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Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

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Los abogados querellantes solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 para el policía Diego Torales, acusado por torturas a Luciano Arruga, que tenía justamente 16 años. Sus argumentos y los de los defensores de Torales. Cómo el caso del jefe del Ejército Milani entró en la argumentación, y lo que dijeron los familiares al salir. El viernes próximo se conocerá la sentencia.
Las partes ya estaban ubicadas a las 12 del mediodía. Las expectativas sobre los alegatos se hicieron sentir en la previa, cuando las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar mientras la Red Nacional de Medios Alternativos desplegaba su transmisión especial del juicio. Las banderas ya estaban colgadas, como cada uno de los días, sobre la valla de la Unión Industrial de La Matanza, y otra bandera cortaba al medio la calle: “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”.

Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

Vanesa, la hermana de Luciano, durante su testimonio. Foto: Télam


El rostro era el de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Conviene recordar que 4 meses después Luciano desapareció, y su cadáver apareció 6 años y medio después, en octubre de 2014. Pero no es ese el tema que se debate en este juicio oral y público: desde el lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 juzga las torturas que el oficial Julio Diego Torales cometió contra Luciano aquella jornada.
Ya declararon Mónica Alegre, mamá de Luciano, Vanesa Orieta, su hermana, Juan Gabriel Apud, el amigo.
Declaró el médico que certificó las lesiones y la médica que no lo hizo.
Declararon los policías que lo ubicaron en tiempo y espacio en un lugar donde jamás tuvo que estar.
Y este viernes llegó el turno de los alegatos. La expectativa se acrecentó cuando a las 12:27 los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a Torales en la sala, esposado, quien se sentó en el medio de su equipo de abogados (Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes y un ayudante), al igual que las otras tres audiencias.
En silencio, seguía ingresando el público.
A las 12:34 aparecieron los jueces.
Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

