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Efecto Alperovich: recién después de la denuncia de su sobrina por violación, el Senado empezó a implementar un protocolo contra abusos y violencia machista

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La secuencia puede ser ésta:

  • El senador José Alperovich fue denunciado por una sobrina suya, que era su asistente y trabaja en el Senado, por abuso y violencia sexual entre 2017 y 2019. La joven tiene hoy 29 años. La denuncia se conoció el viernes pasado.
  • La agencia Lavaca quiso averiguar qué dispositivos tiene el Senado Nacional para enfrentar ese tipo de situaciones y descubrió que el “Protocolo contra la violencia laboral con perspectiva de género” sancionado por el cuerpo en octubre de 2018 nunca se aplicó y ni siquiera se nombró, en más de un año, al Comité encargado de implementarlo. 
  • Ante tal insistencia periodística, entre el desconcierto y el apuro tras el estallido público del escándalo, este lunes por la tarde la presidenta del Senado Gabriela Michetti informó que se había creado el “Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género”, que obviamente no existía hasta ahora y que tal vez algo podría haber hecho en un caso como este. Al no existir el Comité, el Protocolo era una cáscara vacía.

Según el Protocolo el Comité es el ente encargado de recibir las denuncias y brindar acompañamiento, asesoramiento, asistencia legal y psicológica, confeccionar estadísticas y análisis sistemáticos, impulsar campañas y cursos. Pero nunca se constituyó. Cualquier mujer que trabaje en el Senado se hubiera encontrado con un muro de silencio si hubiese querido denunciar algo, lo mismo que le hubiese ocurrido a la denunciante contra Alperovich.

Protocolo aprobado, disponible en esta página

Ante la denuncia contra el ex gobernador tucumano, y para conocer las medidas que podrían implementarse contra él, la Agencia lavaca consultó a la secretaría del Senado, luego a la Secretaría Administrativa, y luego a la Presidencia. No hubo respuestas. La única certeza llegó de una asesora de una senadora quien remitió a esta agencia el único avance en la materia: una carta enviada por distintas senadoras el 14 de noviembre –hace menos de quince días- con el pedido urgente de conformación del Comité que debía poner en funcionamiento el Protocolo.

La carta firmada por más de quince senadoras, enviada antes de haber trascendido la denuncia al senador José Alperovich, sostiene: “La demora en la aplicación efectiva del protocolo contra la violencia laboral con perspectiva de género no hace más que dejar a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema y una doble violencia, laboral e institucional, y como organismo debemos ser ejemplificadores y actuar en consecuencia de lo rubricado por las autoridades de esta Cámara como lo que sancionamos como legisladores y legisladoras. La falta de dicho Comité no hace más que dejar al descubierto la falta de compromiso ante lo rubricado en Reunión de Paritarias y la incapacidad como institución para brindar una solución adecuada a las normas ante cualquier denuncia de violencia laboral”.

Según difundió el diario contrainformativoClarín, el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo, por pedido de la Senadora tucumana Elías de Pérez, emitió una resolución el viernes a última hora que ordenaba “dejar sin efecto la asignación de tareas vigente” de la denunciante y afectarla a la “secretaría Parlamentaria”. Según ese medio, el decreto insta a brindar “asesoramiento integral, asistencia jurídica, y psicológica a la víctima «a través del Comité de Seguimiento de Violencia Laboral de Género”.

Pero ese Comité no existía.

La senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer en la Cámara Alta, explicó a lavaca: “Lo de Pinedo son sólo declaraciones periodísticas porque el Protocolo está creado pero no implementado”. Agregó: “La senadora Elías de Pérez dice que se ponga en práctica el protocolo, hace 15 días en la última reunión que tuvimos en la Banca de la Mujer hice circular una nota que firmaron todas las senadoras presentes, la senadora Elías de Pérez no estaba presente, dirigida al secretario administrativo del Senado para que ponga en marcha este protocolo, para que nombre los profesionales que tienen que estar capacitados en situaciones como estas que nunca nos imaginamos que íbamos a tener tan rápido”.

Efecto Alperovich: recién después de la denuncia de su sobrina por violación, el Senado empezó a implementar un protocolo contra abusos y violencia machista

Es difícil pensar la razón de tanta demora. Partidariamente, a un Senado manejado por el oficialismo, le convenía la denuncia contra Alperovich, tildado como “cristinista” en la interna que mantuvo con el actual gobernador Juan Manzur. Pero tal vez se trate de otras cuestiones:

-Inercia burocrática: entre quienes se están yendo y quienes aún no llegaron, hay varias zonas del Estado que funcionan en modo zombi.

-Inercia corporativa: falta o ausencia de interés de ciertos organismos en investigar a sus propios integrantes.

-Inercia temática: la violencia contra las mujeres aún no es comprendida y valorada en toda su dimensión, siendo que se trata de un hecho fáctico, judicial y a la vez cultural de nivel global que marca una nueva época.

Sobre el caso puede decirse que la denunciante de 29 años trabajó junto al actual senador Alperovich en su fracasada campaña para gobernador de Tucumán, y según trascendió luego, es empleada de planta transitoria en el despacho de la senadora Beatriz Mirkin. Los hechos denunciados habrían ocurrido tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en San Miguel de Tucumán, entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. El propio avance judicial y las declaraciones determinarán, si es preciso, en qué lugares ocurrió el delito.  

Según detalló el abogado de la joven: “El delito previsto en el Código Procesal, es abuso sexual. Deberá evaluarse el agravamiento tanto por haber producido un daño grave en la salud de la víctima, como por la relación de dependencia entre la denunciante con el demandado, por el sometimiento gravemente ultrajante para la víctima cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción».

El señor Alperovich escuchó las sugerencias públicas que hiciereon políticos como Felipe Solá, y pidió licencia de su banca: A fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo” dice su misiva con inflación de referencias al honor. Alperovich al menos no cobrará su sueldo aunque no hay sospechas sobre que eso haga peligrar su bienestar económico. El problema de fondo ante estos casos parece darle una vez más la razón a lo que dicen las mujeres en la calle sobre la violencia machista: el Estado es responsable.  

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Todos los jueves de agosto, presencial o virtual. Más info e inscripción en [email protected]

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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