Sigamos en contacto

Nota

Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado

Publicada

el

Los abogados querellantes solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 para el policía Diego Torales, acusado por torturas a Luciano Arruga, que tenía justamente 16 años. Sus argumentos y los de los defensores de Torales. Cómo el caso del jefe del Ejército Milani entró en la argumentación, y lo que dijeron los familiares al salir. El viernes próximo se conocerá la sentencia.
Las partes ya estaban ubicadas a las 12 del mediodía. Las expectativas sobre los alegatos se hicieron sentir en la previa, cuando las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar mientras la Red Nacional de Medios Alternativos desplegaba su transmisión especial del juicio. Las banderas ya estaban colgadas, como cada uno de los días, sobre la valla de la Unión Industrial de La Matanza, y otra bandera cortaba al medio la calle: “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”.

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

Vanesa, la hermana de Luciano, durante su testimonio. Foto: Télam


El rostro era el de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Conviene recordar que 4 meses después Luciano desapareció, y su cadáver apareció 6 años y medio después, en octubre de 2014. Pero no es ese el tema que se debate en este juicio oral y público: desde el lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 juzga las torturas que el oficial Julio Diego Torales cometió contra Luciano aquella jornada.
Ya declararon Mónica Alegre, mamá de Luciano, Vanesa Orieta, su hermana, Juan Gabriel Apud, el amigo.
Declaró el médico que certificó las lesiones y la médica que no lo hizo.
Declararon los policías que lo ubicaron en tiempo y espacio en un lugar donde jamás tuvo que estar.
Y este viernes llegó el turno de los alegatos. La expectativa se acrecentó cuando a las 12:27 los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a Torales en la sala, esposado, quien se sentó en el medio de su equipo de abogados (Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes y un ayudante), al igual que las otras tres audiencias.
En silencio, seguía ingresando el público.
A las 12:34 aparecieron los jueces.
El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

