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Petinari: las cosas que hay que hacer para trabajar

Unos 50 policías sitiaron a 25 obreros de la fábrica de carrocerías Petinari, de Merlo, quienes decidieron abandonar pacíficamente la fábrica que habían tomado para preservar sus fuentes laborales dos semanas atrás. Estaban retomando la producción, pero ante el desalojo volvieron a quedarse en la puerta para resistir en busca de lo obvio: poder seguir trabajando. Son cooperativa y esperan una ley de expropiación para hacerse cargo de lo que no se hizo cargo la patronal.

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Unos 50 policías sitiaron a 25 obreros de la fábrica de carrocerías Petinari, de Merlo, quienes decidieron abandonar pacíficamente la fábrica que habían tomado para preservar sus fuentes laborales dos semanas atrás. Estaban retomando la producción, pero ante el desalojo volvieron a quedarse en la puerta para resistir en busca de lo obvio: poder seguir trabajando. Son cooperativa y esperan una ley de expropiación para hacerse cargo de lo que no se hizo cargo la patronal.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho


“Estábamos empezando a producir las carrocerías”, dice Luis Becerra, obrero, 32 años, 9 en la fábrica, cuando este miércoles 19 de agosto vio a las personas que ingresaban a la fábrica Petinari. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando llegaron dos fiscales de las Unidades Funcionales (UFI) N°8 y N°5 de Morón.
Una tenía la orden de desalojo en sus manos. Afuera había casi 50 efectivos de Infantería y la policía bonaerense. Los trabajadores decidieron salir pacíficamente para evitar choques y que alguien fuera herido. De todos modos, no quedó nadie dentro de la empresa y los trabajadores volvieron al sitio donde resistieron durante seis meses previos a la toma: la calle.
“Vamos a volver a entrar, tenemos todo”, asegura a lavaca Alejandro Espinoza, 34 años. Estuvo haciendo changas durante el transcurso del conflicto. Dice que se ilusiona con un reingreso a la fábrica, que ya tiene matrícula provincial para constituirse como cooperativa.
Su nombre: Acoplados del Oeste. Aún tramitan la matrícula nacional, y esperan por el tratamiento de una ley de expropiación en el congreso bonaerense.
Ya con los obreros en la calle, aflojó la presencia policial. Cerca de las 14, un móvil de la Bonaerense (patente KAL 071) se estacionó en la puerta de Petinari. No llegó a estar 20 minutos y partió.
En la carpa, Becerra comenta que vio a Silvana Petinari, una de las dueñas que figura al mando de la empresa, en una estación de servicio cercana.
El diálogo fue escueto.
-La cooperativa no va a salir porque la empresa no está quebrada. Además, no son más que 30 vagos- insultó la señora Petinari.
-Si querés hacer algo, metenos a todos a laburar- contestó Becerra.

Leé también: Acoplados en cooperativa

La lógica del perro

Los más de 30 rostros que desfilaron por la carpa durante el mediodía y la tarde no reflejaban desesperación. Había buen clima, más allá de las miradas cruzadas cuando un teléfono sonaba, cuando alguien se alejaba para atenderlo, cuando alguien volvía, cuando alguien les hablaba. Hacían chistes y no faltó el guiso caliente de cada día. Los autos, colectivos y camionetas que pasaban (inclusive una de Gas Natural) tocaban bocina y animaban a los trabajadores que rompían con la monotonía de la ruta 200, a 10 minutos de la estación de ferrocarril de Merlo.
“Vamos a volver a entrar”, era el shock que se repetían mutuamente entre los obreros, muchos de ellos arriba de los 40 años, muchos con dolores de años de trabajo, y sin posibilidad real de encontrar otro empleo. Por el medio de las charlas, de las gomas quemadas, del humo y de las piernas circulaba Negro, el perro negrísimo que no paraba de mover la cola y con los ojos pedía galletitas. Negro se convirtió en una pieza más de la lucha de los trabajadores de Petinari, porque estuvo desde el primer día en la calle y acompañó la toma. Este miércoles le agregó una épica única.
“Le mordió la mano a uno de los policías que nos desalojó”, cuentan.
Negro no para de recibir abrazos.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho

Planes de plata, planes de vida

Habían tomado la fábrica el 3 de agosto. Lo primero fue limpiarla. Encendieron las máquinas durante el último fin de semana y el silencio ensordecedor se quebró. Cuentan orgullosos que produjeron dos cajas y había un remolque listo para vender. El desalojo llegó en pleno resurgir de la producción. “En lo personal, era algo buenísimo lo que estábamos haciendo”, dice Félix León, 59 años, 7 en la empresa, 4 hijos. “Por todo lo que veníamos padeciendo, que por fin apareciera el laburo era algo buenísimo. Eso te hace bien y te reconforta. Incluso no hacés planes de plata, hacés planes para decir: ´Bueno, ya vamos a estar mejor´. Servía para ir mejorando. Pero sabíamos que el desalojo era algo que podía pasar. Lo teníamos previsto. Pero no importa: vamos a volver a entrar”.
Luis Blasetti, 35 años, 7 en la fábrica, tampoco decae. “La toma fue una esperanza que tuvimos después de seis meses de estar afuera y de todos los problemas que uno pudo tener en la casa. La fábrica la encontramos en pésimas condiciones, Hicimos tareas de limpieza, de todo. Encendimos las máquinas. Fue como darle vida. Y nos reencontramos con nuestros puestos de trabajo. Ahora nos encontramos otra vez en la calle. Es una pelea día a día y vamos a seguir hasta cumplir nuestro objetivo: volver a trabajar”.

