La secuencia puede ser ésta:

• El senador José Alperovich fue denunciado por una sobrina suya, que era su asistente y trabaja en el Senado, por abuso y violencia sexual entre 2017 y 2019. La joven tiene hoy 29 años. La denuncia se conoció el viernes pasado.
• La agencia Lavaca quiso averiguar qué dispositivos tiene el Senado Nacional para enfrentar ese tipo de situaciones y descubrió que el “Protocolo contra la violencia laboral con perspectiva de género” sancionado por el cuerpo en octubre de 2018 nunca se aplicó y ni siquiera se nombró, en más de un año, al Comité encargado de implementarlo. 
• Ante tal insistencia periodística, entre el desconcierto y el apuro tras el estallido público del escándalo, este lunes por la tarde la presidenta del Senado Gabriela Michetti informó que se había creado el “Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género”, que obviamente no existía hasta ahora y que tal vez algo podría haber hecho en un caso como este. Al no existir el Comité, el Protocolo era una cáscara vacía.

Según el Protocolo el Comité es el ente encargado de recibir las denuncias y brindar acompañamiento, asesoramiento, asistencia legal y psicológica, confeccionar estadísticas y análisis sistemáticos, impulsar campañas y cursos. Pero nunca se constituyó. Cualquier mujer que trabaje en el Senado se hubiera encontrado con un muro de silencio si hubiese querido denunciar algo, lo mismo que le hubiese ocurrido a la denunciante contra Alperovich.

Protocolo aprobado, disponible en esta página

Ante la denuncia contra el ex gobernador tucumano, y para conocer las medidas que podrían implementarse contra él, la Agencia lavaca consultó a la secretaría del Senado, luego a la Secretaría Administrativa, y luego a la Presidencia. No hubo respuestas. La única certeza llegó de una asesora de una senadora quien remitió a esta agencia el único avance en la materia: una carta enviada por distintas senadoras el 14 de noviembre –hace menos de quince días- con el pedido urgente de conformación del Comité que debía poner en funcionamiento el Protocolo.

La carta firmada por más de quince senadoras, enviada antes de haber trascendido la denuncia al senador José Alperovich, sostiene: “La demora en la aplicación efectiva del protocolo contra la violencia laboral con perspectiva de género no hace más que dejar a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema y una doble violencia, laboral e institucional, y como organismo debemos ser ejemplificadores y actuar en consecuencia de lo rubricado por las autoridades de esta Cámara como lo que sancionamos como legisladores y legisladoras. La falta de dicho Comité no hace más que dejar al descubierto la falta de compromiso ante lo rubricado en Reunión de Paritarias y la incapacidad como institución para brindar una solución adecuada a las normas ante cualquier denuncia de violencia laboral”.

Según difundió el diario contrainformativoClarín, el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, por pedido de la Senadora tucumana Elías de Pérez, emitió una resolución el viernes a última hora que ordenaba “dejar sin efecto la asignación de tareas vigente” de la denunciante y afectarla a la “secretaría Parlamentaria”. Según ese medio, el decreto insta a brindar “asesoramiento integral, asistencia jurídica, y psicológica a la víctima «a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral de Género”.

Pero ese Comité no existía.

La senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer en la Cámara Alta, explicó a lavaca: “Lo de Pinedo son sólo declaraciones periodísticas porque el Protocolo está creado pero no implementado”. Agregó: “La senadora Elías de Pérez dice que se ponga en práctica el protocolo, hace 15 días en la última reunión que tuvimos en la Banca de la Mujer hice circular una nota que firmaron todas las senadoras presentes, la senadora Elías de Pérez no estaba presente, dirigida al secretario administrativo del Senado para que ponga en marcha este protocolo, para que nombre los profesionales que tienen que estar capacitados en situaciones como estas que nunca nos imaginamos que íbamos a tener tan rápido”.

Es difícil pensar la razón de tanta demora. Partidariamente, a un Senado manejado por el oficialismo, le convenía la denuncia contra Alperovich, tildado como “cristinista” en la interna que mantuvo con el actual gobernador Juan Manzur. Pero tal vez se trate de otras cuestiones:

-Inercia burocrática: entre quienes se están yendo y quienes aún no llegaron, hay varias zonas del Estado que funcionan en modo zombi.

-Inercia corporativa: falta o ausencia de interés de ciertos organismos en investigar a sus propios integrantes.

-Inercia temática: la violencia contra las mujeres aún no es comprendida y valorada en toda su dimensión, siendo que se trata de un hecho fáctico, judicial y a la vez cultural de nivel global que marca una nueva época.

Sobre el caso puede decirse que la denunciante de 29 años trabajó junto al actual senador Alperovich en su fracasada campaña para gobernador de Tucumán, y según trascendió luego, es empleada de planta transitoria en el despacho de la senadora Beatriz Mirkin. Los hechos denunciados habrían ocurrido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en San Miguel de Tucumán, entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. El propio avance judicial y las declaraciones determinarán, si es preciso, en qué lugares ocurrió el delito.  

Según detalló el abogado de la joven: “El delito previsto en el Código Procesal, es abuso sexual. Deberá evaluarse el agravamiento tanto por haber producido un daño grave en la salud de la víctima, como por la relación de dependencia entre la denunciante con el demandado, por el sometimiento gravemente ultrajante para la víctima cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción».

El señor Alperovich escuchó las sugerencias públicas que hiciereon políticos como Felipe Solá, y pidió licencia de su banca: A fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo” dice su misiva con inflación de referencias al honor. Alperovich al menos no cobrará su sueldo aunque no hay sospechas sobre que eso haga peligrar su bienestar económico. El problema de fondo ante estos casos parece darle una vez más la razón a lo que dicen las mujeres en la calle sobre la violencia machista: el Estado es responsable.