Nota
Paren de fumigarnos: más de 20 organizaciones piden la prohibición de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires
Más de veinte asambleas y organizaciones de la provincia de Buenos Aires redactaron un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde exigen la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”, que autoriza la fumigación de cultivos en todo el territorio bonaerense, y piden, entre otras cosas, instrumentar “la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas” en 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental. Las organizaciones, además, cuestionan el retraso en las respuestas por parte de las autoridades: “La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”. Subrayan que durante el período transcurrido desde la introducción del primer transgénico, se calcula la aplicación de más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos en todo el país. Por eso, apuntan: “Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”. Compartimos el comunicado completo.
Al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires Axel Kicillof
c/c Javier Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Agrario
Ante el inminente vencimiento, por segunda vez, de la suspensión de la Resolución 246/2018, conocida como la resolución del veneno, y tras un año de trabajo por demás insuficiente e incompleto por parte del Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc, –ambos espacios creados por la Resolución 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que fuera presentado con el objetivo de generar “un mayor control de las aplicaciones para profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las necesidades de los productores”,– las comunidades de pueblos de la Provincia de Buenos Aires decimos:
La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas.
En un rápido pero a la vez justo resumen podemos decir que desde 1991, año de la primera e incompleta reglamentación provincial, este tema no ha sido abordado con la seriedad y urgencia que amerita, al incidir, la práctica productiva que incluye venenos, en toda la provincia y sus comunidades de manera directa. Estamos hablando de 30 años de demora y a la vez de exposición constante de las y los habitantes de la provincia a plaguicidas altamente peligrosos. Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia. Durante todo ese periodo transcurrido desde la introducción del primer transgénico –y llegando hasta los 61 existentes a la fecha–, el volumen de agrotóxicos aplicados creció exponencialmente. Se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno y genotóxico. El glifosato es el herbicida más usado en nuestra provincia.
Mientras el estado incumplía con sus deberes, las comunidades organizadas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido protecciones diversas, a través de la justicia u ordenanzas locales, tratando de subsanar la falta de políticas públicas concretas para alejar la utilización de productos extremadamente peligrosos de nuestras familias.
Las sucesivas declaraciones de su parte, o por parte de miembros de su cartera, que mencionan la posibilidad de una convivencia entre un modelo productivo sin venenos y el vigente dependiente de éstos, así como el escenario nacional tras el anuncio de la Iniciativa 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura Nación) que avanza sobre la zona de amortiguamiento, y las continuas referencias a las mentadas “buenas prácticas agrícolas”, merecen nuestro repudio.
En este sentido recordamos que la ordenanza más progresiva en las limitaciones territoriales a la aplicación de plaguicidas es la del Partido de Cañuelas, que establece una restricción absoluta de la aplicación de agroquímicos en forma terrestre de 2000 metros de las poblaciones. Si se aplicara la distancia de exclusión de la ordenanza de Cañuelas a todo el territorio de uso agrícola de la Provincia de Buenos Aires, se dispondría de una superficie de producción libre de aplicación de agroquímicos biocidas de alrededor de 1,2 millones de hectáreas. En esa superficie, de poco más del 10% de toda la superficie cultivable de la provincia, se podrían desarrollar las diversas variantes agroecológicas de producción, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y estableciendo un entorno sano para el desarrollo de la vida de los habitantes de nuestra provincia. Al transformarse toda esa superficie cultivable en casos concretos de producción agroecológica, su ejemplo alentará la transición hacia la agroecología en el resto del territorio bonaerense, acercándonos de esa manera a la tan necesaria soberanía alimentaria.
Concretamente, además de la posibilidad de producir alimentos sin plaguicidas, con esa medida se evitarían los daños al ambiente y a la salud causados por las derivas de plaguicidas en agua, aire, suelo y alimentos para unos 20 millones de personas. De forma homogénea e inmediata. Priorizando la vida por sobre cualquier actividad productiva. Garantizando nuestros derechos constitucionales a la salud y a un ambiente sano. Un cambio en el 10 por ciento de la superficie cultivable que producirá una mejora inmediata en la calidad de vida de 20 millones de personas y que esperamos sea el inicio del cambio completo del modelo productivo. Que es urgente. Que no admite más dilaciones.
