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Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería

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Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
La convocatoria a discutir la Ley que pretende instalar la megaminería en la provincia. Hay sospechas de fraude para concretar la posible votación. El «encuentro» será absolutamente virtual: la Legislatura estará vacía.

La Legislatura llamó a sesión ordinaria para este jueves 4 de marzo, justamente la fecha de cada mes en que Chubut entero se moviliza, para tratar el proyecto de Ley 128/20 por el cual el Ejecutivo provincial ocupado por Mariano Arcioni (con el apoyo explícito del nacional, hasta que se demuestre lo contrario) intenta imponer la minería a cielo abierto que la población rechaza desde 2003. En distintos lugares de la provincia la gente se está convocando a las rutas para rechazar este escándalo institucional. Desde 2020 la Unión de Asambleas Chubutenses llama a esta expresión el Chubutaguazo: una forma de hacer ver que el rechazo a la minería tiene que ver, a la vez, con la defensa de uno de los más vitales bienes comunes: el agua.

Como el proyecto no tiene mayoría propia, se sospecha sobre la súbita “desaparición”, “falta de internet”, falta de electricidad o cualquier otro tipo de fraude para que diputados contrarios al proyecto no puedan participar, o se excusen de hacerlo, y el proyecto pueda ser votado por una mayoría simple que en realidad no existe. Estas maniobras ya han sido denunciadas penalmente. La Legislatura tiene 27 diputados, y el proyecto precisa 14 votos que no tiene, salvo que la cuestión económica haya torcido voluntades en los últimos días. El sindicato docente ATECH y la CTA provincial ya han llamado a Paro Ambiental para este jueves 4 de marzo.

La movilización comenzó el miércoles en la provincia entera, bajo la certeza de que, además de la arbitrariedad del proyecto, lo que esconde la jugada minera es un hecho de corrupción sin grieta, que abarca a sectores oficialistas y opositores suculentamente beneficiados por los aportes de empresas como Pan American Silver, que se juega en esta presión la realización del proyecto Navidad, en la meseta chubutense.

Entre los firmantes del despacho se encuentran unidos el kirlchnerista Carlos Eliseche y el macrista Sebastián López, el mismo que fue detectado con una cámara oculta hablando del cobro de 100.000 (muchos creyeron que eran pesos, pero no). Allí aseguraba estar “en la rosca, lobby, lo que tenga que ver con el progreso y con destrabar cosas”. La cosa a destrabar desde 2003 para este tipo de empresas y de funcionarios, es el rechazo ciudadano a la instalación de los proyectos megamineros.

Se conoció también el año pasado el audio de otra legisladora, Leila Lloyd Jones, en el que decía que a los desocupados les sugería ir a pedirle trabajo a los diputados que votan a favor dela minera: “A ellos les pagaron 10 millones de pesos” dijo.

Uno de los cientos de comunicados conocidos a partir de esta decisión, que puede leerse como explicación a la vez del clima social en la provincia:

“URGENTE: CHUBUT A LAS CALLES. #chubutAGUAzo El gobierno de Chubut acaba de anunciar por decreto que este viernes 5 de febrero Legislatura provincial deberá dar tratamiento al proyecto de ley zonificación minera 128/20 RECHAZADO por todo el pueblo de Chubut: comunidades originarias, asambleas sociambientales en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, sectores académicos (Conicet, UNPSJB, UTN, Universidad del Chubut), Asociación de Pediatría, Inta, UTT, medios comunitarios, Iglesias católica y metodista, entes turísticos, Cuerpo de guardafaunas de la provincia de Chubut, Asociación de guías balleneros, personal del Min. de Turismo y Áreas Protegidas, y sectores en lucha: sindicatos, partidos, trabajadores, multisectorial feminista y disidencias… EL GOBIERNO AVANZA, EL PUEBLO TAMBIÉN! Necesitamos ayuda en la difusión. Gracias!!! Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn en UACCh (Unión de Asambleas de comunidades Chubut)”.

El tratamiento de este proyecto ignora la Iniciativa Popular convocada por todas las localidades chubutenses durante 2020. Es la segunda vez que un mecanismo constitucional es motivo de cajoneo o indiferencia por parte de una Legislatura que debería tratar esa iniciativa en lugar de aniquilarla.

