Nota
Siete policías presos por una desaparición catalogada como homicidio
La Cámara Criminal Tercera de General Roca, Río Negro, confirmó los procesamientos con prisión preventiva para siete policías por la desaparición de Daniel Solano y abona en el fallo la teoría de que se trató de un homicidio, con encubrimiento civil y policial. La Cámara sostiene que de acuerdo a “la lógica, la experiencia y el sentido común” lo más probable es que hayan asesinado a Daniel para luego hacer desaparecer al joven de 27 años.
El padre de Daniel, Gualberto Solano (Mu nº 57: ¿Nunca más?) sigue reclamando el cuerpo de su hijo, voluntad que junto a las investigaciones de su abogado Sergio Heredia han permitido dar vuelta un caso que parecía destinado a la impunidad.
La decisión de la Cámara ratifica la medida dictada en julio por el juez de Choele Choel Víctor Soto, en sintonía con la investigación que trazó el abogado de la familia Solano Sergio Heredia: mediante una serie de testigos (cuyas declaraciones además filmó y en muchos casos subió a YouTube) Heredia logró reconstruir la secuencia de hechos desde que Daniel Solano fue sacado del boliche Macuba el 5 de noviembre de 2011, golpeado, llevado a un terreno conocido como Isla 92 y desaparecido desde entonces. En ese momento Daniel tenía 27 años, y había llegado hasta Río Negro desde la comunidad guaraní Misión Cherenta de Tartagal, Salta, como obrero golondrina para la cosecha,
Fallo fundamental
La investigación de la familia a través del abogado, y del juez Soto, permitió comprender la intervención de los siete policías en el caso. En los últimos meses, el abogado Heredia viajó a Tartagal, la ciudad natal de los Solano, donde reclutan empleados para trabajar en la cosechas del sur. Allí tomó testimonio a dos compañeros de Daniel que fueron clave para la decisión de la Cámara Criminal:
Heredia incluso los trasladó hasta la fiscalía de Choele Choel, para que dieran su versión sobre un rastrillaje en aquella Isla 92 donde Daniel fue visto por última vez. Allí habrían encontrado la billetera y las zapatillas del joven desaparecido, dos pruebas que la policía no sólo desestimó sino que hizo desaparecer – de nuevo- del mapa. “El fallo es fundamental porque no solo confirma el trabajo del juez y el aporte nuestro, sino que ratifica el homicidio por parte de los policías. También cambia la figura de ‘apremios’ por ‘vejaciones’, y fundamentalmente acepta la teoría del encubrimiento y de las pistas falsas”, dijo el abogado Sergio Heredia a lavaca.
Para entender
Los dictámenes de la Cámara pueden entenderse en tres partes:
- La muerte y desaparición: Se confirman los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio para los suboficiales Sandro Berthe, Juan Barrera y Pablo Bender por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado, todo en concurso real y en grado de coautores”. A los suboficiales Pablo Andres Albarrán Cárcamo, Pablo Quindel y Diego Cuelloc omo partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; y al oficial inspector Héctor César Martínez como partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”.
- El encubrimiento: La Cámara Procesa como responsable del encubrimiento del asesinato al oficial Héctor Martínez, atribuyéndole además los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica”.
- El cambio: La única modificación que hizo la Cámara al fallo del juez Soto fue la de reemplazar la figura de “apremios ilegales” por la de “vejaciones”. La diferencia es la mayor intensidad del castigo y de los padecimientos que soportó la víctima.
Sentido común, la desaparición
El fallo se extiende sobre los vacíos que deja el rompecabezas de los testimonios: la muerte y la cuestión del cuerpo: “No es injusto sostener -frente a este cuadro indiciario muy fuerte- que hayan acabado en aquél último sector con la vida de Solano, encargándose posteriormente -la lógica, la experiencia y el sentido común lo indican- de hacer desaparecer el cadáver”. Que la Cámara hable de lógica, experiencia y sentido común para referirse a una desaparición, explica la vigencia de una metodología policial que involucra también casos como el de Iván Torres, Luciano Arruga o Julio López, entre otros desaparecidos en democracia.
Las presunciones de la Cámara Criminal se basan en los testimonios de distintos testigos que vieron cómo Daniel Solano era sacado del boliche Macuba (el fallo agrega “injustificadamente”), llevado a la vuelta de la esquina, golpeado brutalmente y luego trasladado en una Ecosport policial a la famosa Isla 92. Esta secuencia fue relatada por el abogado Heredia en la Mu n° 57: ¿Nunca más? según el testimonio de una joven con identidad reservada al que este 10 de octubre la fiscalía sumó otro testimonio, de una persona que se encontraba junto a un grupo de amigos en la esquina del lugar, desde donde habría observado la secuencia de hechos.
Los policías reconocidos
Este nuevo testigo ratificó cada detalle: que a Solano lo sacaron del boliche los policías Bender, Berthe y “posiblemente otra persona”, que en la vereda “lo aguardaba el coimputado Martínez (…) para sumarse luego a este grupo”; también que “los funcionarios policiales Albarrán Cárcamo, Cuello, Quidel y Barrera” llegaron al lugar en una Eco Sport policial en la que fue trasladado Solano (luego de que se le propinaran a la vuelta “golpes de puños, patadas y con la probable utilización de un elemento contundente”) “en dirección al puente de acceso de la Isla 92, siendo seguidos de cerca por un Fiat Duna rojo (…) propiedad del coimputado Berthe y acompañado por los indagados Martínez, Bender y Barrera”. Así quedan señalados los siete policías que participaron de la secuencia y que, según la Cámara, “fueron los últimos (y únicos) sujetos que estuvieron hasta el último momento con quien en vida fuera Francisco Daniel Solano”.
