo. Por supuesto que van a bloquear cualquier intento de profundizar la investigación que pueda ponerlas en riesgo. Evidentemente ellos reconocieron a D´Alessio como propio. La mafia está integrada por quienes están defendiendo a los mafiosos.