El policía acusado, Julio Diego Torales. Foto: Télam

Degradación

El fiscal José Luis Longobardi empezó su alegato subrayando que tiene “serios elementos” que le permiten determinar que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19:40, Luciano Arruga fue agredido “tanto física como psicológicamente” en el destacamento de Lomas del Mirador. El fiscal acreditó los golpes y las amenazas sufridas por Luciano. En este punto, Longobardi recordó el “verdugueo” sufrido por el joven: “negro rastrero», “chorro”, “te vamos a llevar al pabellón rosa”, “si no te callás te vamos a llevar a la Comisaría 8va donde están los violines” (por los violadores). Le dieron un sándwich previamente escupido.
Longobardi: “Lo degradaron, lo humillaron. Todo es brutal. Es infame, humillante”.
Siguió: “Hoy esta fiscalía va a sostener 3 coautores. Uno es Torales. El actor principal es Luciano Arruga porque fue quien nos marcó el camino hacia la verdad. No era fácil: tuvo que vencer miedos, al tiempo, hasta su propia muerte. Luciano se hizo escuchar: nos habló por su propia madre, que no dio un testimonio de venganza”.
En ese sentido, Longobardi ponderó los testimonios de Vanesa y de Mónica a lo largo del debate: “No muestran ningún flanco de ataque, ninguna contradicción”. Los tomó como prueba. De Vanesa, cuando escuchó que Luciano le gritaba: “Vane, sacame de acá que me están pegando”. De Mónica, sobre insultos que Torales le dijo a Luciano al final de su detención: “chorro”, “delincuente”.
Longobardi: “Ese hecho humillante se dio bajo custodia”.
El fiscal también describió cómo Luciano recibió esos golpes. “Mónica lo dijo bien: ´Torales era el que me pegaba´. Los dolores lo podemos acreditar a través de la madre y del testimonio de Apud”.
Apud especificó que a Luciano le dolían la cara, el tobillo, le costaba caminar, tenía marcas en la espalda.
Longobardi recordó lo que relató la doctora Fontela, que revisó a Luciano cuando el patrullero lo llevó al Cuerpo Médico: “Dijo que podían haber golpes que no dejan marcas”. Luego, citó a González, el médico que atendió al joven en el Policlínico y acreditó una lesión producto de un golpe “duro y romo”. El fiscal: “¿Saben qué es? Un puño”.
Siguió el fiscal: “Muchos dijeron que Luciano era feliz y tranquilo. No sólo lo dijeron familiares y amigos, lo dijo Chapero (Mónica Viviana Chapero, la oficial que declaró el jueves, y dijo que estuvo gran parte de esa tarde con Luciano Arruga en la cocina del destacamento). No hay un justificativo: la tortura es tortura”. Longobardi citó al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
“También nos vuelve a hablar Luciano a través del testimonio de Rocío Gallegos» (la amiga con la que vivía Orieta en aquel entonces). “Ella escuchó cuando al otro día Vanesa le recriminaba a Torales que le habían sacado los 20 pesos, lo del sándwich, lo de los maltratos”.
Longobardi: “Así vemos que todo se va conjungando”.
A modo de anticipar el alegato de la defensa sobre el grito que escuchó Vanesa en el destacamento (“Vane, sacame que me están pegando”), precisó: “Es obvio que no le estaban pegando en ese momento. Fue en un tramo de tiempo. Fíjense que ante una pregunta de la fiscalía, se dijo que todo fue en distintas secuencias”.
El fiscal citó la definición de tortura del diccionario: “Grave dolor físico y psicológico”. Luego, al considerar probada la actitud “ilícita y la coautoria” de Torales, definió que el hecho encuadra en la definición de torturas según el artículo 144 ter, inciso 1 o 3 del Código Penal.
El inciso 1 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.
El inciso 3: “Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.
Casi llegando al final, Longobardi hizo hincapié en el intento de la defensa de marcar a Luciano como el autor del robo: “Endilgarle el ilícito es una canallada. Él no está para defenderse de nada”. Nuevamente, buscando adelantarse al alegato de la defensa, señaló: “Es una lógica perversa. Ni aún si fuera miembro del ISIS se lo puede hacer. Está bajo custodia”.
Como atenuantes marcó la falta de condenas anteriores de Torales.
Como agravantes: la condición de menor de Luciano, que estaba sentado mientras sufrió los golpes, y eran tres los mayores que estaban con él.
Y, finalmente, acusó por la pena de 10 años e inhabilitación “absoluta y perpetua por torturas” a Julio Diego Torales. “Luciano nos vuelve a hablar, a mí y a todos”, cerró. “Nos vuelve a pedir justicia”.
Eran las 13 horas.

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

Un niño bajo tortura

El primero en tomar la palabra de los abogados de la familia Arruga fue Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que en todo su alegato resaltó la condición de “niño” de Luciano Arruga. “Se encuentra debidamente acreditado que en un procedimiento de dudosa legalidad fue detenido Luciano Arruga en Perú y Bolivar (Lomas del Mirador) para ser trasladado al destacamento y ser recibido por Julio Diego Torales, el mismo que teniendo poder sobre un niño de 16 años lo golpeó con, al menos, dos personas más”.
Combi especificó que la “dudosa ilegalidad” se debió a las formas en las que se produjo la detención. Marcó tres hechos:

  • “No se contó con testigos de actuación cuando se lo aprehendió”.
  • “No hay constancia de la requisa a un niño (el policía Miguel Ángel Olmos, que junto a Miguel Osvaldo Soraire realizó la aprehensión en el móvil 28915, declaró en el juicio que fue en esa requisa donde le encontraron los supuestos objetos robados a Joel Colla).
  • Colla dijo que el robo fue entre las 9 y las 10. Olmos, que detuvieron a Luciano a las 11. “Hay más de una hora del hecho. Y la detención fue a metros de su casa”.