La billetera que faltaba
A su vez, este 5 de octubre declararon dos compañeros de la cosecha frutícola de Daniel Solano a quienes el abogado Heredia fue a buscar especialmente a Tartagal, Salta.
¿Por qué? “Descubrimos que estos compañeros habían encontrado la billetera de Daniel en un rastrillaje”, dice el abogado Heredia en referencia al rastrillaje realizado en la Isla 92 el 9 de noviembre de 2011, 4 días después de la última vez que fuste visto Daniel. De ese rastrillaje aparentemente no se habían obtenido resultados. Participaron tanto policías como compañeros de la cosecha y los punteros de la empresa. Fue entonces que una de las personas que declaró recientemente, de identidad reservada, encontró una billetera que otro compañero identificó como de Daniel Solano.
“Llamaron a la policía y llegaron dos vehículos. A esa billetera la pusieron en una bolsita de plástico, pero luego desapareció, y jamás se tuvo en cuenta como prueba”, explica Heredia sobre ese encubrimiento. “Por este testimonio el juez pidió más informes, que incluyeron uno de criminalística que registraba una escucha por radio en la que se decía que habían encontrado la billetera. Y a la oficial que escucha este radio se le hace una inspección indagatoria y reconoce que en el llamado se piden bolsitas y además también se encuentran las zapatillas”, asegura Heredia.
Cómo lograr impunidad
El encubrimiento de estas pruebas se complementó con la teoría falsa de un viaje voluntario de Daniel a Neuquén, y desmintió a un supuesto testigo que decía haberlo visto en la terminal de Choele Choel: el Tribunal valoró todo esto como “pistas falsas”. El desbaratamiento de esta teoría pone bajo sospecha la actuación del jefe de la Comisión Investigadora por el caso de Daniel, el oficial Martínez. “Como jefe de la Brigada de Investigaciones de la Regional IV de Policía, investigó las instancias preliminares de este terrible hecho, desplegando una estrategia tendiente a desviar la ‘pesquisa verdadera’, para lograr la impunidad del crimen”, asegura la Cámara.
Esqueleto mutilado
Mientras corren los procesamientos y los siete policías esperan el juicio detenidos, sigue la investigación para encontrar el cuerpo de Daniel Solano. Según Heredia, continúan los rastrillajes y los análisis del removimiento de tierras en los lugares aledaños. Una pista: “Ayer se encontró un cuerpo a 80 kilómetros de Conesa: un esqueleto sin manos y sin pies”. ¿La descripción coincide? “La altura sí… pero es sólo el esqueleto. El torso tenía una remera con una inscripción evangelista: No es la que tenía Daniel, pero es llamativo porque los policías son evangelistas”.
Sobre los miembros mutilados: “Nosotros tenemos la información de que el cuerpo había sido atado de pies y manos”.
¿Cuándo se sabrá si es Daniel o no? “Estamos esperando la autopsia… Hemos dado la información dental de una muela que le faltaba a él para cotejar”. Gualberto Solano, el padre de Daniel, sigue esperando. “Quiere el cuerpo”.
Cómo disciplinan a los obreros
Tras el escándalo que significó para la empresa Agrocosecha la desaparición de Daniel Solano, todos los peones rurales volvieron a sus hogares. No sólo eso, sino que el abogado Heredia avanzó judicialmente sobre los responsables de la firma y los punteros que se encargaban de reclutar jóvenes de las barriadas pobres del norte argentino.
La teoría de Heredia es que ellos fueron parte indispensable del encubrimiento. Dos nombres resonaron especialmente tras la desaparición de Daniel Solano: Hugo Domínguez y Hugo Pachinda. Fueron señalados como el personal de Agrocosecha más cercano a Daniel. Ellos lo habían conectado, y hacía 2 años que lo llevaban a la temporada de cosecha de manzanos.
Daniel era uno de los trabajadores que más conocía a la gente de la empresa, sobre todo Hugo Domínguez; incluso jugaba en el equipo de fútbol de Agrocosecha en el torneo regional. Esa cercanía le había valido a confianza de los punteros para ofrecerle ser una especie de representante entre los trabajadores. El ofrecimiento, para nada inocente, llegó después del primer mes de trabajo y el pago: 800 pesos sobre los 1200 prometidos. Pero Daniel no sólo se negó a jugar del lado de la empresa sino que planeaba junto a sus compañeros un paro en reclamo de lo que la empresa les debía.
Policía insólita
Dentro de la propia empresa, además, moviéndose como grupo de choque y disuasión en las gamelas en las que duermen los peones, tenía sus sede la BORA (Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto) policía estatal que funcionaba como guardia privada parapolicial de la empresa. Este mismo caso llevó a la provincia gobernada por Alberto Weretilneck a disolver ese grupo. Weretilneck es el sucesor de Carlos Soria (quien fue asesinado por su esposa).
El caso y la persistencia de Gualberto Solano y del abogado Heredia han permitido que la comunidad descubra lo ocurrido. Heredia sostiene que el sistema de impunidad sigue vigente ya que hay empresas que tienen en su nómina a empleados y punteros que fueron cruciales para el encubrimiento de lo ocurrido con Daniel. En todo caso el juicio, que los policías deberán esperar en prisión, determinará los alcances extrapoliciales de un caso que revela no sólo las formas actuales de violación a los derechos humanos, sino la genética de modelos económicos basados en la disciplina, la obediencia, y el silencio.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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