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Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería

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Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
La convocatoria a discutir la Ley que pretende instalar la megaminería en la provincia. Hay sospechas de fraude para concretar la posible votación. El “encuentro” será absolutamente virtual: la Legislatura estará vacía.

La Legislatura llamó a sesión ordinaria para este jueves 4 de marzo, justamente la fecha de cada mes en que Chubut entero se moviliza, para tratar el proyecto de Ley 128/20 por el cual el Ejecutivo provincial ocupado por Mariano Arcioni (con el apoyo explícito del nacional, hasta que se demuestre lo contrario) intenta imponer la minería a cielo abierto que la población rechaza desde 2003. En distintos lugares de la provincia la gente se está convocando a las rutas para rechazar este escándalo institucional. Desde 2020 la Unión de Asambleas Chubutenses llama a esta expresión el Chubutaguazo: una forma de hacer ver que el rechazo a la minería tiene que ver, a la vez, con la defensa de uno de los más vitales bienes comunes: el agua.

Como el proyecto no tiene mayoría propia, se sospecha sobre la súbita “desaparición”, “falta de internet”, falta de electricidad o cualquier otro tipo de fraude para que diputados contrarios al proyecto no puedan participar, o se excusen de hacerlo, y el proyecto pueda ser votado por una mayoría simple que en realidad no existe. Estas maniobras ya han sido denunciadas penalmente. La Legislatura tiene 27 diputados, y el proyecto precisa 14 votos que no tiene, salvo que la cuestión económica haya torcido voluntades en los últimos días. El sindicato docente ATECH y la CTA provincial ya han llamado a Paro Ambiental para este jueves 4 de marzo.

La movilización comenzó el miércoles en la provincia entera, bajo la certeza de que, además de la arbitrariedad del proyecto, lo que esconde la jugada minera es un hecho de corrupción sin grieta, que abarca a sectores oficialistas y opositores suculentamente beneficiados por los aportes de empresas como Pan American Silver, que se juega en esta presión la realización del proyecto Navidad, en la meseta chubutense.

Entre los firmantes del despacho se encuentran unidos el kirlchnerista Carlos Eliseche y el macrista Sebastián López, el mismo que fue detectado con una cámara oculta hablando del cobro de 100.000 (muchos creyeron que eran pesos, pero no). Allí aseguraba estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”. La cosa a destrabar desde 2003 para este tipo de empresas y de funcionarios, es el rechazo ciudadano a la instalación de los proyectos megamineros.

Se conoció también el año pasado el audio de otra legisladora, Leila Lloyd Jones, en el que decía que a los desocupados les sugería ir a pedirle trabajo a los diputados que votan a favor dela minera: “A ellos les pagaron 10 millones de pesos” dijo.

Uno de los cientos de comunicados conocidos a partir de esta decisión, que puede leerse como explicación a la vez del clima social en la provincia:

“URGENTE: CHUBUT A LAS CALLES. #chubutAGUAzo El gobierno de Chubut acaba de anunciar por decreto que este viernes 5 de febrero Legislatura provincial deberá dar tratamiento al proyecto de ley zonificación minera 128/20 RECHAZADO por todo el pueblo de Chubut: comunidades originarias, asambleas sociambientales en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, sectores académicos (Conicet, UNPSJB, UTN, Universidad del Chubut), Asociación de Pediatría, Inta, UTT, medios comunitarios, Iglesias católica y metodista, entes turísticos, Cuerpo de guardafaunas de la provincia de Chubut, Asociación de guías balleneros, personal del Min. de Turismo y Áreas Protegidas, y sectores en lucha: sindicatos, partidos, trabajadores, multisectorial feminista y disidencias… EL GOBIERNO AVANZA, EL PUEBLO TAMBIÉN! Necesitamos ayuda en la difusión. Gracias!!! Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn en UACCh (Unión de Asambleas de comunidades Chubut)”.

El tratamiento de este proyecto ignora la Iniciativa Popular convocada por todas las localidades chubutenses durante 2020. Es la segunda vez que un mecanismo constitucional es motivo de cajoneo o indiferencia por parte de una Legislatura que debería tratar esa iniciativa en lugar de aniquilarla.

