Las dos escenas se vivieron casi en paralelo. En Buenos Aires, el ministerio de la Producción con el señor Matías Kulfas a la cabeza, lanzó la autopercibida “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac). Al encuentro asistieron la Cámara de Empresarios Mineros, periodistas afines a la explotación minera, e incluso una organización social como Jóvenes por el Clima. Mientras tanto en Choya, cerca de Andalgalá, Catamarca, la comunidad real no recibía apertura alguna, salvo la generada por balazos de goma y golpes policiales, por reclamar contra la contaminación de las vertientes de agua por parte del proyecto megaminero Mara (que reúne a Agua Rica y a Bajo Alumbrera).

Para este jueves a las 5 de la tarde se convocó a una movilización frente al Congreso. Lo que describen Rosa Farías desde Andalgalá (asamblea El Algarrobo), las comunidades concretas que reclaman contra la megaminería y Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima.

Rosa Farías, histórica integrante de la asamblea El Algarrobo de Andalgalá cuenta a lavaca: “Ya en febrero los vecinos de uno de los pueblos cercanos a la mina, Choya, dedicados a la agricultura y pequeña ganadería, descubren que el agua de sus ríos venía fea, sucia, contaminada. No era como siempre. Pidieron una audiencia con el Concejo Deliberante porque estaban muy inquietos, incluso hubo niños que enfermaron. Les dijeron que les contestarían en tres días. No pasó nada. A la semana ya era un tiempo prudencial y tomaron la decisión de hacer un campamento en la montaña, desde el 5 de abril”.

¿Cuál era el origen del problema? “La minera, a través de una empresa tercerizada, estaba haciendo caminos sobre las vertientes de agua, para instalar allí finalmente una escombrera con lo que destruyen con la actividad y las explosiones, pero al hacer esa construcción estaban arrojando a los ríos y arroyos todo el desperdicio” explica Farías.

“El campamento tenía como objetivo dejar que los empleados de la minera pudieran bajar e irse, pero que no pudieran subir a reemplazarlos. Un fiscal subrogante decidió llevar durante la madrugada de este martes a la policía hacia el cerro, para sorprender a la gente que resistía, desalojarla, y que pudieran pasar los empleados mineros”.

En la operación, cuenta Rosa, hubo una detenida (Karina Orquera), trasladada a la comisaría departamental de Andalgalá. Cuando la gente le reclamó a la policía por esa detención, comenzó la represión. “Fueron directamente al choque, a pegar y a dispararnos” dice Rosa, quien aclara que esos caminos de la minera representan una obra que jamás fue informada al pueblo, “cosa a la que obliga la ley de Ambiente, con audiencias públicas”. Se confirma esta vez que las leyes no son tema predilecto de gobiernos ni de corporaciones.

“Todo esto está pasando en un proyecto que está a 17 kilómetros en línea recta de Andalgalá, todo con capitales extranjeros canadienses y norteamericanos”. El proyecto declarado (porque estas cosas no suelen ser motivo de control alguno) es extraer de Mara cobre, molibdeno, oro y plata. Es curioso el argumento de las empresas Yamana Gold (56% del proyecto), Glencore International y Newmon Corporation, que sostienen que usan las estructuras de Bajo Alumbrera no para ahorrarse una nueva instalación, sino para “disminuir la huella ambiental”, en lo que representa otro giro de palabras huecas destinado al marketing de proyectos cuya propia lógica es de destrucción.   

“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.

“El tema es que también están asociados el Estado nacional y el provincial” explica Rosa Farías, “y por eso nadie nos escucha, todos nos ningunean, y hablo de los políticos que son unos crápulas”.

Su definición: “El que quiera venir va a ver que lo que ocurre es que estamos en una dictadura minera. Tras la represión, hoy en día no dejan entrar a nadie que no tenga residencia en Andalgalá”.

