#NiUnaMás
Piden perpetua para tres acusados por el femicidio de Araceli Fulles: crónica desde el recinto

La fiscal del caso y la familia de Araceli coincidieron en pedir la pena máxima para Carlos Cassalz, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas por considerarlos responsables del femicidio de la joven. Desestimaron los cargos contra Hernán Badaracco, Marcos Ibarra, Jhonatan Avalos y Emanuel Ávalos, y descartaron las conexiones policiales que la familia denuncia como parte de una trama territorial. Crónica desde la movilización que acompañó la lectura de los alegatos, y desde adentro del juzgado donde los acusados escucharon las penas. Mañana será el turno de la defensa, y luego los jueces decidirán si hay justicia, o la impunidad continúa.
Por Delfina Pedelacq. Fotos de Evelyn Schonfeld
Mónica se despierta, como todos los días, cerca de las 7 de la mañana o antes;prepara el mate y la espera: espera que su negra entre por la puerta como un rayo de sol.
Agarra luego su cuadro y lo abraza, aunque“no es lo mismo abrazar madera”.
Prende un cigarrillo para ella, y le reza: “Dame fuerza, mamita”.
Este ritual diario se repite el día en que, horas más tarde, diferentes organizaciones sociales, barriales y políticas se movilizarrán a las puertas del Tribunal Oral en los Criminal 3 de San Martín, en el comienzo de la lectura de los alegatos en el juicio por el femicidio de su hija, Araceli Fulles.
Después de seis semanas de declaraciones y presentación de pruebas, el miércoles 20 de octubre la fiscalía presentó los argumentos de los alegatos; también lo hizo el abogado de la familia, Diego Spiezel.
La calle Eva Perón al 2.500 está cortada desde temprano: una valla de cada lado, esta vez con banderas de Araceli atadas de punta a punta, y un patrullero en cada esquina.
La cara de Araceli se multiplica entre las banderas que cuelgan de las paredes del tribunal y la fábrica de calzados de la vereda de enfrente; cientos de personas se acercan a acompañar a la familia en el último tramo del juicio.
Mónica Ferreyra, madre Araceli, prende el micrófono y entre lágrimas llama a familiares de víctimas de femicidios presentes. Se paran en fila un sin fin de fotografías diferentes, rostros sonrientes que ya no están: Lucía, Soledad, Natalia, Jesica, Chiara.
Con su cuerpo y su voz temblando, agradece a todos y todas las que acompañan desde el principio y sabe: “Todos nuestros hijos están juntos, dándonos fuerza”.
Araceli la sigue sonriente desde una bandera con un escudo de River. Una persona se acerca y le deja un ramo de flores rojas y blancas, con un escudo del club que dice “amor eterno”. Otra pancarta: “Hoy el cielo está de fiesta: donde estés, felices 27 negrita”.

“Todavía tengo esa campera” dice Mónica señalando un cartel que una mujer carga en la mano: en esa foto, Araceli lleva una campera rosa marca Adidas. La mujer corta con los dientes un pedazo de cinta y la pega en la pared de mármol del tribunal.
La respiración de Mónica se amplifica en los parlantes y produciendo un leve eco entre las paredes fabriles de la cuadra se escuchó: “Es tan grande el dolor y la impotencia que sentimos, que por eso le pedimos a los jueces que no miren para atrás, que piensen como si mi hija hubiera sido suya y que hagan lo que tengan que hacer.” Y dirigiéndose a las decenas de pibas de las distintas organizaciones Mónica sigue: “Los quiero presos porque corren peligro ustedes. La condena que le den no me va a devolver a mi hija, entonces nuestra lucha es por todas ustedes. Voy a seguir de pie por eso y por todas las que estén: mi lucha va a seguir».
La escena del juicio
La fiscal Mariana Piwarczuk a cargo del caso llega cerca de las diez de la mañana; la policía que custodia la puerta hace una seña con las manos. insinuando que es hora de subir al tribunal.
La puerta de vidrio templado divide lo que parecen dos ambientes diferentes. El frío y la humedad se apoderaron del edificio.
Mónica y Ricardo suben con la custodia por el ascensor, mientras tres personas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense lo hacen por las escaleras rumbo al tercer piso. La sala es chica: hay solo una ventana abierta por donde una mínima ráfaga de viento entra cada tanto.
A tres de los acusados les sacan las esposas y los sientan en fila del lado derecho de la sala. Al fondo: los sillones que ocupan los jueces y a la izquierda la fiscalía y el abogado Diego Spiezel, que representa a la familia de Araceli. El abogado Lagares, que representa a seis de los acusados, mira por arriba del barbijo a Carlos Cassalz.
Llegan los jueces, cerca de las 11 horas. Y delante de una pila infinita de carpetas y papeles, se ubica la fiscal Mariana Piwarczuk que representa al Ministerio Público. Con palabras técnicas hace un recorrido por lo que se cree fueron las últimas horas con vida de Araceli, y detalla la hipótesis y los argumentos de los alegatos.
Finalmente, la fiscal sostuvo la acusación para Carlos Cassalz, Marcelo Escobedo y Hugo Cabañas, y reclamó la pena máxima de prisión perpetua por homicidio agravado por el femicidio y la participación de dos o más personas.
La fila de sillas para los acusados estaba contra la pared, a la altura de los hombros de Cassalz, se lee un cartel pegado en la pared blanca que dice “POR FAVOR, TIRE LA BASURA AL TACHO”.
Cuidados
Siguiendo con los alegatos, la fiscal expresó que respecto de Hernán Badaracco, Marcos Ibarra, Jhonatan Avalos y Emanuel Avalos, el Ministerio Público desistió de la acusación respecto de estos últimos acusados por no haber elementos objetivos e indiciarios que prueben que ellos hayan estado al momento de la comisión del hecho el 2 de abril de 2017 en horas de la mañana en el corralón.
La parte acusatoria, con el abogado Diego Spizel representando a la familia de Araceli Fulles, sostuvo en los alegatos la misma postura de la fiscalía: pena máxima para los acusados Cassalz, Escobedo y Cabañas, adhiriendo también a desistir la acusación para los hermanos Avalos, Ibarra y Hernan Badaracco y dijo: “No encuentro elementos que me permitan sostener la participación de ellos”, dijo Spizel.
La jornada termina cerca de las 16.30 de la tarde.
El viernes será el turno de los alegatos de la parte defensora.
Mientras las fuerzas de seguridad levantan las vallas que estaban cortando el tránsito, una mujer policía le pregunta a Mónica: «¿Querés que saquemos el cartel?»
Quejándose de la presión alta y con pucho en mano, ella responde:
-Déjalo, así la negra las cuida a ustedes.

#NiUnaMás
7 años sin Lucía: Salvando el corazón

Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.
Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
Por Anabella Arrascaeta
Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.
Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año.
Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?
Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos.
Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso?
Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron.
En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata?
La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?
Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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