Nota

Recuerdos de la Esma

Publicada

hace 10 años

07/07/2014

Esta semana y en Tucumán se proyectará el documental Sonata en si menor, dirigido por Patricio Escobar sobre una investigación periodística de lavaca. Las actividades tienen una características especial: estarán presentes los protagonistas de la historia, sobrevivientes del secuestro y cautiverio en el centro clandestino ESMA durante la dictadura. La película toma esta historia para analizar el rol que tuvo la prensa. Jaime Dri llega desde Panamá, Rosario Quiroga y sus hijas, desde Venezuela. En Tucumán se suman a Miguel Ángel Estrella, quien los invitó especialmente a su concierto del 9 de julio. De regreso a Buenos Aires, el debate y la proyección con la presencia de los protagonistas será en Mu.Punto de Encuentro, el próximo miércoles 16 de julio, a las 18.30, con entrada libre. En esta nota contamos su historia.

Hacer historia

La primera noticia sobre el secuestro y traslado clandestino de un grupo de argentinos que estaba en Montevideo me llegó en forma casual, revisando el archivo en una editorial donde comencé a trabajar cuando agonizaba la dictadura. Yo era cronista y sentado a mi lado tenía al redactor especial Luis Castellanos, un petiso pelado y de anteojos, como George, el amigo de Seinfield, pero canchero y borracho. Poco después me enteré de que era uno de los periodistas que más frecuentaba la Esma.
Para conjurar ese asco que no tuve entonces porque “no sabía” (justamente yo, que venía de los bordes de la General Paz donde la dictadura era un retén cotidiano, un amigo chupado, un vecino metido a golpes en un baúl, un grito de auxilio ahogado en la madrugada), comencé a investigar esa noticia que no era noticia.
Recuerdo que me parecía obvio que había algo más. Recuerdo que las primeras en denunciarlo fueron las sobrevivientes de la ESMA que declararon en Francia en 1979 e incluso mencionaron a Castellanos como colaborador militar. Y recuerdo también que me pareció obvio que todo, al fin, había sido revelado en Recuerdos de la muerte, el libro de Miguel Bonasso, publicado en 1984.

Jaime Dri, el protagonista de Recuerdo de la Muerte, hoy. Vive en Panamá, tiene un hijo de 4 años y da clases de contabilidad en la universidad

Si la retomo ahora es porque no me parece obvio analizar qué rol jugó el periodismo en ese operativo que implicó secuestro, tortura, cárcel, muerte y desaparición forzada de 5 mujeres, 5 hombres y 5 niñas. Ellas, en especial, estuvieron en mí todos estos años, no sé si como un peso o un motor.
Fue Bonasso, entonces, el primero que nos dijo, como antes Walsh:
-Hay un fusilado que vive.
Nos contaba así la historia de Jaime Dri, el militante montonero que había sido secuestrado en Montevideo, trasladado al ESMA, sometido a “préstamo” al grupo de tareas que operó en la Quinta de Funes, bajo el mando del nefasto Galtieri en la periferia de Rosario, y devuelto a los sótanos de la Marina; él único que había logrado fugarse de allí y vivir para contarlo.
Dri es el muerto que habla en Recuerdos de la muerte, el Livagra de Operación Masacre.
Ahora que lo tengo enfrente, que lo he visto reírse a carcajadas y llorar con mocos, se lo digo con todas las letras y él se queda mirándome fijo, unos segundos eternos. Entiendo por qué.
Si retomo esta historia es porque tampoco parece obvio analizar qué valor tiene un sobreviviente del terrorismo de Estado. Digámoslo entonces rápido y claro: son la respuesta al grito de “Aparición con vida”. Son también el motor que encendió la justicia, la principal prueba, el dedo acusador. En la jerga judicial son testigos. En la historia social, son las víctimas que se ponen de pie y dicen “Yo acuso”. ¿Se puede entonces pedirles explicaciones sobre por qué están vivos?
Se puede.
Lo que no sabe el que los interroga es que la respuesta está en la pregunta: sobrevivir, nos interpela sobre cómo vivir después de una dictadura; pero fundamentalmente, sobre cuándo es ese después y cuánto su fin depende de nosotros.
Depende, nada menos, no del peso de nuestras preguntas, sino del motor que enciende nuestras respuestas.
La mía, ahora, es abrazar a Dri.

