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Revistas culturales denuncian ante la CIDH la concentración de la prensa gráfica en Argentina

La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

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La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

Revistas culturales denuncian ante la CIDH la concentración de la prensa gráfica en Argentina
La CIDH está elaborando un informe anual sobre libertad de expresión y concentración de medios de comunicación y en ese marco AReCIA sumó información y datos sobre la situación en nuestro país que afecta especialmente a los derechos de los editores independientes. Estos datos están relacionados con dos puntos clave de la cadena productiva que controlan en forma arbitraria y expulsiva los grupos Clarín y La Nación. Por un lado, el monopolio del papel y por el otro, la cadena de distribución y venta. De esta manera han logrado provocar una crisis en el sector que afecta especialmente a canillitas y editores independientes. Estas maniobras se ven facilitadas por la vigencia de un decreto firmado por Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de De La Rua. Ese decreto establece que el mercado no puede ser regulado, consagrando así los privilegios de las corporaciones del sector.
AReCIA reclamó la derogación de este decreto así como la sanción de leyes que protejan los derechos de los canillitas y editores independientes, sin que a la fecha el Estado argentino haya tomado medidas para frenar el proceso de concentración que ya cosechó el cierre de 1.000 puestos de venta del circuito Capital y Gran Buenos Aires, la expulsión de más de una docena de títulos de revistas culturales asociadas y el sometimiento de varios editores independientes a quienes se les obliga a pagar un costo extra que se suma al porcentaje histórico del sector, logrando así que los privilegios de las corporaciones gráficas sean cada vez mayores.
A continuación, el comunicado de AReCIA sobre esta presentación ante la CIDH que la Asociación realizó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia.
 
La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) presentó sus denuncias sobre la concentración en el sector gráfico –desde la producción de papel hasta la distribución y venta de diarios y revistas– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a la consulta hecha por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que relevará la situación del sector “en materia de libertad de expresión, diversidad pluralismo y concentración de medios” para Informe Anual 2015.
El cuestionario impulsado por la CIDH busca relevar los esfuerzos estatales para cumplir con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obliga a los gobiernos nacionales a “garantizar la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación”.
AReCIA viene denunciando el incumplimiento de estas obligaciones, reconocidas en la Constitución Nacional, en el sector del periodismo gráfico sin conseguir respuestas que permitan terminar con la asfixia que el mercado concentrado impone sobre las más de 300 revistas independientes asociadas. Por ejemplo, la derogación del DECRETO 1025, aprobado en 2001, cuando Fernando De la Rúa era presidente del país y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Ese decreto abrió el camino a una flexibilización del sector que sigue vigente 14 años después y llevó al Sindicato de Diarios y Revistas (SIVENDIA) a realizar un paro el lunes 17 de agosto.
Con el auspicio de la abogada Verónica Heredia, AReCIA decidió dar un nuevo paso en su reclamo y documentó sus denuncias ante la consulta de la CIDH. Los siguientes extractos son algunos de los puntos destacados de la respuesta al cuestionario de 12 preguntas presentado ante la Relatoría de Libertad de Expresión:
*No existe legislación que impida la concentración de medios gráficos, lo cual afecta muy especialmente a nuestro sector, las revistas culturales independientes (…) Esta situación está agravada por dos hechos: Al principio de la cadena productiva, la concentración de la fabricación de papel. Al final de la cadena productiva, la concentración de la venta y distribución de diarios y revistas se encuentra favorecida por la existencia del decreto N°1025/2000 que rige hasta la fecha.
*Un informe de la Sindicatura General de la Nación detalla que, exceptuando a las empresas controlantes de Papel Prensa –Clarín y La Nación–, 168 medios deben pagar un precio de papel un 15 por ciento mayor y no pueden recurrir a la importación para abastecerse, dado los controles de importaciones vigentes. (…) La posición monopólica de Papel Prensa le ha permitido aplicar políticas de precio (…) Con la devaluación de 2002, el papel pasó a costar de 500 a 2.000 pesos la tonelada. Desde entonces, Papel Prensa aumentó sus precios 420 por ciento.
*El 23 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.736 que declara de interés público la fabricación, distribución y comercialización del papel de diario (…) En mayo de 2013, un informe de la SIGEN sostiene que los accionistas privados de Papel Prensa no están cumpliendo con los alcances de la ley.
*Desde 1945 hasta 2000, la distribución y venta de diarios fue controlada por la Ley 12.991, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El 4 de noviembre del 2000 el decreto N° 1025 deroga esa ley y establece “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica” que sigue vigente hasta hoy. Sus consecuencias:
*Las empresas dominantes impusieron una rebaja del porcentaje de ganancia de los canillitas: abonan un 8% menos que los editores independientes. El sindicato de Canillitas presentó un amparo y realizó repetidas medidas de fuerza para exigir el pago debido. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero las empresas incumplen.
*Teniendo en cuenta que las ventas totales de estas empresas que pagan un porcentaje menor representan casi el 70% del mercado, esa quita es responsable del deterioro del sistema de comercialización.
*A partir de 2012: las empresas dominantes impulsaron una fuerte suba de precios, objetivo que impusieron a partir sus dos posiciones dominantes claves. A partir de ese momento, el circuito, a través de diferentes actores, comenzó a presionar a los editores independientes:

