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Presas políticas: entrevista a las mapuche detenidas

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En el Centro Mapuche Bariloche, cuatro mujeres mapuche se encuentran detenidas con prisión domiciliaria y enfrentan graves acusaciones. Se trata de Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan, la machi de la comunidad. Lavaca se acercó a hablar con ellas, que cuentan: cómo fue el violento desalojo; lo que dijo la jueza Domínguez sobre las balas de plomo; cómo trataron a la mujer embarazada y a los niños, también detenidos; cómo fue el traslado a Buenos Aires de 4 de las 7 mujeres; el maltrato judicial que sigue; lo que no enseñan en la escuela; la diferencia entre “recuperación” y usurpación”; y lo que significa parir resistencia. Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas: incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.

Por Francisco Pandolfi desde Bariloche

Un afiche colgado en la pared de un centro cultural. Dos rostros. Dos jóvenes. Dos mapuche. “Mapuche”, en singular, porque la s al final no pluraliza en mapuzugun. Una inscripción: «Elías Cañicol iem y Rafael Nahuel iem viven en los territorios recuperados. AMULEPE TAIN WEICHAN». «Iem» significa alguien que no está en este plano, el que se fue. Ambos mapuche. Ambos asesinados en Bariloche. Elías, 29 años, por dos hombres armados de civil, el 21 de noviembre de 2021 en lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero. Rafita, 22 años, el 25 de noviembre de 2017, por el Grupo Albatros de Prefectura, en un desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, otra vez desalojada hace un mes. “AMULEPE TAIN WEICHAN” significa: “La lucha sigue”.

El 4 de octubre pasado, más de 200 efectivos del Comando Unificado creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación ejecutaron la orden de allanamiento de la jueza subrogante Silvana Domínguez, del Juzgado Federal de Bariloche. En el Centro Mapuche Bariloche, de paredes pintadas blancas, con murales y símbolos originarios, no están haciéndose las actividades que solían llevarse a cabo. Hoy funciona una prisión. Una prisión domiciliaria, lindante a una escuela de formación policial, donde permanecen detenidas cuatro de las mujeres mapuche desplazadas de su territorio: Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan Nahuel, procesadas por el delito de “usurpación por despojo”.

Presas políticas

Luciana se levanta una, dos, diez veces a calentar el agua para un mate que no deja de girar en las más de tres horas de encuentro. “Acá lo que nos sobra es tiempo para hablar”, comenta. Y lo que sobra también son temas para charlar: la represión reciente; el hostigamiento eterno; la causa judicial; la recuperación territorial; la importancia de la Machi; la complicidad del Gobierno Nacional, provincial, municipal y el Poder Judicial; las infancias encerradas; el silencio gubernamental que sigue reinante, haciendo mucho ruido; el pasado, el presente, el futuro.

Luciana agrega, después de avisar que prefiere el mate dulce, pero que también los toma amargos: “No sabemos cuánto nos vamos a quedar acá”. La jueza federal Domínguez dictaminó el procesamiento y la prisión preventiva, apelados por la Gremial de Abogados que acompaña jurídicamente a la comunidad. Como corresponde, según el Código de Procedimiento Penal de la Nación, pidieron una audiencia Oral y Pública, pero el último miércoles la Cámara Federal de Roca la denegó “por motivos de agenda” y ordenaron a los letrados presentar por escrito los argumentos de apelación, en un lapso de cinco días. “Aunque nos rechacen la audiencia pública para no mostrar lo que son, con esta negativa sí demuestran lo que buscan. Son winka (el blanco invasor), no les creo ni espero nada, porque sé cómo se manejan con nosotros desde siempre, tanto con nuestros antepasados, como ahora; ya es el segundo desalojo que nos sacan de los pelos”, dice Luciana, 35 años, nacida en Cushamen “donde la mayor parte del territorio está en manos de Benetton”.