Dos de las hijas de Dri -María Virginia y María Paula- junto a su madre Rosario Quiroga. Todas fueron secuestradas en Montevideo y trasladadas ilegalmente al centro clandestino. Un día después, Astiz entregó a las nenas a una tía monja. Rosario fue una detenida-desaparecida hasta enero de 1979, cuando sus captores le permitieron viajar a Caracas, donde hoy viven todas.

Las personas

Jaime Dri, nacido en Chajarí, Entre Rios, 14 hermanos, uno cura, cinco monjas, hijo de un sobreviviente de los bombardeos del 55, padre de Vanesa y Fernando, que fueron secuestrados el de 10 enero de 1977, cuando tenían 6 y 4 años; posteriormente liberados y enviados a Panamá, de donde era oriunda su entonces compañera, Olimpia Díaz. Dri fue elegido diputado provincial por el Chaco, cargo que ejerció hasta el día del golpe y era responsable de la columna nordeste de Montoneros. Viajó a Montevideo, vía Concordia-Salto, para reunirse con su responsable político, Alejandro Barry, a quien sólo conocía por su apodo: El Sopita.
Alejandro Barry había llegado a Montevideo junto a su compañera, Susana Matta, y su hija, Alejandrina, de 4 años. A Susana, Dri la llamaba La Pelada y a su hijita, La Peladita.
Rosario Quiroga, sanjuanina, familia devota, tía monja (ya veremos qué milagro provocó). Trabajaba en la biblioteca de la Universidad de San Juan hasta que fue cesanteada por la Ley de Seguridad del Estado sancionada por la dictadura para perseguir activistas. Su primer compañero y padre de sus tres hijas fue José Luis Herrero, desaparecido en Mendoza el 9 de marzo de 1976. Formó pareja luego con Oscar De Gregorio, a quien todos llamaban El Sordo, responsable de otra de las columnas montoneras. Oscar tenía un hijo, Juan Manuel, por entonces de 7 años, y una compañera del movimiento. Cuando decidió separarse fue sancionado por la conducción: perdió su jerarquía en la organización, aunque no sus responsabilidades. Oscar y Rosario habían escapado de Argentina cuatro meses antes, esquivando la represión. Viajaron a Brasil y luego a Montevideo, donde alquilaron una casa en la zona céntrica, a pocas cuadras de la avenida 18 de julio y a dos del jardín de infantes a donde enviaron a las nenas: María Paula, de 5, María Elvira, de 4 y María Virginia, de 3.
Miguel Ángel Estrella, tucumano, nieto de árabes, pianista virtuoso, discípulo de la francesa Nadia Boulanger (ya veremos qué milagros provocó), joven viudo, padre de 2 hijos -Javier, de 11 años, y Paula, de 8- exiliado en Montevideo luego del golpe. En su chalet del coqueto barrio de Carrasco le dio refugio a una joven pareja que huía de la persecución de los militares argentinos: Jaime Bracony y Luisana Olivera. Otra joven estudiante entrerriana, Raquel Odasso, lo ayudaba cuidando a sus hijos.
María del Huerto Milesi y Rolando Pisarello habían llegado días antes, huyendo con su hija María Laura, por entonces una bebé de 4 meses.

1977, ESMA: foto tomada por el represor Jorge Tigre Acosta. Las nenas fueron secuestradas en Uruguay en un operativo del Plan Cóndor.