Los días 4 de cada mes la provincia se moviliza contra la minería. Este 4 esa práctica del ejercicio de ciudadanía y resistencia se pondrá nuevamente en juego frente a los mecanismos de lo peor de la política, como burla a cualquier idea sobre una genuina democracia.  

Como aporte al contexto de esta situación publicamos aquí la nota de la revista MU de diciembre de 2020. Todos los “no” y todos los “sí” que plantea el conflicto en Chubut

Chubut contra la megaminería: la rebelión del NO

La situación de Chubut empeora minuto a minuto con la decisión del gobierno provincial y la presión nacional por aprobar la minería a cielo abierto pese al rechaza y la falta de licencia social. Es uno de los conflictos sociales más impactantes de la época. Ante una nueva avanzada de la minería en una provincia rica pero fundida por la clase política, las comunidades se movilizan planteando que no hay licencia social para las falsas soluciones que promueven las corporaciones, el gobierno provincial y el nacional. Todos los ”Sí” de Chubut: democracia genuina, agua, trabajo digno, naturaleza, bienes comunes, salud, defensa de la vida y de otros modos de producción. Sergio Ciancaglini

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
 Foto: Alex Dukal / Luan

Lo que ocurre en Chubut no es un conflicto “ambiental”: es un conflicto de la democracia.  

No se limita a lo “ecológico” sino que se trata, además, de producción y futuro. Participan personas que no son “ambientalistas” sino vecinas de toda la provincia. Una de sus pancartas postula: “No somos green-pis, somos la ballena”. 

Tampoco es un problema solo “chubutense” sino de todo el país (esa vasta zona geográfica habitualmente ninguneada por el narcisismo político y mediático porteño).    

Y no es una expresión de “movimientos sociales” sino de algo mucho más profundo: una sociedad en movimiento.  

Esa sociedad rechaza la instalación de la megaminería en la provincia desde hace 18 años a través de movilización social, participación ciudadana y mecanismos institucionales. 

Ejemplos: el plebiscito de Esquel que rechazó la minería con el 82% de los votos, la consecuente Ley 5001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en toda la provincia, y la segunda Iniciativa Popular que se acaba de presentar con 30.916 firmas, más del doble de lo que exige el padrón electoral, para profundizar por ley la prohibición de la actividad minera.  

La última respuesta del gobierno del oficialista Mariano Arcioni, es la siguiente: 

En un encuentro del llamado “Plan Estratégico Minero Argentino” el propio gobernador anunció este noviembre que zonificarán la provincia para instalar la minería, pese a que está prohibida. Escuchaban complacidos los ministros nacionales Matías Kulfas (Producción) y Alberto Helsen (Minería). Buscan habilitar en la meseta el proyecto Navidad (de plata y plomo) regenteado por Pan American Silver. 

Pocos días después, mientras crecían las movilizaciones en todas las comunidades contra esa declaración, Arcioni aprobó el protocolo para el uso de armas de fuego por parte de la policía chubutense (para envidia de Patricia Bullrich) y mandó comprar 25 pistolas tipo Taser.  

Traducción: “El gobierno está prendiendo la mecha del estallido social” dice la directora de escuela Corina Milán. Llamó la atención una frase de Arcioni según la cual el de la minería es “un debate postergado”. “Hace 18 años que venimos debatiendo y planteando que no hay licencia social”. 

La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut llamó a alerta máxima ante el nuevo protocolo: “Dicha resolución habilita el uso de armas de fuego en situaciones difusas y dudosas, generando un riesgo para la población en su conjunto, especialmente en un escenario de alta conflictividad social y movilización. Resulta sumamente preocupante que un ministro con los antecedentes de Federico Massoni ponga en vigencia este protocolo que recuerda la nefasta Doctrina Chocobar”.  

La bioquímica jubilada Viviana Moreno agrega: “Están desesperados. Quieren dejar a la provincia como un queso Gruyere, a cualquier precio. Así no va a haber paz social. Cuando decimos que no, ¿qué parte es la que no entienden?” 

Los ahorros de Arcioni 

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

La imagen muestra a una familia que atraviesa en auto un paisaje patagónico. El hombre que maneja enciende la radio. 

“Noticias nacionales, el gobierno nacional propone firmar un acuerdo federal para favorecer la explotación minera” dice la locutora/periodista. 