El policía acusado, Julio Diego Torales. Foto: Télam

Degradación

El fiscal José Luis Longobardi empezó su alegato subrayando que tiene “serios elementos” que le permiten determinar que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19:40, Luciano Arruga fue agredido “tanto física como psicológicamente” en el destacamento de Lomas del Mirador. El fiscal acreditó los golpes y las amenazas sufridas por Luciano. En este punto, Longobardi recordó el “verdugueo” sufrido por el joven: “negro rastrero”, “chorro”, “te vamos a llevar al pabellón rosa”, “si no te callás te vamos a llevar a la Comisaría 8va donde están los violines” (por los violadores). Le dieron un sándwich previamente escupido.
Longobardi: “Lo degradaron, lo humillaron. Todo es brutal. Es infame, humillante”.
Siguió: “Hoy esta fiscalía va a sostener 3 coautores. Uno es Torales. El actor principal es Luciano Arruga porque fue quien nos marcó el camino hacia la verdad. No era fácil: tuvo que vencer miedos, al tiempo, hasta su propia muerte. Luciano se hizo escuchar: nos habló por su propia madre, que no dio un testimonio de venganza”.
En ese sentido, Longobardi ponderó los testimonios de Vanesa y de Mónica a lo largo del debate: “No muestran ningún flanco de ataque, ninguna contradicción”. Los tomó como prueba. De Vanesa, cuando escuchó que Luciano le gritaba: “Vane, sacame de acá que me están pegando”. De Mónica, sobre insultos que Torales le dijo a Luciano al final de su detención: “chorro”, “delincuente”.
Longobardi: “Ese hecho humillante se dio bajo custodia”.
El fiscal también describió cómo Luciano recibió esos golpes. “Mónica lo dijo bien: ´Torales era el que me pegaba´. Los dolores lo podemos acreditar a través de la madre y del testimonio de Apud”.
Apud especificó que a Luciano le dolían la cara, el tobillo, le costaba caminar, tenía marcas en la espalda.
Longobardi recordó lo que relató la doctora Fontela, que revisó a Luciano cuando el patrullero lo llevó al Cuerpo Médico: “Dijo que podían haber golpes que no dejan marcas”. Luego, citó a González, el médico que atendió al joven en el Policlínico y acreditó una lesión producto de un golpe “duro y romo”. El fiscal: “¿Saben qué es? Un puño”.
Siguió el fiscal: “Muchos dijeron que Luciano era feliz y tranquilo. No sólo lo dijeron familiares y amigos, lo dijo Chapero (Mónica Viviana Chapero, la oficial que declaró el jueves, y dijo que estuvo gran parte de esa tarde con Luciano Arruga en la cocina del destacamento). No hay un justificativo: la tortura es tortura”. Longobardi citó al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
“También nos vuelve a hablar Luciano a través del testimonio de Rocío Gallegos” (la amiga con la que vivía Orieta en aquel entonces). “Ella escuchó cuando al otro día Vanesa le recriminaba a Torales que le habían sacado los 20 pesos, lo del sándwich, lo de los maltratos”.
Longobardi: “Así vemos que todo se va conjungando”.
A modo de anticipar el alegato de la defensa sobre el grito que escuchó Vanesa en el destacamento (“Vane, sacame que me están pegando”), precisó: “Es obvio que no le estaban pegando en ese momento. Fue en un tramo de tiempo. Fíjense que ante una pregunta de la fiscalía, se dijo que todo fue en distintas secuencias”.
El fiscal citó la definición de tortura del diccionario: “Grave dolor físico y psicológico”. Luego, al considerar probada la actitud “ilícita y la coautoria” de Torales, definió que el hecho encuadra en la definición de torturas según el artículo 144 ter, inciso 1 o 3 del Código Penal.
El inciso 1 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.
El inciso 3: “Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.
Casi llegando al final, Longobardi hizo hincapié en el intento de la defensa de marcar a Luciano como el autor del robo: “Endilgarle el ilícito es una canallada. Él no está para defenderse de nada”. Nuevamente, buscando adelantarse al alegato de la defensa, señaló: “Es una lógica perversa. Ni aún si fuera miembro del ISIS se lo puede hacer. Está bajo custodia”.
Como atenuantes marcó la falta de condenas anteriores de Torales.
Como agravantes: la condición de menor de Luciano, que estaba sentado mientras sufrió los golpes, y eran tres los mayores que estaban con él.
Y, finalmente, acusó por la pena de 10 años e inhabilitación “absoluta y perpetua por torturas” a Julio Diego Torales. “Luciano nos vuelve a hablar, a mí y a todos”, cerró. “Nos vuelve a pedir justicia”.
Eran las 13 horas.

Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

Un niño bajo tortura

El primero en tomar la palabra de los abogados de la familia Arruga fue Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que en todo su alegato resaltó la condición de “niño” de Luciano Arruga. “Se encuentra debidamente acreditado que en un procedimiento de dudosa legalidad fue detenido Luciano Arruga en Perú y Bolivar (Lomas del Mirador) para ser trasladado al destacamento y ser recibido por Julio Diego Torales, el mismo que teniendo poder sobre un niño de 16 años lo golpeó con, al menos, dos personas más”.
Combi especificó que la “dudosa ilegalidad” se debió a las formas en las que se produjo la detención. Marcó tres hechos:

  • “No se contó con testigos de actuación cuando se lo aprehendió”.
  • “No hay constancia de la requisa a un niño (el policía Miguel Ángel Olmos, que junto a Miguel Osvaldo Soraire realizó la aprehensión en el móvil 28915, declaró en el juicio que fue en esa requisa donde le encontraron los supuestos objetos robados a Joel Colla).
  • Colla dijo que el robo fue entre las 9 y las 10. Olmos, que detuvieron a Luciano a las 11. “Hay más de una hora del hecho. Y la detención fue a metros de su casa”.

