Nota
Tercera audiencia por Luciano Arruga: el turno de los policías
Uno de los ex policías del destacamento donde fue torturado Luciano reconoció que fue encerrado en la cocina. La polémica sobre si los sospechosos pueden ser testigos. Este viernes se escucharán los alegatos, a partir de las 12.
Uno de los ex policías del destacamento donde fue torturado Luciano reconoció que fue encerrado en la cocina. La polémica sobre si los sospechosos pueden ser testigos. Este viernes se escucharán los alegatos, a partir de las 12.
La señora con cara de maestra de primaria cruzó la calle vallada a un trote cansino. Eran las 8:45 y el frío congelaba los dedos. La señora, petisa y con lentes, le habló a los hombres que cargaban materiales en un camión estacionado exactamente al frente de la Unión Industrial de La Matanza, el lugar donde desde el lunes se está realizando el juicio contra el policía Julio Diego Torales por las torturas a Luciano Arruga el 22 de septiembre de 2008.
-Mañana cierran. Si llegan a fallar en contra de lo que el público quiere, no sabemos qué es lo que puede pasar.
La señora volvió a cruzar la calle y se metió en la sede local de la Unión Industrial.
La mujer estaba equivocada: mañana viernes no será el día de la sentencia, sino de los alegatos. El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza (TOC), presidido por Diana Volpicina, y seguida por Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, tendrá hasta cinco días para decidir si encuentra culpable a Torales de las torturas a un chico de 16 años, realizadas donde nunca tuvo que estar: una dependencia policial.
¿Testigos o sospechosos?
Había expectativa y nervios en la previa. Por pedido de la defensa estaba previsto que el Tribunal citara a declarar a seis policías en carácter de testigos. Tanto el fiscal José Luis Longobardi como los abogados de la familia Arruga (María Dinard y Maximiliano Medina, por el CELS, y Juan Manuel Combi, por la APDH-La Matanza) se opusieron. “No son testigos porque no son ajenos al hecho”, manifestaron, y subrayaron que pueden ser coautores de la tortura y sospechosos de omitir y ocultar lo que denunció la familia.
Dos de los policías (Miguel Ángel Olmos y Miguel Osvaldo Soraire) ya han sido condenados por encubrimiento: fueron los que llevaron en el patrullero a Luciano Arruga hasta el destacamento.
Otros tres (Néstor Díaz, Damián Sotelo y Sergio Fékter) están siendo investigados por la desaparición de Luciano, perpetrada aquel 31 de enero de 2009. Estos cinco oficiales, además, estuvieron cumpliendo funciones el día que torturaron a Luciano, al igual que Mónica Viviana Chapero, otra de las citadas. De este grupo sólo declararon Olmos y Chapero. La defensa (comandada por Juan Grimberg e hijo, más Gastón Jordanes y otro ayudante) desistió del resto.
El otro testigo al que la fiscalía y la querella se opusieron es Joel Colla, la víctima del supuesto robo por el que detuvieron a Luciano, excusa con la cual lo llevaron de forma ilegal al destacamento. Del llamamiento se desprendía que la intención de la defensa era desacreditar al joven de 16 años y su familia. Si no: ¿cuál es la prueba que pueden aportar al proceso si lo que se está evaluando es si un chico fue torturado física y psicológicamente en una dependencia policial?
Cuando a las 9:30 el público comenzó a entrar, las dudas ya flotaban en el ambiente.
La moción
A las 10:37 entraron los jueces.
El fiscal Longobardi, antes de convocar al primer testigo, solicitó una moción sobre lo expresado en la audiencia anterior: “Dos de los testigos, Olmos y Soraire, fueron condenados por un encubrimiento que está íntimamente relacionado. El hecho, según se desprende de la sentencia del tribunal de primera instancia, se habría producido desde el lugar de aprehensión hasta el destacamento”. Además, sostuvo que, en la causa madre por torturas, los policías sindicados son tres (además de Torales), y ya fueron solicitadas ruedas de conocimiento para Olmos y Soraire, aunque no se han realizado. El fiscal concluyó con lo evidente: hasta pueden ser coautores de lo que se investiga en esta causa. “Puede ser autoincriminatorio”, precisó.
El juez Navarrine respondió: “Estos testigos fueron propuestos por la fiscalía ya teniendo en cuenta esto. Nos sorprende la contradicción”.
Fiscal Longobardi: “Es una contradicción y hasta lo asumo. Pero prefiero advertirlo antes de que se produzca una vulneración constitucional”.