El abogado resaltó que, una vez en el destacamento, Luciano “no recibió ninguna garantía como ciudadano, y menos como un niño”. Remarcó que el informe de la médica legista del Cuerpo Médico, que no precisó ninguna lesión, se produjo aproximadamente a las 12:30. “Ella dijo que fue a las 13:30. Lo corrigió en el acta”, dijo. “Luciano no presentó lesiones aparentes al momento, tampoco hematomas”. Es decir, apuntó Combi, no tenía lesiones antes de ingresar al destacamento.
El abogado puntualizó otra irregularidad: “El destacamento no tenía lugar para detenidos. Y hay otra: Luciano era menor, y eso era una dependencia policial”. Combi citó las resoluciones del Ministerio de Seguridad, del Comité contra la Tortura y el fallo «Verbitsky» sobre la ilegalidad que significa ingresar a niños y niñas en comisarías. “Además, era la cocina”, remarcó. “No sólo quedó acreditado por los testigos, sino por el propio imputado en sus declaraciones”.
Combi recordó que Olmos confirmó que Luciano fue detenido en la cocina y que marcó a quién le entregó “un niño”. La respuesta: Torales. “También lo dijo Chapero”, agregó. La mujer reconoció que Luciano Arruga estuvo privado de su libertad en la cocina del destacamento. “Y Torales tenía poder de hecho”, apuntó Combi. “Torales sabía que era un menor de edad. Lo sabía porque se lo dijeron Mónica y Vanesa. Y además Fontela, profesional, experta (la doctora del Cuerpo Médico), dijo que tenía 16 años. Y se lo mandó a la cocina en extremo estado de vulnerabilidad”.
Nueve horas estuvo encerrado Luciano. Combi expresó que Vanesa Orieta pidió varias veces ver a su hermano y nunca se le permitió. También citó a Mónica cuando contó que Luciano señaló a quienes le habían pegado cuando lo soltaron. “¿Quién te pegó?”, le preguntó Torales al joven. “Vos me pegaste”, le respondió el niño. Luciano había señalado que uno le pegaba mientras otros dos lo sujetaban.
Combi también subrayó que Apud lo vio a Luciano golpeado, con dolor en el cuerpo. “Y un dolor probatorio: González, el médico, nos informa que tiene un traumatismo en la región frontal pómulo izquierdo”, dijo el abogado sobre el certificado del Policlínico de San Justo. “La propia defensa preguntó: ‘¿Puede ser un cachetazo?’. Y les respondió: ‘Es raro que un cachetazo deje un traumatismo’”.
Siguió Combi: “A los dolores físicos lo acompañan la humillación”. El abogado ancló en el concepto de “verdugueo”, expresado por Mónica, por Vanesa, por Apud. “Es un niño de 16 años en un destacamento policial en la más absoluta clandestinidad. Eso generó secuelas que también fueron acreditadas. Generó miedo. Hubo una persecusión anterior, pero también es cierto que el cambio de Luciano se dio a partir de esta detención. ¿Recuerdan lo que dijo Mónica de la camiseta de River, de sus hermanitos? Era miedo a la muerte. En un niño”.
Combi se refería a lo que Mónica contó en la primer audiencia. “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos”, le decía Luciano. “Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Mónica, ese día, agregó: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
El abogado también se refirió a lo que Luciano le había comentado a Rocío Gallegos.“No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, le comentó el joven. A Gallegos le llamó la atención la palabra “circular”: no era del vocabulario de Arruga. Combi: “No hay dudas sobre si fue torturado. Tampoco que lo humillaron. Y en plena clandestinidad: no había otros detenidos. ¿Alguien puede imaginarse a un niño de 16 años encerrado 9 horas gritando cuando están su mamá y su hermana y no lo dejan ver?”.
El abogado concluyó: “Torales fue el autor material de los hechos”.
Luego le pasó el micrófono a su colega Maximiliano Medina, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Precedentes
Medina encuadró el delito como torturas en los mismos términos que el fiscal Longobardi: artículo 144 del Código Penal. Sin embargo, ahondó más en la tipificación del delito a nivel internacional (como la Convención contra la Tortura), para diferenciar la “distinción o gravedad del sufrimiento” que separa la tortura de la distinción de “apremios y vejaciones”. Por esa razón, inquirió si los sufrimientos físicos y psíquicos que padeció Luciano Arruga revisten para ser calificado como tortura.
“La respuesta es sí”, dijo Medina, y citó diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecieron algunos parámetros que marcaron precedentes que deben seguir como guía los tribunales internos, tal como especificó la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, en el caso Mendoza versus Argentina, la CIDH “dijo que la violación a la integridad física y psíquica de las personas abarca desde la tortura hasta otro tipos de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (edad, contexto, vulnerabilidad)”, precisó Medina. La CIDH especifica que cada caso deberá ser analizado en su situación concreta.
Medina citó una sentencia del Tribunal de Casación en 2015, que se refirió a otro precedente de la CIDH: el caso Luis Lisandro Cabrera contra República Dominicana. Uno de los jueces dictaminó que debía ampliar los razonamientos referidos a qué consideraba como torturas, y expresó que no sólo debía atenerse a las cuestiones físicas para determinar la tipificación, sino que las amenazas a lesiones produce un nivel de “angustia moral” que “puede ser caratulado como torturas”.
En base a estos antecedentes, entre otros que mencionó, Medina pidió tener en cuenta tres puntos para este proceso.

