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Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado

El Gobierno enviará al Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los transgénicos, el modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y organizaciones sociales. Por Darío Aranda.

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El Gobierno enviará al Congreso un texto de nueva ley de semillas. Monsanto, los transgénicos, el modelo agropecuario y la advertencia de campesinos y organizaciones sociales en esta crónica para lavaca.org escrita por Darío Aranda.

Semillas, corporaciones y un proyecto cuestionado
El Gobierno anunció hace quince días la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el cobro de regalías de la empresa Monsanto. Medida consensuada con la Asociación de Semilleros de Argentinas (ASA), que nuclea a las grandes empresas del sector. Pero esta semana explicó que no habrá decreto y, en base al mismo texto, se redactó un proyecto de ley que será enviado al Congreso Nacional. Desde 2012, el Gobierno intenta aprobar una nueva legislación de semillas, muy resistida por organizaciones sociales, campesinas y académicas. “Es un acto más del Gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”, denunciaron una veintena de organizaciones sociales, campesinas y cátedras universitarias.

Monsanto

La Presidenta viajó a Estados Unidos en junio de 2012 a una reunión del Consejo de las Américas, donde se reúne el establishment económico de ese país. Anunció en transmisión en directo la instalación de la mayor planta de maíz transgénico de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos”.
Como parte de la misma política, dos meses después, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva soja transgénica de la empresa. Anunciada como una “nueva generación”, llamada “RR2 Intacta”, que es resistente al herbicida glifosato y también sería resistente a insectos.
El 21 de agosto de 2012, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del vicepresidente de Monsanto, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hacía propia la publicidad de Monsanto y resaltaba las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente”. El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja. La biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
El Estado no hizo estudios propios para certificar la bondades de la nueva semilla y los expedientes de aprobación son confidenciales.
En paralelo, Monsanto comenzó a firmar contratos con productores para que éstos acepten el pago de “regalías extendidas” por la “tecnología” que llevaría la nueva semilla. Hecho no contemplado por la actual ley de semillas. Implica el pago, luego de la cosecha, de doce dólares por tonelada de soja.
El Gobierno dejó hacer.
El marzo de 2015, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro) emitieron un comunicado en repudio a la actitud de la multinacional. “La empresa Monsanto pretende incluir unilateralmente una cláusula abusiva, arbitraria y compulsiva en los contratos de compra-venta de soja, por la cual los compradores (acopiadores, exportadores, industrias transformadoras) podrían retener un importe en concepto de regalías, alterando reglas, usos y costumbres del comercio de granos”, denuncia el escrito de las entidades rurales más cercanas al agronegocios.
Aclaran que están de acuerdo en el pago de “la tecnología y las mejoras genéticas”, pero consideran que el sistema impulsado por Monsanto es “inaceptable”, violatorio de la Ley de Semillas (20.247) y lo define como “inconsulto, engorroso, inaplicable, incontrolable y podría avanzar sobre los derechos de los productores”.

