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Revistas culturales denuncian ante la CIDH la concentración de la prensa gráfica en Argentina

La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

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La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

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La CIDH está elaborando un informe anual sobre libertad de expresión y concentración de medios de comunicación y en ese marco AReCIA sumó información y datos sobre la situación en nuestro país que afecta especialmente a los derechos de los editores independientes. Estos datos están relacionados con dos puntos clave de la cadena productiva que controlan en forma arbitraria y expulsiva los grupos Clarín y La Nación. Por un lado, el monopolio del papel y por el otro, la cadena de distribución y venta. De esta manera han logrado provocar una crisis en el sector que afecta especialmente a canillitas y editores independientes. Estas maniobras se ven facilitadas por la vigencia de un decreto firmado por Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de De La Rua. Ese decreto establece que el mercado no puede ser regulado, consagrando así los privilegios de las corporaciones del sector.
AReCIA reclamó la derogación de este decreto así como la sanción de leyes que protejan los derechos de los canillitas y editores independientes, sin que a la fecha el Estado argentino haya tomado medidas para frenar el proceso de concentración que ya cosechó el cierre de 1.000 puestos de venta del circuito Capital y Gran Buenos Aires, la expulsión de más de una docena de títulos de revistas culturales asociadas y el sometimiento de varios editores independientes a quienes se les obliga a pagar un costo extra que se suma al porcentaje histórico del sector, logrando así que los privilegios de las corporaciones gráficas sean cada vez mayores.
A continuación, el comunicado de AReCIA sobre esta presentación ante la CIDH que la Asociación realizó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia.
 
La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) presentó sus denuncias sobre la concentración en el sector gráfico –desde la producción de papel hasta la distribución y venta de diarios y revistas– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a la consulta hecha por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que relevará la situación del sector “en materia de libertad de expresión, diversidad pluralismo y concentración de medios” para Informe Anual 2015.
El cuestionario impulsado por la CIDH busca relevar los esfuerzos estatales para cumplir con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obliga a los gobiernos nacionales a “garantizar la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación”.
AReCIA viene denunciando el incumplimiento de estas obligaciones, reconocidas en la Constitución Nacional, en el sector del periodismo gráfico sin conseguir respuestas que permitan terminar con la asfixia que el mercado concentrado impone sobre las más de 300 revistas independientes asociadas. Por ejemplo, la derogación del DECRETO 1025, aprobado en 2001, cuando Fernando De la Rúa era presidente del país y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Ese decreto abrió el camino a una flexibilización del sector que sigue vigente 14 años después y llevó al Sindicato de Diarios y Revistas (SIVENDIA) a realizar un paro el lunes 17 de agosto.
Con el auspicio de la abogada Verónica Heredia, AReCIA decidió dar un nuevo paso en su reclamo y documentó sus denuncias ante la consulta de la CIDH. Los siguientes extractos son algunos de los puntos destacados de la respuesta al cuestionario de 12 preguntas presentado ante la Relatoría de Libertad de Expresión:
*No existe legislación que impida la concentración de medios gráficos, lo cual afecta muy especialmente a nuestro sector, las revistas culturales independientes (…) Esta situación está agravada por dos hechos: Al principio de la cadena productiva, la concentración de la fabricación de papel. Al final de la cadena productiva, la concentración de la venta y distribución de diarios y revistas se encuentra favorecida por la existencia del decreto N°1025/2000 que rige hasta la fecha.
*Un informe de la Sindicatura General de la Nación detalla que, exceptuando a las empresas controlantes de Papel Prensa –Clarín y La Nación–, 168 medios deben pagar un precio de papel un 15 por ciento mayor y no pueden recurrir a la importación para abastecerse, dado los controles de importaciones vigentes. (…) La posición monopólica de Papel Prensa le ha permitido aplicar políticas de precio (…) Con la devaluación de 2002, el papel pasó a costar de 500 a 2.000 pesos la tonelada. Desde entonces, Papel Prensa aumentó sus precios 420 por ciento.
*El 23 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.736 que declara de interés público la fabricación, distribución y comercialización del papel de diario (…) En mayo de 2013, un informe de la SIGEN sostiene que los accionistas privados de Papel Prensa no están cumpliendo con los alcances de la ley.
*Desde 1945 hasta 2000, la distribución y venta de diarios fue controlada por la Ley 12.991, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El 4 de noviembre del 2000 el decreto N° 1025 deroga esa ley y establece “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica” que sigue vigente hasta hoy. Sus consecuencias:
*Las empresas dominantes impusieron una rebaja del porcentaje de ganancia de los canillitas: abonan un 8% menos que los editores independientes. El sindicato de Canillitas presentó un amparo y realizó repetidas medidas de fuerza para exigir el pago debido. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero las empresas incumplen.
*Teniendo en cuenta que las ventas totales de estas empresas que pagan un porcentaje menor representan casi el 70% del mercado, esa quita es responsable del deterioro del sistema de comercialización.
*A partir de 2012: las empresas dominantes impulsaron una fuerte suba de precios, objetivo que impusieron a partir sus dos posiciones dominantes claves. A partir de ese momento, el circuito, a través de diferentes actores, comenzó a presionar a los editores independientes:

  1. Aumento de precios: presión para aumentar el precio de tapa, bajo amenaza de ser expulsado del circuito.
  2. Creación de deudas:
    a. En junio de 2014, los editores independientes comenzaron a recibir facturas de la empresa Rediaf S.A. , actor desconocido hasta ese momento, por un prorrateo de los costos de estructura deficitarios del Centro de Distribución de Capital Federal, que concentra el 80% de la distribución de la prensa gráfica editada en Argentina.
    b. En junio de este año, de forma unilateral, se informó que los editores independientes debían pagar un costo fijo por ejemplar devuelto, lo cual contradice toda la lógica de funcionamiento: cobrar un porcentaje sobre la venta.
    c. ARecia denunció la maniobra ante la Dirección de Regulación del Mercado de Diarios y Revistas, que ordenó no aplicar mayor costos, pero aclaró que siendo ese un ámbito laboral, las medidas que se dictan pueden o no ser cumplidas por las partes.
  3. Distribución irregular: Las auditorías realizadas por ARecia en los canales de venta registran un déficit de entre el 60 y el 75 por ciento en la distribución.
  4. Ruptura de la cadena de pagos: El actual decreto vigente permitió que las empresas editoras pudieran ser propietarias, además, de distribuidoras de diarios y revistas, práctica que la ley anterior prohibía para evitar maniobras de concentración de mercado. En agosto de 2014, la empresa Bertrán SRL, propiedad de Editorial Atlántida controlada por el grupo Televisa, dejó de abonar las liquidaciones de ejemplares vendidos, dejando entre los asociados de AReCIA una importante deuda, que a la fecha no ha sido saldada.

*Frente a esta situación, la única autoridad que monitorea el funcionamiento del sector es la Dirección de Fiscalización de Diarios y Revistas, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus funciones son limitadas por la vigencia del decreto N° 1025/2000, que especifica que el Estado no puede intervenir para regular al mercado.
*Paralelamente, pueden interceder los organismos de defensa de la competencia y la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que ya ha dictaminado sobre la concentración de la prensa gráfica, en especial sobre la fabricación de papel.
*En cuanto a políticas públicas de promoción específica del sector comunitario, AReCIA destacó “la única legislación que favoreció a la edición independiente”: la baja de la cuota del IVA, regulada en junio de 2014 según el monto de facturación. La medida reveló que el total de contribuyentes del rubro “prensa gráfica” es de 923, de ellos, 895 fueron beneficiaras de la rebaja. Sólo 16 quedaron excluidas por su alto nivel de facturación. Las mismas empresas que durante los últimos 12 años, pudieron eludir pagar este impuesto a través de diferentes beneficios otorgados por el Estado.

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Informe de Periodistas Argentinas, en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: más de la mitad fue víctima

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En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la colectiva Periodistas Argentinas dio a conocer los resultados de la encuesta Equidad en Medios de Comunicación realizada este año.

Lo que permiten ver las 213 respuestas recibidas es el altísimo nivel de violencia simbólica y concreta que las periodistas vienen soportando históricamente en el ejercicio de la profesión.

El dato es alarmante: El 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral, mientras que un 9,9% dijo no estar segura.

Fuente: Periodistas Argentinas

Desde la colectiva entonces se brindó la posibilidad a quienes sufrieron violencia o no estaban seguras de sí la situación podía definirse como de violencia, a contar su experiencia.

“Las siguientes son algunas de las respuestas textuales expresadas por las periodistas que participaron de la Encuesta Equidad en Medios de Comunicación, realizada por Periodistas Argentinas entre agosto y septiembre de 2021”, expresaron en un comunicado y detallaron:

Periodistas Argentinas impulsó activamente la Ley de Equidad en Medios de Comunicación como una herramienta eficaz en pos de la erradicación de las violencias. La ley fue aprobada la madrugada del 10 de junio, bajo una enorme presión de empresas periodísticas que buscaban trabarla.

En la encuesta un apartado de preguntas es sobre la normativa. El 64,8% dijo conocer los principales puntos de la ley. Entre los principales derechos que la ley garantiza se identifican como prioritarios: la equiparación salarial, equidad en espacios de decisión y poder, y protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

A la luz de los resultados hoy presentados, queda clara la urgencia de que se haya convertido en Ley para construir un ejercicio del periodismo libre de violencias.

