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Subtes: el plebiscito le gana a los palos

Publicada

hace 16 años

09/02/2009

El plebiscito para la creación de un nuevo sindicato continúa hoy en la Línea B de Subterráneos de Buenos Aires, superando por ahora la situación de violencia se coló en los túneles el jueves pasado. En aquel momento, una patota denunciada como cercana a la burocracia de la UTA agredió a los trabajadores que estaban realizando en paz el plebiscito en la estación Congreso de Tucumán con el que, como había anunciado lavaca , se busca crear un sindicato que los represente genuinamente.

Subtes: el plebiscito le gana a los palos
Continúa realizándose el plebiscito convocado por los delegados de Subterráneos de Buenos Aires, hoy lunes en la línea B, con un triunfo hasta ahora por la propuesta de crear un nuevo sindicato que independice a los trabajadores de la conducción de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y les permita continuar un proceso de mejoras salariales y de condiciones de trabajo que bajo esa conducción sindical afín a la empresa Metrovías, serían impensables.
Esta posibilidad de decisión va venciendo, en realidad, a la provocación que sufrió el proceso electoral por parte de una patota que el jueves pasado golpeó a los trabajadores y destruyó una de las urnas. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día?
“El plebiscito se estaba haciendo con toda normalidad, en el andén de la estación Congreso de Tucumán. De repente llegó un subte, y bajaron tipos con palos a pegarle a los trabajadores, romper las urnas, y asustar a la gente. Para mi tuvo que ver la UTA, obviamente, para romper otra vez más un proceso democrático. Y también la empresa. Y te digo más: la policía había estado hasta un ratito antes, y justo en ese momento no se habían ido. Esto fue muy pero muy grave, y se notaba que era algo programado”.
Así relató Nora Cortiñas a lavaca su experiencia del jueves 5, cuando participaba como observadora del plebiscito convocado por el cuerpo de delegados de Subterráneos de Buenos Aires para que los trabajadores definan la creación de un nuevo sindicato por fuera de la UTA (Unión Tranviarios Automotor). La violencia de estas burocracias viene creciendo en los últimos años y ya tuvo otros episodios previos.
Nora explicó: “Como los trabajadores convocaron a organismos para que presenciaran la limpieza del plebiscito, yo estuve allí, como estuvo también Fabio Basteiro (de la Central de Trabajadores Argentinos) y Victoria Donda (diputada, hija de desaparecidos). Hubo muchos golpeados, y por lo menos tres lastimados. A uno de los compañeros le rompieron el brazo. Yo me salvé justito porque me había movido para firmar un papelógrafo que habían puesto como un modo de certificar que habíamos estado allí”.
Roberto Pianelli confirmó –mientras corría a una asamblea de trabajadores- que al menos uno de los agredidos tiene una muñeca fracturada y están estudiando al resto de los golpeados. El plebiscito de los trabajadores de subterráneos se había iniciado en la estación Congreso de Tucumán a las 5 de la mañana, y derivó en una provocación y enfrentamiento cerca del mediodía, concretada por una patota que, en lo que ya es un cáncer recurrente en la vida social argentina, buscó interrumpir un proceso sindical democrático.