Los hechos

Esta historia comienza igual y para todos.
Y comienza con fe.
Primero como católicos, luego como militantes, finalmente como montoneros, cada mujer y cada hombre enredado en este ovillo siguió el hilo que tejía su tiempo y su convicción.
Esta historia no comienza con un secuestro sino con una militancia que hoy recuerdan con orgullo y autocríticas. Cuando llegó la tiniebla del golpe, la mayoría tenía responsabilidades en su militarizada organización y eso los sometió a rígidas disciplinas y aún más rígidas medidas de seguridad. Así llegaron a Montevideo, con documentos falsos y haciendo política clandestinamente.
Lo que comienza, entonces, el 16 de noviembre de 1977 es el horror.
Ese día Oscar De Gregorio regresaba de Buenos Aires a Montevideo. En el puerto de Colonia lo esperaba su compañera, Rosario, que había dejado a las nenas al cuidado de una vecina. Lo vio bajar a las 13.30 del aliscafo y caminar rumbo a Inmigraciones, donde lo detuvieron. Las versiones siempre hablaron de que le habían encontrado una granada dentro de un termo, pero Rosario no cree que sea cierto. Su hijo Juan Manuel me dice ahora que un funcionario del ministerio de Defensa de tiempos de Tabaré Vázquez le contó otra versión: en la guardia había un oficial que sospechó del nombre -Manuel del Corazón de Jesús Mántara, demasiado largo y complicado- y le pasó el documento a otro que, mala suerte, era experto en falsificación.
Rosario vio cómo se llevaban a Oscar hacia otro lado del esperado y decidió no perder tiempo. Tomó un micro, llegó a su casa y le confesó a su vecina la verdad: quién era y qué pasaba. La mujer la ayudó a levantar la casa y cargar a las nenas. Cuando volvimos a Montevideo este abril, buscamos sin suerte la casa. Rosario tenía la esperanza de encontrar a la vecina y agradecerle todo. Especialmente que no le haya preguntado nada.
Luego, se instaló en un 3 ambientes con jardín que alquiló en la zona balnearia de Lagomar, distante a sólo 22 kilómetros de Montevideo, y buscó contactarse con sus compañero. Fue entonces cuando visitó el coqueto chalet de Miguel Ángel Estrella.
Ellos no lo sabían, aunque todos los vecinos se los habían advertido: el chalet de Estrella estaba vigilado. Me lo cuenta ahora un cincuentón amable, que actúa incluso el diálogo que tuvo con Estrella en los días previos a la redada:
– Yo siempre estaba acá, sentado en este muro con mi mate, joven al cuete, cuando lo veo pasar Estrella y le digo: `Están dando vueltas unos tipos raros desde hace días. O te vienen a buscar a vos o me vienen a buscar a mí, así que hay que tener cuidado”.
Estrella recuerda el diálogo y sonríe. “Si hasta mis hijos me abrazaban y decían: ´no quiero perderte también a vos papá´. Por eso estábamos levantando la casa, con la idea de irnos a Europa aprovechando unos conciertos que tenía ya pactados”. La parsimonia de Estrella en medio de este clima de persecución no es solo producto de su filosofía tucumana, que también, sino de su lejana pertenencia a la organización que en esos días parecía ser el único objetivo de la represión. Parecía, pero no.

El abrazo de Dri con Estrella fue en la residencia del embajador argentino en Uruguay, donde compartieron desayuno y recuerdos.

El intento de fuga

Fue Martín Gras, otro detenido-desaparecido en la ESMA, hoy funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien declaró ante un juez uruguayo que fue trasladado clandestinamente a Montevideo y obligado por sus represores a reconocer a quien ilegalmente habían detenido. La declaración de Gras coincide con lo que le contó el funcionario de Tabaré a Juan Manuel, el hijo de De Gregorio: Gras llegó junto al represor argentino Antonio Pernía a un galpón que tenía el cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) en el puerto de Montevideo, donde lo recibió el capitán de navío Jorge Troccoli, un represor uruguayo que escapó a Italia y eludió un pedido de extradición, hoy prófugo de la justicia Ahí se enteró que minutos antes, Oscar había salido con unos militares en auto a marcar una cita. Pernía se puso furioso porque imaginó lo que vendría. Lo que sigue es el relato de Gras: “Pernía salió a buscarlos y en una calle reconoció el coche de los uruguayos sin nadie adentro. Escuchó un disparo: De Gregorio le había pegado al oficial uruguayo; escapó, corrió, entró a un zaguán y ahí el uruguayo le pegó un tiro. En el momento en que Pernía llegó al zaguán, el oficial iba a rematar a Oscar, que ya estaba malherido. Pernía se le tiró encima para evitarlo. El chofer casi le dispara también a él, que estaba de civil”.
Oscar fue trasladado al Hospital Militar en la mañana del 18 de noviembre de 1997. La bala le había perforado los intestinos y el bazo, que le terminaron extirpando, según consta en el parte médico de ese hospital y que forma parte de los documentos que le entregó la Armada uruguaya al presidente Tabaré Vázquez en setiembre de 2005.

