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Quita de pensiones: la movilización que moviliza
Miles de personas se manifestaron hoy en el Obelisco contra la quita de 83 mil pensiones por discapacidad en lo que va del año, más de 170 mil desde que asumió Cambiemos. Con carteles, canciones y cortando la 9 de julio expresaron con alegría que la pensión es un derecho, y que no se toca. Antes, una audiencia en el Senado juntó a asociaciones con legisladores que se comprometieron a consensuar una medida para frenar el ajuste. Historias, datos y rumores, del Congreso a la calle.
La mamá de Micaela Devicenzo empuja la silla que transporta a su hija de 15 años y sonríe de orgullo. Todavía la sala 3 del anexo del Senado está aplaudiendo su intervención en la audiencia con legisladores sobre la quita de pensiones por discapacidad que se celebró hoy, pero ellas se van al Obelisco. Allí las esperan sus amigos, muchos de los afectados por la baja de 83 mil pensiones por invalidez en lo que va del año (170 mil desde que asumió Cambiemos). Esto dijo: “Yo no sé de política como saben ustedes, les voy a hablar de mi experiencia: tengo 15 años y me duele mucho que les estén quitando la pensión a casi todos mis amigos discapacitados. Macri, si estás escuchando esto, ponete en el lugar nuestro: por favor devolvé las pensiones, te lo pido, hay gente que lo necesita. Las medicaciones, los tratamientos salen mucha plata y vos nos lo estás quitando. Nos estás quitando la vida, básicamente. Me duele mucho en el alma, yo soy una persona feliz, lo puede decir cualquiera que me conoce. Pero esto me duele demasiado. Muchas gracias”.

Micaela, 15 años, en el Obelisco. Antes intervino en la audiencia con legisladores. Foto: Nacho Yuchark
Historias salvajes
Micaela fue una de las cientos de jóvenes que convirtieron la plazoleta sobre 9 de julio en mar de gente que luego cortó la avenida. Algunos carteles preguntaban “¿por qué con nosotros?”, otros aclaraban “la discapacidad no es un gasto” y una canción entonó “las pensiones no se pueden ajustar/ defendemos los derechos de la discapacidad”.
Micaela no es una de las afectadas por la medida, pero Diego sí: “A mí me quitaron la pensión en mayo. Me enteré como todo el mundo: yendo al cajero. Pensé que había un atraso, me parecía extraño porque nunca había pasado. Volví a los 3 días: lo mismo. Entonces entré a la página de la Anses, por número de beneficio: nada. Entré con número de dni y me decía “usted no es beneficiario llame al número…”, que es un número automatizado. A mí con hipoacusia las conversaciones telefónicas se me dificultan”. ¿Cuál fue el argumento? “Me dijeron que fue porque 8 meses después de pedir la pensión me casé”. Diego, 50 años, sostiene que la medida del gobierno perjudica no sólo a él sino a todo una cadena: “Al quitarme a mí la pensión tengo que acudir a mi mama, o a mi hermano o a alguien que se perjudica”.
Yohanna sostiene en sus manos el carnet de discapacitado de su hijo Fabrizio, 4 años. Fabrizio padece una enfermedad rarísima que Yohana sintetiza como “ODD” y es otro de los afectados con la quita de pensión. Su madre: “Le quitaron la pensión de 4 mil pesos que los gastaba en kinesiología: no alcanza ni siquiera para cubrir sus gastos. Deberían haber revisado caso por caso”. ¿Y ahora? “Yo a mi hijo lo puedo bancar pero el día de mañana cuando yo no esté, no sé qué va a pasar”. ¿Sabe él? “Sí, sí, sabe todo. Hoy no vino porque está enfermo, pero es consciente de todo”.
