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La pregunta del millón: ¿Quién es el dueño de Página 12?

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Las primeras referencias se remontan a los años de la dictadura. Un joven Fernando Sokolowicz, preocupado por esa Argentina brutal, se acerca a los organismos de derechos humanos, llevado por sus convicciones y su fe: integra el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Así fue como Fernando Sokolowicz comenzó a trabajar en el área de presos políticos y a frecuentar, con esa misión, cárceles, abogados, políticos y periodistas; los mismos que hoy lo recuerdan más por sus gestos que por sus palabras.
La llegada de la democracia lo encontró al frente de un negocio aserradero próspero, pero sin proyectos épicos. Fue allí cuando Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg lo invitaron a convertirse en financista de un diario. Tendría ocho páginas, saldría de martes a sábado y contaría con el entusiasmo de un grupo de jóvenes periodistas que ya habían compartido la experiencia de la revista El Porteño. Sokolowicz dio el sí y se convirtió en el principal accionista. A cambió, sólo reclamó un lugar en las marquesinas: desde el primer día Página 12 lo presentó como su editor responsable.
Sin embargo, Sokolowicz nunca abandonó sus oficinas -ubicadas a apenas dos cuadras de la primera redacción del diario- y su bajísimo perfil, que por entonces fue interpretado como una virtud escasa: su rol no interferiría en los contenidos del diario.
Pasó un año, varios levantamientos carapintadas, , pasó un Alfonsín, pasó un Yoma Gate, y tantísimas cosas más que convirtieron a aquella aventura en un negocio inimaginable. Página 12 se transformó en el tercer diario de venta a nivel nacional (rozando con sus ventas los 100 mil ejemplares) y sus efectos en el resto de la prensa no solo eran inmensos, sino imprevisibles. Y, por lo tanto, incontrolables.
El copamiento del Regimiento de La Tablada selló la grieta que todavía hoy sacude los cimientos de esa postal de una Argentina cuyos secretos son todavía inconfesables. La cercanía de algunos de los integrantes del Movimiento Todos por la Patria con Sokolowicz nunca quedó totalmente revelada. ¿Eran relaciones criadas en aquellos años de militancia humanitaria? ¿Eran, tal vez, acuerdos económicos cuyas implicancias Sokolowicz jamás sospechaba? Las dos preguntas fueron formuladas por varios responsables periodísticos del diario, al día siguiente del copamiento, ante un Sokolowicz de gesto adusto, incómodo, pero imperturbable. Contestó con el estilo que más lo representa: pocas palabras, todas vacuas.
El desenlace llegaría años después, cuando la hiperinflación y las cíclicas crisis sumaron a aquella grieta en la confianza, un problema económico que dejó, no sólo al diario, sino al país al borde del colapso.
«Estamos de rodillas», dijo entonces y premonitoriamente Roberto Dromi, aquel ministro de Obras y Servicios Públicos, a cargo de todo el incipiente negocio de las privatizaciones. Y Sokolowicz se arrodilló, como todos, en secreto.
La negociación con su principal competidor, el diario Clarín, en el reparto del negocio y el mercado nunca estuvo clara. Nadie sabe cómo, ni por cuánto, ni por qué, pero nos consta que el acuerdo se realizó e incluyó dejar en la marquesina a Sokolowicz, inmutable en su rol de editor responsable.
Despidos, conflictos, ajustes y después, la operación fue un éxito desde todo punto de vista. Nadie se enteró de nada, excepto los lectores que lo fueron abandonando, quizá por ya no encontraban en sus páginas lo más importante: no un escándalo o dos, sino un concierto de libertad de expresión al frente del cual brillaba una docena de tenores inolvidables. Las cifras son claras: la principal empresa de pautas publicitarias, Latin Track, le adjudicaba antes de la crisis del 2001 una venta de 35.700 ejemplares. Algunos distribuidores aseguran que esa cifra cayó este año a la mitad. Y la ong Poder Ciudadano en su informe sobre el reparto de la pauta oficial de publicidad dado a conocer a fines de 2004 le atribuye una venta de apenas 10.000.
Luego del acuerdo con Clarín, Sokolowicz se refugió en la realización de videos, documentales y la producción de películas. Formó, para eso, una empresa (otra y diferente a la responsable de Página, llamada Aleph Producciones) y desde allí se entretuvo con proyectos puntuales, pequeños, olvidables: la vida del Che, dirigida por Juan Carlos Desanzo, y Operación Fangio, de Alberto Lecchi formaron parte de sus coproducciones cubanas.