Plan Cóndor en acción

Cuando fue al chalet de Estralla, Rosario no sabía que el secuestro de Oscar había puesto en marcha esa tenebrosa maquinaria llamada Plan Cóndor. El pianista estaba de viaje y la recibió Jaime Bracony y Luisiana Olivera, que la pusieron en contacto con Alejandro Barry. La cita fue en un restaurante céntrico y reunió a la mayoría de los protagonistas de esta historia. Dri, que había llegado a Montevideo ese día, María del Huerto y Rolando Pisarello, también recién llegados, más Rosario y Alejandro, que era el máximo responsable político del grupo. Fue él quien decidió que el matrimonio Pisarello y su bebé fueran a vivir con Rosario, porque le parecía segura esa casa de Lagomar, que el caído Oscar desconocía. También ahí se arregló que Dri iría a la casa que los Barry habían alquilado en Atlántida, aunque nadie en el grupo sabía en ese momento dónde vivían. Rosario partió con la pareja a Lagomar, Dri fue caminando con Rolando hasta la casa de Estrella, que tampoco estaba, y regresó a su hotel a esperar que llegue otro día y su cita: quedó en encontrarse con El Nariz en ese mismo restaurante a las 2 de la tarde.

La redada

El operativo comenzó el 15 de diciembre de 1977 y a las 8 y pico de la mañana, cuando Rosario y Rolando salieron de la casa de Lagomar y caminaron hasta la ruta. Rosario siempre creyó que habían sido 2 cuadras, pero son más de 500 metros los que separan la casa con 3 cuartos, jardín y patio trasero de la Avenida Giannattasio. Ahora que estamos allí, conversando con los vecinos de la época, nos enteramos que desde la noche anterior un grupo de militares uruguayos, de civil y armados, había obligado a la señora de enfrente a esconderlos, para vigilar desde allí los movimientos de la casa. Le dijeron que era una cuestión de drogas y la señora sospechó lo peor: no podía ser verdad porque ella había visto en el jardín jugar a las nenas.
A pocos metros de la parada del colectivo con el que pensaban llegar a Montevideo escucharon un grito. Alto. Comenzaron a correr, pero detrás del refugio de la parada se asomaron otros hombres armados. A Rosario la agarraron de los pelos, la encapucharon y la tumbaron en una camioneta, al igual que a Rolando.

La tapa de Mu 55, junio 2012

La emboscada

A las 2 de la tarde de ese mismo 15 de diciembre Jaime Dri se encontró con Alejandro Barry en la puerta del único restaurante que conoció en Montevideo. Subieron a la Mehari roja y cuando comenzaron a andar, Jaime cerró los ojos tal cual lo indicado: nadie podía ni quería ver el trayecto que lo llevaba a la casa de un compañero. “Habrá pasado un rato largo, una media hora quizá, cuando escuché el grito de El Nariz”, me dice ahora que está parado en el exacto lugar donde volcó la Mehari, emboscada por un auto al frente y otro atrás, que le dio el topetazo. “El Nariz me pasó por encima y yo salí como pude, corriendo hacia allá”. Señala en dirección a una esquina que en un primer momento lo desorienta porque hoy la ruta es doble mano, el terreno está levantado y él no recuerda haber tropezado con nada en la estampida, pero también por evocar la intensidad y el vértigo que tuvo aquel momento. Dri busca, necesita encontrar, la casa a la que entró en su desesperada fuga. “Era chiquita, precaria y en lugar de una puerta trasera me topé con una ventana chiquita y enrejada”. Ahí está, al fin, parado al lado de la ventana que le cerró la retirada, en la casa chiquita que hoy tiene adosada otra habitación, donde vive la nieta de la mujer que aquella tarde alcanzó a decirle solamente “Por favor, váyase de acá”, que era exactamente lo que ansiaba Dri. Esa señora, nos cuentan ahora, era la curandera del barrio.
Dri recibió en ese umbral dos tiros en las piernas, pero nunca menciona esas heridas ni tampoco da detalles de las torturas que padeció luego de que lo llevaran desde allí y a la rastra, en el piso trasero de un auto.
Las versiones indican que Alejandro Barry fue asesinado ahí mismo. Dri no lo supo hasta tiempo después y todavía se pregunta, parado en la ruta, para dónde habrá corrido El Nariz, como si el destino hubiera empujado a su compañero en dirección errada. Y a él no.