  • El contexto de los hechos.
  • Las condiciones particulares de la víctima.
  • Los efectos concretos.

En cuanto al primero, Medina recordó la “dudosa legalidad” de la detención de Luciano y su posterior derivación al destacamento, “un lugar no habilitado para detenciones”. Medina agregó que Luciano quedó aislado en la cocina, incomunicado. “Dimensionemos lo que es para un niño de 16 años”, expresó. “Cada minuto es una agonía. Este castigo se dio a absoluta merced del oficial de servicio”.
¿Quién es? Torales.
Medina se refirió a una de las frases de Vanesa Orieta que dejó una huella en cada persona que haya asistido al juicio: “Le quebraron la vida”. Hablaba de Luciano, su hermano. “Esa frase es significativa”, dijo Medina. Separó dos aspectos.
El golpe a Luciano: “Es un intento de dejarlo marcado”.
La tortura psicológica: “Las amenazas contra la integridad sexual”.
Medina citó el fallo Castro versus Perú de la CIDH. “Sufrir una grave amenaza física configura tortura”, resumió. “Y si el destacamento depende de la Comisaría 8º, que el oficial de servicio diga que lo iba a mandar con los violines, eso configura una amenaza inminente”.
Medina: “Esto es absoluta humillación”.
Violencia institucional
“Luciano era un niño en términos internacionales”, esgrimió el abogado del CELS sobre su segundo punto, referido a las condiciones particulares de la víctima. “Luciano no podía salir ileso de estos sufrimientos”. Medina habló del Caso Bulacio, donde se hace mención en la sentencia a la vulnerabilidad de los niños en situaciones de encierro.
Además, expresó que el joven de 16 años pertenecía a un sector social vulnerable. “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro, negro, delincuente, y eso incrementa el estigma”. Citó al manual contra la tortura de Amnistía Internacional: “La tortura se nutre de la discriminación. Allana el camino a la tortura. No se ve a la persona como víctima, sino como objeto. Por eso el miedo”.
Sobre el tercer punto, Medina enumeró diversos efectos concretos que tuvo Luciano: incertidumbre, angustia, dolores físicos y psíquicos, desesperación, bronca, depresión, miedo a su integridad física. “Hay que tener miedo para caminar donde uno vive”, dijo Medina sobre las palabras de Luciano a Rocío Gallegos. “Luciano sufrió profundamente física y psíquicamente al estar aislado en una cocina. Y está claro que Torales fue coautor, como mínimo, junto a una persona más”.
María Dinard, también del CELS, leyó el pedido de pena. Como atenuante, mencionó la faltas de antecedentes de Torales. Como agravante: la pluralidad interviniente, el aprovechamiento del cargo, ser el oficial a cargo del destcamento y el “dolor y la humillación” a la familia Arruga.
Le pena pedida: 16 años de prisión e inhabilitación absoluta de funciones.
Medina: “Es una grave violación a los derechos humanos. No quiero presionar a nadie, pero no es parte de un hecho aislado, es parte de la violencia institucional naturalizada por la sociedad. Es un deber del Estado sancionar estas violaciones”.
Fin del alegato.
Los jueces llamaron a un cuarto intermedio.
Eran las 14.25.