Hacia finales de los 90, la guerra de los medios tenía dos grandes protagonistas: en este rincón, Clarín, poderoso y absoluto; en el otro el CEI, con un Raúl Moneta desafiante, que había acumulado, entre otras cosas, Editorial Atlántida y Telefé. Curiosamente, la única columna firmada por Sokolowicz en Página fue contra un Moneta que lanzó -en un programa televisivo- comentarios antisemitas. Fue publicada el 13 de diciembre de 1996 y comenzaba así: «Raúl Moneta cree que todo se consigue con dinero. Con dinero, y hay que reconocerlo, con la nunca despreciable ayuda de su amigo Carlos Menem».
Poco tiempo después, el dinero fue justamente lo que llevó a Sokolowicz a asociarse con Daniel Vila, principal responsable del Grupo Vila, propietario de la señales de cable de Supercanal (con negocios en varias provincias argentinas, la República Dominicana y Bolivia), el Diario Uno, de Mendoza, La Capital de Rosario y varias radios. Uno de los accionistas de este grupo era Jorge Mas Canosa, miembro de una familia de larga tradición anticastrista, residente en Miami. El director del grupo Vila era José Luis Manzano.
Sokolowicz vendió su empresa productora al grupo Vila, quien lo dejó al frente como director general. La noticia fue publicada por el ya desaparecido diario Perfil y muy pocos pudieron leer su significado entre líneas. En realidad, Vila por entonces era un aliado estratégico de Moneta en su Mendoza natal. Apenas unos días después, la plana mayor del CEI concurrió a un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con Carlos Menem como anfitrión y Richard Handley y Raúl Moneta sonrientes en la primera fila. Una butaca más atrás, podía verse en las fotos a Daniel Vila. Y a su lado, a Fernando Sokolowicz, incómodo por tantos flashes. Un empresario presente calificó la postal como una verdadera puesta en escena, dedicada al Grupo Clarín.
La ruta del Grupo Vila con el poderoso conglomerado económico que representa el Grupo Mas Canosa parece estar trazada por la mano de Manzano. Mas Canosa representaba a la familia líder de la línea dura anticastrista, antidialoguista y sostenedora del bloqueo económico a ultranza. Su pater familia murió y, con él, comenzó el debate postergado: ¿Cuánto tiempo le queda a Fidel? ¿Cuándo, entonces, conviene acercarse? ¿Conviene mostrar los dientes o usar las guantes, para desembarcar con empresas a la isla ahora, que está quebrada y desesperada?
Esta discusión no es tan lejana. Si la respuesta partía de la línea «blanda», el dinero de las inversiones tendría como prioridad la ruta cubana. Si, en cambio, triunfaba la oposición rabiosa, el dinero estaba disponible para invertir en aquellos negocios que más les interesaba: la comunicación, las campañas, la opinión pública. Un estratégico know how en el que el grupo necesitaba entrenar. Un experto en el tema simplificó así la cuestión: «el grupo solo tiene una condición: invertirá en aquel país que demuestre, siempre que haga falta, que Cuba con Fidel permanecerá aislada. El resto, son business».
Business, entonces, lo llevaron a invertir en radios y periódicos argentinos, apostando una ficha acá y otra más allá hasta acumular en un mismo tablero varias líneas. Sin embargo, los negocios se complicaron. Así lo sintetiza la revista Poder, de Miami:
«En octubre de 1995, MasTec (propiedad de los Mas Canosa) adquirió una participación del 33 por ciento en Supercanal S.A., una empresa de televisión por cable en Argentina de propiedad de Daniel Vila -un empresario de la ciudad de Mendoza- y José Luis Manzano -ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem. Manzano había sido acusado de corrupción durante su paso por el gobierno y estuvo en los Estados Unidos en un autoexilio durante el cual estableció lazos estrechos con la familia Mas Canosa. A su regreso a la Argentina se vinculó con la empresa de Vila y comenzó una compra frenética de empresas de comunicación que llevó a Supercanal a convertirse en el tercer operador más importante de Argentina. Vila y Manzano están ahora demandados en un juzgado de Mendoza por lavado de dinero. Además, la Sindicatura General de la Nación -Sigen- concluyó una investigación sobre el entramado de compañías adquiridas por Supercanal en la que señala la «posible existencia de hechos con presuntas derivaciones de orden tributario», y la «presencia de actos jurídicos que entrañan interrogantes sobre el origen de los fondos de las personas jurídicas que celebraron los contratos obrantes en los expedientes analizados». Y presentó una denuncia ante la justicia argentina. La Sigen analizó 51 expedientes que se encontraban en poder del Comité Federal de Radiodifusión. También el Grupo Vila fue analizado en el Informe Carrió. Los legisladores documentaron las sucesivas compras, ventas y fusiones de sus empresas y concluyeron que constituyen una operación sospechosa de lavado.
