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Pasos perdidos, derechos ganados

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Por Claudia Acuña

La ley de Equidad en Medios nació en el mismo lugar donde estamos paradas esta madrugada: el salón de los Pasos Perdidos del palacio del Congreso Nacional. Fue también un día de votación, aunque en aquel momento la pandemia no había impuesto un cupo al escenario que tiene la prensa para entrevistar legisladores y salir al aire en vivo. Aquel día se votaba la ley de interrupción legal del embarazo y el lugar era un enjambre de personas, cables, cámaras. En el centro, una fila de periodistas paradas frente a las lentes y las luces que las enfocaban. Todas jóvenes profesionales, con título universitario y hasta posgrados. En la pausa, de las seis, tres lloraban: desde los auriculares estaban siendo humilladas.

-¿Qué te está diciendo tu jefe?

-Vaca.

Ahí fue cuando nació la frase “Tenemos que hacer algo”.

Semanas después, cuando una delegación de Periodistas Argentinas se reunió con aquel jefe, la respuesta fue una carcajada. La entrevista no fue originada solo por aquel caso, porque a esa altura ya se había sumado una denuncia de acoso que involucraba a otro productor del noticiero, pero aquel antecedente se evocó para demostrar que no era un hecho aislado, que la cultura del maltrato hacia las mujeres era impune y naturalizada y que la solución era que ese medio estableciera urgente un protocolo contra la violencia en el ámbito laboral.

Nunca la hicieron.

Periodistas Argentinas en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso. Analía Argento, María O’Donnell, Nancy Pazos, Liliana Castaño, Lara de Alvear, Debora Damato y Anabella Arrascaeta, con diputadas que prometieron su apoyo. Dos no cumplieron. (Foto: Martina Perosa, lavaca.org).

Ahora, en el salón de los Pasos Perdidos las periodistas le están relatando todo esto a un diputado de la UCR de la provincia de Córdoba que reconoce que lo llamaron todo el día “del sector”, confiesa no haber leído la ley -son 6 carillas- y que votará en contra porque “condiciona el acceso de los medios privados a la pauta oficial”. Idénticas palabras está repitiendo la diputada Karina Banfi ante las cámaras de TN, mientras la periodista Nancy Pazos le grita:

-No tenés vergüenza.

Detrás, Marlene Wayar y Cristina Monserrat -activista y abogada trans- sonríen.

Al mismo tiempo, otra periodista intercepta cuando sale del recinto al diputado Waldo Wolff y apenas le menciona el tema, es el legislador quien hace las preguntas:

-Pensé que el cupo trans podía hacer ruido, pero esta ley… ¿por qué?

Evidentemente esta jornada en Pasos Perdidos es especial.

La periodista Nancy Pazos. Escena del triunfo de una ley que instala un marco obligatorio de respeto a la equidad de género para los medios públicos y una propuesta de promoción e incentivos para aquellos medios privados que impulsen políticas de igualdad en cargos, establezcan un protocolo para prevenir violencias en el ámbito laboral y capaciten al personal en prácticas de respeto a la diversidad, la no discriminación y la igualdad. (Foto: Fabián Mattiazzi, prensa HCDN).

La unanimidad como punto de partida

La Ley de Equidad en Medios ingresó al Parlamento con la firma de Norma Durango porque en el Senado la firma de un proyecto es unipersonal, pero siempre tuvo como marco la Comisión de la Mujer de la Cámara Alta y, por lo tanto, en su elaboración estuvieron presentes, activos y opinando todos los bloques. La experiencia fallida de la ley de aborto dejó además una lección que Durango aplicó por primera vez en esta ley: convocar a la Comisión de la Mujer de Diputados a trabajar en el proyecto para que el texto que sea tratado en el recinto ya tuviera la aprobación de ambas comisiones antes de ser votado en el Senado y evitar así demoras que produce la falta de comunicación entre ambas cámaras.

En el Senado la ley fue votada por unanimidad en octubre de 2020 lo cual implicó el mérito político de haber construido el primer consenso de la agenda de género luego del enfrentamiento entre verdes y celestes.

En noviembre la ley llegó a Diputados. El 18 de ese mes se celebró la reunión plenaria de las comisiones que debían hacer el dictamen: Mujer y Comunicación. Así completó el trámite legislativo casi al fin de las sesiones ordinarias. La ley quedó lista y con acuerdo de votación de todos los bloques para el 2021.

En resumen, lo que se habían comprometido es a crear un marco obligatorio de respeto a la equidad de género para los medios públicos y una propuesta de promoción e incentivos para aquellos medios privados que impulsaran políticas de igualdad en cargos, establecieran un protocolo para prevenir violencias en el ámbito laboral y capacitaran al personal en prácticas de respeto a la diversidad, la no discriminación y la igualdad.

