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¿Chau glifosato?: un freno en México, vía libre en Argentina

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El anuncio de México sobre la progresiva sustitución del glifosato y del maíz transgénico sin glifosato revela la pulseada actual, las presiones de las corporaciones y agencias de EEU como portavoces de la industria para evitar su implementación. Las dudas de las comunidades en lucha sobre la medida y el señalamiento de la urgencia del cambio total del modelo productivo veneno-dependiente. Mientras, en nuestro país, no se avizoran medidas concretas para evitar sigamos ostentando el triste récord de ser uno de los países más pulverizados del mundo, pese a que el Ministro de Ambiente calificó al glifosato como un «veneno».

Por Anabel Pomar

El último día del 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto[1] que ordena a las instituciones públicas a «sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación”  del glifosato » estableciendo una transición que tiene como plazo final el 31 de diciembre de 2024. En el decreto se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos «por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas», y que resulten «seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente».

También instruye a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a promover las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para evitar el uso de  maíz genéticamente modificado en México, a más tardar en el primer semestre del año 2023,

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de México (Semarnat), el 60,6 % de las hectáreas de producción en ese país -que en términos ilustrativos equivale a la superficie de Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia en su conjunto[2]– utilizan herbicidas químicos.

México integra, desde su anuncio de restringir las importaciones de glifosato en 2019, uno de los 40 países de todo el mundo[3]  donde se han tomado medidas para limitar el uso o prohibir el herbicida probable cancerígeno y genotóxico con medidas de diferentes tipos y alcances.

Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), enciende algunas alertas sobre el decreto al señalar que “al poner plazo a 2024 para ver cómo sustituir al glifosato y “evitar” su uso (no prohibirlo) probablemente la consideración quede en manos de un próximo gobierno. Todo revuelto con algunas frases que suenan bien pero son expresiones de deseo, que se pueden o no cumplir”[4].

La Red en Defensa del Maíz, en la misma línea, expresó que al involucrarse a diferentes organismos (secretarías de salud, medio ambiente, agricultura y Conacyt) en “lo que podrían hacer para sustituir el glifosato gradualmente, con tantas condicionantes y limitaciones, podrían también concluir que no pueden hacer nada, sea verdad o excusa”. Y que “del documento emana la enorme confusión de asumir que la defensa de la agricultura, de la alimentación, del maíz y la “autosuficiencia alimentaria”, atañen meramente al ámbito institucional, donde no es la gente implicada directamente la que pudiera decidir nada, y donde tales instituciones sólo pueden hacer cosas siempre y cuando no contravengan “la normatividad aplicable y el ámbito de su competencia”, lo que le forja pies de barro al texto”.[5]

Por su parte desde la Campaña nacional “Sin maíz, no hay país” en un comunicado público[6] expresó: “El tiempo de saldar la deuda histórica con campesinas y campesinos, con la diversidad genética en México llegó y celebramos que con esta propuesta de decreto presidencial se prohíba la siembra de maíz transgénico de inmediato y el glifosato de manera progresiva para 2024. Son pasos importantes para avanzar hacia una producción ecológica que preserve la biodiversidad y la agrobiodiversidad forjada en manos campesinas desde hace milenios, dándonos la oportunidad de transitar hacia un medio ambiente sano y un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable”.

Lo cierto es que luego de conocerse el Decreto, en México se juega una pulseada que trasciende lo local y la importante e histórica lucha por la defensa del maíz en ese país. Lo que suceda allí permitirá conocer si es posible un Estado pueda encarar y cumplir con una agenda de prohibición del glifosato que brinde respuestas a su campesinado y no se agote en un agrotóxico sino en un cambio del modelo productivo, y que sea capaz de resistir  los embates de sectores agroindustriales concentrados, actores de terceros estados, y  corporaciones.

Lobby feroz

Mediante solicitudes de acceso a la información, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan cómo funcionarios de varias agencias de EEUU intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del glifosato. «Se está convirtiendo en un severo problema», puede leerse en uno de los correos difundidos públicamente en el diario británico The Guardian en febrero de este año[7]. Y también, cómo esas agencias directamente presionaron sobre autoridades mexicanas con la agenda y la estrategia marcada por las corporaciones a través de Croplife.

El conocido grupo de lobby agrupa  a los gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, condenada en tres oportunidades por ocultar con malicia el riesgo del Roundup y por haber sido sustancial para provocar cáncer a Dewayne Johnson, Ed Hardeman, Alva y Alberta Pilliod. Bayer enfrenta más de 100 mil demandas y busca sin éxito cerrar un acuerdo extrajudicial que ponga fin a los juicios pero que aún (al cierre de esta nota) no se concreta, pese a los innumerables medios de comunicación que han asegurado lo contrario.