Los días 4 de cada mes la provincia se moviliza contra la minería. Este 4 esa práctica del ejercicio de ciudadanía y resistencia se pondrá nuevamente en juego frente a los mecanismos de lo peor de la política, como burla a cualquier idea sobre una genuina democracia.  

Como aporte al contexto de esta situación publicamos aquí la nota de la revista MU de diciembre de 2020. Todos los “no” y todos los “sí” que plantea el conflicto en Chubut

Chubut contra la megaminería: la rebelión del NO

La situación de Chubut empeora minuto a minuto con la decisión del gobierno provincial y la presión nacional por aprobar la minería a cielo abierto pese al rechaza y la falta de licencia social. Es uno de los conflictos sociales más impactantes de la época. Ante una nueva avanzada de la minería en una provincia rica pero fundida por la clase política, las comunidades se movilizan planteando que no hay licencia social para las falsas soluciones que promueven las corporaciones, el gobierno provincial y el nacional. Todos los ”Sí” de Chubut: democracia genuina, agua, trabajo digno, naturaleza, bienes comunes, salud, defensa de la vida y de otros modos de producción. Sergio Ciancaglini

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
 Foto: Alex Dukal / Luan

Lo que ocurre en Chubut no es un conflicto “ambiental”: es un conflicto de la democracia.  

No se limita a lo “ecológico” sino que se trata, además, de producción y futuro. Participan personas que no son “ambientalistas” sino vecinas de toda la provincia. Una de sus pancartas postula: “No somos green-pis, somos la ballena”. 

Tampoco es un problema solo “chubutense” sino de todo el país (esa vasta zona geográfica habitualmente ninguneada por el narcisismo político y mediático porteño).    

Y no es una expresión de “movimientos sociales” sino de algo mucho más profundo: una sociedad en movimiento.  

Esa sociedad rechaza la instalación de la megaminería en la provincia desde hace 18 años a través de movilización social, participación ciudadana y mecanismos institucionales. 

Ejemplos: el plebiscito de Esquel que rechazó la minería con el 82% de los votos, la consecuente Ley 5001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en toda la provincia, y la segunda Iniciativa Popular que se acaba de presentar con 30.916 firmas, más del doble de lo que exige el padrón electoral, para profundizar por ley la prohibición de la actividad minera.  

La última respuesta del gobierno del oficialista Mariano Arcioni, es la siguiente: 

En un encuentro del llamado “Plan Estratégico Minero Argentino” el propio gobernador anunció este noviembre que zonificarán la provincia para instalar la minería, pese a que está prohibida. Escuchaban complacidos los ministros nacionales Matías Kulfas (Producción) y Alberto Helsen (Minería). Buscan habilitar en la meseta el proyecto Navidad (de plata y plomo) regenteado por Pan American Silver. 

Pocos días después, mientras crecían las movilizaciones en todas las comunidades contra esa declaración, Arcioni aprobó el protocolo para el uso de armas de fuego por parte de la policía chubutense (para envidia de Patricia Bullrich) y mandó comprar 25 pistolas tipo Taser.  

Traducción: “El gobierno está prendiendo la mecha del estallido social” dice la directora de escuela Corina Milán. Llamó la atención una frase de Arcioni según la cual el de la minería es “un debate postergado”. “Hace 18 años que venimos debatiendo y planteando que no hay licencia social”. 

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut llamó a alerta máxima ante el nuevo protocolo: “Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y dudosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un ministro con los antecedentes de Federico Massoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda la nefasta Doctrina Chocobar”.  

La bioquímica jubilada Viviana Moreno agrega: “Están desesperados. Quieren dejar a la provincia como un queso Gruyere, a cualquier precio. Así no va a haber paz social. Cuando decimos que no, ¿qué parte es la que no entienden?” 

Los ahorros de Arcioni 

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

La imagen muestra a una familia que atraviesa en auto un paisaje patagónico. El hombre que maneja enciende la radio. 

“Noticias nacionales, el gobierno nacional propone firmar un acuerdo federal para favorecer la explotación minera” dice la locutora/periodista. 