Ley-Decreto-Ley

En 2012 el Gobierno intentó avanzar con una nueva ley de semillas. Mantuvo reuniones con la poderosa ASA (Asociación Semilleros Argentinos), referentes de la Mesa de Enlace y sectores del agronegocios como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Nunca se convocó a los movimientos campesinos, organizaciones sociales ni a sectores de la academia críticos al avance empresario sobre el agro.
Federación Agraria filtró uno de los borrador de proyecto de ley y arreciaron las críticas de sectores campesinos y organizaciones sociales. Se la bautizó “ley Monsanto). Incluso desde sectores del mismo Gobierno (el Movimiento Evita) actuaron para frenar el proyecto.
No hubo nueva ley.
El 19 de mayo pasado, en un acto público y con gacetillas oficiales, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, informaron que a la brevedad se firmaría un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que contemplaba el pago de la “tecnología” al momento de comprar la semilla y no post-cosecha (como estipulaba Monsanto en los contratos con productores). También creaba un fondo económico para fomentar la biotecnología “nacional” y un registro para que los pequeños productores puedan continuar con el “uso propio” (utilizar las semillas obtenidas de la cosecha, una práctica tan antigua como la agricultura).
Carlos Casamiquela destacó «el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores», al resaltar que «la modernización del sistema de pago».
Los medios cercanos al Gobierno lo presentaron como una acción para frenar a Monsanto y silenciaron las críticas campesinas. Los diarios que publicitan el agronegocios fueron en la misma línea, pero destacaron que ASA (donde están las grandes semilleras) había dado el visto bueno y que, en definitiva, Monsanto cobraría por su tecnología. La multinacional explicitó su acuerdo con los dichos del Jefe de Gabinete respecto a la promoción de la biotecnología y al reconocimiento de la “propiedad intelectual” de las semillas. Pero adelantó que seguirá adelante con los contratos con productores y el pago de regalías extendidas.
El 23 de mayo, en Clarín Rural (uno de los espacios insignia del agronegocios), el jefe del suplemento, Héctor Huergo, argumentó que la industria semillera “sufre un grave deterioro” por el “uso propio” (utilización de las semillas obtenidas de la cosecha) y afirmó que “Monsanto se inmoló” al introducir su nueva soja (“RR2 Intacta”). Huergo, un gran lobista de las empresas, celebró el anuncio del Gobierno porque “reivindica la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual”. Pero redobló la apuesta: “La pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley”.
El mismo día, pero desde La Nación Campo, el editorialista Cristian Mira fue el mismo sentido: “El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales”.
El 4 de junio, Aníbal Fernández señaló que no se firmará ningún decreto. Sino que se optó por un proyecto de ley. Un día después, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, confirmó en el programa de cable Bichos de Campo que se enviará un proyecto al Congreso. Explicó que tendrá el mismo contenido que contemplaba el Decreto de Necesidad y Urgencia, y resaltó que fue “consensuado con todos los actores del sector”.
Delgado, el funcionario de Agricultura más cercano a las empresas transgénicas, remarcó que “las más altas autoridades políticas” determinaron que, con el mismo mismo texto del decreto, se opte por un proyecto de ley. Y señaló que este mes será enviado al Congreso Nacional.

Otro campo

Una veintena de organizaciones nucleadas en la “Campaña contra la Nueva Ley Monsanto de Semillas” emitieron un comunicado. “No se atrevan a tocar nuestras semillas”, es el título y denuncia que el DNU-Proyecto de Ley es “un acto más del gobierno hecho a la medida de las grandes corporaciones que hoy definen la situación económica, social, ambiental y alimentaria de Argentina”.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red Nacional de Acción Ecologista, Asociación Campesina del Valle de Conlara (San Luis), Amigos de la Tierra, Abogados Ambientalistas, GRAIN, Frente Popular Darío Santillán, y las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad del Comahue y de Luján. Puntualizan que la semilla de soja transgénica que originó la disputa es el primer eslabón de una política que busca la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza” y cuestionan que un derecho básico (el uso de semillas de la cosecha anterior) se intente legislar como si fuera un privilegio de unos pocos.
“Estos ‘eventos biotecnológicos’ sobre los que estas empresas reclaman derechos de propiedad son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10.000 años de agricultura”, denuncian y desmienten que, para el DNU o el proyecto de ley, haya habido “consenso” (como argumentó el Gobierno): “Es solo el consenso del agronegocio para seguir imponiendo sus pretensiones”.
Exigen la apertura de un debate amplio y público, en el que se privilegien los intereses de la población por sobre el de las corporaciones, rechazan los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y proponen el fomento de semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria.
También sentaron postura, en comunicados por separado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional”, tituló el MNCI. Cuestionó que no se debata sobre la naturaleza y la función de las semillas, alertó que “subordinar la agricultura a la tecnología de las corporaciones no es solo grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria” y denunció que “ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en soberanía”.
Reivindicó que el uso propio de semillas es un “derecho inalienable” para los campesinos, indígenas y agricultores familiares; y para ejercerlo “no necesitamos estar en ningún tipo de registro, ni ser tratados como excepciones a ninguna normativa”.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, en el Frente Popular Darío Santillán) rechazó la posibilidad de un decreto o ley a medida de Monsanto y recordó que el Gobierno dejó sin presupuesto a la agricultura familiar (a fines de 2014 había comprometido 1500 millones anuales pero no fueron asignados). “El Agronegocio puede convivir con algunos subsidios y acciones simbólicas hacia la agricultura familiar y campesina. Pero nosotros discutimos y proponemos un modelo distinto de producción agropecuaria, tecnología, producción y transmisión de conocimiento, utilización y relación con los bienes naturales, trabajo rural, comercialización, distribución y consumo. Un modelo de soberanía popular”.
José Luis Livolti, del Movimiento Campesino Liberación, afirmó que el DNU o el proyecto de ley son la forma de reconocer la propiedad intelectual de grandes empresas sobre las semillas. “Monsanto está agradecida”, denunció. Y exigió una convocatoria amplia, “un debate nacional con todos los actores” sobre dos temas: una ley que proteja las semillas originarias y criollas, y una “nueva institucionalidad” que ponga en manos del Estado la comercialización externa de granos y carnes, pilar de un modelo agropecuario base a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.