Dri con Patricio Escobar y Damián Finvarb, director y director de fotografia del documental, respectivamente, en Uruguay

Operativo Estrella

Esa misma tarde del 15 de diciembre Raquel Odasso volvía de comprar bizcochos, cuando a dos cuadras de la casa donde trabajaba cuidando a los hijos de Miguel Ángel Estrella la interceptó un auto. Los vecinos recuerdan ahora que era un Wolksvagen del que bajaron dos hombres que la tomaron de los pelos y la llevaron. La hija de Estrella estaba jugando en la casa de unas amigas, a pocos metros, y escuchó los gritos. Los bizcochos quedaron en el piso, desparramados.
Por los techos de la casa del vecino trasero irrumpió al chalet de Carrasco el grupo de tareas que se llevó a la rastra a Jaime Bracony y Luisana Olivera, mientras dejaba una guardia adentro, esperando la llegada de Estrella. Todo el tiempo que dura esa espera, el hijo de Estrella lo pasó en su habitación, enfermo y aterrado.
Alertada por los vecinos, llegó hasta la puerta del chalet una amiga del pianista. Llevaba un traje de cura y otro de mujer. “Pensó que así podía escaparme”, sonríe Estrella ahora, mientras unta una tostada del desayuno que sirve, sin ruido, la empleada de la embajada argentina en Uruguay. Estamos ahora en la residencia oficial, donde ayer, 25 de mayo, Estrella ofreció un recital que transformó las sonatas de Listz en un acto político.
Estrella tiene una forma especial de hablar. Cada palabra es una tecla con la que intenta tocarnos algo: un sentimiento, una sonrisa, una mirada. Cada pieza que ejecuta tiene un cuento de introducción. El de este día que se dice de la patria comienza con la historia de su secuestro en Carrasco. Lo está escuchando, sentado detrás de él, el presidente José Mujica que estuvo prisionero en el mismo penal al que fue a parar Estrella. En la platea hay más ex presos de la dictadura y referentes de derechos humanos que funcionarios. Está, además, la amiga que quiso disfrazarlo. Lleva bastón y renguea. Dice que todavía le duelen las manos por la picana que recibió cuando la llevaron, junto a Estrella, al Castillo de Carrasco. Ella es la única de todos los que estuvieron allí capaz de identificar donde queda ese centro clandestino de detención a donde llevaron a las mujeres, los hombres y las niñas secuestrados aquel 15 de diciembre.

Lagomar y después

Ninguno de los sobrevivientes sabe por qué llegó Susana Matta con Alejandrina a la casa de Lagomar, pero todos suponen que fue porque ni su compañero Alejandro Barry ni Jaime Dri llegaron el 15 a su casa. Tampoco saben porque se quedaron allí, tras la desaparición de Rosario y Rolando. Lo cierto es que en la madrugada del 16 de diciembre, cuando irrumpió la patota, ahí estaban durmiendo, en un cuarto las madres, Susana y María del Huerto, junto a su bebé de 4 meses, y en otro las 4 nenas: Alejandrina, la hija de los Barry, y las de Rosario: María Paula, María Elvira y María Virginia.
Fue María Elvira la que en su adolescencia tuvo un ataque de pánico que pudo conjurar cuando entendió su origen: había estado en una casa de verano y durmiendo en una habitación en la que se colaba en la noche una luz fuerte a través de una ventana. Recordó, así, que aquella madrugada las había sorprendido una luz similar (¿focos? ¿linternas?) que precedió el grito que despertó a los vecinos: “Salgan o disparamos”.
María del Huerto salió con su beba en brazos.
Susana Matta fue a la habitación de las niñas.
Las versiones cuentan que allí se tomó la pastilla de cianuro. Dri me dirá después que calcula que fueron 600 los militantes que cumplieron con la orden de Montoneros de tragar el cianuro antes de caer.
Ahora, la menor de las hijas de Rosario recuerda algo más: que Susana intentó vomitarla. También recuerda ahora que tuvieron que pasar por encima del cuerpo de Susana para salir de la habitación. Y que las taparon con unas mantas a cuadros que había en la habitación.
Solo eso.
Lo que pasó después, para las tres y desde entonces y hasta hoy, funde a negro.

