Nota
Petinari: las cosas que hay que hacer para trabajar
Unos 50 policías sitiaron a 25 obreros de la fábrica de carrocerías Petinari, de Merlo, quienes decidieron abandonar pacíficamente la fábrica que habían tomado para preservar sus fuentes laborales dos semanas atrás. Estaban retomando la producción, pero ante el desalojo volvieron a quedarse en la puerta para resistir en busca de lo obvio: poder seguir trabajando. Son cooperativa y esperan una ley de expropiación para hacerse cargo de lo que no se hizo cargo la patronal.
Unos 50 policías sitiaron a 25 obreros de la fábrica de carrocerías Petinari, de Merlo, quienes decidieron abandonar pacíficamente la fábrica que habían tomado para preservar sus fuentes laborales dos semanas atrás. Estaban retomando la producción, pero ante el desalojo volvieron a quedarse en la puerta para resistir en busca de lo obvio: poder seguir trabajando. Son cooperativa y esperan una ley de expropiación para hacerse cargo de lo que no se hizo cargo la patronal.
“Estábamos empezando a producir las carrocerías”, dice Luis Becerra, obrero, 32 años, 9 en la fábrica, cuando este miércoles 19 de agosto vio a las personas que ingresaban a la fábrica Petinari. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando llegaron dos fiscales de las Unidades Funcionales (UFI) N°8 y N°5 de Morón.
Una tenía la orden de desalojo en sus manos. Afuera había casi 50 efectivos de Infantería y la policía bonaerense. Los trabajadores decidieron salir pacíficamente para evitar choques y que alguien fuera herido. De todos modos, no quedó nadie dentro de la empresa y los trabajadores volvieron al sitio donde resistieron durante seis meses previos a la toma: la calle.
“Vamos a volver a entrar, tenemos todo”, asegura a lavaca Alejandro Espinoza, 34 años. Estuvo haciendo changas durante el transcurso del conflicto. Dice que se ilusiona con un reingreso a la fábrica, que ya tiene matrícula provincial para constituirse como cooperativa.
Su nombre: Acoplados del Oeste. Aún tramitan la matrícula nacional, y esperan por el tratamiento de una ley de expropiación en el congreso bonaerense.
Ya con los obreros en la calle, aflojó la presencia policial. Cerca de las 14, un móvil de la Bonaerense (patente KAL 071) se estacionó en la puerta de Petinari. No llegó a estar 20 minutos y partió.
En la carpa, Becerra comenta que vio a Silvana Petinari, una de las dueñas que figura al mando de la empresa, en una estación de servicio cercana.
El diálogo fue escueto.
-La cooperativa no va a salir porque la empresa no está quebrada. Además, no son más que 30 vagos- insultó la señora Petinari.
-Si querés hacer algo, metenos a todos a laburar- contestó Becerra.
La lógica del perro
Los más de 30 rostros que desfilaron por la carpa durante el mediodía y la tarde no reflejaban desesperación. Había buen clima, más allá de las miradas cruzadas cuando un teléfono sonaba, cuando alguien se alejaba para atenderlo, cuando alguien volvía, cuando alguien les hablaba. Hacían chistes y no faltó el guiso caliente de cada día. Los autos, colectivos y camionetas que pasaban (inclusive una de Gas Natural) tocaban bocina y animaban a los trabajadores que rompían con la monotonía de la ruta 200, a 10 minutos de la estación de ferrocarril de Merlo.
“Vamos a volver a entrar”, era el shock que se repetían mutuamente entre los obreros, muchos de ellos arriba de los 40 años, muchos con dolores de años de trabajo, y sin posibilidad real de encontrar otro empleo. Por el medio de las charlas, de las gomas quemadas, del humo y de las piernas circulaba Negro, el perro negrísimo que no paraba de mover la cola y con los ojos pedía galletitas. Negro se convirtió en una pieza más de la lucha de los trabajadores de Petinari, porque estuvo desde el primer día en la calle y acompañó la toma. Este miércoles le agregó una épica única.
“Le mordió la mano a uno de los policías que nos desalojó”, cuentan.
Negro no para de recibir abrazos.
Planes de plata, planes de vida
Habían tomado la fábrica el 3 de agosto. Lo primero fue limpiarla. Encendieron las máquinas durante el último fin de semana y el silencio ensordecedor se quebró. Cuentan orgullosos que produjeron dos cajas y había un remolque listo para vender. El desalojo llegó en pleno resurgir de la producción. “En lo personal, era algo buenísimo lo que estábamos haciendo”, dice Félix León, 59 años, 7 en la empresa, 4 hijos. “Por todo lo que veníamos padeciendo, que por fin apareciera el laburo era algo buenísimo. Eso te hace bien y te reconforta. Incluso no hacés planes de plata, hacés planes para decir: ´Bueno, ya vamos a estar mejor´. Servía para ir mejorando. Pero sabíamos que el desalojo era algo que podía pasar. Lo teníamos previsto. Pero no importa: vamos a volver a entrar”.
Luis Blasetti, 35 años, 7 en la fábrica, tampoco decae. “La toma fue una esperanza que tuvimos después de seis meses de estar afuera y de todos los problemas que uno pudo tener en la casa. La fábrica la encontramos en pésimas condiciones, Hicimos tareas de limpieza, de todo. Encendimos las máquinas. Fue como darle vida. Y nos reencontramos con nuestros puestos de trabajo. Ahora nos encontramos otra vez en la calle. Es una pelea día a día y vamos a seguir hasta cumplir nuestro objetivo: volver a trabajar”.
