Nota
El “diálogo” pro minero oficial y porteño, mientras se reprime a las comunidades que defienden el agua y el territorio

Las dos escenas se vivieron casi en paralelo. En Buenos Aires, el ministerio de la Producción con el señor Matías Kulfas a la cabeza, lanzó la autopercibida “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac). Al encuentro asistieron la Cámara de Empresarios Mineros, periodistas afines a la explotación minera, e incluso una organización social como Jóvenes por el Clima. Mientras tanto en Choya, cerca de Andalgalá, Catamarca, la comunidad real no recibía apertura alguna, salvo la generada por balazos de goma y golpes policiales, por reclamar contra la contaminación de las vertientes de agua por parte del proyecto megaminero Mara (que reúne a Agua Rica y a Bajo Alumbrera).
Para este jueves a las 5 de la tarde se convocó a una movilización frente al Congreso. Lo que describen Rosa Farías desde Andalgalá (asamblea El Algarrobo), las comunidades concretas que reclaman contra la megaminería y Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima.
Rosa Farías, histórica integrante de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá cuenta a lavaca: “Ya en febrero los vecinos de uno de los pueblos cercanos a la mina, Choya, dedicados a la agricultura y pequeña ganadería, descubren que el agua de sus ríos venía fea, sucia, contaminada. No era como siempre. Pidieron una audiencia con el Concejo Deliberante porque estaban muy inquietos, incluso hubo niños que enfermaron. Les dijeron que les contestarían en tres días. No pasó nada. A la semana ya era un tiempo prudencial y tomaron la decisión de hacer un campamento en la montaña, desde el 5 de abril”.
¿Cuál era el origen del problema? “La minera, a través de una empresa tercerizada, estaba haciendo caminos sobre las vertientes de agua, para instalar allí finalmente una escombrera con lo que destruyen con la actividad y las explosiones, pero al hacer esa construcción estaban arrojando a los ríos y arroyos todo el desperdicio” explica Farías.
“El campamento tenía como objetivo dejar que los empleados de la minera pudieran bajar e irse, pero que no pudieran subir a reemplazarlos. Un fiscal subrogante decidió llevar durante la madrugada de este martes a la policía hacia el cerro, para sorprender a la gente que resistía, desalojarla, y que pudieran pasar los empleados mineros”.
En la operación, cuenta Rosa, hubo una detenida (Karina Orquera), trasladada a la comisaría departamental de Andalgalá. Cuando la gente le reclamó a la policía por esa detención, comenzó la represión. “Fueron directamente al choque, a pegar y a dispararnos” dice Rosa, quien aclara que esos caminos de la minera representan una obra que jamás fue informada al pueblo, “cosa a la que obliga la ley de Ambiente, con audiencias públicas”. Se confirma esta vez que las leyes no son tema predilecto de gobiernos ni de corporaciones.

“Todo esto está pasando en un proyecto que está a 17 kilómetros en línea recta de Andalgalá, todo con capitales extranjeros canadienses y norteamericanos”. El proyecto declarado (porque estas cosas no suelen ser motivo de control alguno) es extraer de Mara cobre, molibdeno, oro y plata. Es curioso el argumento de las empresas Yamana Gold (56% del proyecto), Glencore International y Newmon Corporation, que sostienen que usan las estructuras de Bajo Alumbrera no para ahorrarse una nueva instalación, sino para “disminuir la huella ambiental”, en lo que representa otro giro de palabras huecas destinado al marketing de proyectos cuya propia lógica es de destrucción.
“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.
“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.
Su definición: “El que quiera venir va a ver que lo que ocurre es que estamos en una dictadura minera. Tras la represión, hoy en día no dejan entrar a nadie que no tenga residencia en Andalgalá”.
Rosa explica a lavaca su interpretación sobre lo que se viene: “Tenemos que segur defendiéndonos. La cosa va a empeorar. Nadie nos da pelota, salvo para mandarnos cada vez más policías. No sé cómo va a terminar, lamentablemente. Tengo un nuddo en el estómago, porque esto es muy grave. Pero estamos siempre la comunidad en la calle, aunque nos critiquen y nos ataquen, porque estamos defendiendo el agua y la vida”.
Romper las resistencias
Distintas comunidades y asambleas de todo el país rechazaron “el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”.
El texto merece leerse completo: “Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los ´90”.
“El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares. Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, un plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otro en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan impunemente la gran mayoría de las empresas), ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Rio Negro, Mendoza, entre muchas otras actividades más. En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado”.
“Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones, que participaron ayer como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así intentan bastardear 20 años de luchas territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la supuesta participación es con organizaciones que no tienen contacto con las comunidades afectadas, que no nos representan, y no cuentan con legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero, pacífico y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”.