Jueza Volpicina: “Ya lo sabemos, pero fueron propuestos por la fiscalía y la querella”.
Medina, del CELS, intervino: “No: no propusimosa ningún funcionario policial”.
Los jueces se miraron entre sí, confusos.
Finalmente, procedieron a llamar el primer testigo: Joel Iván Colla.
Pertinencia
Colla es joven, peinado con jopo, un piercing en su ceja izquierda. Trabaja de forma independiente en la construcción y, en septiembre de 2008, iba al colegio Pablo VI de Lomas del Mirador.
¿Algún vínculo con Julio Diego Torales?
“No”, respondió.
¿Algún vínculo con Luciano Arruga?
“No”, repitió.
La primera pregunta de la defensa estuvo referida al colegio al que iba.
“Me opongo”, dijo Medina. “Es impertinente. No hace al objeto procesal”.
El fiscal coincidió.
Jueza Volpicina: “Disculpe, las valoraciones son de ustedes. Acá nosotros no sabemos nada”.
Jueza Logroño: “No insista porque ya lo decidimos”.
Medina (CELS): “Es un hecho ocurrido en un colegio: no forma parte del objeto procesal”.
Los tres jueces se acercaron a dialogar. La jueza Volpicina apuntó que antes de decidir, corría vista de la queja a la defensa.
Defensor Grimberg: “Improcedente. Fue ofrecido por la fiscalía. Estamos en un debate donde el único interés es conocer la verdad”.
El fiscal Longobardi quiso contestar, pero la jueza Volpicina le advirtió que no tenía réplica. El fiscal le citó el Código y apuntó que tiene que correr vista a las partes. “Bueno, a ver”, aceptó la jueza.
El fiscal elevó la voz: “¿Cuál es la pertinencia? ¿Qué importa si robó o no? ¡Lo que se decide es si le pegaron o no, y las consecuencias físicas y psicológicas! ¡No podemos hablar de alguien que no está acá!”.
Los jueces volvieron a juntarse y debatir entre sí. El juez Navarrine tapaba el micrófono para que no se escuchara la deliberación. Finalmente, la jueza Volpicina le corrió vista a los abogados. Medina (CELS): “La pregunta tiene que estar dirigida al objeto del debate (torturas), no del que fue víctima”.
Los jueces se juntaron a hablar por tercera vez.
Silencio absoluto.
Sólo una puerta mal cerrada chirriaba.
La jueza Volpicina comunicó la decisión: “Por unanimidad el tribunal resuelve rechazarlo. Desconocemos al testigo. Me entero ahora de las alegaciones del fiscal. Nosotros no conocemos nada y tenemos que respetar la estrategia de la defensa”.
La presidenta del TOC le pidió entonces al defensor Grimberg que reformulara la pregunta.
Grimberg le pidió que describiera lo que le ocurrió el 22 de septiembre de 2008.
El resumen de lo que declaró Colla: que eran aproximadamente las 10 de la mañana, que estaba con dos amigos, que alguien les dijo “denme todo”, que no le vio la cara, que hizo la denuncia en el colegio, que a la tarde le dijeron que habían detenido a una persona, que aproximadamente a las 15 fue al destacamento con su madre, que le devolvieron los objetos.
Sólo eso.
Nada referido a las torturas que padeció Luciano Arruga.
Nada referido a Luciano Arruga, en realidad.
La remera y el chico
La defensa desistió de otra de las testigos referidas al robo. Su siguiente convocado fue el ex policía Miguel Ángel Olmos.
¿Profesión?
“Estoy desocupado.
¿Y en septiembre de 2008?
“Estaba en el destacamento: era subteniente”.
¿Vínculo con Torales?
“En el horario de trabajo”.
¿Con Luciano Arruga?
“Con la aprehensión”.
Grimberg le pidió que contara qué sucedió ese día.
Olmos relató entonces que hacía una “parada fija”, junto a Soraire, en Ruta 3, frente a Santos Vega (un asentamiento de Lomas del Mirador), “por los ilícitos del semáforo”. Contó que por una llamada del 911 los hacen desplazar al colegio, que de ahí dieron con “la persona” a partir de la “descripción de la vestimenta”, que lo dejaron en el destacamento y volvieron a la “parada fija”.
El defensor Grimberg le pidió que contara una “circunstancia” que le pasó en la dependencia.