A unos metros hay dos mujeres vestidas de payasos que sostienen, sin embargo, un cartel que dice “se nos acabó la alegría”. Sus nombres artísticos son Kunka y Dorotea y trabajan de estimular y divertir a los jóvenes con discapacidad del hospital Tornú. Con ese termómetro aportan: “Lo que está pasando es de terror, primero porque les sacan los derechos. Después hablemos de la pensión, que es mínima, pero lo que representa es un derecho internacional. Dejar a chicos que son cuadripléjicos, electrodependientes sin ese beneficio que no alcanza para nada… Son personas que necesitan traslados, medicaciones especiales, tratamientos especiales, estimulación, rehabilitación. Por respetar las normas del FMI están matando a los más necesitados”.
Kunka aporta: “Y quiero agregar una cosa más: esta gente se pone a decir cosas que son mentiras. Y utilizan a medios de comunicación, pagos, para que esas mentiras las crea todo el mundo. Canal 13, Lanata, Telefé”, enumera.
Mitos y realidades
Kunka se refiere a las justificaciones que ensayaron algunos funcionarios, y que luego se convirtieron en noticias periodísticas. Un caso, el ejemplo que otorgó el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino a Clarín: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”. Luego el diario La Nación publicó una nota titulada “Se puede: tiene síndrome de down, trabaja y vive sola”. O el énfasis de Badino en el “manejo clientelar” de las pensiones y los dichos de la ministra de Desarrollo social, Carolina Stanley, sobre el “festival” de pensiones truchas.
Liliana, la payamédica Dorotea, asegura: “Los certificados de discapacidad los da una junta médica, hay que comprobar muy bien y la citan 20 veces a la persona, no te lo dan por correo. Nosotros hemos acompañado muchas veces a personas y sabemos lo que cuesta”.
Alejandro, de ATE Nacional – el gremio que convocó a la audiencia en el senado- trabaja en el área de pensiones del Ministerio. Dice: “Pensiones truchas por ahí hay alguna, las pensiones se manejan con médicos de lugares municipales que por ahí pasan un certificado, pero es lo menos. Si hacen una revisión que encuentren, pero no es lo mayoritario. En todo caso al revés: que primero inspeccionen y den de baja, no que den de baja todo y después inspeccionen”.
En la audiencia el diputado Federico Masso, integrante de la Comisión de Discapacidad, relató: “Entrevistamos en Tucumán a más de 80 personas que perdieron las pensiones y ninguno era un caso mal otorgado como plantea el gobierno. Si para llegar a la pensión tiene que haber un informe, la firma de un médico, ¿por qué no empezar por ahí?”
Eugenio Reati, ex director de la comisión nacional de pensiones (gestión 2011-2015) también desmintió a Badino y Stanley: “En primer lugar hablan de 2 millones de pensiones: nunca existieron 2 millones. Hay 1 millón y medio en el máximo momento en se liquidaron pensiones, de las cuales 1 millón son por discapacidad”. Sigue: “Mienten diciendo que hay demasiados discapacitados para ser verdad: el censo 2010 dice que hay 5 millones que tienen dificultades de algún tipo de limitación, dicho por las propias familias. Por otro lado se dice que nuestra gestión dio 168 mil bajas, también mentira: de mitad de 2014 a mitad de 2015 se produjeron 90 mil bajas, no 168 mil.Y mienten cuando dicen que en Guanaco Muerto, norte de Córdoba, hay más pensionados que población: tomaron mal las referencias».
Diego, hipoacúsico que perdió la pensión, agrega: “El monto que he visto 10 mil millones de pesos que se “ahorran”, no es ese monto, es más: hay que sumarle lo que se ahorran por medicamentos de enfermedades crónicas que dejan de dar, de prótesis que dejan de dar, acompañamiento asistencial, etcétera”.
La audiencia
La audiencia hoy organizada por ATE Pensiones reunió a distintos legisladores con asociaciones y afectados. La idea: “Llegar a un acuerdo para frenar esto”, dice Alejandro del gremio, mientras volantea en la puerta del anexo frente al Congreso.