Consultado por MU, Nathan Donley, del Centro para la Diversidad Biológica detalla que el cruce de correos, de un lapso de 18 meses, es una “historia triste”: “Básicamente, estamos viendo que los intereses corporativos dictan las actividades del gobierno de los EE. UU. De una manera que no beneficia a nuestra sociedad y solo beneficia a los que están en el poder. Piensan en nosotros como mercenarios y, lamentablemente, a menudo estamos dispuestos a complacerlos”.

En los correos difundidos, queda evidenciado cómo la industria de agroquímicos presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y Canadá, conocido como T-MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, vigente desde el 1 de julio de 2020.

La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los cultivos transgénicos generan preocupación «respecto al cumplimiento» del T-MEC. De esta forma, la industria a través de agencias estatales presiona al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial[8].

Estas presiones ya habían sido expuestas por Víctor Toledo, ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de México, (Semarnat).  En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno estadounidense y funcionarios de «20 embajadas en México» mostraron una respuesta «apabullante» tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados como altamente peligrosos. Y abiertamente en los medios denunció la “operación glifosato” destinada para acabar con cualquier plan de eliminación de ese agrotóxico[9].

En tierra mexicana el lobby está encabezado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) -que reúne a productores industriales y que tiene entre sus integrantes a Bayer, Corteva y Syngenta, entre otras corporaciones-, organismo que anunció iniciará un plan de acciones[10] -que contará con una inversión inicial de 12 millones de pesos (mexicanos)- que incluyen la contratación de un grupo de abogados para emprender acciones legales contra el decreto para la eliminación del uso del glifosato, la identificación de las violaciones a los acuerdos internacionales y una campaña de comunicación para reforzar sus planes.

“Es un veneno”

En Argentina, el viernes 15 de mayo de 2020, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en el marco de una reunión virtual de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, criticó el uso del glifosato y lo calificó como contaminante y venenoso. «Ustedes saben lo que significa el uso del glifosato, que es un veneno. Contamina las napas freáticas y se fumiga la cara de los niños en las escuelas rurales y las de los centros urbanos. Hay muertes producto del glifosato. Si hiciésemos un estudio de sangre, nos alarmaríamos fuertemente. Si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida, nos alarmaríamos», expresó. 

Esa sola mención, ya que posteriormente no hubo anuncios ni avances de ninguna política concreta que busquen limitar el uso de glifosato, alcanzó para que los sectores del agro concentrado salieran públicamente a marcarle agresivamente la cancha a Cabandié. Quién también recibió amenazas en sus redes sociales. “Negro hijo de mil puta. Me la paso todo el año arriba de un tractor. (…) Si algún día andas por Zárate te vacío el cargador en la cabeza”, le escribieron en Instagram.

A casi un año de ese  reconocimiento de Cabandié sobre la peligrosidad del Glifosato no se conoce que su Ministerio trabaje en ninguna medida concreta para que en Argentina se restringa o prohíba su uso.

Esa señal sumada al rumbo vigente de las políticas nacionales del resto de las carteras que profundizan el agro-negocio no permiten augurar ningún camino que sume a Argentina la larga lista de países que buscan priorizar la salud de su ciudadanía y la consecución de la soberanía alimentaria frente al modelo veneno-dependiente.


[1] Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 31 de dic de 2020.- Andrés Manuel López Obrador https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020   

[2] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/la-produccion-agricola-nacional-puede-avanzar-sin-aplicar-glifosato-coinciden-expertos?idiom=es

[3] https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/where-is-glyphosate-banned/

[4] Silvia Ribeiro en Desinformemos, texto reproducido con permiso de la autora. https://desinformemonos.org/glifosato-maiz-y-simulacros/

[5] http://redendefensadelmaiz.net/2021/02/diez-puntualizaciones-a-un-memorandum-presidencial-sobre-el-glifosato-y-el-maiz-geneticamente-modificado/

[6] http://sinmaiznohaypais.org/archivos/1895

[7] https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/revealed-monsanto-mexico-us-glyphosate-ban

[8] https://usrtk.org/wp-content/uploads/2021/02/May-2020-Letter-from-USTR-to-Mexico-Secretary-Marquez-re-biotech-crops-and-glyphosate.pdf

[9] https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/11/mas-alla-del-espionaje-la-operacion-glifosato-victor-manuel-toledo-8904.html

[10] https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2021/02/Estrategia.pdf

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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