“No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería, ni por falta de control; lo hacemos porque en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida”.
Firman, entre muchas otras, la Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan), la Confederación Mapuche del Neuquén, Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH), Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, el Espacio Asambleario Autonomo de Río Negro, la Comunidad Mapuche-Tehuelche Meli Witral Mapu Kimun (Chubut), las asambleas Pucará y Fiambalá Despierta (también de Catamarca), las comunidades mapuche de Rio Negro en defensa del agua y el territorio: Amulen Che (Mencue), Ragiñ Plang Kura Mew (Blancura Centro), Pulan Lafken (Laguna Blanca), Newen Ñuke Mapu (Cañadon chileno, Tres Cerros, Anecón Chico, Canteras Comallo y Fitahuau), Ancalao (Ñorquinco) y Mariano Solo (Colan Conhue), la Coordinadora Basta es Basta y el Foro Ecologista de Paraná, la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo (Mendoza), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides (Chubut), Asamblea No a la Mina (Esquel, Chubut), la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Asamblea de vecinxs de Epuyen, la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, la Asamblea por el Agua de Godoy Cruz (Mendoza).
El cuestionamiento de las asambleas no fue solo al encuentro sino que se manifiesta en una oración: “Repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”. Lo más difundido en esa línea fue la presencia allí de organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima. Bruno Rodríguez, de esta última agrupación, dijo a lavaca: “Nuestra intención no fue convalidar esa Mesa sino denunciar categóricamente que se crea que a la fuerza se va a conseguir licencia social en los territorios. Mencioné el caso de Chubut, donde hubo represión y coimas. Denuncié la violencia institucional y el declive democrático en los territorios. Algunos dicen que nuestra actuación s una alineación institucional con el Ministerio de la Producción, pero salimos a repudiar la represión en Andalgalá. Lo que denunciamos es que el Minisrterio y el Estado tienen falencias estructurales a la hora de abordar la integración de las comunidades”.
¿Qué simboliza Andalgalá, y otras represiones como las sufridas en Santiago del Estero por comunidades originarias y la UTT? “hay una ofensiva generalizada contra las comunidades en pie de lucha por la defensa de los territorios y los derechos fundamentales. Se alinean de manera muy íntima el aparato represivo del Estado con la aplicación de un plan económico al servicio del pago de la deuda. Lo real es que hay una profundización de la represión estatal contra las comunidades que se plantan frente a proyectos que no tienen licencia social. Por eso la gente se manifiesa y el Estado la reprime”.
Lo crucial en todo caso, y lo más ilustrativo, es repasar lo que plantean las asambleas, comunidades y pueblos originarios en su documento, o lo que dicen vecinas como Rosa Farías. Gente no escuchada en los encuentros “abiertos” porteños. Escuchar a esas personas y comunidades ayuda a entender cuál es la voz real de quienes resisten en cada lugar –y muy exitosamente en muchos casos- frente un modelo de extracción, empobrecimiento social, contaminación, y crisis climática.

Nota
Cecilia Basaldúa: la sangre de un sospechoso
Mario Mainardi (en la foto tomada hoy), uno de los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Basaldúa cometido en Capilla del Monte, Córdoba, hace poco más de 5 años, finalmente fue citado por la fiscalía de Cruz del Eje para realizarle este martes una extracción de sangre. La abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, se enteró apenas un día antes de esta citación a Mainardi. El sospechoso (actualmente vive en Santa Fe) había sido encargado de alojar a Cecilia en Capilla, y fue la última persona que la vio con vida, el 5 de abril de 2020. Sobre su presencia hoy en Cruz del Eje, contó la abogada: “Sacó fotos a todo el edificio, selfis con tribunales de fondo y salió custodiado con personal de la policía de Córdoba. Se subió a un móvil y se fue”.
Las irregularidades y desinformación o manipulación en la causa han sido frecuentes en perjuicio de la familia y sus defensores (además de Pavón, el abogado Gerardo Batistón es querellante en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación). También ha significado un ocultamiento a la prensa. Audiencias para las que los testigos no eran notificados, falsos argumentos policiales para explicar su propia inoperancia, demoras incomprensibles en la causa, todos temas por los que hay iniciada una denuncia de la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Además se solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje que la policía de Capilla del Monte, ya no sea la que realiza las notificaciones.
Queda pendiente ahora la información que se brinde a la sociedad sobre este trámite, que permitió ver a un sospechoso clave que nunca dio la cara. La causa ha sido siempre un laberinto sacudido en todo caso por numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad. Aquí publicamos la crónica de lo ocurrido hace menos de un mes, al cumplirse 5 años del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa.
Fotos y crónica de María Eugenia Marengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Lúquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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