Alejandro cuenta los números que manejan: 83 mil suspensiones y bajas este año, que dan un total de 183 mil pensiones entre suspensiones y bajas por invalidez y madre de 7 hijos desde diciembre de 2015. Dice que las bajas ya venían de 2016: “Pero entonces no pudimos llegar a los medios, fue camuflado, también era engañoso porque cuando cambió la gestión prometió que no iban a tocar nada. La realidad es que desde enero hasta junio arrasaron con todo”.
En la audiencia en el Congreso se habló de promover un proyecto de ley que plantee la inconstitucionalidad de la medida, se recordó que el Ministerio de Transporte canceló el beneficio de un acompañante en los viajes de personas discapacitadas, la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Local dijo que se trata de una “persecución y control de todo el sistema previsional” y una mujer discapacitada sintetizó gritando: “Con la plata nuestra se van a Miami”.
Entre los datos que se aportaron hay uno de escándalo: del 4% de puestos de trabajo que deben ser asignados a personas con capacidades diferentes por ley, sólo se cumple el 0,97%. “Se está llevando adelante un manifiesto incumplimiento de una ley nacional”, aclaró Alberto Ciampini, presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, la cual no pudo sesionar por falta de quórum para tratar este tema hace tres días.
Graciela, una de las asistentes al Senado, puso en carne propia lo que deja el incumplimiento de la ley: “Yo no puedo conseguir trabajo en ningún lugar. Voy a un negocio y no me dan, en cualquier lugar: lo primero que piden es la historia clínica y no te dan trabajo, esa es la verdad. Nombrás el 4% y tampoco le dan importancia”.
El falso metrobús
Además de dar marcha atrás con la quita generalizada, desde el gobierno salieron a plantear al revuelo como efecto de una “falla en la comunicación” de la medida. Una fuente del gobierno explicó a lavaca: “Se dieron de baja los casos donde se encontraron inconsistencias. El caso de la chica olímpica (Yanina Martínez, medalla de oro en los Juegos de Río 2016) por ejemplo, ahí se cruzaron 2 bases de datos que tenían sentido, pero como en la identificación tributaria y social no aparece que fue al juego paralímpico, se dio de baja. Eso se rehabilita inmediatamente con un botón”. Sin embargo, la madre de Yanina contó que le dieron de baja la pensión porque su hija consiguió un patrocinio.
Qué hay detrás: “La mejor noticia es que esto finalmente a partir de la crisis de comunicación que se creó es una oportunidad parar adecuar el sistema de pensiones que hoy es imperfecto en muchos sentidos. Hacia lo que estamos migrando es de avanzada y va en línea con la convención y no con el asistencialismo que fue lo que predominó en el modelo médico hegemónico durante tantos años”.
Según el funcionario – que ideó junto a Gabriela Michetti el Plan Nacional de Discapacidad- “después de la tormenta va a venir algo muy muy interesante”. “¿Qué? “No puedo adelantar, pero vendría a ser algo así como el Metrobús de la discapacidad”.
Alejandro, de ATE nacional, cuenta desde adentro. “Lo que interpreto es que con esta reforma a partir de echar trabajadores es meterse con la gente que menos tiene y reducir tareas en la parte laboral. Ahora quieren hacer un sistema todo electrónico y eliminar el papel, y nosotros trabajamos con expedientes: si me pasás el sistema electrónico a través del Ministerio de Modernización, en el paso de ese sistema se caen pensiones y trabajadores. Está pasando con los jubilados, los remedios del PAMI, la caja de la Anses la están vaciando. Es un engaño. Dicen que modernizan pero son políticas de estado que se basan en comentarios o supuestos como si el problema fuese que hay pensiones truchas”.
Mientras, la movilización decide cortar la 9 de julio.
Se arma una larga cola de autos y un motociclista muy alterado, al no poder pasar, le pregunta a un policía: “¿Y ahora qué mierda quieren?” El oficial levanta los hombros. “¿Quiénes son?”, pregunta. “Los discapacitados”.
El tipo agacha la cabeza, y dobla la moto.






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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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