Rosa explica a lavaca su interpretación sobre lo que se viene: “Tenemos que segur defendiéndonos. La cosa va a empeorar. Nadie nos da pelota, salvo para mandarnos cada vez más policías. No sé cómo va a terminar, lamentablemente. Tengo un nuddo en el estómago, porque esto es muy grave. Pero estamos siempre la comunidad en la calle, aunque nos critiquen y nos ataquen, porque estamos defendiendo el agua y la vida”.  

Romper las resistencias

Distintas comunidades y asambleas de todo el país rechazaron “el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios”.

El texto merece leerse completo: “Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac)”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los ´90”.

“El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares. Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, un plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otro en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan impunemente la gran mayoría de las empresas), ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Rio Negro, Mendoza, entre muchas otras actividades más. En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado”. 

“Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones, que participaron ayer como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así intentan bastardear 20 años de luchas territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la supuesta participación es con organizaciones que no tienen contacto con las comunidades afectadas, que no nos representan, y no cuentan con legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero, pacífico y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”.

“No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería, ni por falta de control; lo hacemos porque en todo el mundo se impone sin licencia social, con gran conflictividad y represión, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política y con persecuciones físicas y judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida”.

Firman, entre muchas otras, la Asamblea Jachal No Se Toca (San Juan), la Confederación Mapuche del Neuquén, Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH), Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, el Espacio Asambleario Autonomo de Río Negro, la Comunidad Mapuche-Tehuelche Meli Witral Mapu Kimun (Chubut), las asambleas Pucará y Fiambalá Despierta (también de Catamarca), las comunidades mapuche de Rio Negro en defensa del agua y el territorio: Amulen Che (Mencue), Ragiñ Plang Kura Mew (Blancura Centro), Pulan Lafken (Laguna Blanca), Newen Ñuke Mapu (Cañadon chileno, Tres Cerros, Anecón Chico, Canteras Comallo y Fitahuau), Ancalao (Ñorquinco) y Mariano Solo (Colan Conhue), la Coordinadora Basta es Basta y el Foro Ecologista de Paraná, la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo (Mendoza), la Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides (Chubut), Asamblea No a la Mina (Esquel, Chubut), la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Asamblea de vecinxs de Epuyen, la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, la Asamblea por el Agua de Godoy Cruz (Mendoza).

El cuestionamiento de las asambleas no fue solo al encuentro sino que se manifiesta en una oración: “Repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios”. Lo más difundido en esa línea fue la presencia allí de organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima. Bruno Rodríguez, de esta última agrupación, dijo a lavaca: “Nuestra intención no fue convalidar esa Mesa sino denunciar categóricamente que se crea que a la fuerza se va a conseguir licencia social en los territorios. Mencioné el caso de Chubut, donde hubo represión y coimas. Denuncié la violencia institucional y el declive democrático en los territorios. Algunos dicen que nuestra actuación s una alineación institucional con el Ministerio de la Producción, pero salimos a repudiar la represión en Andalgalá. Lo que denunciamos es que el Minisrterio y  el Estado tienen falencias estructurales a la hora de abordar la integración de las comunidades”.

¿Qué simboliza Andalgalá, y otras represiones como las sufridas en Santiago del Estero por comunidades originarias y la UTT? “hay una ofensiva generalizada contra las comunidades en pie de lucha por la defensa de los territorios y los derechos fundamentales. Se alinean de manera muy íntima el aparato represivo del Estado con la aplicación de un plan económico al servicio del pago de la deuda. Lo real es que hay una profundización de la represión estatal contra las comunidades que se plantan frente a proyectos que no tienen licencia social. Por eso la gente se manifiesa y el Estado la reprime”.

Lo crucial en todo caso, y lo más ilustrativo, es repasar lo que plantean las asambleas, comunidades y pueblos originarios en su documento, o lo que dicen vecinas como Rosa Farías. Gente no escuchada en los encuentros “abiertos” porteños. Escuchar a esas personas y comunidades ayuda a entender cuál es la voz real de quienes resisten en cada lugar –y muy exitosamente en muchos casos- frente un modelo de extracción, empobrecimiento social, contaminación, y crisis climática.