El modelo

La soja abarcaba seis millones de hectáreas en 1996, cuando Felipe Solá (secretario de Agricultura de Carlos Menem) autorizó la primera soja transgénica de Argentina, de la empresa Monsanto, con uso de glifosato. En 2003 ya había 12 millones de hectáreas con el cultivo. En la actualidad llega hasta las 22 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la tierra cultivada del país tiene un solo cultivo: soja transgénica.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), impulsado por el Gobierno, fue presentado en 2011 por la Presidenta. Propone aumentar un 60 por ciento la producción granaria (entre otros cultivos, soja y maíz transgénicos), llegar a 2020 con 160 millones de toneladas de granos. Lo que implica, según el mismo PEA, incluir al modelo de agronegocios 11 millones de hectáreas (que hoy están en manos de campesinos e indígenas).
Desde 1996, la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprobó 31 eventos transgénicos (maíz, soja y algodón). El 77 por ciento de ellos (24) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (cuatro), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunas casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.
El último transgénico aprobado fue la soja de la multinacional Dow Agrosciences. No sólo le permite el uso de glifosato, sino también de los muy cuestionados agroquímicos 2-4D y glufosinato de amonio.
El Gobierno anunció la nueva soja transgénica el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina.

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297 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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De enero a noviembre de 2023 el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 297 femicidios y travesticidios en todo el país. Como resultado de estos crímenes se registraron además 233 huérfanxs por femicidios, un drama silenciado del cual es necesario hablar.

No son cifras y por eso en nuestro padrón se visualizan sus nombres, edades, dónde vivían y cómo sucedió el femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar el problema.

Solo un caso entre cientos: Evangelina, de Mar del Plata, estaba a punto de ser abuela. Sus 5 hijas presenciaron el crímen; la más pequeña, con 3 años, marchó con la foto de su mamá por las calles de la ciudad costera reclamando justicia. Fue una de las 391 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que registramos durante el año.

Registramos además 312 tentativas de femicidios. En noviembre uno de estos crímenes fue contra una mujer de 31 años que está embarazada de 6 meses.