Aquí reproducimos el texto completo del artítulo publicado por lavaca horas antes, que acaso brinde claves para comprender el fondo de esta agresión.
“Democracia o burocracia sindical
El parto subterráneo”
“Nosotros no dividimos al crear un nuevo sindicato. Al contrario. La burocracia fue la que dividió cuando aceptó que hubiera precarizados y tercerizados, cuando negocia perjudicando nuestros salarios, cuando aceptan que haya dirigentes en componendas y trabajadores tratados como tarados, cuando el sindicato se pone contra los trabajadores y mandan patotas a asustarte y a pegarte”.
Roberto Pianelli explica así el fondo de una decisión que implica la búsqueda de libertad y autonomía sindical para unos 3.500 trabajadores de los subterráneos. Desde el 5 de febrero (empezando por la línea D) hasta el 11, tanto en subtes como en el Premetro se plebiscitará la creación de un nuevo sindicato que los agrupe fuera de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) gremio cuyo grado de agresividad y desinterés hacia los trabajadores ya es un clásico en el sindicalismo argentino. El plebiscito tal vez sea el paso inicial para el nacimiento de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro, “aunque todos nos seguirán conociendo como los metrodelegados, o el sindicato del subte”.
No sólo no se trata de dividir, sino de poner en práctica elementos de la legislación vigente (como la ley 23.551 de Asociaciones sindicales), o el fallo de la Corte Suprema y el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, que avalan, dicen los trabajadores en un comunicado “la posibilidad de crear por parte de los trabajadores su propia organización sindical”.
En cierto modo, ya lo habían hecho.
Pianelli es uno de los 24 integrantes del cuerpo de delegados de Subterráneos de Buenos Aires. Ese cuerpo es la forma organizativa que en los últimos años logró una serie de mejoras (antes se las llamaba “conquistas”) impensables en tiempos de menemismo, neoliberalismo, privatizaciones, fin de la historia, crisis 2001 y otras recordadas guillotinas.
Los trabajadores del subte, en preservación de sus cabezas, tomaron la defensa gremial en sus propias manos durante estos años, mientras la conducción de la UTA (Unión Tranviarios Automotor, que congrega principalmente a los choferes de colectivos) engrosaba sus arcas y sus cinturas dedicándose a tareas menos inhóspitas, tales como mejorar su relación con la empresa Metrovías, y financiar patotas para amedrentar, en el subte, a los díscolos.
Resultados
Los subterráneos se privatizaron a mediados de los 90, la concesión fue a parar a Metrovìas, empresa del grupo Roggio y –respetando los aires de esos tiempos, de casi 5.000 trabajadores se pasó a una planta de menos de 2.000. Muchas de las tareas, con anuencia del gremio, se “tercerizaron”. Traducción: en lugar de contratar trabajadores para limpiar, por ejemplo, se contrataba a empresas de limpieza, que a su vez pagaban miseria para trabajos precarios y sin protección sindical. Lo mismo con la “seguridad”. Esto además implicaba asociaciones y negocios extras entre la empresa, el sindicato y esas “empresas” cuyos propietarios solían ser un misterio.
Los trabajadores crearon su propio cuerpo de delegados, que con los años se hizo cargo no sólo de sus reivindicaciones, sino también de romper esos sistemas precarios de trabajo.
Resultados:

Estabilidad laboral: hace diez años que no hay despidos en el subte.
Recuperación de la jornada de 6 horas por trabajo insalubre, que se había perdido con la privatización.
Fin del fraude laboral que implicaba la tercerización de tareas.
La creación, por lo tanto, de unos 1.500 puestos de trabajo genuinos y no precarizados.
Sensible mejora de las condiciones de trabajo.
Lo mismo con los sueldos (hoy los básicos, sin contar antigüedad, van del mínimo de 2.170 hasta 3.785, según categorías). En el caso de un peón de limpieza, su paso de “tercerizado” a trabajador formal de subtes implicó triplicar su ingreso, y reducir a 6 horas la jornada laboral.

¿Qué es la “normalidad”?
Sostiene Pianelli: “Nosotros conseguimos cantidad de mejoras, en medio de una crisis de 2001 que afectó la capacidad de las privatizadas y de la superestructura política
de imponer condiciones a los trabajadores. Cuando se empezó a normalizar todo, se normaliza también la situación de los sindicatos,q ue son denunciados desde hace años como un régimen autoritario que hay que acatar como en un ejército. Esto se hizo patético en esta coyuntura con tipos qu hace 6 o 7 años no podían salir en público y hoy aparecen fotografiados con los funcionarios del Estado como representantes del movimiento obrero. Pienso en José Rodríguez (SMATA), en Pedrazza (ferroviarios) y tantos impresentables, que si alguna vez trabajaron fue hace 50 años”.
Pianelli considera que el nivel de vida de estos dirigentes “es el de empresarios multinacionales. Están encima de cualquier empresario nacional o de una PYME. Ni te digo de un trabajador. Vos ves los autos, las mansiones, la ostentación, y te das cuenta. Además las de ellos han sido las prácticas históricas de las que han surgido la Triple A y más recientemente los enfrentamientos por la torta sindical, con muertos y batallas. La normalidad empieza a ser esa”.
Apóstoles y terroristas
“En los últimos años” narra Pianelli, “hicieron lo posible por echarnos del sindicato, consiguieron bajar el poder adquisitivo de nuestros sueldos, trataron de imponer nuevas condiciones de precarización. Empezó a verse una patota de 50 o 60 tipos que no trabajan pero andan dando vuelas por los lugares de trabajo amedrentando a la gente, mientras concertan todo con la empresa”. La revista Mu, número 5, se revela de qué modo la oficina de eso que llaman “Recursos Humanos” en Metrovías, se imprimió un manual interno en el que se divide a los trabajadores en “apóstoles” (los 50 o 60 que menciona Pianelli), “indiferentes”, y a los que reclaman por sus condiciones de trabajo y salarios se los encuadraba como “terroristas” (queda como tema a tratar el grado de profesionalismo y salud mental de los “expertos” que realizan tales “diagnósticos” en el mundo actual).
La acción y el olfato
Pianelli cree que terminó de hartar a los trabajadores la intención de expulsar a los delegados de la UTA, que no tuvo convalidación por parte del Ministerio de Trabajo. “Ya en 2007 un grupo entró al hotel Bauen, a pegarnos mientras hacíamos una conferencia de prensa, y el año pasado esa patota se instaló frente al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) para impedir un encuentro. Andaban en micros, buscándonos por la ciudad. Volvieron a entrar al Bauen, todo un papelón frente a los turistas”.
El cuerpo de delegados, preventivamete, inscribió un sindicato ante el Ministerio de Trabajo. “Todavía no nos dieron el reconocimiento formal, pero queremos que el plebiscito deje claro hacia afuera y hacia adentro cuál es la voluntad de los trabajadores. Luego veremos si iniciamos una desafiliación masiva de la UTA exigiendo que se nos reconozca”.
El nuevo sindicato aspira no sólo a tener mayor autonomía, sino a crear un tipo de relación abierto con los trabajadores. “Ya hay casos como el de FOETRA donde no hay Consejo Directivo sino Consejo Administrativo” ubica Pianelli como ejemplo. “Son señales de la intención de hacer las cosas de un modo distinto”. Los metrodelegados se enorgullecen de haber rotado en sus cargos: “De lo que fue el primer cuerpo de delegados, quedamos tres, y siempre con la idea de lograr esa rotación y ese estilo compartido y participativo que haga que no te la creas”.
A ese estilo abierto no le faltó olfato. Pianelli cree que una clave de sobrevivencia fue haber sabido esperar. “Hubo momentos en que nos atacaron que fueron muy duros, pero tuvimos cierta claridad de saber esperar y actuar cuando más nos convenía. No nos apuramos. Hubo casos de compañeros buenísimos, como los del Casino, que no pudieron hacer eso, y esa lucha terminó mal”.
Si el plebiscito resulta favorable, el nuevo sindicato parece tener un borrador de principios que no suelen ser moda: “Total transparencia en el manejo de los fondos, decisión colectiva para cada reclamo que se emprenda, y trabajar en mejorar las posibilidades de recreación y de salud de los compañeros. Hay una cantidad de patologías por las condiciones laborales de las que nadie se ocupa y si ves lo que es hoy la obra social de UTA, creo que no resistiría una auditoría en serio”.
Mientras se termina de preparar todo para el plebiscito, los trabajadores proponen mandar a los mails que aquí se copian, el texto que se reproduce más abajo.
Enviar a:
porunnuevosindicato@metrodelegados.com.ar;
Ministro de Trabajo ;
Jefatura de Gabinete ;
Defensor del Pueblo
El siguiente texto:
Me solidarizo con los trabajadores del Subterráneo y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaran un plebiscito para decidir su futuro sindical, en una muestra de espíritu democrático.-
Asimismo, solicitamos al Ministerio de Trabajo dar cumplimiento a la ley de Asociaciones Sindicales, al Fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de la Libertad de Afiliación sindical y al Convenio Nro. 98 de la Organización Internacional del Trabajo.-

Plebiscito en subtes: la luz al final del túnel

La democracia apaleada

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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hace 1 día

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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hace 3 días

26/02/2025

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

“Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
“Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
“En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Publicada

hace 3 días

26/02/2025

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Viaje al corazón mapuche

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.

Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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