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Reabrió el Congreso para tratar la Ley de VIH

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Después de cinco meses de inacción, solamente interrumpida para tratar el acuerdo con el FMI, la Cámara de Diputados volvió a activarse para dar dictamen, entre otros proyectos que fueron tratados en el día, al Proyecto de ley de respuesta integral e intersectorial al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la Tuberculosis. Las voces a favor y en contra del proyecto, desde el recinto.

115 días sin acuerdo palamentario. La grandísima demora se debió a que los diputados y diputadas de los los diferentes bloques tardaron 115 días del año en llegar al acuerdo parlamentario necesario para poder conformar las comisiones que deben dar tratamiento a proyectos para que en algún momento lleguen al recinto y se conviertan en leyes, tarea que representa, en definitiva, parte prioritaria de su trabajo. 

Recién la última semana del mes de abril empezaron a constituirse comisiones, es decir, a elegir a sus autoridades y a quienes van a formar parte de ellas. Hasta ese momento las únicas comisiones que estaban conformadas eran las que trataron el acuerdo con el FMI. Hoy mismo, miércoles 4 de mayo, se van a conformar las siete comisiones que aún faltan. 

Ley de VIH

El Proyecto de ley de respuesta integral e intersectorial al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la Tuberculosis ingresó a la Cámara de Diputados, de la mano de la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos), hace un mes. 

Es la cuarta vez que se presenta. La primera fue en 2016; en ese momento tuvo dictamen favorable de la comisión de salud, pero no logró tratarse en las comisiones restantes.

La segunda, en 2018, no tuvo tratamiento en ninguna comisión.

La tercera, en 2020, obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, estaba lista para ser tratada en el recinto, pero no llegó. En diciembre del año pasado, el proyecto perdió estado parlamentario, otra vez.

Esta cuarta presentación retomó el trabajo hecho años anteriores. Y en la sala C del Anexo de la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y, Presupuesto y Hacienda avanzó en un nuevo dictamen. En el inicio de la reunión la diputada Gaillard, sostuvo que el proyecto “viene a cambiar el paradigma del tratamiento del VIH con un abordaje social” y que “plantea un enfoque de derechos humanos e incorpora a las mujeres y personas gestantes, la investigación y capacitación y garantiza calidad de vida”. Además adelantó que algunas modificaciones solicitadas por otros diputados y diputadas serán tratadas al momento de votarse en el recinto. 

El proyecto entiende la respuesta integral e intersectorial como aquella que garantiza la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento, cura, asistencia interdisciplinaria, y la reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS.

Además promueve la capacitación, la investigación y la difusión de campañas masivas. Y que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. 

Impulsa también la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial, y de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Lo nocivo

Entre otros puntos el proyecto de ley propone establecer un régimen especial previsional que permita a quienes padecen esta situación jubilarse a los 50 años, con 20 años de aportes y 10 de diagnóstico, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Además establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. Y la prohibición de suspensiones y despidos laborales discriminatorios.

De estos tres puntos habló el diputado Luis Espert (Avanza Libertad), quien dijo: “Me parece inapropiado hablar de que la medicina prepaga esté obligada a prestar asistencia integral, universal y gratuita”. Siguió: “No veo ningún motivo por el cual tiene que haber un régimen especial para las personas afectadas por estas dolencias; seguimos insistiendo en la ampliación de beneficios sin medir los costos fiscales en una sociedad agobiada por la inflación». Y agregó: “La prohibición de despidos y de suspensiones no ha llevado a ningún lugar bueno a la Argentina, ¿por qué extender algo nocivo?”. 

Hubo otros diputados que, con otros tonos, hablaron de lo mismo. Más tarde Espert se retiró de la reunión mientras hablaba el diputado Daniel Gollán (Frente de Todos). 

El diputado Nicolás del Caño, (Frente de Izquierda), le respondió que “los regímenes especiales no son lo mismo que un régimen de privilegio de los jueces, presidentes y presidentas. Distinto es un régimen especial jubilatorio de muchos sectores que han conquistado por años de lucha esos regímenes especiales porque sus condiciones de trabajo hacen que tengan que tener ese régimen especial. O en este caso enfermedades que hacen necesario ese régimen especial jubilatorio. Quienes están planteando esto son aquellos que quieren quitar derechos: el Fondo Monetario Internacional y las grandes patronales, de las que el diputado es vocero”.

El diputado Gollán, ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, contestó con datos: “Hay preocupación por el tema de las jubilaciones, tenemos un informe del ANSES donde dice que el impacto es muy bajo: serían 500 jubilaciones para el primer año y después 50 por año. Y para el primer año unas 8000 pensiones, y luego unas 1000 pensiones anuales. También preocupación porque paguen las empresas de medicina prepaga, las empresas de medicina prepaga ya tienen que pagar estos tratamientos, por un lado. No se preocupen por las ganancias de las prepagas, están ganando muy bien, en el 2020 OSDE que es la más grande ganó de ganancias netas 11.414 millones de pesos, es decir: no la están pasando mal”. 

En diálogo con lavaca la diputada Gaillard sostuvo que estas cuestiones “fueron de las más resistidas pero, también, de las más importantes. No es asimilable el VIH a cualquier otra enfermedad por todo el estigma, la discriminación y los prejuicios que la han rodeado, y el régimen especial jubilatorio tiene que ver con que las personas con VIH tiene un envejecimiento prematuro por los tratamientos prolongados con drogas de alta toxicidad y por el síndrome de inmunosenescencia que provoca la baja de las defensas en el organismo de las personas con esta enfermedad. Una sociedad de derechos siempre es una mejor sociedad”.

Lo que viene

Horas después del plenario de comisiones el oficialismo convocó a una sesión especial para mañana jueves 5 de mayo, a las 11 horas, que incluye la votación de tres proyectos, entre ellos la ley de VIH. La oposición convocó a sesión una hora después, a las 12 horas, con otra agenda de temas. 

La doble convocatoria responde a la lógica que impera en el parlamento y que hizo que el trabajo en comisiones tarde cinco meses en activarse. ¿A qué se debió este parate? Responde la diputada Carolina Gaillard: “Tiene que ver con qué claramente hay por parte de la oposición mucha resistencia a que este Congreso funcione y nosotros creemos que a la sociedad tenemos que mostrarle que nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en temas que le van a cambiar la vida a la gente y este es uno de ellos; el tema de cannabis medicinal, también. Tenemos que tener responsabilidad, avanzar, y sentarnos a trabajar juntos y mostrarle a la sociedad que este Congreso funciona”.

Resulta curioso que la oposición le endilga la misma responsabilidad de la disfuncionalidad del Congreso, al oficalismo. Más allá o más acá de la grieta, el Poder Ejecutivo, convocó para hoy, después de seis meses sin hacerlo, reunión de gabinete en la Casa Rosada.   

¿Continuará?

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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