Uno de sus hijos piensa: “¡No, minería acá en Chubut!”.

La hija: “¿No saben que eso contamina el agua?”.

El tercero: “Siempre quieren llevarse nuestros recursos”.

El conductor: “Suficiente tenemos con la planta nuclear que quieren poner”. 

Pero la mujer sonríe sola: “Qué bueno que tenemos a alguien que no lo va a permitir”. 

Aparece entonces en cámara Mariano Arcioni diciendo: “Pensamos igual que vos. Por eso con Mario Das Neves cuidamos nuestros recursos, porque sabemos que así cuidamos el futuro de nuestra provincia”. 

El spot es de agosto de 2017, cuando el entonces vicegobernador se presentaba como precandidato a diputado. Dos meses después, en octubre, falleció Mario Das Neves y Arcioni asumió la gobernación. La comunidad no tardó mucho en detectar la vigencia de la teoría electoral-culinaria sobre los panqueques. 

Venía incubándose la crisis económica e institucional más profunda de Chubut. Cuando no pagó por primera vez los sueldos de los empleados provinciales, Arcioni declaró: “¿Me van a decir que no tienen un ahorro para aguantar unos días?”. 

La frase es de marzo de 2018. El conflicto lleva dos años y medio.  

Arcioni, escribano, tiene ahorros para aguantar unos días. Solo superado por Horacio Rodríguez Larreta, es el segundo gobernador más rico del país, al menos de los que hicieron públicos sus bienes. Declaró 32,2 millones de pesos que incluyen cuatro motos de alta gama, un Mercedes, un triciclo Can-Am, avión privado y al menos un par de hazañas inmobiliarias: 1) Tiene una casa en Comodoro Rivadavia que ocupa 3.279 metros cuadrados, por la que declara un valor de 57.000 pesos; 2) Posee un departamento con cochera en CABA, valuado en 0,86 pesos. 

Con un endeudamiento externo que se calcula en 1.150 millones de dólares Arcioni logró adelantar y ganar las elecciones de 2019 (39% de los votos). Había firmado paritarias prometiendo aumentos que jamás cumplió. 

“Es un estafador de la sociedad” describe Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut. “Nunca cumplió lo pactado en paritarias, abandonó escuelas y hospitales y es evidente que está al servicio de intereses que no son los de la provincia. Hace la plancha en plena crisis, y así genera las condiciones para que parezca que la minería es la gran salvación”. 

La crisis estalló después de las elecciones, cuando se hizo evidente el desfalco. Todavía hoy los estatales cobran con dos meses de atraso. 

Detalles de alta política: en las causas llamadas “Embrujo” y “Revelación” hay procesados y/o condenados al menos siete importantes funcionarios de la secuela Das Neves-Arcioni por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, malversaciones y otras ocurrencias de los llamados servidores públicos. Esto no colabora para generar confianza. Mientras no pagaba los sueldos, Arcioni logró presentar un proyecto de ley por el que incrementó su propio salario como gobernador en un 325%.

Alberto y Juan 

«En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia” dijo Alberto Fernández ante la Asociación Empresaria Argentina el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumir su cargo. 

Sonreían Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y Eduardo Esztain (IRSA), entre tantos. Dos días después en Mendoza se organizó una típica sesión exprés findeañera y con el voto sin grieta de Cambiemos, radicales y kirchneristas/peronistas se derogó la ley 7722 que prohibía la minería.

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

Fueron tan imponentes las marchas de repudio, fue tan histórica la salida de la gente a la calle y a las rutas en toda la provincia y la reacción social, que abarcó desde asambleas y sindicatos hasta comerciantes, productores y reinas de la Vendimia, que el gobernador Rodolfo Suárez terminó derogando su propia ley y los diputados y senadores que habían derogado la 7722, la repusieron diez días después en otra votación exprés. (El Mendoaguazo, MU 145).      

En Chubut Arcioni tuvo tiempo de observar esos terremotos mendocinos, y no avanzó con lo que Alberto Fernández había anunciado. 