Olmos hizo referencia a que tenía otro trabajo, que volvió a las 17 al destacamento para vestirse de civil y que no encontraba una remera que había dejado en el baño. Dijo que le preguntó a su compañera Mónica Viviana Chapero por si alguien se la hubiera escondido, y que ella le respondió que se fijara “en el chico”, que había estado en el baño. “La tenía él, la tenía puesta”, concluyó Olmos.
La abogada Dinard, del CELS, le preguntó si estaba solo.
Olmos le dijo que estaba con Soraire.
¿Quién realizó la aprehensión?
“Soraire”.
¿Dónde fue?
“En la villita, la 12…”. Se refiere al barrio 12 de Octubre, donde vivía Luciano.
¿Testigos?
“No se puede, por la gente que se te viene arriba del patrullero”.
¿Dejaron constancia de ese detalle en el acta?
“No recuerdo”.
Olmos dijo que al llevar “al chico” se notificó al oficial y luego se volvieron. “Quedó a cargo de la oficial Chapero”, contó.
¿En qué lugar?
“El único lugar para tener a una persona es la cocina”.
(Nota: nuevamente surgió en las audiencias que el destacamento policial de Lomas del Mirador no era una dependencia acorde para detenciones. Mucho menos, un menor.)
(Segunda nota: Chapero confirmó que Luciano Arruga estuvo ese día en la cocina.)
Sobre la detención, Olmos dijo que “el chico” estaba “parado en el barrio”.
No recuerda si estaba solo.
Tampoco la calle.
Medina señala una omisión del lugar y, luego, una contradicción con los datos que está dando respecto a los que había declarado en instrucción. Le leyó la declaración: “Al llegar a la calle Perú y Bolivia, costeando Perú, fue que vieron a dos masculinos”. ¿Recuerda ahora?
Olmos dijo que no, pero contó que se metieron por los pasillos y que Soraire fue el que lo tomó de la mano. Apuntó que se lo palpó de armas y se encontró “un celular y un mp3”.
El abogado Combi, de la APDH La Matanza, le preguntó por la remera. “Él me la dio”, contestó. “Chapero me dijo que era el único que había entrado al baño era el chico”.
¿Con quién estaba, dónde? Olmos: “En la cocina, con Chapero”.
Combi pidió que constara en actas.
Luego le preguntó cómo quedó vestido: “Con lo que tenía puesto”. ¿Se puso otra remera?
“Tenía un buzo, mi remera y otro buzo”.
Combi volvió a pedir que constara en actas.
“Torales”
El primero de los jueces que habló fue Navarrine. Le preguntó por qué estaba desocupado.
Olmos le contestó que lo echaron hace 4 años, “por encubrimiento”, cuando le faltaba un mes para cumplir 24 años como policía.
Luego le consultó si era “normal” que un aprehendido fuera al baño, ya que “hay medidas de seguridad” para que no se autoagreda.
Olmos dijo que en ese momento estaba Chapero, la ayudante de guardia Sandra García y el propio Torales.
Juez Navarrine: “¿Le sacaron los cordones?”.
Olmos: “No”.
Luego le consultó si tenía algo que destacar de la familia del joven.
No recordó.
Jueza Logroño: “¿A quién le entregó el aprehendido con los objetos?”.
Olmos: “A la oficina”.
La jueza: “Es un habitáculo. Yo pregunto a quién”.
Olmos: “Al oficial de servicio”.
La jueza: “¿Quién?”.
Olmos: “Torales”.
La jueza Logroño le preguntó luego por el examen médico que se debe realizar en todas las aprehensiones.
El ex policía respondió que llevaron con Soraire “al chico” al Cuerpo Médico. Era mediodía.
Ninguno tuvo más preguntas.
Nadie preguntó si era normal llevar chicos a una dependencia que no podía albergar detenidos.
El problemita
Miguel Osvaldo Soraire, el otro policía que estaba con Olmos ese día, también condenado por encubrimiento, fue desistido como testigo por la defensa de Torales.
Llamaron a Mónica Viviana Chapero.
Entró, caminó, se sentó.
¿Dónde trabaja?
“Comisaría de Altos de Laferrere”.
¿En 2008?
“Destacamento de Lomas del Mirador: teniente”.
¿Vínculo con Torales?
“Compañero”.
¿Vínculo con Luciano Arruga?
“No”.
El defensor Grimberg le pidió que contara qué pasó ese día.
“Pasaron muchos años”, comenzó Chapero.
El 22 de septiembre ella estaba como ayudante de guardia (por falta de personal) y Torales como oficial de servicio.“Cerca del mediodía, baja el móvil con un chico. Lo pasan al oficial y yo me retiro”.
