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Revistas culturales denuncian ante la CIDH la concentración de la prensa gráfica en Argentina

La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

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La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ausencia de políticas de Estado que garanticen la democratización de la prensa gráfica.

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La CIDH está elaborando un informe anual sobre libertad de expresión y concentración de medios de comunicación y en ese marco AReCIA sumó información y datos sobre la situación en nuestro país que afecta especialmente a los derechos de los editores independientes. Estos datos están relacionados con dos puntos clave de la cadena productiva que controlan en forma arbitraria y expulsiva los grupos Clarín y La Nación. Por un lado, el monopolio del papel y por el otro, la cadena de distribución y venta. De esta manera han logrado provocar una crisis en el sector que afecta especialmente a canillitas y editores independientes. Estas maniobras se ven facilitadas por la vigencia de un decreto firmado por Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de De La Rua. Ese decreto establece que el mercado no puede ser regulado, consagrando así los privilegios de las corporaciones del sector.
AReCIA reclamó la derogación de este decreto así como la sanción de leyes que protejan los derechos de los canillitas y editores independientes, sin que a la fecha el Estado argentino haya tomado medidas para frenar el proceso de concentración que ya cosechó el cierre de 1.000 puestos de venta del circuito Capital y Gran Buenos Aires, la expulsión de más de una docena de títulos de revistas culturales asociadas y el sometimiento de varios editores independientes a quienes se les obliga a pagar un costo extra que se suma al porcentaje histórico del sector, logrando así que los privilegios de las corporaciones gráficas sean cada vez mayores.
A continuación, el comunicado de AReCIA sobre esta presentación ante la CIDH que la Asociación realizó con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia.
 
La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) presentó sus denuncias sobre la concentración en el sector gráfico –desde la producción de papel hasta la distribución y venta de diarios y revistas– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta a la consulta hecha por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que relevará la situación del sector “en materia de libertad de expresión, diversidad pluralismo y concentración de medios” para Informe Anual 2015.
El cuestionario impulsado por la CIDH busca relevar los esfuerzos estatales para cumplir con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el punto 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que obliga a los gobiernos nacionales a “garantizar la existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales, y de evitar o revertir los monopolios u oligopolios en la propiedad o control de los medios de comunicación”.
AReCIA viene denunciando el incumplimiento de estas obligaciones, reconocidas en la Constitución Nacional, en el sector del periodismo gráfico sin conseguir respuestas que permitan terminar con la asfixia que el mercado concentrado impone sobre las más de 300 revistas independientes asociadas. Por ejemplo, la derogación del DECRETO 1025, aprobado en 2001, cuando Fernando De la Rúa era presidente del país y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Ese decreto abrió el camino a una flexibilización del sector que sigue vigente 14 años después y llevó al Sindicato de Diarios y Revistas (SIVENDIA) a realizar un paro el lunes 17 de agosto.
Con el auspicio de la abogada Verónica Heredia, AReCIA decidió dar un nuevo paso en su reclamo y documentó sus denuncias ante la consulta de la CIDH. Los siguientes extractos son algunos de los puntos destacados de la respuesta al cuestionario de 12 preguntas presentado ante la Relatoría de Libertad de Expresión:
*No existe legislación que impida la concentración de medios gráficos, lo cual afecta muy especialmente a nuestro sector, las revistas culturales independientes (…) Esta situación está agravada por dos hechos: Al principio de la cadena productiva, la concentración de la fabricación de papel. Al final de la cadena productiva, la concentración de la venta y distribución de diarios y revistas se encuentra favorecida por la existencia del decreto N°1025/2000 que rige hasta la fecha.
*Un informe de la Sindicatura General de la Nación detalla que, exceptuando a las empresas controlantes de Papel Prensa –Clarín y La Nación–, 168 medios deben pagar un precio de papel un 15 por ciento mayor y no pueden recurrir a la importación para abastecerse, dado los controles de importaciones vigentes. (…) La posición monopólica de Papel Prensa le ha permitido aplicar políticas de precio (…) Con la devaluación de 2002, el papel pasó a costar de 500 a 2.000 pesos la tonelada. Desde entonces, Papel Prensa aumentó sus precios 420 por ciento.
*El 23 de diciembre de 2011 el Congreso de la Nación sancionó la ley N° 26.736 que declara de interés público la fabricación, distribución y comercialización del papel de diario (…) En mayo de 2013, un informe de la SIGEN sostiene que los accionistas privados de Papel Prensa no están cumpliendo con los alcances de la ley.
*Desde 1945 hasta 2000, la distribución y venta de diarios fue controlada por la Ley 12.991, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El 4 de noviembre del 2000 el decreto N° 1025 deroga esa ley y establece “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica” que sigue vigente hasta hoy. Sus consecuencias:
*Las empresas dominantes impusieron una rebaja del porcentaje de ganancia de los canillitas: abonan un 8% menos que los editores independientes. El sindicato de Canillitas presentó un amparo y realizó repetidas medidas de fuerza para exigir el pago debido. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero las empresas incumplen.
*Teniendo en cuenta que las ventas totales de estas empresas que pagan un porcentaje menor representan casi el 70% del mercado, esa quita es responsable del deterioro del sistema de comercialización.
*A partir de 2012: las empresas dominantes impulsaron una fuerte suba de precios, objetivo que impusieron a partir sus dos posiciones dominantes claves. A partir de ese momento, el circuito, a través de diferentes actores, comenzó a presionar a los editores independientes:

  1. Aumento de precios: presión para aumentar el precio de tapa, bajo amenaza de ser expulsado del circuito.
  2. Creación de deudas:
    a. En junio de 2014, los editores independientes comenzaron a recibir facturas de la empresa Rediaf S.A. , actor desconocido hasta ese momento, por un prorrateo de los costos de estructura deficitarios del Centro de Distribución de Capital Federal, que concentra el 80% de la distribución de la prensa gráfica editada en Argentina.
    b. En junio de este año, de forma unilateral, se informó que los editores independientes debían pagar un costo fijo por ejemplar devuelto, lo cual contradice toda la lógica de funcionamiento: cobrar un porcentaje sobre la venta.
    c. ARecia denunció la maniobra ante la Dirección de Regulación del Mercado de Diarios y Revistas, que ordenó no aplicar mayor costos, pero aclaró que siendo ese un ámbito laboral, las medidas que se dictan pueden o no ser cumplidas por las partes.
  3. Distribución irregular: Las auditorías realizadas por ARecia en los canales de venta registran un déficit de entre el 60 y el 75 por ciento en la distribución.
  4. Ruptura de la cadena de pagos: El actual decreto vigente permitió que las empresas editoras pudieran ser propietarias, además, de distribuidoras de diarios y revistas, práctica que la ley anterior prohibía para evitar maniobras de concentración de mercado. En agosto de 2014, la empresa Bertrán SRL, propiedad de Editorial Atlántida controlada por el grupo Televisa, dejó de abonar las liquidaciones de ejemplares vendidos, dejando entre los asociados de AReCIA una importante deuda, que a la fecha no ha sido saldada.

*Frente a esta situación, la única autoridad que monitorea el funcionamiento del sector es la Dirección de Fiscalización de Diarios y Revistas, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus funciones son limitadas por la vigencia del decreto N° 1025/2000, que especifica que el Estado no puede intervenir para regular al mercado.
*Paralelamente, pueden interceder los organismos de defensa de la competencia y la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que ya ha dictaminado sobre la concentración de la prensa gráfica, en especial sobre la fabricación de papel.
*En cuanto a políticas públicas de promoción específica del sector comunitario, AReCIA destacó “la única legislación que favoreció a la edición independiente”: la baja de la cuota del IVA, regulada en junio de 2014 según el monto de facturación. La medida reveló que el total de contribuyentes del rubro “prensa gráfica” es de 923, de ellos, 895 fueron beneficiaras de la rebaja. Sólo 16 quedaron excluidas por su alto nivel de facturación. Las mismas empresas que durante los últimos 12 años, pudieron eludir pagar este impuesto a través de diferentes beneficios otorgados por el Estado.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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