Por lo tanto exigimos:
· La derogación de la Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario;
· Instrumentar de manera inmediata en toda la provincia de Buenos Aires la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.
· Prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, ya que son las que más riesgo y consecuencias generan al ambiente y las poblaciones.
· Instrumentar en esas hectáreas alcanzadas por la mencionada exclusión, las políticas públicas vigentes en el área y garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica.
· Celebrar a la brevedad un convenio técnico ad hoc que permita a las y los pobladores de la provincia realizar de modo gratuito análisis de agua de consumo destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas más utilizados en la actualidad para evitar consecuencias a la salud de la población por la ingesta de agua plausible de estar contaminada.
– Se provea de modo gratuito a la población bonaerense un laboratorio público de referencia con la capacidad de realizar análisis de sangre, orina y leche materna destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas.
– Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacterio-lógico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares.
«Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.» Artículo 41 de la Constitución Nacional.
#BastadeDemora
Es ahora
#parendefumigarBA
Primeras firmas de la provincia de Buenos Aires:
AMA Asamblea mercedina por la agroecología
AMARTYA Mar Chiquita
Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda.
Ambiente Saludable San Andrés de Giles
Argentina sin fracking Buenos Aires
Asamblea socioambiental de San Antonio de Areco
Asamblea Ecoambiental Luján
Asamblea por el agua y el ambiente Chivilcoy
Asamblea Socioambiental de Chapadmalal
Bios Argentina – Nodo Tandil
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – UNLP
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – 9 de julio
CIPOCARR (Coordinadora Intercomunal Pro Obras y Aprovechamiento del Río
Reconquista)
Colectivo Tierra Viva Bolívar
ConCiencia Agroecológica 9 de Julio
Ecos de Chivilcoy
ECOS de Saladillo
Escuela Secundaria «Andrés Carrasco» de Saladillo
ESPACIO INTERCUENCAS
Evolución Ambiental Coronel Suárez
Exaltación Salud, grupo vecinal contra las fumigaciones y por la soberanía alimentaria. Exaltación de la Cruz
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata la Salud y el Ambiente.
Huerquen, Comunicación en Colectivo
Junta vecinal por un ambiente saludable Tandil
Ong UPVA «Unidos por la vida y el medio Ambiente”
Paren de Fumigar Pergamino
Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero San Pedro
Vecinxs autoconvocadxs por la salud ambiental/ Trenque Lauquen
XR Sauce Corto
Primeras firmas del resto del país y otros:
Asamblea Ciudadana Concordia (Entre Ríos)
Asamblea por la Vida Chilecito (La Rioja)
Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos (Córdoba)
Asamblea Socioambiental Zona Este (Mendoza)
Asociación Ciudadana por los derechos humanos
BIOS Argentina
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición (UBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-Río Cuarto (Córdoba)
Colectivo Reciclador
COOPERATIVA DE TRABAJO IRIARTE VERDE LTDA. BARRACAS (CABA)
Democracia en Red (CABA)
Después de la Deriva (FM La Tribu)
ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Generaciones futuras
Gesta Colectiva
Grupo de Etnobiología, FCEyN-UBA/INMIBO-CONICET
GEUIC Grupo de Extensión Universitaria Impenetrable Chaqueño- UBA
Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-CONICET)
Hijos de gaia,madre tierra, pachamama
Instituto de Salud Socioambiental de la FCM-UNR (Santa Fe)
Mujeres Defensoras del Agua del Famatina (La Rioja)
Museo del Hambre
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) – Javier Souza Casadinho
Red de defensoras del ambiente y el Buen Vivir
Red Federal de Docentes por la Vida
Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho (UBA)
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Ahora que tenemos la atención de todo el mundo, te pedimos algo: ayudanos a encontrar a las o los nietos de Oesterheld, el creador de El Eternauta: compartí estas placas.
Nota
Cien
Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.
En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.
En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.
Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.
Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.
¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.
La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.
La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!
“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.
Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.
La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.
Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.
En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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