Este 2023 registramos 120 desaparecidas. Y llevamos 1023 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

297 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org

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Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

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La Ronda de Madres de cada jueves como lugar de encuentro, denuncia y reflexión, desde los 12 hasta los 93 años. Elia Espen y lo que vienen pidiendo hace más de 40 años. Por Lucas Pedulla

Tiene 12 años, se llama Catalina y es la primera vez que viene. «Es hermoso», dice, con brillo en los ojos, después de tomarse un tren y un subte desde Lomas de Zamora, sur del conurbano, con su tía Daniela, para venir a la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, segunda después del triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.

La caminata la encabezan Nora Cortiñas y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora. Hay menos personas que la semana pasada, pero el movimiento sigue siendo vital para pensar esta época.

Catalina, por ejemplo, cuenta que en su colegio se discutió mucho durante las elecciones, y si bien fueron pocos los compañeros que apoyaban a Milei, lo hacían con argumentos que le parecían extraños: «Hablaban de la dolarización y pedían que vuelvan los militares».

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Zurda vas a correr

Daniela –31 años, preceptora– abre los ojos: «¿Por qué será que siendo tan jóvenes crean eso? Soy docente y he tenido problemas por tratar de frenar esos discursos. Tenía estudiantes que me chicaneaban, y aun si lo hacían para hacerme enojar, eran chicanas violentas: ‘Se te acaba la joda’, ‘viene el Falcon verde’. Mi otro sobrino, el hermano de ella, me dijo: ‘Zurda vas a correr’. Tiene 10 años».

¿Dónde vio eso? «En Tik Tok», dice. Catalina suma su visión: “Hay mucho Tik Tok y mucha violencia. Las redes sociales no ayudan para nada”. Daniela piensa que son necesarias nuevas formas de comunicar: “Trato de dar información, hablar con mi mejor tono, y enfatizar los ejemplos: los militares secuestraban personas y las tiraban vivas de los aviones. Pero no cala. En algo estamos fallando. Ahora todo son 10 segundos efímeros”.

De fondo, mientras caminamos, una voz lee nombres:

Lopez Ceferino.

López Bravo José María.

Lópes Calvo María Eugenia.

Son personas que siguen desaparecidas.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

El lugar donde se mira al mundo

Otro de los camina en ronda es Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven de 28 años que desapareció el 1º de agosto de 2017 en medio de una brutal represión de Gendarmería a una comunidad mapuche en Esquel, provincia de Chubut. Su cadáver, sospechosamente aparecido meses después, fue señalado como efecto de un “accidente”. Eran tiempos de Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Tiempos en que también fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel en la Patagonia. Maldonado está en Buenos Aires porque el 11 de diciembre iba a tener la audiencia de apelación por el intento del juez Gustavo Lleral de cerrar la causa, pero se la postergaron hasta el 28 de febrero.

Percibe, en general, un sentimiento de retroceso: “Todas las instituciones se rompen, como un desmoronamiento general. Ya no es un negacionismo, sino desidia. Hubo una disconformidad que se manifestó, pero también es irresponsabilidad: es triste ver cómo la tercera fuerza se mete ahora a manejar el gobierno, con el discurso de rebeldía, pero el ministro de Economía va a ser el mismo que nos endeudó por 100 años (Nicolás Caputo). Hay un grupo de gente que no votó con el bolsillo, sino de manera irracional”.

No sintió miedo, pero sí preocupación: “Bullrich está coqueteando con el Ministerio de Seguridad, aunque hoy también sonó para Trabajo. Representa dos épocas nefastas, porque como ministra de Trabajo en 2001 ya le recortó el 13% a los jubilados. Y ni que hablar que ahora, si asume en Seguridad, tiene como vicepresidenta a alguien que reivindica el genocidio”. 

¿Por qué, entonces, venir a la Plaza? “Quedan poquitas Madres y esto tiene que seguir. Nos encontramos con seres queridos en una misma línea. Capaz no sabés la fecha de cumpleaños, pero es un lugar de reencuentro. Desde acá se mira el mundo y también se interpela a la Casa Rosada. No hay que perder el vínculo con las Madres”.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Pensar todo otra vez

Lua tiene 16 años y Paloma 17. Son estudiantes de cuarto año del colegio porteño Carlos Pellegrini. Paloma viene por primera vez: “Estamos en una situación complicada y ahora, que se está reivindicando la dictadura, es súper importante cuidar la memoria”.