Este 7 de junio y en su día, una delegación de Periodistas Argentinas integrada por María O’Donnell, Nancy Pazos, Analía Argento, Liliana Castaño, Anabella Arrascaeta, Debora Damato y Lara de Alvear se reunió con una docena de diputadas para recordarles que estaban en deuda. Le entregaron un informe que resumía cómo se había agravado la situación de las mujeres periodistas desde la sanción unánime del Senado, con datos y casos testigo. El encuentro fue público así como el compromiso que asumieron las legisladoras presentes: incluir la ley en la próxima sesión. Se hicieron fotos que las diputadas postearon en sus redes con la promesa de votar #Equidad.

Dos no lo hicieron.

Anabella Arrascaeta, una imagen de futuro junto a un cuadro del pasado. Fue una de las periodistas que junto a María O’Donnell, Nancy Pazos, Analía Argento, Liliana Castaño y Lara de Alvear, participó de la reunión con media docena de diputadas. Luego llegó la presión de las corporaciones mediáticas que querían que se cayera la ley. (Foto Martina Perosa, lavaca.org).

Noche agitada

El día de la votación amaneció con una nota del diario La Nación plagada de errores sobre el proyecto. Extrañamente las diputadas Silvia Lospenato y Karina Banfi –quienes habían participado de su debate en comisión y por lo tanto conocían el texto–, comenzaron a balbucear objeciones que hasta horas antes de la sesión jamás habían expresado. A media tarde, la Comisión de Géneros de La Nación emitió un comunicado para corregir la desinformación producida por el diario. A partir de ahí se desató lo que parecía una  guerra. Escudados detrás de Adepa –organización que el pasado 8 de marzo había organizado una actividad para promover… ¡la equidad en medios!- las corporaciones lanzaron una catarata de presiones que recorrió todo: desde el secretario de Medios hasta el celular de cada diputadx del oficialismo y la oposición. ¿Qué querían? Que se cayera la ley.

Por todas las pantallas y emisoras controladas por ese sector desplegaron una campaña que a la vez de banalizar los objetivos de la ley, advertía sus peligros. Del lenguaje inclusivo obligatorio al ataque a la libertad de prensa: todo eso le adjudicaban a esa ley que nadie, ni siquiera ellos, habían tenido hasta ese momento en cuenta. La imagen de Carmela Bárbaro respondiendo con información las chicanas de cuatro panelistas varones en el programa Intratables resume lo que significó para muchas periodistas defender esa ley en cada puesto de trabajo durante esa larguísima y agitada noche.

Esa actitud agresiva de quienes presionaban en contra del proyecto despertó en el recinto sorpresa primero e interés después, que fue expandiéndose con el correr de las horas y el aumento de la presión. Muchas reuniones con asesores se improvisaron después de las nueve de la noche, mientras se sucedía el debate por las tarifas e incluso ausentó del recinto a varias docenas de legisladores mientras se debatía la ley de cupo trans, y por eso se acortó la lista de oradores y fue votada (¡positivamente!) dos horas antes de lo previsto. Mientras en el salón de los Pasos Perdidos periodistas y activistas travestis se abrazaban para festejarlo, en el despacho de Máximo Kirchner,  presidente del bloque del Frente para Todos, se diseñaba la estrategia para impedir la última maniobra ideada por la oposición para voltear el proyecto: dejar la sesión sin quorum.

Eran las 2 a.m. y según las cuentas, todo indicaba que no habría Equidad en Medios.

El resultado

Escalera de mármol para quienes fueron a apoyar otra ley que finalmente se aprobó: la del cupo trans. (Foto Fabián Matiazzi, prensa HCDN).

Una hora después el presidente de la sesión, Sergio Massa, anunciaba que había quorum para votarla. La oposición, confiada en sus cálculos, sospechó que había trampa y la insinuación fue respondida por Massa con la lectura en voz alta de toda la lista de votantes, destacando especialmente los nombres y apellidos de los 9 diputados de la oposición que rompieron las filas para dar quorum. A todos, luego de nombrarlos en voz alta, les dijo “gracias”.

Massa sonreía.

Finalmente a las 3.11 de la madrugada, en el recinto se anunció la aprobación. Al unísono se escuchó un grito:

-Vergüenza.

Era la voz de la periodista Nancy Pazos y era un dardo dirigido a la diputada Silvia Lospenato, a su actitud y a su yerro político. Obligada a renovar su banca este próximo noviembre, quizá creyó que esta era su noche. Ponerse al frente de los fuertes, ponerse al frente de la caída de un derecho, ponerse al frente de una victoria de las empresas sobre las trabajadoras, especuló, la pondría también delante, en las listas.

Pero algo sucedió esta madrugada, algo inesperado y sorpresivo para algunas, obvio para otras.

Algo que cambió definitivamente, para siempre.

Y ese algo somos nosotras.

Periodistas Argentinas, activistas trans y dos leyes: pasos hacia la equidad.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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