Rezar a los gritos

Miguel Ángel Estrella es el único que habla, en su delicado tono, de lo que pasó después. A todos –las 4 mujeres, los 3 hombres y las 5 nenas- los llevaron al mismo lugar: el que ellos llaman el Castillo de Carrasco. “No sé si eran un castillo, pero parecía. El sótano donde fuimos a parar tenía paredes como esas que se ven en las películas”, dice Estrella. Todas y todas recuerdan el ruido del paso de aviones y autos, por eso hablan de Carrasco, el barrio donde está el aeropuerto de Montevideo.
En ese sótano, Estrella y Dri –que no se conocían- compartieron las sesiones de tortura. Colgados boca abajo, atados de las manos y encapuchados. Submarino y picana. “Había una mujer especialmente cruel, que se ensañaba especialmente con darme picana en el miembro. En un momento, no sé cuánto tiempo había pasado desde que llegué, pude hablar con ella. Le dije cómo me la imaginaba. Como un hembrón, de larga cabellera y buen escote. ¨Nada que ver¨, me contestó. ¨Soy bien fea¨. Me contó que vivía en un cantegrill, que era prostituta y que así había conocido a un milico que una vez le propuso: ´¿querés venir a ver algo que puede llegar a excitarte?´. Y ahí empezó. Ahora le pagaban, me decía, por torturar y le pagaban más cuándo más hija de puta era”.
Estrella cuenta que rezaba a los gritos mientras pensaba en su maestra, la francesa Nadia Boulanger. “No sé por qué, pero se me venía su imagen en esos momentos”. Nadia, justamente, fue una de las primeras en organizar una campaña mundial para denunciar el secuestro de Estrella.
Dri lo escucha en silencio, como lo escuchaba cuando vociferaba el padrenuestro en aquel sótano. Acaban de encontrarse en Montevideo, en la residencia del embajador, en ese comedor y en ese desayuno con tostadas. Acaban de estrujarse varias veces en varios abrazos y de decirse muchas más “Hermano querido”.

Represores negociando

Cuatro días calculan que pasaron en el Castillo de Carrasco, pero fueron 5, según consta en un informe “secreto e interno” firmado por director del Servicio de Información de Defensa, general Amauri E. Prantl, donde menciona a la totalidad de los secuestrados. El parte está en el Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en la Caja 8-2-1 y lleva la siguiente nomenclatura: “Parte de Información Nº 13/77”.
El dato es importante por lo que pasó ese quinto día.
Cuenta Dri: “Me sacan la capucha y delante de mí tengo a un grupo de hombres. Tiempo después pude identificar a tres de ellos, todos argentinos: el oficial del Ejército apellidado Coronel –luego supe que su nombre es Julio César, y lo apodaban Maco-; el miembro de la Prefectura Naval Héctor Febres, apodado Selva, y el integrante de la Armada Raúl Enrique Scheller, apodado Mariano o Pingüino. Uno de ellos me dijo: `Quedate tranquilo, ya pasó lo peor. Nosotros te vamos a tratar mejor que los uruguayos, te vamos a trasladar a Argentina´”.
El grupo de tareas de la ESMA había llegado hasta el Castillo luego de una negociación con la Armada uruguaya. Un documento oficial, con membrete de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, fechado el 2 de julio de 2003 informa que esa negociación fue bautizada “Cónclave de Solís” y que implicó que “el Comandante de la Armada” apruebe la entrega de Oscar De Gregorio a las autoridades argentinas.
El funcionario de Tabaré Vázquez que se entrevistó con el hijo de Oscar le contó que la negociación fue dura. “Los militares uruguayos se dieron cuenta de que tenían un pez gordo y no lo querían entregar así nomás. Los argentinos se impacientaron y amenazaron con sacarlo del Hospital Naval, donde estaba internado, a sangre y fuego. Se lo llevaron, pero a cambio les pidieron los 3 autos y el helicóptero en el que habían venido y el control de los uruguayos secuestrados en suelo argentino”, cuenta Juan Manuel que le contó el funcionario.
La negociación determinó también el destino de los secuestrados en el Castillo de Carrasco. Todos los detenidos en el chalet de la familia Estrella fueron legalizados. Esto es, sometidos a la justicia militar, que tras un simulacro de juicio, los condenó a prisión en el penal de Libertad. Allí fueron, entonces, Miguel Ángel Estrella, Jaime Bracony, Luisiana Olivera y Raquel Odessa.
El resto fue desaparecido. Esto es, trasladado ilegalmente a la ESMA en avión.
Allí fueron, entonces, Rosario Olivera, Jaime Dri, María del Huerto Milesi, Rolando Pisarello y la bebé de la pareja de 4 meses. Allí fueron también las tres hijas de Rosario: María Paula, María Elvira y María Virginia.
Para Alejandrina Barry los militares argentinos tenían otro destino.