Lanzamiento de personas
Varias son las denuncias que acumularon los trabajadores. “En la fiscalía general se comprometieron a unificar todas en un fiscal”, dice el abogado Luis Coronado, uno de los representantes de los obreros. “Si no, no sabemos cuál es la liebre que corre”. Al menos dos liebres asistieron el miércoles a Petinari. Una fue en representación de la UFI N°5 de Morón, que instruye una denuncia de los clientes de la empresa contra Petinari, por camiones que quedaron dentro de la fábrica. Por esa razón, su tarea era inspeccionar que estuviera todo “en orden”.
Sin embargo, la agente fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N°8, se presentó para “efectivizar el lanzamiento (sic) de los ocupantes del inmueble” y la restitución del predio a la firma Pedro Petinari e Hijos “sin perjuicio de la salvaguarda de los derechos laborales de los afectados”. La orden llevaba la firma del juez de garantías de Morón Ricardo Fraga. Todo se produjo en el mismo momento en el que los abogados estaban realizando las presentaciones legales ante los propios tribunales de Morón. “Lo importante es que nos reunimos en la fiscalía general y los agentes judiciales entendieron, por primera vez en este conflicto, y con documentación, que los trabajadores no violentaron ninguna puerta y que las condiciones de la fábrica son impecables”, señala Coronado.
30 millones adeudados
El abogado Coronado reconoce que recién en esa reunión los funcionarios judiciales se enteraron de que los trabajadores no cobran hace meses. “Además garantizamos dos cosas. Primera: los camiones del cliente están ahí, intactos. Segunda: los obreros están cuidando su propio trabajo. Son entre 120 y 130 trabajadores a los que se les debe entre 20 y 30 millones de pesos”, dice Coronado. “Y, por si fuera poco, pudimos conseguir un contrato de compra y venta, donde figura que las autoridades de la empresa estaban vendiendo toda la parte inmobiliaria a otra sociedad anónima. Pero la situación parece ficticia: tanto en una u otra la mayoría de los accionistas son los mismos”.
Este tipo de maniobras fue el que quedó al descubierto en el proceso de vaciamiento de fábricas de fines de los años 90, cuya mejor respuesta fueron las fábricas sin patrón, gestionadas por las cooperativas de sus trabajadores.
Coronado subraya que la escritura para tal maniobra se iba a hacer entre fines de julio y principios de agosto, pero no se concretó ya que los trabajadores presentaron una medida cautelar para frenar esa jugada. “Había créditos laborales muy grandes: no pagaban desde enero. Pero propusimos no hacer juicios laborales porque, hoy por hoy, una sentencia tarda 2 o 3 años”, dice. “Por otro lado, pedimos la quiebra. Ellos, en reacción, presentaron un concurso preventivo en Capital Federal, pero hasta hoy no avanzò por falta de requisitos y documentación”.
Los obreros ya cuentan con la matrícula provincial de cooperativa, y están tramitando la nacional. Además, un proyecto de expropiación presentado por el diputado Miguel Funes (FpV) espera ser tratado en las próximas semanas en el congreso bonaerense.
¿A quién creerle?
Fernanda Lizarraga hace 18 años que trabaja en Petinari. Entró como pasante a los 16. Tiene un hijo de 3 años, y era administrativa hasta el momento del conflicto. Fernanda será la futura secretaria de la cooperativa de trabajadores.
Pero su historia es singular: al comienzo no estaba de acuerdo con el reclamo de sus compañeros. “Nos manteníamos al margen”, dice. “Pensábamos que tenía algo que ver con SMATA (el sindicato, al que los trabajadores critican por su falta de apoyo). Pero, como siempre, salió perdiendo la gente. Nuestro sindicato de administrativos también nos pedía mantenernos al margen”.
Lizarraga intentó hasta último momento ingresar a la fábrica, trabajar y recuperar el dinero. De hecho, denunció que los trabajadores no la dejaban ingresar cuando la fábrica la citaba a trabajar. “Pero me di cuenta de que la empresa nos utilizaba como conejitos de indias para el conflicto”, apunta. El quiebre fue una frase de uno de los abogados del SMATA tras una de las decenas de audiencias: “Olvidate, Petinari no va a abrir más”. Lizarraga: “No sabía a quién creer: si a la empresa, al SMATA, a mi sindicato o a los trabajadores. Pero en un momento vimos que la plata estaba, pero no se pagaba, y todo cambió”.
En ese momento supo a quién creerle.
“Es injusto lo que nos han hecho a todos”, concluye. “No voy a regalarle 18 años de mi vida a esa gente”. Fernanda es la única mujer que quedó para conformar la Cooperativa Acoplados del Oeste, de la que es secretaria.
Luis Becerra, en medio del humo de las gomas y las llamadas constantes por celular, advierte: “Pasó en Brukman, pasó en Zanon: lo que les digo a mis compañeros es que puede haber ley de expropiación o puede haber cooperativa, pero si nosotros realmente nos queremos quedar, eso es lo único que vale”.
Lo vale para estos trabajadores.
Lo vale para esta mujer.
Negro, el perro, sigue paseando triunfal entre los obreros.
Hoy, mañana y pasado, adentro y afuera, esta historia continuará.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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