El abogado resaltó que, una vez en el destacamento, Luciano “no recibió ninguna garantía como ciudadano, y menos como un niño”. Remarcó que el informe de la médica legista del Cuerpo Médico, que no precisó ninguna lesión, se produjo aproximadamente a las 12:30. “Ella dijo que fue a las 13:30. Lo corrigió en el acta”, dijo. “Luciano no presentó lesiones aparentes al momento, tampoco hematomas”. Es decir, apuntó Combi, no tenía lesiones antes de ingresar al destacamento.
El abogado puntualizó otra irregularidad: “El destacamento no tenía lugar para detenidos. Y hay otra: Luciano era menor, y eso era una dependencia policial”. Combi citó las resoluciones del Ministerio de Seguridad, del Comité contra la Tortura y el fallo “Verbitsky” sobre la ilegalidad que significa ingresar a niños y niñas en comisarías. “Además, era la cocina”, remarcó. “No sólo quedó acreditado por los testigos, sino por el propio imputado en sus declaraciones”.
Combi recordó que Olmos confirmó que Luciano fue detenido en la cocina y que marcó a quién le entregó “un niño”. La respuesta: Torales. “También lo dijo Chapero”, agregó. La mujer reconoció que Luciano Arruga estuvo privado de su libertad en la cocina del destacamento. “Y Torales tenía poder de hecho”, apuntó Combi. “Torales sabía que era un menor de edad. Lo sabía porque se lo dijeron Mónica y Vanesa. Y además Fontela, profesional, experta (la doctora del Cuerpo Médico), dijo que tenía 16 años. Y se lo mandó a la cocina en extremo estado de vulnerabilidad”.
Nueve horas estuvo encerrado Luciano. Combi expresó que Vanesa Orieta pidió varias veces ver a su hermano y nunca se le permitió. También citó a Mónica cuando contó que Luciano señaló a quienes le habían pegado cuando lo soltaron. “¿Quién te pegó?”, le preguntó Torales al joven. “Vos me pegaste”, le respondió el niño. Luciano había señalado que uno le pegaba mientras otros dos lo sujetaban.
Combi también subrayó que Apud lo vio a Luciano golpeado, con dolor en el cuerpo. “Y un dolor probatorio: González, el médico, nos informa que tiene un traumatismo en la región frontal pómulo izquierdo”, dijo el abogado sobre el certificado del Policlínico de San Justo. “La propia defensa preguntó: ‘¿Puede ser un cachetazo?’. Y les respondió: ‘Es raro que un cachetazo deje un traumatismo’”.
Siguió Combi: “A los dolores físicos lo acompañan la humillación”. El abogado ancló en el concepto de “verdugueo”, expresado por Mónica, por Vanesa, por Apud. “Es un niño de 16 años en un destacamento policial en la más absoluta clandestinidad. Eso generó secuelas que también fueron acreditadas. Generó miedo. Hubo una persecusión anterior, pero también es cierto que el cambio de Luciano se dio a partir de esta detención. ¿Recuerdan lo que dijo Mónica de la camiseta de River, de sus hermanitos? Era miedo a la muerte. En un niño”.
Combi se refería a lo que Mónica contó en la primer audiencia. “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos”, le decía Luciano. “Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Mónica, ese día, agregó: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
El abogado también se refirió a lo que Luciano le había comentado a Rocío Gallegos.“No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, le comentó el joven. A Gallegos le llamó la atención la palabra “circular”: no era del vocabulario de Arruga. Combi: “No hay dudas sobre si fue torturado. Tampoco que lo humillaron. Y en plena clandestinidad: no había otros detenidos. ¿Alguien puede imaginarse a un niño de 16 años encerrado 9 horas gritando cuando están su mamá y su hermana y no lo dejan ver?”.
El abogado concluyó: “Torales fue el autor material de los hechos”.
Luego le pasó el micrófono a su colega Maximiliano Medina, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Precedentes
Medina encuadró el delito como torturas en los mismos términos que el fiscal Longobardi: artículo 144 del Código Penal. Sin embargo, ahondó más en la tipificación del delito a nivel internacional (como la Convención contra la Tortura), para diferenciar la “distinción o gravedad del sufrimiento” que separa la tortura de la distinción de “apremios y vejaciones”. Por esa razón, inquirió si los sufrimientos físicos y psíquicos que padeció Luciano Arruga revisten para ser calificado como tortura.
“La respuesta es sí”, dijo Medina, y citó diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecieron algunos parámetros que marcaron precedentes que deben seguir como guía los tribunales internos, tal como especificó la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, en el caso Mendoza versus Argentina, la CIDH “dijo que la violación a la integridad física y psíquica de las personas abarca desde la tortura hasta otro tipos de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (edad, contexto, vulnerabilidad)”, precisó Medina. La CIDH especifica que cada caso deberá ser analizado en su situación concreta.
Medina citó una sentencia del Tribunal de Casación en 2015, que se refirió a otro precedente de la CIDH: el caso Luis Lisandro Cabrera contra República Dominicana. Uno de los jueces dictaminó que debía ampliar los razonamientos referidos a qué consideraba como torturas, y expresó que no sólo debía atenerse a las cuestiones físicas para determinar la tipificación, sino que las amenazas a lesiones produce un nivel de “angustia moral” que “puede ser caratulado como torturas”.
En base a estos antecedentes, entre otros que mencionó, Medina pidió tener en cuenta tres puntos para este proceso.