Uno de sus hijos piensa: “¡No, minería acá en Chubut!”.

La hija: “¿No saben que eso contamina el agua?”.

El tercero: “Siempre quieren llevarse nuestros recursos”.

El conductor: “Suficiente tenemos con la planta nuclear que quieren poner”. 

Pero la mujer sonríe sola: “Qué bueno que tenemos a alguien que no lo va a permitir”. 

Aparece entonces en cámara Mariano Arcioni diciendo: “Pensamos igual que vos. Por eso con Mario Das Neves cuidamos nuestros recursos, porque sabemos que así cuidamos el futuro de nuestra provincia”. 

El spot es de agosto de 2017, cuando el entonces vicegobernador se presentaba como precandidato a diputado. Dos meses después, en octubre, falleció Mario Das Neves y Arcioni asumió la gobernación. La comunidad no tardó mucho en detectar la vigencia de la teoría electoral-culinaria sobre los panqueques. 

Venía incubándose la crisis económica e institucional más profunda de Chubut. Cuando no pagó por primera vez los sueldos de los empleados provinciales, Arcioni declaró: “¿Me van a decir que no tienen un ahorro para aguantar unos días?”. 

La frase es de marzo de 2018. El conflicto lleva dos años y medio.  

Arcioni, escribano, tiene ahorros para aguantar unos días. Solo superado por Horacio Rodríguez Larreta, es el segundo gobernador más rico del país, al menos de los que hicieron públicos sus bienes. Declaró 32,2 millones de pesos que incluyen cuatro motos de alta gama, un Mercedes, un triciclo Can-Am, avión privado y al menos un par de hazañas inmobiliarias: 1) Tiene una casa en Comodoro Rivadavia que ocupa 3.279 metros cuadrados, por la que declara un valor de 57.000 pesos; 2) Posee un departamento con cochera en CABA, valuado en 0,86 pesos. 

Con un endeudamiento externo que se calcula en 1.150 millones de dólares Arcioni logró adelantar y ganar las elecciones de 2019 (39% de los votos). Había firmado paritarias prometiendo aumentos que jamás cumplió. 

“Es un estafador de la sociedad” describe Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut. “Nunca cumplió lo pactado en paritarias, abandonó escuelas y hospitales y es evidente que está al servicio de intereses que no son los de la provincia. Hace la plancha en plena crisis, y así genera las condiciones para que parezca que la minería es la gran salvación”. 

La crisis estalló después de las elecciones, cuando se hizo evidente el desfalco. Todavía hoy los estatales cobran con dos meses de atraso. 

Detalles de alta política: en las causas llamadas “Embrujo” y “Revelación” hay procesados y/o condenados al menos siete importantes funcionarios de la secuela Das Neves-Arcioni por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, malversaciones y otras ocurrencias de los llamados servidores públicos. Esto no colabora para generar confianza. Mientras no pagaba los sueldos, Arcioni logró presentar un proyecto de ley por el que incrementó su propio salario como gobernador en un 325%.

Alberto y Juan 

«En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera. Y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia” dijo Alberto Fernández ante la Asociación Empresaria Argentina el 18 de diciembre de 2019, a una semana de asumir su cargo. 

Sonreían Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), y Eduardo Esztain (IRSA), entre tantos. Dos días después en Mendoza se organizó una típica sesión exprés findeañera y con el voto sin grieta de Cambiemos, radicales y kirchneristas/peronistas se derogó la ley 7722 que prohibía la minería.

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Aníbal Aguaisol / Luan

Fueron tan imponentes las marchas de repudio, fue tan histórica la salida de la gente a la calle y a las rutas en toda la provincia y la reacción social, que abarcó desde asambleas y sindicatos hasta comerciantes, productores y reinas de la Vendimia, que el gobernador Rodolfo Suárez terminó derogando su propia ley y los diputados y senadores que habían derogado la 7722, la repusieron diez días después en otra votación exprés. (El Mendoaguazo, MU 145).      

En Chubut Arcioni tuvo tiempo de observar esos terremotos mendocinos, y no avanzó con lo que Alberto Fernández había anunciado. 

Este año, en entrevista a Juan Cabandié (MU 148: Reciclado) el actual ministro de Medio Ambiente expresó sobre el tema de minería a cielo abierto:  

-Es muy claro que sin licencia social no se puede llevar a cabo ningún proyecto productivo. Sería de obcecado no darse cuenta y no revisar conceptos que uno tiene arraigados. 