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#NiUnaMás

A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Lucas González, el crack fusilado

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Lucas González, de 17 años, fue asesinado por la Policía de la Ciudad tras recibir varios disparos el miércoles por parte de tres efectivos de civil. Ayer, mientras el joven futbolista del Club Barracas luchaba por su vida, la fuerza de seguridad porteña celebraba su quinto aniversario de creación con diferentes actos: cinco años de violencia institucional impune. Quién era Lucas, y qué representa la violencia policial exacerbada contra los jóvenes que se juegan la vida.

Por Facundo Lo Duca. Fotos de Sergio Pisani y Agustina Salinas

Cobertura colaborativa junto a revista cítrica

Toca la pelota cortita, al ras de la cancha, y corre. Lucas González, de 17 años, sabe que en el medio no puede quedarse quieto. El despliegue es importante. Puede dormir la pelota con la suela derecha, aunque le llegue repiqueteando o aguantar la estocada del rival en la línea con el cuerpo tenso, pero saber moverse puede marcarle una diferencia. Entonces avanza: su remera roja y blanca del Club Barracas Central se ondula, el arco contrario se agranda. Avanzar. Como si no importara todo lo demás. Así jugaba y vivía Lucas González.

El miércoles por la mañana, tras terminar su entrenamiento en la sexta división del Club Barracas Central, Lucas y otros tres futbolistas regresaban a sus hogares en un mismo auto. Cuando pasaron por un kiosco, frenaron a comprar un jugo. De pronto, un coche con tres personas se detuvo a su lado. Eran policías metropolitanos de civil ─identificados luego como Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass─, quienes les exigieron que se detengan, apuntándoles con un arma. Ante el miedo, los jóvenes aceleraron. Los efectivos respondieron a la fuga con disparos. Uno de ellos impactó directo en la cabeza de Lucas, quien fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. Los otros tres adolescentes fueron detenidos sin ninguna razón y pasaron la noche en un centro de menores. Lucas murió ayer. El mismo día que la Policía de la Ciudad celebró cinco años de su creación con diferentes actos.

“Era un jugadorazo y muy buena persona”, dice Hugo Barras, compañero de equipo de Lucas desde la comisaria vecinal 4D de Barracas. Familiares y amigos del joven se acercaron hasta acá el mismo día de su muerte para reclamar justicia con un mensaje unisonó: basta de gatillo fácil.

David Menéndez, que lleva una bandera de reclamo contra la violencia institucional, también compartió cancha y vestuario con González en el Club Barracas: “Era muy alegre y un buen compañero. Como jugador, un crack. Se comía el medio”, cuenta. Cuando el miércoles por la tarde se enteró lo que le había ocurrido a Lucas a través de las noticias, en donde lo apuntaban como un presunto ladrón que escapó de la Policía, se quedó helado. “Fue muy feo escuchar todo eso de él. Somos pibes que entrenamos y jugamos al fútbol. Nada más. No puede ser que se digan esas cosas. Me duele mucho”, dice.

Los padres y madres de compañeros de equipo del joven también se acercaron a la comisaría. “Pienso que es una más de las tantas muertes de gatillo fácil que sucedieron durante el macrismo y de Larreta ahora. Lucas era un divino, buen compañero, con sentido del humor y solidario”, cuenta Mariel.

“Tenía buen despliegue en la cancha. Buen pie. Todos lo querían. Se sacrificaba mucho por jugar. Viajaba bastante para entrenar y era un pibe muy sano”, dice Sergio, fotógrafo y padre de Camilo, también jugador de la sexta del conjunto de Barracas. “Estamos muy tristes por este asesinato, producto del gatillo fácil y la impunidad. Fue a sangre fría. En ese lugar que hay cámaras, de pronto ahora no las hay o no funcionan. La policía de la ciudad es fascista. Hoy había efectivos por todo el barrio: militarizaron Barracas”.

Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isass, policías de la Ciudad.

Durante la mañana del jueves, mientras Lucas agonizaba en el Hospital El Cruce, la Policía porteña festejaba su quinto aniversario de creación. Guillermo Madero, director del Comité de Seguridad del Futbol en la ciudad, encabezó un acto en una comisaría donde confesó “orgullo” por esta fuerza de seguridad. A la noche, incluso, había una gala en el Colón para honrar a su labor en Capital.

Los tres efectivos que asesinaron a Lucas formaban parte de la brigada de investigaciones de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas, cuyos integrantes patrullan la ciudad vestidos con ropa de civil y en automóviles sin identificación.

En sus declaraciones, apuntaron a los futbolistas como presuntos ladrones que intentaron agredirlos. En las últimas horas, están siendo investigados y fueron pasados a disposición por el ministro de seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil. Cabe resaltar, entre sus víctimas, la desaparición de Arshak Karhanyan joven perteneciente a esa misma fuerza y que fue visto por última vez en 2019, tras conversar con otro agente. Actualmente hay varios efectivos implicados en ese caso, cumpliendo funciones con total normalidad.

¿Feliz aniversario?

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