Este año, en entrevista a Juan Cabandié (MU 148: Reciclado) el actual ministro de Medio Ambiente expresó sobre el tema de minería a cielo abierto:  

-Es muy claro que sin licencia social no se puede llevar a cabo ningún proyecto productivo. Sería de obcecado no darse cuenta y no revisar conceptos que uno tiene arraigados. 

¿Lo hablaron con el Presidente? 

Lo tiene muy claro. Él tiene la capacidad de decir que si no hay licencia social, no se puede hacer. Muchos pensaban que quizás la minería era factible para el desarrollo y hoy piensan distinto. 

Replay: “Si no hay licencia social, no se puede hacer”.

Me gusta la pandemia

El gobernador Arcioni venía pasando un 2020 relativamente calmo. Corina: “Le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo”.

Durante la cuarentena hubo 4.551 detenciones incluyendo a vecinas por baldear la vereda o valerosos enfrentamientos a balazos con repartidores de comida. La policía obligó a desnudarse a mujeres demoradas, se abrió un gimnasio municipal como centro de detención en Trelew, hasta que los recursos de amparo y hábeas corpus hicieron que el Poder Judicial ordenase detener esas muestras de violencia institucional contra la población. 

En abril se conoció un audio del comisario Paulino Gómez, jefe de la Comisaría 1ª de Trelew a un subordinado: “Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos”. 

El ministro de Seguridad mencionado por Gómez es Federico Massoni. Viviana Moreno, desde Esquel: “Es un tipo peligroso, violento, comanda los operativos haciendo todo un show mediático”. Pablo Palicio Lada, desde Trelew: “Es una mezcla de Sergio Berni con Patricia Bullrich”.

En una de las manifestaciones frente a la casa de gobierno hubo disturbios (vidrios rotos y un incendio sospechosamente oportuno), Massoni encabezó operativos, mostró cómo tiraban al piso y esposaban a un par de chicas adolescentes pero cuando las cámaras se apagaron nada pasó, porque no había a quién acusar. Inmediatamente un editorial del diario El Chubut planteó: “No hay en el arco político chubutense salvo la ultra izquierda y el ambientalismo extremo, que suele involucrarse en actividades ecoterroristas y vandálicas, una oposición cerrada a la minería”. 

Pablo: “Nunca publican nada de lo que hacemos en los estos medios bancados por la pauta oficial y de las mineras. Y ahora salen con esto para demonizarnos”. Curiosidad de los tiempos: estas empresas ignoran o insultan expresiones sociales en nombre de la libertad de expresión. 

Claudia Barrionuevo, secretaria adjunta de la CTA Autónoma: “Tratar de ecoterrorista a la gente de Chubut en los medios afines es parte de la estrategia del gobierno para generar un clima de provocación y de miedo. Pero aquí ya hay una generación entera de jóvenes que nació en esta discusión. Es algo transversal que cruza a trabajadores, comerciantes, profesionales, estudiantes”. 

Pablo: “Lo que pasa en la provincia es conmovedor, por ejemplo con la nueva Iniciativa Popular para que la Legislatura debata una ley que profundice la protección frente a las mineras”. 

Se reunieron 30.916 firmas en pleno invierno y plena pandemia en 48 localidades de la provincia, más del doble de lo exigido para que la Iniciativa sea tratada (MU 148). Seis años atrás se había intentado otra Iniciativa, con 13.007 firmas. Al tratarla, el parlamento tergiversó su contenido y de aquellas sesiones de 2014 es célebre la foto del diputado del FpV Gustavo Muñiz recibiendo en su celular mensajes con instrucciones de Gastón Berardi, gerente de la minera Yamana Gold. Aquella Iniciativa quedó en la nada, pero ante el escándalo el proyecto de impulso a la minería tampoco avanzó.    

Frente al avance de la Iniciativa Popular, Arcioni aceleró sus anuncios pro mineros, los diarios hablan de ecoterroristas y Massoni alista a la policía recargada. 

Montenegro: “Aquí hay una voluntad popular de rechazo a la minería”. Pero la CTA de los Trabajadores está alineada con el gobierno de Alberto Fernández que impulsa la movida de Arcioni. ¿Cómo encaran esa situación? 