¿Lo hablaron con el Presidente? 

Lo tiene muy claro. Él tiene la capacidad de decir que si no hay licencia social, no se puede hacer. Muchos pensaban que quizás la minería era factible para el desarrollo y hoy piensan distinto. 

Replay: “Si no hay licencia social, no se puede hacer”.

Me gusta la pandemia

El gobernador Arcioni venía pasando un 2020 relativamente calmo. Corina: “Le vino bien la desgracia de la pandemia y del aislamiento para encerrar a toda la población y generar una política que no es de tranquilidad, sino de miedo”.

Durante la cuarentena hubo 4.551 detenciones incluyendo a vecinas por baldear la vereda o valerosos enfrentamientos a balazos con repartidores de comida. La policía obligó a desnudarse a mujeres demoradas, se abrió un gimnasio municipal como centro de detención en Trelew, hasta que los recursos de amparo y hábeas corpus hicieron que el Poder Judicial ordenase detener esas muestras de violencia institucional contra la población. 

En abril se conoció un audio del comisario Paulino Gómez, jefe de la Comisaría 1ª de Trelew a un subordinado: “Zabala, por favor te pido, activá en el centro ahora. Tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la (comisaría) Primera no tiene detenidos”. 

El ministro de Seguridad mencionado por Gómez es Federico Massoni. Viviana Moreno, desde Esquel: “Es un tipo peligroso, violento, comanda los operativos haciendo todo un show mediático”. Pablo Palicio Lada, desde Trelew: “Es una mezcla de Sergio Berni con Patricia Bullrich”.

En una de las manifestaciones frente a la casa de gobierno hubo disturbios (vidrios rotos y un incendio sospechosamente oportuno), Massoni encabezó operativos, mostró cómo tiraban al piso y esposaban a un par de chicas adolescentes pero cuando las cámaras se apagaron nada pasó, porque no había a quién acusar. Inmediatamente un editorial del diario El Chubut planteó: “No hay en el arco político chubutense salvo la ultra izquierda y el ambientalismo extremo, que suele involucrarse en actividades ecoterroristas y vandálicas, una oposición cerrada a la minería”. 

Pablo: “Nunca publican nada de lo que hacemos en los estos medios bancados por la pauta oficial y de las mineras. Y ahora salen con esto para demonizarnos”. Curiosidad de los tiempos: estas empresas ignoran o insultan expresiones sociales en nombre de la libertad de expresión. 

Claudia Barrionuevo, secretaria adjunta de la CTA Autónoma: “Tratar de ecoterrorista a la gente de Chubut en los medios afines es parte de la estrategia del gobierno para generar un clima de provocación y de miedo. Pero aquí ya hay una generación entera de jóvenes que nació en esta discusión. Es algo transversal que cruza a trabajadores, comerciantes, profesionales, estudiantes”. 

Pablo: “Lo que pasa en la provincia es conmovedor, por ejemplo con la nueva Iniciativa Popular para que la Legislatura debata una ley que profundice la protección frente a las mineras”. 

Se reunieron 30.916 firmas en pleno invierno y plena pandemia en 48 localidades de la provincia, más del doble de lo exigido para que la Iniciativa sea tratada (MU 148). Seis años atrás se había intentado otra Iniciativa, con 13.007 firmas. Al tratarla, el parlamento tergiversó su contenido y de aquellas sesiones de 2014 es célebre la foto del diputado del FpV Gustavo Muñiz recibiendo en su celular mensajes con instrucciones de Gastón Berardi, gerente de la minera Yamana Gold. Aquella Iniciativa quedó en la nada, pero ante el escándalo el proyecto de impulso a la minería tampoco avanzó.    

Frente al avance de la Iniciativa Popular, Arcioni aceleró sus anuncios pro mineros, los diarios hablan de ecoterroristas y Massoni alista a la policía recargada. 

Montenegro: “Aquí hay una voluntad popular de rechazo a la minería”. Pero la CTA de los Trabajadores está alineada con el gobierno de Alberto Fernández que impulsa la movida de Arcioni. ¿Cómo encaran esa situación? 