Lua ya vino varias veces: “Se cuestiona algo tan básico que siempre me pareció incuestionable. Y es importante venir para que en las casas se vuelva a hablar”. Percibió que Milei entró en el Pellegrini más silenciosamente, a diferencia de otros colegios donde el apoyo fue más colectivo, precisa: “La mayoría son por las familias; o lo toman como chiste, un meme, algo nuevo; o por la desconfianza en la política. Muchos descreen de lo político, entonces tampoco hablan, por lo general, con alguien que no piensa como ellos”.

¿Qué pudieron hablar post balotaje en el Pellegrini? “Siento que es un momento donde deberíamos hablar más que nunca, pero en mi colegio la juventud no se está pudiendo organizar lo suficiente para pensar estos cuatro años. Recién pasaron dos semanas, pero tuvimos una instancia para hablar y éramos nada más que 20 personas. Siendo un colegio tan politizado, es poco, y hay que replantearnos cosas básicas y volver a esquematizar todo”.

¿A qué te referís con esquematizar?

–Pensar cómo vamos a salir, cómo van a ser nuestras marchas, cómo nos vamos a cuidar. Probablemente a mucha gente no la dejen ir a las marchas, porque somos pibes de 16, 17, 18 años, incluso menos. Tenemos que ser un gran volumen.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

Me tienen podrida

Elia Espen tiene 93 años. El 18 de febrero de 1977, su hijo Hugo Orlando Miedan Espen fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención y tortura El Atlético. Sigue desaparecido. 

«Están diciendo pobrecitos los generales, que tienen que liberarlos, mientras nuestros hijos siguen desaparecidos, fueron tirados al mar –habla, micrófono en mano, una vez terminada la ronda–. Estamos como empezamos: me tienen podrida. ¿Qué más podemos decir? Seguimos pidiendo lo mismo que pedimos hace más de 40 años: verdad y justicia. Estoy escuchando cada cosa por la radio y televisión que me espanta. Todavía no sabemos nada de lo que pasó con nuestros familiares. Ojalá se unan, ustedes, todos. Lo único que tenemos que seguir haciendo es estar juntos».

Luego, le pasó el micrófono a Nora Cortiñas, 93 marzos. Su hijo Gustavo está desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nora habló y dejó frases para tomar apuntes:

  • “Todavía este pueblo no llegó a captar los horrores que vivimos durante el terrorismo de Estado porque, si no, las elecciones hubieran sido diferentes”. 
  • “Vamos a tener que seguir hablando”. 
  • “Como vienen días muy difíciles tratemos de estar juntas, juntos, y pensar que no queremos que se repita más lo que vivimos”. 
  • “Tenemos que estar en la calle todo lo que podamos”. 
  • «En vez de absorber el veneno que tienen les contestaremos con el amor que tenemos».
  • “Hay que salir y reivindicar lo que lucharon nuestros 30 mil”.
  • “Vengan acá, vengan a acompañarnos porque así vamos a demostrar que exigimos memoria y verdad hasta el final”.
  • “A seguir luchando. Vamos a vencer”.
  • “No pasarán”.

Voto cansancio

Rocío, 23 años, de Lomas de Zamora, estudiante de Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda (UnDAV), militante del Movimiento Evita, la escucha con atención. También, es la primera vez que viene. “Me movilizó mucho venir ahora que Milei es gobierno, ver todo el sufrimiento de las Madres, pero que siguen acá. Vine por eso. Y seguro vuelva”.