A fines de 2000, Supercanal Holding entró en concurso de acreedores por 500 millones de dólares. A las investigaciones sobre el origen de sus fondos sumó un juicio iniciado por el tradicional propietario de La Capital de Rosario, quien los denunció por desviar préstamos y recursos del diario hacia empresas fantasmas, hasta dejarlo totalmente endeudado.
A esta altura, las apariciones públicas de Sokolowicz tuvieron otro escenario oficial: concurrió a la asunción como vicegobernador del que luego se convirtiera en intendente de Córdoba, Germán Kammerath, el ex secretario de Comunicación de Menem, responsable de las adjudicaciones de licencias que, entre otras cosas, le permitieron obtener Radio 10 a Daniel Hadad.
Hadad vendió su participación en esa radio a un consorcio norteamericano y luego, concretó una sociedad para adquirir el diario económico BAE, junto a Sergio Spolski, el ex miembro del Banco Patricios. Fue en noviembre del 2001 cuando esta sociedad adquirió el paquete minoritario de las acciones, con opción a quedarse con la totalidad en un año y medio. En ese momento esos fueron las datos que se anunciaron, pero luego Hadad informó que de esa sociedad también participó Sokolowicz.
Con Spolski, Sokolowicz estuvo relacionado cuando adquirió la señal de cable El Aleph, dedicada a la comunidad judía.
La compra de Azul Televisión dejó finalmente al descubierto las alianzas que teje y desteje el dinero. La operación se concretó de la siguiente manera:

  • La compra del canal fue por un total de 34 millones de dólares. Al contado se pagaron 3 millones, 9 se pactaron a desembolsar a 4 años y el resto era el pasivo de esa emisora, que alcanzaba los 22 millones de dólares.
  • La sociedad que adquiría de esta manera Azul Televisión estaba compuesta en un 50% por Daniel Hadad y en otro 50% por Sokolowicz y Benjamín Vijnovsky.

El nombre de Benjamín Vijnovsky recién fue revelado el 13 de julio de 2002, cuando Página 12 publicó una nota de Horacio Vertbisky donde reveló quién era el tercer integrante de la sociedad HFS S. A., flamante adjudicataria de Azul: Vijnovsky era gestor de negocios del Grupo Meller «rostro visible del menemismo en las privatizaciones de agua y gas». Verbitsky menciona que los interlocutores oficiales del socio de Hadad y Sokolowicz eran Eduardo Bauzá, Humberto Toledo y José Luis Manzano.
Poco tiempor después, en un reportaje publicado por la revista Noticias, Sokolowicz da la siguiente versión de su relación con Hadad:
-¿Cómo conoció a Hadad?
-Lo conocí a través de Sergio Szpolski (actual editor del diario universitario La U), hará unos ocho meses. Sergio estaba en el BAE desde hacía un año, me contó el proyecto y le dije que, a mi juicio, era un diario muerto. Volvió a los meses, planteando que tenía a Hadad y a Laje interesados y le dije que ahí le podía cerrar más, por la llegada que ellos tienen al establishment y la capacidad de Hadad en los negocios radiales. Ahí me lo presentó, en el Caesar Park. No invertí en el diario (N de R: se refiere a BAE). Sí se incorporó mi hijo Gastón, con algunas acciones, desde su empresa independiente.
A los pocos meses, Sokolowicz abandonó la sociedad con Hadad en Canal 9.