  • El contexto de los hechos.
  • Las condiciones particulares de la víctima.
  • Los efectos concretos.

En cuanto al primero, Medina recordó la “dudosa legalidad” de la detención de Luciano y su posterior derivación al destacamento, “un lugar no habilitado para detenciones”. Medina agregó que Luciano quedó aislado en la cocina, incomunicado. “Dimensionemos lo que es para un niño de 16 años”, expresó. “Cada minuto es una agonía. Este castigo se dio a absoluta merced del oficial de servicio”.
¿Quién es? Torales.
Medina se refirió a una de las frases de Vanesa Orieta que dejó una huella en cada persona que haya asistido al juicio: “Le quebraron la vida”. Hablaba de Luciano, su hermano. “Esa frase es significativa”, dijo Medina. Separó dos aspectos.
El golpe a Luciano: “Es un intento de dejarlo marcado”.
La tortura psicológica: “Las amenazas contra la integridad sexual”.
Medina citó el fallo Castro versus Perú de la CIDH. “Sufrir una grave amenaza física configura tortura”, resumió. “Y si el destacamento depende de la Comisaría 8º, que el oficial de servicio diga que lo iba a mandar con los violines, eso configura una amenaza inminente”.
Medina: “Esto es absoluta humillación”.
Violencia institucional
“Luciano era un niño en términos internacionales”, esgrimió el abogado del CELS sobre su segundo punto, referido a las condiciones particulares de la víctima. “Luciano no podía salir ileso de estos sufrimientos”. Medina habló del Caso Bulacio, donde se hace mención en la sentencia a la vulnerabilidad de los niños en situaciones de encierro.
Además, expresó que el joven de 16 años pertenecía a un sector social vulnerable. “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro, negro, delincuente, y eso incrementa el estigma”. Citó al manual contra la tortura de Amnistía Internacional: “La tortura se nutre de la discriminación. Allana el camino a la tortura. No se ve a la persona como víctima, sino como objeto. Por eso el miedo”.
Sobre el tercer punto, Medina enumeró diversos efectos concretos que tuvo Luciano: incertidumbre, angustia, dolores físicos y psíquicos, desesperación, bronca, depresión, miedo a su integridad física. “Hay que tener miedo para caminar donde uno vive”, dijo Medina sobre las palabras de Luciano a Rocío Gallegos. “Luciano sufrió profundamente física y psíquicamente al estar aislado en una cocina. Y está claro que Torales fue coautor, como mínimo, junto a una persona más”.
María Dinard, también del CELS, leyó el pedido de pena. Como atenuante, mencionó la faltas de antecedentes de Torales. Como agravante: la pluralidad interviniente, el aprovechamiento del cargo, ser el oficial a cargo del destcamento y el “dolor y la humillación” a la familia Arruga.
Le pena pedida: 16 años de prisión e inhabilitación absoluta de funciones.
Medina: “Es una grave violación a los derechos humanos. No quiero presionar a nadie, pero no es parte de un hecho aislado, es parte de la violencia institucional naturalizada por la sociedad. Es un deber del Estado sancionar estas violaciones”.
Fin del alegato.
Los jueces llamaron a un cuarto intermedio.
Eran las 14.25.

Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

Vanesa durante su declaración. Foto: Télam


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El “tufillo”

Los jueces volvieron a las 14:48. Era el turno de la defensa. Había intriga por saber qué dirían.
El primero que habló fue Gastón Jordanes.
Dijo que Luciano Arruga fue detenido por robo. “Se habló de la cantidad de tiempo que estuvo. Es verdad. ¿Pero por qué?”, se preguntó. “No tenía documentos. La madre, tampoco. La hermana, nada. Ningún papel. ¿Tiene la culpa (Torales) de que Luciano se movilice sin DNI? ¿Y la madre? Dijeron que es ‘un papelito’. No, no es un papelito, es la acreditación de una identidad. A mí, como abogado, si pido consultar un expediente, me piden la acreditación. Las formalidades hay que cumplirlas. ¿Culpa de torturas? ¡No! Una vez que se acreditó el vínculo, fue dado en libertad”.
Sobre “la violencia que en teoría se ejerció”, dijo: “No tenían nada cuando entró”.
Dijo que si hubiera sido esposado, como remarcó Vanesa, habría tenido marcas en las muñecas. Dijo que tampoco se acreditó “la golpiza”. Dijo que tampoco se acreditó lo que señaló Apud (las marcas violetas en la espalda). “La ropa no tenía nada. ¿Cómo? ¿Si fue molido a palos?”, manifestó. “El colmo: un sándwich escupido por gargajos. Luciano tenía calle. Su amigo Apud dijo que tenía carácter. ¿Cómo una persona así va a comerse eso? Otra mentira sobre Diego Torales”.
Jordanes dijo que este proceso llegó recargado por un “tufillo medio raro” por un hecho posterior al que se está juzgando (habla de la desaparición de Luciano, donde ese mismo destacamento cobra nuevamente protagonismo). “Pero la culpa no de Torales”, consideró. “Estamos juzgando a una persona por alguien que dijo que le dijo. Sería gravísimo condenarlo por eso.
Luego, golpeó bajo. “Si tu hermano está pasando por un momento terrible de su vida, que lo van a matar, no podés irte a trabajar por tres horas”, chicaneó, sobre lo que había dicho Vanesa Orieta en su testimonio. La hermana de Luciano, llorando, manifestó que ese día debía irse para no perder el trabajo: con eso pagaba el alquiler, ayudaba a su mamá, ayudaba a Luciano. Jordanes siguió: “Una hermana, con el carácter que ella tiene, no lo hubiera abandonado”.
Sobre Mónica: “¿No puede convencer a ningún familiar para que se la traigan (habla de la documentación que tuvo que ir a buscar a Puente La Noria)?”.
Concluyó: “Es inexplicable el suceso de mentiras”.