Rocío es de las que piensa que no fue un voto negacionista sino un voto cansancio: “Venimos haciendo las cosas muy mal y hay reconocerlo: en los últimos cuatro años no hubo grandes políticas que le cambiaran la vida a la gente, que es por lo que el peronismo se identifica. Hay un cansancio: no creo que el 55% sea negacionista. Espero que no”.

Le cuento que recién, en otra entrevista, una docente hablaba de la necesidad de nuevas formas de comunicar. ¿Qué piensa una estudiante de periodismo? “Las empresas de medios siguen siendo funcionales al sistema. Yo me tiro del lado de los medios autogestivos, ahí se cuenta la realidad de los hechos. Soy mamá de una nena de cuatro años y no quiero que se malinforme por Tik Tok. Deberíamos volver a lo que hicieron las Madres y contar desde ahí. Por no querer confrontar, la juventud peronista fue tibia. Tenemos que perder el miedo y dejar de ser sumisos. El Nunca Más es Nunca Más en muchas cosas”.

-¿Qué destacás en las Madres como comunicación?

-La sensibilidad. Las Madres son un gran ejemplo de cómo enfrentaron la dictadura. Hubo estrategia ahí. Cuentan un hecho terrible que vivieron en carne propia, pero desde la sensibilidad con el otro, de entender al otro, de comunicar hacia el otro. Es por ahí y es lo que nos está faltando. 

Repite: “Es por ahí”.

El jueves que viene, a las 15:30, habrá ronda otra vez, como hace 46 años.

Madres de Plaza de Mayo: rondar el presente

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org

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Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

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La condena por el asesinato de Rafael Nahuel llegó tarde y mal: el prefecto Sergio Guillermo Cavia, responsable del delito de homicidio agravado, fue condenado a 5 años de prisión. Sus cuatro compañeros, cómplices, a 4 años y 6 meses. Y hasta tanto no quede firme la condena, seguirán libres. La familia anunció que apelará el fallo, a las puertas de una nueva presunta asunción de Patricia Bullrich, la responsable política del asesinato. Crónica de la audiencia de un veredicto anunciado, en cobertura colaborativa con Perycia.

Por Ludmila Cabana Crozza. Fotos de Jaime Carriqueo

desde fiske menuco

El fiscal llegó antes que nadie. Al habilitarse la sala de audiencias era la única persona sentada en la sala, en su lugar. Por momentos cerraba los ojos, por momentos revisaba su teléfono celular. Cuando ingresó al Juzgado saludó a una de las decenas de policías federales que custodiaban el edificio del Tribunal Federal de la ciudad de General Roca adentro y afuera. Antes de iniciar la subida por la escalera recibió un buen deseo. Va a estar todo bien, doctor, le dijo un policía.

Desde las 7:25 am hasta que se habilitó el ingreso a la prensa, el fiscal Rafael Vehils Ruiz estuvo solo en la sala. Entraron la prensa y la familia de Nahuel. Se llamó a un breve cuarto intermedio y todos regresaron, junto al Tribunal, cerca de las 11 para presenciar la lectura de la decisión final. 

Este miércoles 29 de noviembre de 2023 en la sala de audiencias Alfredo C. Nielsen se leyó el veredicto que los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava entendieron como justicia por unanimidad: condenar a Sergio Guillermo Cavia por considerarlo autor material responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de arma de fuego y con exceso de legítima defensa, a 5 años de prisión e inhabilitación especial por 8 años.

Eran cinco los prefectos procesados por la muerte de Rafael Nahuel en 2017 en Bariloche. Francisco Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años por el tribunal oral criminal federal de General Roca ya que los consideraron partícipes necesarios del delito de homicidio agravado cometido por Cavia. Los 5 condenados no tendrán condena preventiva: serán detenidos cuando la sentencia quede firme. Hasta tanto no podrán abandonar el país ni retirarse de su domicilio por más de 24 horas salvo que avisen con anticipación. 