Lanzamiento de personas

Varias son las denuncias que acumularon los trabajadores. “En la fiscalía general se comprometieron a unificar todas en un fiscal”, dice el abogado Luis Coronado, uno de los representantes de los obreros. “Si no, no sabemos cuál es la liebre que corre”. Al menos dos liebres asistieron el miércoles a Petinari. Una fue en representación de la UFI N°5 de Morón, que instruye una denuncia de los clientes de la empresa contra Petinari, por camiones que quedaron dentro de la fábrica. Por esa razón, su tarea era inspeccionar que estuviera todo “en orden”.
Sin embargo, la agente fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N°8, se presentó para “efectivizar el lanzamiento (sic) de los ocupantes del inmueble” y la restitución del predio a la firma Pedro Petinari e Hijos “sin perjuicio de la salvaguarda de los derechos laborales de los afectados”. La orden llevaba la firma del juez de garantías de Morón Ricardo Fraga. Todo se produjo en el mismo momento en el que los abogados estaban realizando las presentaciones legales ante los propios tribunales de Morón. “Lo importante es que nos reunimos en la fiscalía general y los agentes judiciales entendieron, por primera vez en este conflicto, y con documentación, que los trabajadores no violentaron ninguna puerta y que las condiciones de la fábrica son impecables”, señala Coronado.

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho

Trabajadores de la ex Petinari. Fotos: Néstor Saracho

30 millones adeudados

El abogado Coronado reconoce que recién en esa reunión los funcionarios judiciales se enteraron de que los trabajadores no cobran hace meses. “Además garantizamos dos cosas. Primera: los camiones del cliente están ahí, intactos. Segunda: los obreros están cuidando su propio trabajo. Son entre 120 y 130 trabajadores a los que se les debe entre 20 y 30 millones de pesos”, dice Coronado. “Y, por si fuera poco, pudimos conseguir un contrato de compra y venta, donde figura que las autoridades de la empresa estaban vendiendo toda la parte inmobiliaria a otra sociedad anónima. Pero la situación parece ficticia: tanto en una u otra la mayoría de los accionistas son los mismos”.
Este tipo de maniobras fue el que quedó al descubierto en el proceso de vaciamiento de fábricas de fines de los años 90, cuya mejor respuesta fueron las fábricas sin patrón, gestionadas por las cooperativas de sus trabajadores.
Coronado subraya que la escritura para tal maniobra se iba a hacer entre fines de julio y principios de agosto, pero no se concretó ya que los trabajadores presentaron una medida cautelar para frenar esa jugada. “Había créditos laborales muy grandes: no pagaban desde enero. Pero propusimos no hacer juicios laborales porque, hoy por hoy, una sentencia tarda 2 o 3 años”, dice. “Por otro lado, pedimos la quiebra. Ellos, en reacción, presentaron un concurso preventivo en Capital Federal, pero hasta hoy no avanzò por falta de requisitos y documentación”.
Los obreros ya cuentan con la matrícula provincial de cooperativa, y están tramitando la nacional. Además, un proyecto de expropiación presentado por el diputado Miguel Funes (FpV) espera ser tratado en las próximas semanas en el congreso bonaerense.

¿A quién creerle?

Fernanda Lizarraga hace 18 años que trabaja en Petinari. Entró como pasante a los 16. Tiene un hijo de 3 años, y era administrativa hasta el momento del conflicto. Fernanda será la futura secretaria de la cooperativa de trabajadores.
Pero su historia es singular: al comienzo no estaba de acuerdo con el reclamo de sus compañeros. “Nos manteníamos al margen”, dice. “Pensábamos que tenía algo que ver con SMATA (el sindicato, al que los trabajadores critican por su falta de apoyo). Pero, como siempre, salió perdiendo la gente. Nuestro sindicato de administrativos también nos pedía mantenernos al margen”.
Lizarraga intentó hasta último momento ingresar a la fábrica, trabajar y recuperar el dinero. De hecho, denunció que los trabajadores no la dejaban ingresar cuando la fábrica la citaba a trabajar. “Pero me di cuenta de que la empresa nos utilizaba como conejitos de indias para el conflicto”, apunta. El quiebre fue una frase de uno de los abogados del SMATA tras una de las decenas de audiencias: “Olvidate, Petinari no va a abrir más”. Lizarraga: “No sabía a quién creer: si a la empresa, al SMATA, a mi sindicato o a los trabajadores. Pero en un momento vimos que la plata estaba, pero no se pagaba, y todo cambió”.
En ese momento supo a quién creerle.
“Es injusto lo que nos han hecho a todos”, concluye. “No voy a regalarle 18 años de mi vida a esa gente”. Fernanda es la única mujer que quedó para conformar la Cooperativa Acoplados del Oeste, de la que es secretaria.
Luis Becerra, en medio del humo de las gomas y las llamadas constantes por celular, advierte: “Pasó en Brukman, pasó en Zanon: lo que les digo a mis compañeros es que puede haber ley de expropiación o puede haber cooperativa, pero si nosotros realmente nos queremos quedar, eso es lo único que vale”.
Lo vale para estos trabajadores.
Lo vale para esta mujer.
Negro, el perro, sigue paseando triunfal entre los obreros.
Hoy, mañana y pasado, adentro y afuera, esta historia continuará.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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