Siguió: “Lo requisan, se lo llevan al Cuerpo Médico y lo dejan en la cocina. Yo estaba ahí”. El defensor Grimberg pidió que constara en actas.
Le pidieron las dimensiones de la cocina. “Grandecita”, dijo. “Como de 4 metros por 3”.
Defensor Grimberg: “¿Estuvo ese tiempo permanentemente con él?”.
El fiscal Longobardi intervino: “Me opongo. De surgir lo que sugirió la postura de la fiscalía…”.
La jueza Volpicina interrumpió. Le dio la razón: “Sí, tratemos de evitar para no caer en un problemita”.
Chapero dijo que fue un día normal (“como siempre que se trae una persona demorada”), que después llegaron “los chicos del colegio a denunciar”, y “la mamá y la hermana”. Dijo: “Gritaba, pero estoy acostumbrada”.
Nuevamente intervino el fiscal Longobardi: “Solicito la nulidad del testimonio en base a que todo puede ser utilizado como elementos autoincriminantes”.
La jueza Logroño lo retó: “¡No puede hacerlo con la testigo adelante!”.
La jueza Volpicina ordenó: “Terminemos y luego hace la petición”.
“Torales”
La jueza Logroño le preguntó a Chapero si es normal que griten.
“Hay veces. Hay mujeres que se enojan y entran gritando”.
¿Por qué gritaban?
La oficial: “Entró enojada. No me acuerdo. Le hablaba a Luciano y le contestaba”.
Chapero dijo que no recordaba el diálogo.
Navarrine le preguntó quiénes estaban presentes ese día en el descatamento.
“Sosa, Olmos, Soraire”, respondió. “No me acuerdo quién recorría con Sosa”.
El juez: “¿Quién estaba a cargo ese día?”.
Chapero: “Torales”.
El juez: “¿Qué tiempo estuvo con él?”.
Chapero: “Desde que lo trajeron del Cuerpo Médico hasta que vino el tercio entrante”. Les pidió que se hagan cargo, porque ella tenía que hacer otras cosas. Según especificó, eran las 17 horas.
Logroño: “¿Qué es un tercio?”.
La oficial: “Hay 4 efectivos que trabajan hasta las 17. Después entran otros de 17 a 09”. Chapero se agarró la cara, nerviosa, cuando le preguntaron por los relevos y ella se confundió.
Logroño le preguntó a quiénes relevaban.
Chapero: “Al personal que recorre el móvil y al ayudante de guardia”.
No se acuerda quién entró, pero dijo: “El oficial de servicio no cambia. Laburan día de por medio”.
El defensor Grimberg pidió que constara en actas. Luego le preguntó a qué horario se retiró. Chapero dijo que todavía era de día: 18:30 o 19 horas.
Luego, el defensor Grimberg dijo que liberaban de reserva a Vanesa Orieta (no podía estar entre el público porque la defensa pidió su reserva) y que desistían del testigo Damián Marcelo Sotelo.
No hubo más preguntas.
Chapero se levantó y se fue.
La sospecha
La jueza Volpicina miró al fiscal Longobardi y le dijo: “Ahora sí”.
Longobardi insistió con sus planteos. “Pedimos la nulidad y/o exclusión probatoria”, subrayó, en referencia al testimonio de Chapero, ya que se ubica en el mismo espacio y en la misma hora con Luciano Arruga. “Puede ser autoincriminatorio en caso de condena”, sostuvo. “Se ubica en tiempo, espacio y lugar, no haciendo nada ante los hechos”. Además, agregó que la declaración que la oficial prestó “bajo juramento de ley” podría “generar o frustrar” cualquier otra investigación.
Los abogados de la familia Arruga adhirieron. “Lo que preveíamos, ocurrió”, agregó Medina, del CELS. “Independientemente de la sentencia, hay una posible y grave sospecha sobre Chapero. El testigo debe ser una persona ajena al hecho. Y acá hubo una transgresión a la norma sobre quién es testigo”.
El defensor Grimberg los chicaneó: dijo estar “perplejo”, ya que la querella y la fiscalía “estaba defendiendo” a una persona que “participó de una tortura”.
La jueza Volpicina comunicó que el Tribunal difería de la nulidad planteada.
La presidenta del Tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta mañana viernes, a las 12.
Será el turno, finalmente, de los alegatos.
Eran las 12:17 cuando los jueces abandonaron la sala.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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