“Nosotros ya dejamos claro que no solo rechazamos la minería, sino que participamos desde siempre en todas las luchas que haya. Pueden llamarnos Alberto Fernández, Cristina Fernández o cualquier dirigente a nivel nacional y la postura es la misma, porque somos parte de esto, es nuestra identidad. Justamente los gobiernos que se presentan como nacionales y populares lo primero que deben tener es respeto a la voluntad popular. Y acá la voluntad popular es que no hay licencia social para la minería”. 

Agrega Montenegro: “Esto se va a entender desde el diálogo político, o desde la resistencia social. Pero es lo mismo que planteamos siempre”.

Licencia Social 

Quien conozca Chubut sabe que el rechazo social a la minería es evidente, cotidiano y nada partidizado, mal que les pese a los empleados de El Chubut. El internacionalmente reconocido sitio noalamina.org hizo un repaso de expresiones de rechazo a la andanada minera en el ámbito institucional. Se manifestó en contra el vicegobernador Ricardo Sastre, y firmaron la segunda Iniciativa Popular Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, Miguel Antín y Zulema Andén por el oficialismo (Chubut al Frente), Tatiana Goic y Carlos Mantegna por el Bloque del PJ (Frente de Todos). El bloque PJ-Chubut también rechazó el proyecto de Arcioni (Belén Baskovc, Mónica Sasso, Adriana Casanovas, Carlos Eliceche, Rafael Williams y Mario Mansilla) así como Jacqueline Caminoa (presidenta de la UCR Chubut) y los diputados provinciales de la UCR-Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, Eso significa que hay 13 de 27 diputados que impedirían que se trate un proyecto sobre tablas (que requiere dos tercios de la cámara). 

Julián Raso, veinteañero, asambleísta, periodista y uno de los que sintetizó el trabajo de noalamina.org: “No es que queremos decir que hay que confiar en cada una de esas personas, pero sí remarcamos lo que hay planteado en los últimos meses. Sabemos que dentro del bloque del PJ hay pro mineros que se manifestaron en contra por Arcioni, así como hay radicales que ahora pueden estar en contra, pero cuando gobernaba Macri estaban a favor. Es un acomodamiento permanente”. 

Más sincero ve Julián lo que ocurre en la calle: “Hay jóvenes identificados con el gobierno actual a nivel nacional, pero sé que no negocian una cuestión como la minería acá en Chubut. Es algo de lo que se apropió totalmente la juventud, más allá de las ideas que tenga cada persona”. Sobre los políticos: “Yo valoro que se pronuncien y respeten la posición del pueblo. Hay gente que no los quiere ni ver. Es difícil confiar, porque en estos años hubo muchas traiciones, pero necesitamos que estén de nuestro lado”. 

Cálculo: “Si el No a la Mina sacó en Esquel más del 80% de los votos, quiere decir que muchas personas con diferentes formas de pensar fueron capaces de ponerse de acuerdo en un proyecto concreto. Eso es lo que tenemos que rescatar hoy”. Entre los rechazos a la minería tiene relevancia el de las comunidades mapuche-tehuelches de Chubut, amenazadas por el proyecto Navidad pese a sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art.75), Provincial (art. 34), y por el Convenio 169 de la OIT entre otros tratados internacionales.   

La enumeración que ordenó Julián continúa: Concejos Deliberantes como los de Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Epuyén y Rawson declararon de interés la Iniciativa Popular y en Lago Puelo, Cholila y Río Pico los respectivos Concejos rechazaron públicamente la intención del gobierno de avanzar con la megaminería. “Muchos de estos sectores son acusados por buena parte de la sociedad de hacer un uso oportunista: muchas declaraciones, pocos hechos concretos, demasiadas traiciones. Si hoy están en contra por convicción genuina o si lo están por provecho político no cambia la cuestión principal: la megaminería en Chubut no tiene licencia social” explica el texto. 