¿Por qué no es una usurpación? “Porque a nosotros se nos arrebató el territorio y estamos volviendo a él, es una recuperación; esta lucha no la empezamos nosotros, la continuamos y la seguirán nuestros hijos”. Opina Romina, 37 años: “No le sacamos ni le usurpamos ni tomamos el territorio de nadie. Acá hubo una guerra, nuestro pueblo es milenario. El Estado argentino se fundó hace muy poco, mientras el Pueblo Mapuche es mucho más antiguo; tuvimos una vida en paz, donde el objetivo era vivir bien. No podemos irnos a otro lado, nuestro nombre lo dice, somos gente de la tierray nuestra tierra es acá”. Suma: “En las escuelas no te enseñan que la Conquista del Desierto fue el genocidio más grande del mundo de todos los tiempos; ni a quienes les sacaron la tierra; ni cómo a las mujeres le cortaban la mama cuando estaban dando el pecho; ni cómo a sus hijos se los daban a los perros; ni cómo había montañas y montañas de cuerpos muertos; ni cómo los ríos eran pura sangre… nuestra sangre”.

El Centro Mapuche Bariloche, donde se encuentran detenidas en prisión domiciliaria. Fotos: Eugenia Neme para lavaca

Sentires de un desquicio

Las lamien (mujeres) en prisión domiciliaria se ven fuertes, pese a haber sido despojadas de su territorio; que sus ruka (casas) hayan sido derrumbadas; que estén detenidas desde hace un mes; que sus pichiche (infancias) estén con ellas en un encierro que no acostumbraban; fuertes, pese a todo lo que debieron y deben atravesar.

Recuerda Luciana: «Fue como volver el tiempo atrás, sufrir lo que les pasó a nuestros abuelos. A las 7 de la mañana empezamos a escuchar tiros, bombas de estruendo, gases lacrimógenos. Sentimos la misma violencia que en 2017. A la bebé de ella llegaron al punto de pegarle una patada. Quizá creían que era terrorista». Ella es Celeste, 30 años, tres hijos. La más chica, recién nacida, ese 4 de octubre cumplía un mes. ¿Su regalo? Lo cuenta su mamá: «Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Me preguntaron qué tenía en la cuna y la patearon. Mi nena se levantó, abrió el cierre y dijo ‘acá está mi hermanita’. Ahí recién se alejaron». Luciana: «Estaba con mi nene más chiquito que tiene cuatro años, trataba de taparle la carita porque estaban dele tirando tiros. Tenían unos armamentos terribles. Nos tiraron al piso y dijeron ‘las matamos, tírense al piso, al piso’. Estaban re locos, no sé si estaban drogados o qué». Completa Celeste: «No podían ni hablar. En un momento mi hija Quimey, la más grande, estaba al lado mío y un policía vio que ella salió corriendo y le disparó en su dirección. Después, cuando nos sacaron de nuestro territorio hacia la ruta 40, le dijimos a la jueza Domínguez que nuestros chicos estaban escapando por el monte, entre las balas. Ahí respondió: ‘Bueno, vamos a ordenar que no disparen con plomo’. Fue una cacería». Romina: «Yo estaba de 40 semanas de embarazo, ya a término. No les importó. Me redujeron con la terrible panza, me arrastraron una cuadra hasta una camioneta, me agarraron efectivos mujeres pero también hombres, grandotes, que me torcieron las manos. Como no me podían entrar, me golpearon con la puerta intentando cerrarla. Les dije que estaba embarazada, que no me podían hacer eso. ‘Ahora mandamos nosotros acá’, dijeron».

El hostigamiento continuó fuera de la Lafken Winkul Mapu, con siete detenciones. A las 4 mujeres aún detenidas, se le sumaron Andrea Despó Cañuqueo, Débora Vera y Florencia Melo, ya sobreseídas. Ellas tres, junto a Luciana, fueron trasladadas a Buenos Aires, con el argumento de que no hay en Río Negro ningún establecimiento federal para mujeres.

Sintetiza Débora: “Estuvimos dos días desaparecidas. Incomunicadas, sin que nuestras abogadas supieran dónde estábamos. Y que pudieran hacer esto, como si nada, sienta un precedente para aplicar en otras luchas que se están dando”.