“Nosotros ya dejamos claro que no solo rechazamos la minería, sino que participamos desde siempre en todas las luchas que haya. Pueden llamarnos Alberto Fernández, Cristina Fernández o cualquier dirigente a nivel nacional y la postura es la misma, porque somos parte de esto, es nuestra identidad. Justamente los gobiernos que se presentan como nacionales y populares lo primero que deben tener es respeto a la voluntad popular. Y acá la voluntad popular es que no hay licencia social para la minería”. 

Agrega Montenegro: “Esto se va a entender desde el diálogo político, o desde la resistencia social. Pero es lo mismo que planteamos siempre”.

Licencia Social 

Quien conozca Chubut sabe que el rechazo social a la minería es evidente, cotidiano y nada partidizado, mal que les pese a los empleados de El Chubut. El internacionalmente reconocido sitio noalamina.org hizo un repaso de expresiones de rechazo a la andanada minera en el ámbito institucional. Se manifestó en contra el vicegobernador Ricardo Sastre, y firmaron la segunda Iniciativa Popular Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, Miguel Antín y Zulema Andén por el oficialismo (Chubut al Frente), Tatiana Goic y Carlos Mantegna por el Bloque del PJ (Frente de Todos). El bloque PJ-Chubut también rechazó el proyecto de Arcioni (Belén Baskovc, Mónica Sasso, Adriana Casanovas, Carlos Eliceche, Rafael Williams y Mario Mansilla) así como Jacqueline Caminoa (presidenta de la UCR Chubut) y los diputados provinciales de la UCR-Juntos por el Cambio, María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, Eso significa que hay 13 de 27 diputados que impedirían que se trate un proyecto sobre tablas (que requiere dos tercios de la cámara). 

Julián Raso, veinteañero, asambleísta, periodista y uno de los que sintetizó el trabajo de noalamina.org: “No es que queremos decir que hay que confiar en cada una de esas personas, pero sí remarcamos lo que hay planteado en los últimos meses. Sabemos que dentro del bloque del PJ hay pro mineros que se manifestaron en contra por Arcioni, así como hay radicales que ahora pueden estar en contra, pero cuando gobernaba Macri estaban a favor. Es un acomodamiento permanente”. 

Más sincero ve Julián lo que ocurre en la calle: “Hay jóvenes identificados con el gobierno actual a nivel nacional, pero sé que no negocian una cuestión como la minería acá en Chubut. Es algo de lo que se apropió totalmente la juventud, más allá de las ideas que tenga cada persona”. Sobre los políticos: “Yo valoro que se pronuncien y respeten la posición del pueblo. Hay gente que no los quiere ni ver. Es difícil confiar, porque en estos años hubo muchas traiciones, pero necesitamos que estén de nuestro lado”. 

Cálculo: “Si el No a la Mina sacó en Esquel más del 80% de los votos, quiere decir que muchas personas con diferentes formas de pensar fueron capaces de ponerse de acuerdo en un proyecto concreto. Eso es lo que tenemos que rescatar hoy”. Entre los rechazos a la minería tiene relevancia el de las comunidades mapuche-tehuelches de Chubut, amenazadas por el proyecto Navidad pese a sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art.75), Provincial (art. 34), y por el Convenio 169 de la OIT entre otros tratados internacionales.   

La enumeración que ordenó Julián continúa: Concejos Deliberantes como los de Esquel, Trevelin, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Epuyén y Rawson declararon de interés la Iniciativa Popular y en Lago Puelo, Cholila y Río Pico los respectivos Concejos rechazaron públicamente la intención del gobierno de avanzar con la megaminería. “Muchos de estos sectores son acusados por buena parte de la sociedad de hacer un uso oportunista: muchas declaraciones, pocos hechos concretos, demasiadas traiciones. Si hoy están en contra por convicción genuina o si lo están por provecho político no cambia la cuestión principal: la megaminería en Chubut no tiene licencia social” explica el texto. 