Otros rechazos: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, la Mesa de Unidad Sindical que nuclea gremios de la educación, la justicia, vialidad, salud, portuarios, empleados de medios estatales y legislativos (Atech, Sadop, Sitravich, CTA, Sitrajuch, Sisap, Sutap, Satsaid, Sitraed, Amet y Apel), las dos CTA, el gremio de Camioneros de Chubut (que dirigido por Jorge Taboada invitó incluso a Pablo Palicio Lada a dar charlas ilustrativas sobre una industria que rechazan, pese a que podría pensarse que beneficiaría al sindicato), la CGT del Valle a través de Jorge Collio, la Asamblea Interhospitaliaria del Noroeste, organismos de derechos humanos como la APDH, la Federación Argentina de Medicina General, partidos de izquierda, toda clase de institutos y fundaciones, la Asociación de Guías Balleneros, expresiones de la religión como el obispo José Slavy o el padre Tono, asociaciones de comerciantes, científicos de las universidades de Chubut y San Juan Bosco que escribieron trabajos demostrando que la minería no representa progreso sino atraso y decadencia.   

La intención del texto es mostrar la oposición institucional a la minería, aunque lo más fuerte sigue siendo otra cosa: la gente que sale a la calle con pancartas o con antorchas. Como pasa el 4 de cada mes en casi toda la provincia, frecuencia incrementada a dos acciones por semana (martes y jueves) como parte de una campaña hacia la Legislatura en Rawson llamada: “Los estamos mirando”. 

Corina: “Los chicos en sus grupos de whatsapp hablan de estos temas. Eso me emociona. Pese a todos los miedos por las actitudes del gobierno, cuando veo eso digo que es en serio: no pasarán”. 

El Sí de Chubut

Claudia Barrionuevo: “No hay una provincia minera que haya resuelto sus problemas económicos y financieros”. Julián: “Chubut no es una provincia pobre, sino fundida”. Es la 4ª provincia exportadora del país (detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). En el primer semestre de 2019 exportó 1.399 millones de dólares, más que su vecina y agujereada por la minería Santa Cruz, más del doble que la hiperminera San Juan (623 millones) y 21 veces más que Catamarca, que tiene Bajo Alumbrera como el gran proyecto minero del país trabajando desde hace 20 años.  

Viviana: “Tenemos el petróleo como problema que genera daño, pero hay además turismo, ganadería, cultivos, exportaciones de frutas finas, la pesca. El problema es que destruyen con políticas desacertadas y corrupción. Siento que estamos en manos de unos locos”.   

Un concejal de Esquel, Hernán Alonso, fue ministro de Producción provincial con el propio Arcioni, pero rechaza la minería y sostuvo en una sesión del Concejo que a través de la ganadería hay opciones diferentes a la minería. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut a través de Mariana Chávez explicó: “Si apostamos a desarrollar la producción de alimentos en una zona central que tiene alcance a la costa y cordillera, tenemos el poder de sustentabilidad y es más necesario que una explotación minera. Estamos trabajando con proyectos cooperativos. La tierra de la meseta es abundante para producción de alimentos sanos para las familias de la cordillera. Salimos del campo a la mesa del vecino y vecina, saltando especulaciones en el medio. La zona de Paso del Sapo, a la vera del río Chubut, es apta para producciones vitivinícolas, donde también producimos tomates por el microclima especial que tiene”. La UTT en diferentes geografías ha demostrado la capacidad de la agroecología para producir alimentos sanos, a buenos precios, con beneficio para productores y consumidores. Hasta se podría pensar en exportar parte de esa producción, según lo reitera Miryam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. 

La provincia puede encarar muchas propuestas, pero el gran proyecto que simboliza su gente es otro: la capacidad de las comunidades para plantear formas más genuinas de democracia, de participación real de la ciudadanía, de libertad de expresión no enjaulada por corporaciones mediáticas, de rebeldía frente a la prepotencia, de acción sin exclusiones, de comunicación, de hacer las cosas sin patrones ni “dirigentes” que ya no se sabe hacia dónde dirigen las cosas.

Chubut le dice Sí al ambiente, a la comunidad, al agua, a la convivencia. Otra vez, y como siempre, en estos días vuelve a estar en juego el destino de esa apuesta cotidiana por la vida. 

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Nicolás Palacios

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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