Pero antes de los 6 minutos que tardó la lectura del veredicto hecha por el presidente del tribunal, Alejandro Silva, los cinco procesados tuvieron un momento para decir las palabras finales. Todos hicieron uso de ese derecho y dijeron casi lo mismo: que obraron en cumplimiento del deber, conforme a derecho, sin cometer excesos y con una orden judicial que los legitimaba.

Cavia agregó que tenía fe en que se iba a hacer justicia; Obregón dijo que respetó la vida propia y la de terceros en cuanto se pudo. García dijo que actuó en este “lamentable hecho conforme a derecho”. Todo fue escuchado y visto en una pantalla, porque ninguno de los acusados pisó el Tribunal Federal en ninguna de las audiencias: siguieron el juicio desde sus casas, conectados a internet. Recibieron el veredicto en las mismas circunstancias.

Durante el debate oral hubo dos querellas: una por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el abogado Mariano Przybylski como representante, y otra por parte de los padres de Rafael Nahuel con los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino. En los alegatos ambas querellas pidieron prisión perpetua para los 5 prefectos por homicidio agravado.

El pedido de pena máxima se desprende de lo que el abogado Marigo entiende es un delito político, un delito de violencia institucional pero fundamentalmente una deuda de la democracia: no haber terminado con prácticas que vienen de la dictadura militar. Se refiere a usar el aparato estatal (en este caso las fuerzas de seguridad) en contra de ciudadanos comunes. 

La defensa fue por la absolución, no reconoció ningún delito pese al resultado de una persona muerta y dos heridos de bala del mismo lado. El fiscal Vehils Ruiz, por su parte, pidió 5 años de prisión para los acusados. No consideró quitar el atenuante en la acusación original de homicidio en exceso de legítima defensa y fue por la idea de un enfrentamiento entre las partes. Esta posición, pese al pedido de las querellas, limitó la decisión del Tribunal en cuanto a la pena dictada: la más alta fue la que pidió el Ministerio Público Fiscal. 

Rafael Nahuel fue alcanzado por un disparo por la espalda y murió el 25 de noviembre de 2017, tenía 22 años. Quienes lo acompañaban también fueron heridos y oficiaron de testigos en una de las jornadas del juicio que ayer terminó, no estaban armados. 

El miércoles 29 de noviembre, día del veredicto, la mamá de Rafael Nahuel cumplió años. Se llama Graciela, es una mujer bajita, lleva zapatillas negras de caña alta, medias de color rosa, un pantalón animal print y una remera mangas largas con otra blanca encima con la cara de su hijo asesinado. La misma remera llevan Alejandro, el padre y Ezequiel, el hermano. Graciela tiene, en el día de su cumpleaños, que estar lejos de su casa en Bariloche, a 481 kilómetros, porque le falta un hijo y busca justicia.

Lleva dos hebillas con brillos en el pelo, tiene una bolsa de tela de Unelen que revisa buscando alguna cosa, hace un gesto como de revolver algo en la boca mientras escucha y mira lo que dicen los jueces sobre los acusados de la muerte de su hijo, que son culpables y están en sus casas -¿qué mastica Graciela? ¿bronca?-.

Afuera, al sol, dijo frente a un micrófono que no está conforme, que esperaba más, que está desilusionada. El abogado Marigo aseguró que apelarán, Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos humanos de la Nación que acompañó la jornada dijo que, a pesar del cambio de gestión que se acerca, esa también es la intención de la Secretaría. 

El 29 de Diciembre de 2023 a las 11 hs. es el día fijado para dar a conocer los motivos del hecho en el que se funda el veredicto conocido hoy. «Que tengan un excelente día, cuídense», fueron las palabras del juez antes de dejar el recinto.

En 2017, el año del hecho juzgado hoy, la poeta neuquina Silvia Mellado escribió:

Rafael Nahuel

han soltado los albatros

en el medio del bosque

donde dice tierra ancestral

leen coto de caza los perdigueros que olisquean

gustosos un pedazo de tu muerte 

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