Otros rechazos: el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, siete institutos pertenecientes al Centro Nacional Patagónico del CONICET, la Mesa de Unidad Sindical que nuclea gremios de la educación, la justicia, vialidad, salud, portuarios, empleados de medios estatales y legislativos (Atech, Sadop, Sitravich, CTA, Sitrajuch, Sisap, Sutap, Satsaid, Sitraed, Amet y Apel), las dos CTA, el gremio de Camioneros de Chubut (que dirigido por Jorge Taboada invitó incluso a Pablo Palicio Lada a dar charlas ilustrativas sobre una industria que rechazan, pese a que podría pensarse que beneficiaría al sindicato), la CGT del Valle a través de Jorge Collio, la Asamblea Interhospitaliaria del Noroeste, organismos de derechos humanos como la APDH, la Federación Argentina de Medicina General, partidos de izquierda, toda clase de institutos y fundaciones, la Asociación de Guías Balleneros, expresiones de la religión como el obispo José Slavy o el padre Tono, asociaciones de comerciantes, científicos de las universidades de Chubut y San Juan Bosco que escribieron trabajos demostrando que la minería no representa progreso sino atraso y decadencia.   

La intención del texto es mostrar la oposición institucional a la minería, aunque lo más fuerte sigue siendo otra cosa: la gente que sale a la calle con pancartas o con antorchas. Como pasa el 4 de cada mes en casi toda la provincia, frecuencia incrementada a dos acciones por semana (martes y jueves) como parte de una campaña hacia la Legislatura en Rawson llamada: “Los estamos mirando”. 

Corina: “Los chicos en sus grupos de whatsapp hablan de estos temas. Eso me emociona. Pese a todos los miedos por las actitudes del gobierno, cuando veo eso digo que es en serio: no pasarán”. 

El Sí de Chubut

Claudia Barrionuevo: “No hay una provincia minera que haya resuelto sus problemas económicos y financieros”. Julián: “Chubut no es una provincia pobre, sino fundida”. Es la 4ª provincia exportadora del país (detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). En el primer semestre de 2019 exportó 1.399 millones de dólares, más que su vecina y agujereada por la minería Santa Cruz, más del doble que la hiperminera San Juan (623 millones) y 21 veces más que Catamarca, que tiene Bajo Alumbrera como el gran proyecto minero del país trabajando desde hace 20 años.  

Viviana: “Tenemos el petróleo como problema que genera daño, pero hay además turismo, ganadería, cultivos, exportaciones de frutas finas, la pesca. El problema es que destruyen con políticas desacertadas y corrupción. Siento que estamos en manos de unos locos”.   

Un concejal de Esquel, Hernán Alonso, fue ministro de Producción provincial con el propio Arcioni, pero rechaza la minería y sostuvo en una sesión del Concejo que a través de la ganadería hay opciones diferentes a la minería. 

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) de Chubut a través de Mariana Chávez explicó: “Si apostamos a desarrollar la producción de alimentos en una zona central que tiene alcance a la costa y cordillera, tenemos el poder de sustentabilidad y es más necesario que una explotación minera. Estamos trabajando con proyectos cooperativos. La tierra de la meseta es abundante para producción de alimentos sanos para las familias de la cordillera. Salimos del campo a la mesa del vecino y vecina, saltando especulaciones en el medio. La zona de Paso del Sapo, a la vera del río Chubut, es apta para producciones vitivinícolas, donde también producimos tomates por el microclima especial que tiene”. La UTT en diferentes geografías ha demostrado la capacidad de la agroecología para producir alimentos sanos, a buenos precios, con beneficio para productores y consumidores. Hasta se podría pensar en exportar parte de esa producción, según lo reitera Miryam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. 

La provincia puede encarar muchas propuestas, pero el gran proyecto que simboliza su gente es otro: la capacidad de las comunidades para plantear formas más genuinas de democracia, de participación real de la ciudadanía, de libertad de expresión no enjaulada por corporaciones mediáticas, de rebeldía frente a la prepotencia, de acción sin exclusiones, de comunicación, de hacer las cosas sin patrones ni “dirigentes” que ya no se sabe hacia dónde dirigen las cosas.

Chubut le dice Sí al ambiente, a la comunidad, al agua, a la convivencia. Otra vez, y como siempre, en estos días vuelve a estar en juego el destino de esa apuesta cotidiana por la vida. 

Paro ambiental y movilizaciones contra la corrupción y el fraude en Chubut: el gobierno vuelve a querer imponer la mega minería
Foto: Nicolás Palacios

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos. 

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para  relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós. 

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Sabrina Ortíz presentó una iniciativa para frenar la Ley del Cáncer.
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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

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Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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9 años sin Lucía Pérez

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La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

9 años sin Lucía Pérez

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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