En agosto de 2003 una noticia publicada en España informó acerca de sus nuevos planes:
«El sitio español ElConfidencial.com reveló que el empresario de medios Fernando Sokolowicz integró la comitiva oficial que viajó a Europa con el objetivo de entablar negociaciones con el Grupo Telefónica para la compra de Telefé y Radio Continental. Al mismo tiempo que el presidente Néstor Kirchner se reunía con los empresarios españoles en la sede de la CEOE y les echaba las culpas de las crisis por la que atraviesa el país, un grupo de empresarios argentinos, también en Madrid, se entrevistaba con ejecutivos de Telefónica de España para, una vez más, tratar de averiguar si el canal de TV abierta (el de mayor audiencia en la Argentina) estaba en venta y cuál era su precio. Liderados por Sokolowicz, este grupo de empresarios habría participado de un encuentro que, según admitieron fuentes cercanas, dejaron las puertas abiertas para avanzar en las tratativas».
Pero lo más interesante de esta información es la opinión que recoge ElConfidencial.com del empresario Sokolowicz y para qué le sirvió exhibir durante ese viaje su relación con el presidente Kirchner:
«Al otro lado del Atlántico, en un principio, no dieron mucha credibilidad a las intenciones del empresario argentino. Pensaron que era un farol. Por este motivo, se sorprendieron al enterarse de que Sokolowicz y sus acompañantes habían formado parte de la delegación que acompañó a Kirchner en su visita a España (también habían estado junto al presidente argentino en la escala francesa). Con este aval, las acciones de Sokolowicz suben en su cotización. Además, el empresario aprovechó la oportunidad para insinuar que el gobierno de Kirchner vería con buenos ojos el regreso de Telefé y Radio Continental a manos argentinas».
Radio Continental fue vendida, finalmente, en diciembre de 2004. La empresa Telefónica confirmó la venta al grupo Prisa (conocido por ser el editor del diario El País) por 10.5 millones de dólares. Mediante un comunicado la compañía española afirmó que:
«En cumplimiento del principio de acuerdo alcanzado entre las partes, el Grupo ATCO, filial de Telefónica de Contenidos, S.A., ha suscrito en el día de hoy el contrato de venta del 100 % del capital social de las compañías Radio Continental LS4, S.A. y Radio Estéreo, S.A.- sociedades operadoras de radio en Argentina del Grupo Telefónica- a las compañías del Grupo PRISA, GLR Services Inc. y Corporación Argentina de Radiodifusión S.A., por el precio de 10,5 millones de dólares».
Antes de concretarse esta operación se había hecho público el interés del diario La Nación de participar de la sociedad. Esta fue la versión publicada por el Cronista Comercial acerca de el pre acuerdo entre La Nación y el grupo Prisa:
«Los propietarios del diario La Nación de Argentina quieren ser socios del grupo español PRISA, para adquirir juntos a Radio Continental, actualmente en manos de la empresa Telefónica. La empresa de telecomunicaciones está esperando que Prisa arme el andamiaje legal para concretar la operación. Y, en ese sentido, La Nación formará parte del consorcio comprador.
´Tenemos voluntad de entrar en medios. Hubo reuniones con Prisa. Nuestro interés es tener participaciones minoritarias en radio y televisión´, explicaron fuentes de la compañía de los Saguier al diario El Cronista. Una vez saneada la empresa, la intención es volver a armar un multimedios. En la operación, podría haber un tercer empresario de los Estados Unidos, que las partes no identificaron.
De esta manera, al estar amparados en el Tratado de Protección Mutua de Inversiones, la Ley de Bienes Culturales, que impediría la adquisición de medios argentinos por parte de empresas extranjeras, no sería un inconveniente.
El multimedios de Polanco, que ya ganó la licitación para operar cinco radios en el interior del país y tiene participaciones en Chile, Colombia y otros mercados de América latina, cuenta con la bendición del Gobierno, gracias a la aceitada relación entre el presidente Néstor Kirchsner y su par europeo José Luis Rodríguez Zapatero.
La intención de Prisa es armar un multimedios que pueda competirle al grupo Clarín».
A esta altura, está claro que el laberinto de intereses hace difícil contestar preguntas que deberían cosechar respuestas sencillas. Por ejemplo y solo para volver a centrarnos en este caso:¿quién es el dueño de Página 12?.
Es una de las tantas preguntas que revelan la falta de información con la contamos para saber quiénes son los dueños de la verdad en esta increíble Argentina.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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