Luciana detalla más de 100 horas de asedio: “Primero nos llevaron a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), y desde ahí ya nos comenzaron a filmar, todo el tiempo. Hasta cuando íbamos al baño lo hacíamos con la puerta abierta y nos grababan. Si nos ordenaban que nos saquemos la ropa para revisarnos también nos filmaban desnudas. Empezamos la huelga de hambre y de ahí nos subieron a un avión de Prefectura, institución asesina de Rafita”. Sigue: “Cuando nos trasladaron a Buenos Aires, para ir al baño en el avión debíamos ir esposadas. Cuando bajamos el despliegue era impresionante. Una cantidad de efectivos de todos los colores, con armamentos diferentes, escudos, todo para recibirnos a nosotras cuatro. De ahí nos llevaron a la Montada (Policía Federal, en el barrio porteño de Palermo). Una oficial nos dice que nos saquemos la ropa, hablándonos como la miércoles, porque total ¿quiénes somos? Nos pusieron en un calabozo chiquitito, con una mugre. Y al rato viene un médico y ordena que nos saquemos la ropa de nuevo. Y no es que solo te miraba el médico nomás, había guardias hombres. Todo fue demasiado”. Sigue: “De la Montada nos sacaron a la Unidad 28 (del Servicio Penitenciario Federal), donde también nos hicieron sacar la ropa, ya nos habían requisado como diez veces en total. Luego nos sacaron a un lugar público, donde pasaba gente y nos hicieron sacar otra vez la ropa para pasarnos un detector de metales. Ahí nos esposaron y nos dejaron contra la pared”.

Sigue: “De ahí nos trasladaron al penal de Ezeiza. A las esposas que ya teníamos, nos pusieron una cadena en los pies, que se agarraba con las esposas. Era un móvil de máxima seguridad, lleno de rejas”. Sigue: “En Ezeiza otra vez nos tuvimos que sacar la ropa. Ese día (jueves 6) tuvimos por zoom una audiencia con la jueza a las once de la noche, que al final se suspendió porque querían que me defendiera sin haber hablado previamente con mi abogada. La jueza se quejaba que no había dormido bien y la fiscal de Bariloche (María Cándida) Etchepare se quejaba porque estaba embarazada. Y ahí me tenían a mí, escuchando sus problemas. La abogada que nos acompañó, Andrea Reile, les dijo: ‘lástima que no tuvieron la misma consideración con Romina Rosas, que está con un embarazo en término’. No dijeron nada”.

Parir entre violencias

Romina de a poco va recuperando el semblante que tenía previo al 4 de octubre. En el medio, la represión, la violencia obstétrica, un parto soñado de otra manera, hasta finalmente llegar al 16 de octubre, a las 11 de la mañana, cuando dio a luz a Lluko (agua limpia, en mapuzugun). Mientras le da la teta, rememora el horror: «Cuando me sacaron arrastrada de la comunidad, me llevaron al hospital; ya estaba con contracciones. Me revisaron. Luego me llevaron a la PSA, justo al resto, y de nuevo me desnudaron. Lo querían hacer con la puerta abierta, ante la mirada de varones, hasta que me puse a gritar que cerraran. La celda era muy chiquita, sin luz, estaba toda sucia. Nosotros somos mapuche, nos gustará mucho la tierra, pero eso era mugre. Cuando iba al baño me obligaban a ir con los testigos. Era una locura».

Sigue: «Ya en el hospital, sufrí mucha violencia obstétrica. Me filmaban las 24 horas, me custodiaban hombres, me decían que me iban a grabar el parto. Me despertaban y requisaban a la madrugada. No descansaba, todo el tiempo era maltrato”. Sigue: “Primero me tuvieron en la sala de maternidad y después me trasladaron a una habitación que compartía sala con enfermos de coronavirus y gente que tiene problemas mentales”. Sigue: “El día de la indagatoria (viernes 7) le digo a la jueza que tenía derecho a hablar con el abogado y ella me dice ‘Ah, no sabía, no estaba al tanto que no habías hablado ’. Le contesté: ‘Cómo que no, si me están filmando las 24 horas’”. Sigue: “Al principio no dejaban que entrara mi partera; además, hubo mucho racismo, se burlaban de la medicina ancestral. Me violentaron hasta el minuto antes que estaba por parir; luego, se terminó el hostigamiento. Hoy pienso lo que fueron esos días y no entiendo por qué tanta maldad. Podrían, en sus leyes, haber hecho las cosas bien, no necesitaban violentarme así”.

El Ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que “no hubo agresiones de ninguna característica, ni un rasguño”. Actualiza Luciana sobre la relación con los distintos estamentos estatales: “No llamaron ni vinieron a vernos, nadie, de ninguno de los gobiernos: nacional, provincial ni municipal”.

Fotos: Eugenia Neme para lavaca

La lucha sigue

Mientras charlamos y sigue girando el mate, las hijas e hijos más grandes de las cuatro lamien detenidas, se meten y salen, una y otra vez, de una muy pequeña pileta, que no llega a los 2×2. Nada se compara a las dimensiones del Lago Mascardi (el Relmu Lafken) donde solían nadar. Ahora corren y juegan por un espacio mucho más acotado a su lof de donde fueron desalojados. Son nueve infancias en total: tres de Celeste, y dos de Luciana, Romina y Betiana. “Está siendo una de las cosas más difíciles de soportar acá adentro. Ellos están acostumbrados al campo, a los árboles, a andar libres. Tenemos que soportar estar al lado de una escuela de policía, que a las 6 de la mañana está cantando el himno acá abajo. Hace un rato, les estaban enseñando a disparar el arma, nuestros chicos ven eso desde acá arriba”, cuenta Celeste, que en sus brazos refugia a Lienkura (piedra de plata), de dos meses recién cumplidos.

Agrega Romina: “El golpe más grande es para nuestros nenes, que están conectados con cada elemento de la naturaleza desde que se levantan. Les piden permiso a las fuerzas del lugar, para poder andar bien. Ellos son autoridades de nuestro territorio, ayudan a repartir y en todo lo que la Machi necesite”.

La Machi es una guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, que hace cinco años se levantó en la lof Lafken Winkul Mapu la Machi Betiana Colhuan Nahuel, y desde su Rewe (altar) atendía a sus pacientes no solo mapuche, sino quien fuera a curarse.

Betiana tiene 21 años y una fuerza sagrada. Habla bajito, pero profundo. Dice que ahora está mejor de los problemas de estómago que sufrió los últimos días. Dice que todavía no cae de todo lo ocurrido y que necesita volver al Rewe, “sitio para encontrar la espiritualidad y desarrollarla; para lograr un bienestar en la salud, un autoreconocimiento y recibir la fuerza de los antepasados”. Dice también que es hora que la sociedad toda tome una decisión: “Automirarse: reflexionar sobre el propio color de piel, el propio apellido, el propio origen”. Y que se respete al pueblo mapuche: “Una cultura preexistente, viva con la naturaleza”.

Una cultura que ayer quisieron erradicar y que hoy siguen reprimiendo: “A nosotros nos mueve una fuerza más grande, que es espiritual, y no lo decimos de porfiados, sino que nacimos ya asumiendo una lucha”, explica Luciana, en la misma línea que añade Celeste: “Cuando el winka no nos respeta o nos violenta, nos defendemos, porque ya no vamos a callar, no vamos a dejar que suceda lo que le pasó a mi abuelo y a tantos otros, que con su familia debieron hacer silencio para sobrevivir. No, no vamos a seguir callados por miedo a que nos sigan fusilando”. La escucha Florencia, que habla menos y escucha mucho, aprende. Dice que hace dos años salió a buscar su origen mapuche y así se encontró con la comunidad: “De a poco fui conociendo qué es ser mapuche y hoy estoy convencida de que no hay vuelta atrás, porque cuando una se reconoce, te lleva a buscar más y más, ya no se vuelve”. Y ahí retoma Luciana, sobre el ser mapuche: “Se trata de ser parte de la tierra, del aire, del viento, de la piedra, del río, esos somos nosotros. Ahí está nuestra gente antigua. ¿Tan difícil es que entiendan eso? Entonces, aunque nos desaparezcan a todos los mapuche, aunque nos maten a todos, nosotros vamos a seguir viviendo en la Mapu, porque nosotros somos parte de la tierra”. Y sentencia, mirando el futuro: “Nuestro territorio no fue desalojado, siguen los kona, los weichafe (guerrero) protegiendo ese espacio; no nos vencieron. Vamos a seguir pariendo esta resistencia”.

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

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Nota

Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

Publicada

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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