Milani en el alegato

Luego habló Juan Grimberg. Dijo que no encontraba “congruencia entre la tortura y el resultado”.
Siguió: “Nadie puede explicar que frente a una tortura, un chico gritando, que dice que le están pegando, se esté hablando con el señor Torales”. Lo que predijo el fiscal, ocurrió. “No se interpreta el sometimiento y estigma del niño Arruga”, dijo Grimberg.
Señaló que Luciano estuvo en la cocina y tenía libertad hasta para ir al baño. Dijo que tampoco se probó el cambio de actitud y que la conversación de Vanesa Orieta con Torales vía telefónica es “falsa”. Dijo: “Torales no tenía servicio al otro día”. También señaló que los familiares no estaba “desamparados” legalmente. “La pareja en ese momento (de Vanesa) era abogado”, fue su justificación.
También desacreditó el certificado médico del Policlínico. “Pudo haberse producido después de salir de la comisaría”, argumentó, especificando que fue sólo “una equimosis” (un moretón).
“Mi cliente es víctima procesal. Está detenido sólo por dos personas”, dijo, en referencia a Mónica y Vanesa.
Sobre la calificación de “torturas”, consideró que es una tipificación “demencial”.
Luego chicaneó: “Mi cliente no es Videla, no es Pinochet, no es Milani. Si fuera Milani, seguramente no estaría el CELS, porque es miembro del Poder Ejecutivo Nacional”.
Siguió: “El chico nunca estuvo sometido”. Dijo en referencia a Torales: “Al señor lo han torturado. Ha pasado años en la penitenciaría. Eso no es una equimosis”.
Grimberg pidió la absolución y, además, la imputación por falso testimonio a Apud y Vanesa Orieta. “Mintió sobre la situación en la que estaba su hermano, tuvo asesoramiento jurídico”,  justificó.
Concluyó: “El planteo de torturas es poco serio”.

Habló Torales

El fiscal Longobardi replicó. Insistió en que tratar de juzgar a Arruga es “una canallada, hasta cobarde”. Dijo que Luciano dejó vestigios, huellas, testimonios. Consideró que no hubo falso testimonio: “Lo que dijo Apud es lo que vio Apud. No le pidamos rigorismos gramaticales”.
Combi manifestó que recurrirán a las vías correspondientes para denunciarlos por calumnias. “Los organismos de derechos humanos tienen como único objeto la defensa de la verdad y la justicia de esta familia”, expresó entre aplausos.
Luego, la jueza Volpicina le preguntó a Torales si quería decir algo. Le acercaron el micrófono. “Hace años que estoy preso injustamente. Mis hijas están esperando en mi casa”, dijo solamente.
Volpicina concluyó la última audiencia del juicio y citó a las partes al próximo viernes.
En una semana, a las 12 horas, se conocerá el veredicto del Tribunal.

“Ya ganamos”

El verdadero cierre de estas cuatro audiencias estuvo en la calle, al igual que toda la construcción de condena social que llevó a los familiares y amigos de Luciano Arruga a acusar como torturador cara a cara a un policía después de tantos años. Hubo un fuerte aplauso cuando Mónica Alegre salió de la sede de la Unión Industrial. Habló, con la tranquilidad y justeza habitual, mirando cada rostro.
“Más allá del fallo que salga, ganamos”, dijo. “Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Vaya si ganamos. Él (Torales), sentado ahí, y nosotros mirándolo. Se lo debo a mis abogados (los nombró), y no me voy a olvidar de Pablo Pimentel (titular de la APDH-La Matanza), el primero que estuvo”. Luego nombró a cada integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. “Estamos acá, ganamos. Nos tenemos que sentir orgullosos, y hoy más que nunca tenemos que gritar Luciano presente”.
Todos allí respondieron a esas palabras con otras dos: “Ahora y siempre”.

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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera

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La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.

Por Anabella Arrascaeta

Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.  

Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia. 

Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando. 

“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”. 

¿Qué fue lo que pasó?

Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras. 

¿Ustedes iban a participar del evento?

No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.

¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?

Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”. 

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1863594870515908810

¿El gobernador qué hizo?

El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre. 

¿En ese momento te llevaron a la comisaría?

Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.  

En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?

Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia. 

Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?

Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos. 

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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

  • Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
  • Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
  • Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

  • El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
  • la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
  • el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

  • la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
  • la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
  • las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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