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Quién es Garello, el jefe de los fiscales de Mar del Plata, juzgado por crímenes de lesa humanidad

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Fabián Fernández Garello es investigado por secuestros y torturas a militantes durante la última dictadura militar, como ex agente de inteligencia de la Bonaerense en el partido de San Martín. Ahora, actual fiscal general de Mar del Plata, presionó al Tribunal que juzga el femicidio de Lucía Pérez. ¿Por qué lo hizo? Sus antecedentes, la investigación de la Comisión Provincial de la Memoria sobre su rol en dictadura, y los pedidos de juicio político que sufren dilaciones y trabas para que no se lo corra de su puesto, mientras sigue en funciones.

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, fue agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) durante la última dictadura militar y se encuentran en proceso causas que investigan su rol en el secuestro y tortura a distintos militantes. Es el mismo que días atrás presionó al Tribunal que debe fallar sobre el femicidio de Lucía Pérez el próximo 17 de marzo, enviando una nota desautorizando al fiscal Leandro Arévalo, en una jugada que por innecesaria habla de su interés por meter la cola en un proceso que pone nervioso a las altas esferas del poder marplatense.

La DIPPBA, desde su creación en 1956, tuvo una constante tarea vinculada a la producción de información y acción de inteligencia. Es por ello que desde hace años la Comisión Provincial por la Memoria junto a organismos de derechos humanos denuncian la participación del fiscal Fernández Garello en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Según los archivos cedidos a la CPM, documentos originales, se demuestra la evidencia de los operativos en los que participó el fiscal general marplatense en el marco de terrorismo de Estado. 

Sin embargo, a pesar de la cantidad de pruebas, el fiscal logra dilatar constantemente las instancias que pretenden investigarlo. Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM, dice a lavaca: “Evidentemente hay un esquema de protección que no se puede definir de otra forma que ésta: es un escándalo”. 

El secuestro y tortura de tres militantes comunistas

En agosto de 2020 la titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, elevó a juicio oral y público la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, el 23 de julio de 1981.

Entre los imputados estaba el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, dado que según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la Comisión Provincial por la Memoria la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo. Garello sería uno de esos «idóneos».

Los grupos de tareas conjuntas secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.

Solamente restaba conocer la fecha de inicio del juicio cuando la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento, anuló todo lo actuado, retrotrajo la causa a la instancia de instrucción y apartó a los jueces de la Cámara Federal. El fallo contó con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

La Comisión Provincial por la Memoria apeló esa resolución; el recurso fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal y entonces presentaron una queja ante la Corte Suprema de la Nación. Sucedió hace más de dos años, pero aún no hay respuesta.  

Los pedidos de juicio político

El actual fiscal general de Mar del Plata fue denunciado en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria y una decena de organismos de derechos humanos. El motivo: según consta en propios archivos de la Bonaerense, entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

En 2018 logró sortear el juicio político: se archivó el trámite sin abrir la investigación. “En el caso del juicio político la protección es sobre todo por parte del Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, a pesar de toda la cantidad de pruebas que entregamos”, explica Schmeigel, dado que fue el mismísimo jefe de los fiscales bonaerense quien decidió archivar el trámite disciplinario contra el funcionario.

Pero luego de que Fernández Garello fuera imputado por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor, la Comisión entendió que había nuevas pruebas para el pedido del juicio político y reiteró a la Corte provincial y al Procurador General su pedido de apartamiento del cargo de Fernández Garello y la continuidad de jury. “Dado que había novedades procesales solicitamos que se reactive”, explica Federico Schmeigel. Fue en 2019: más de dos años después, aún no hubo novedades. 

Dos audiencias fracasaron por falta de quórum, en claras maniobras dilatorias. Ejemplo: el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debía volver a reunirse para decidir si abre el jury contra el fiscal pero todavía no lo hizo. Pasaron casi cuatro años de ello.

Explica Schmeigel de la CPM: “El jury ha quedado paralizado desde fines de 2019. Las dos audiencias no tuvieron éxito porque no se presentaban los legisladores ni los conjueces, que son parte del tribunal de enjuiciamiento. A partir de allí no se convocó más, aunque nosotros lo hayamos solicitado reiteradamente”. 

El crimen de Ana María Martínez 

Ana María Martínez, militante política y delegada sindical, fue secuestrada y asesinada por un grupo de tareas de la dictadura en febrero de 1982. Tenía 31 años y trabajaba en la fábrica de autopartes DEA ubicada en el partido de Vicente López; estaba embarazada de tres meses y formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

El actual fiscal general de Mar del Plata había realizado tareas de espionaje político e infiltración en agrupaciones sindicales y organismos de derechos humanos entre 1981 y 1982. Por ello se reclama que se investigue el rol que pudo haber tenido en ese hecho dado que era oficial subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). 

Por el crimen de Ana María fueron condenados a perpetua los represores Jorge Norberto Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, y Guillermo Raúl Pascual Muñoz, jefe del Departamento Personal (G-1) del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que operaban en Campo de Mayo.

“Lo que sucedió es que en 2018 el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín dictó condena a perpetua a los imputados que eran miembros del Ejército, y queda acreditado que en el proceso que en el secuestro se había dado un proceso de inteligencia, lo que establece es que debía investigarse cuál había sido el rol de la DIPPBA. Pero al igual que los otros procesos quedó frizado, no se avanzó en la investigación del personal de inteligencia, entre ellos Fernández Garello, aunque quedó demostrado cómo se coordinaban las operaciones con el área de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires”. 

¿Estos procesos no son suficientes para pedir la suspensión del fiscal Garello? Responde Federico Schmeigel, Director del Programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM: “Absolutamente, la hemos pedido, la Corte Suprema tiene facultades que habilitarían la suspensión, para que luego sea tratado por el jurado. Existen pruebas y elementos suficientes, pero Fernández Garello sigue siendo fiscal general porque goza de protección”.

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Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

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Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

  • Docentes con sueldos indecentes.
  • Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
  • Basta de mentiras, amenazas y presión.
  • Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
  • Salud mental es llegar a fin de mes.
  • Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–. 

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”. 

 ¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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