  1. Aumento de precios: presión para aumentar el precio de tapa, bajo amenaza de ser expulsado del circuito.
  2. Creación de deudas:
    a. En junio de 2014, los editores independientes comenzaron a recibir facturas de la empresa Rediaf S.A. , actor desconocido hasta ese momento, por un prorrateo de los costos de estructura deficitarios del Centro de Distribución de Capital Federal, que concentra el 80% de la distribución de la prensa gráfica editada en Argentina.
    b. En junio de este año, de forma unilateral, se informó que los editores independientes debían pagar un costo fijo por ejemplar devuelto, lo cual contradice toda la lógica de funcionamiento: cobrar un porcentaje sobre la venta.
    c. ARecia denunció la maniobra ante la Dirección de Regulación del Mercado de Diarios y Revistas, que ordenó no aplicar mayor costos, pero aclaró que siendo ese un ámbito laboral, las medidas que se dictan pueden o no ser cumplidas por las partes.
  3. Distribución irregular: Las auditorías realizadas por ARecia en los canales de venta registran un déficit de entre el 60 y el 75 por ciento en la distribución.
  4. Ruptura de la cadena de pagos: El actual decreto vigente permitió que las empresas editoras pudieran ser propietarias, además, de distribuidoras de diarios y revistas, práctica que la ley anterior prohibía para evitar maniobras de concentración de mercado. En agosto de 2014, la empresa Bertrán SRL, propiedad de Editorial Atlántida controlada por el grupo Televisa, dejó de abonar las liquidaciones de ejemplares vendidos, dejando entre los asociados de AReCIA una importante deuda, que a la fecha no ha sido saldada.

*Frente a esta situación, la única autoridad que monitorea el funcionamiento del sector es la Dirección de Fiscalización de Diarios y Revistas, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus funciones son limitadas por la vigencia del decreto N° 1025/2000, que especifica que el Estado no puede intervenir para regular al mercado.
*Paralelamente, pueden interceder los organismos de defensa de la competencia y la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que ya ha dictaminado sobre la concentración de la prensa gráfica, en especial sobre la fabricación de papel.
*En cuanto a políticas públicas de promoción específica del sector comunitario, AReCIA destacó “la única legislación que favoreció a la edición independiente”: la baja de la cuota del IVA, regulada en junio de 2014 según el monto de facturación. La medida reveló que el total de contribuyentes del rubro “prensa gráfica” es de 923, de ellos, 895 fueron beneficiaras de la rebaja. Sólo 16 quedaron excluidas por su alto nivel de facturación. Las mismas empresas que durante los últimos 12 años, pudieron eludir pagar este impuesto a través de diferentes beneficios otorgados por el Estado.

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De la idea al audio: taller de creación de podcast 

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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