La prensa terrorista

Sin duda, la campaña internacional que denunció el secuestro de Estrella y que llegó a mover influencias al embajador británico y hasta a la reina de Suecia, obligó a legalizar a todos los secuestrados en su chalet.
Sin duda, también, fue el vínculo entre el abuelo Barry y José Alfredo Martínez de Hoz, con quien compartía una cátedra universitaria, el que salvó a Alejandrina.
Sin embargo, lo que me interesa señalar en este punto de la historia es que en la misma instancia en la que se sella la suerte del grupo –quién va preso, quién desaparece- se urde la operación de prensa.
Esto es lo paradigmático de este caso: deja en claro cómo funcionó la máquina represiva, pero además cómo la prensa formó parte de ella.
La Armada uruguaya emitió sobre estos hechos cinco comunicados que fueron reproducidos por todos los diarios locales y varias agencias internacionales. Esos cables fueron publicados en la prensa argentina por lo menos en dos diarios: La Opinión y La Nación, en sus ediciones del 23 de diciembre de 1977.
En los días posteriores, los diarios uruguayos publicaron las fotos de los detenidos, las del asesinado Alejandro Barry y su esposa, Susana Matta. También las fotos de la Mehari emboscada, la casa de Lagomar y las supuestas armas encontradas y que nadie allí tenía. Publicaron además, muchas fotos de Alejandrina. Jugando con muñecas, sentada, parada, con un saquito de lana, sin el saquito de lana y un titulo: “Esta inocente está sola y quiere encontrar a su familia”.
El 29 de diciembre de 1977 el comunicado Nª 1380, emitido por “las Fuerzas Conjuntas” uruguayas informa que la pequeña Alejandrina “fue entregada en el puerto de Montevideo a sus abuelos paternos en presencia del Juez Militar de 2do. Turno”. En realidad, según la crónica publicada por el diario La Mañana en su edición del 30 de diciembre, la entrega se hizo en medio de una conferencia de prensa a la que fue expuesta la niña hasta que una mujer uniformada la cargó en brazos y la subió al barco donde la esperaban sus abuelos. La última foto de Alejandrina publicada por los diarios uruguayos es esa: en brazos y en la escalera.
En esta orilla, las fotos tomadas durante el operativo formaron parte de una operación de prensa que tuvo la Editorial Atlántida como escenario privilegiado.

La revista Somos muestra la foto de Alejandrina junto a la de la Mehari acribillada. También da cuenta de la detención de Miguel Ángel Estrella de una manera especial. Dice textualmente: “pianista tucumano, 33 años, homosexual”.
La revista Gente tituló: “Alejandra está sola”. Muestra fotos de la casa donde se produjeron los secuestros y de un supuesto botín de guerra, con grandes ametralladoras, “que se encontraba a pocos metros de la cuna de Alejandra”.
La revista Para Ti la presenta jugando con su muñeca, cabeza gacha. El título: “A ellos no les importaba”.

Las tres notas publicadas en los medios de Editorial Atlántida son posteriores a este parte oficial, pero ignoran el hecho de que Alejandrina ya estaba con su familia y en cada nota está escrita de acuerdo al estilo de cada publicación y todas persiguen lo mismo: según mi hipótesis, están destinadas a cortar los lazos de solidaridad o simpatía que podían ayudar a ocultar o escapar a los militantes montoneros de las garras de la dictadura.
Ni los medios uruguayos ni los argentinos mencionan al resto de los secuestrados.

Postales de la ESMA

La vecina de la casa de Lagomar cumple años. Es domingo y está esperando a la familia para dar inicio a la raviolada. Mira a las tres mujeres que están paradas en su puerta y las abraza, una por una. Las invita a sentarse, a charlar, a mirarlas. No pregunta qué pasó después de aquel operativo que conmocionó a todo el brrio. Le alcanza con verlas hoy sonriendo. “Hace años que me quedó una pregunta clavada en el corazón: ¿qué pasó con esas niñas? Porque cuando vi que el diario hablaba de una sola, me di cuenta que algo terrible les había pasado a las otras”. Ese comentario es lo que se llevan de regalo María Paula y María Virginia de su visita a la casa de Lagomar.
No pudieron entrar a la casa, como querían, porque ahora está viviendo un militar, que acaba de llamar a un patrullero para espantarnos.
Me cuentan que llegaron hasta ahí con la ilusión de que les pase los mismo que a María Elvira. Que querían despertar esa noche con alguna sensación, algo, que les permitiera recordar lo olvidado. No tienen ni una imagen del operativo, del Castillo, del vuelo clandestino, de nada. Lo único que recuerdan es el momento en que las llevaron a ver a Oscar De Gregorio. Ya estaban en la ESMA. “Lo vi tan flaco, tan lastimado que pregunté qué le había pasado –me cuenta María Paula- El hombre que nos acompañaba me contestó: ´se cortó con un vidrio¨. Me quedé fija en esa imagen: pensando cómo habría sido de grande el vidrio que lo había rebanado así”.
Oscar De Gregorio padeció una larga agonía de torturas que lo dejaron desquiciado. Rosario lo vio morir el 25 de abril de 1978 en la ESMA. Su cuerpo nunca fue entregado a su familia, aunque a Rosario le dijeron en la ESMA que había sido cremado y sepultado como N.N. en la fosa común del cementerio de la Chacarita. Formalmente, es todavía un desaparecido.
Rosario me muestra la foto que El Tigre Acosta les sacó en la ESMA a las nenas. Están sentadas en un sillón. María Paula, en el medio, sonríe. No es una sonrisa de alegría: es un desafío.
Fue Acosta, también, el que le dijo a Rosario que en la ESMA no podían quedarse niñas de esa edad. Ella pensó en su madre, pero vivía en San Juan y se negaron a llevarlas. Recordó, entonces, que su tía monja estaba en un convento del barrio del Belgrano. Hasta allí las llevó Alfredo Astiz.
Rosario volvió a reunirse con sus hijas cuando la dejaron salir de la ESMA, el 19 de enero de 1979 y con destino a Caracas, donde hoy viven.
Le pregunto a María Paula qué piensa de esta historia y lo resume con una carcajada que apunta a su madre: “Que estaban todos muy locos”. María Virginia elige las lágrimas, que contiene con fuerza. Dice simplemente: “Mis padres son mi héroes”.
Recuerdo ahora el final de Operación Masacre y de esas palabras que ahora hago mías: puedo sentarme a escribir porque ya he hablado con sobrevivientes, viudas, huérfanos, héroes anónimos. Me pregunto, entonces, si contar esta historia vale la pena, si la sociedad en que uno vive necesita realmente enterarse de cosas como éstas. La diferencia con Walsh es que tengo una respuesta.
Se comprenderá, de todas maneras, que haya perdido algunas ilusiones en lo que alguna vez fue mi oficio, y que gracias a vos, lector, aún lo es.
Entonces puedo sentarme, porque ya he hablado con sobrevivientes, viudas, huérfanos, héroes anónimos.

Fotos de Lina Etchesuri y Julieta Colomer

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El mono liso

Esto también es mundial

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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera

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hace 1 semana

03/12/2024

La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.

Por Anabella Arrascaeta

Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.

Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.

Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.

“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.

¿Qué fue lo que pasó?

Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.

¿Ustedes iban a participar del evento?

No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.

¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?

Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1863594870515908810

¿El gobernador qué hizo?

El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.

¿En ese momento te llevaron a la comisaría?

Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.

En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?

Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.

Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?

Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.

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Nota

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 4 semanas

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Nota

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 1 mes

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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