El juicio por Luciano Arruga. Foto: Télam

Vanesa durante su declaración. Foto: Télam


g

El “tufillo”

Los jueces volvieron a las 14:48. Era el turno de la defensa. Había intriga por saber qué dirían.
El primero que habló fue Gastón Jordanes.
Dijo que Luciano Arruga fue detenido por robo. “Se habló de la cantidad de tiempo que estuvo. Es verdad. ¿Pero por qué?”, se preguntó. “No tenía documentos. La madre, tampoco. La hermana, nada. Ningún papel. ¿Tiene la culpa (Torales) de que Luciano se movilice sin DNI? ¿Y la madre? Dijeron que es ‘un papelito’. No, no es un papelito, es la acreditación de una identidad. A mí, como abogado, si pido consultar un expediente, me piden la acreditación. Las formalidades hay que cumplirlas. ¿Culpa de torturas? ¡No! Una vez que se acreditó el vínculo, fue dado en libertad”.
Sobre “la violencia que en teoría se ejerció”, dijo: “No tenían nada cuando entró”.
Dijo que si hubiera sido esposado, como remarcó Vanesa, habría tenido marcas en las muñecas. Dijo que tampoco se acreditó “la golpiza”. Dijo que tampoco se acreditó lo que señaló Apud (las marcas violetas en la espalda). “La ropa no tenía nada. ¿Cómo? ¿Si fue molido a palos?”, manifestó. “El colmo: un sándwich escupido por gargajos. Luciano tenía calle. Su amigo Apud dijo que tenía carácter. ¿Cómo una persona así va a comerse eso? Otra mentira sobre Diego Torales”.
Jordanes dijo que este proceso llegó recargado por un “tufillo medio raro” por un hecho posterior al que se está juzgando (habla de la desaparición de Luciano, donde ese mismo destacamento cobra nuevamente protagonismo). “Pero la culpa no de Torales”, consideró. “Estamos juzgando a una persona por alguien que dijo que le dijo. Sería gravísimo condenarlo por eso.
Luego, golpeó bajo. “Si tu hermano está pasando por un momento terrible de su vida, que lo van a matar, no podés irte a trabajar por tres horas”, chicaneó, sobre lo que había dicho Vanesa Orieta en su testimonio. La hermana de Luciano, llorando, manifestó que ese día debía irse para no perder el trabajo: con eso pagaba el alquiler, ayudaba a su mamá, ayudaba a Luciano. Jordanes siguió: “Una hermana, con el carácter que ella tiene, no lo hubiera abandonado”.
Sobre Mónica: “¿No puede convencer a ningún familiar para que se la traigan (habla de la documentación que tuvo que ir a buscar a Puente La Noria)?”.
Concluyó: “Es inexplicable el suceso de mentiras”.

Milani en el alegato

Luego habló Juan Grimberg. Dijo que no encontraba «congruencia entre la tortura y el resultado».
Siguió: “Nadie puede explicar que frente a una tortura, un chico gritando, que dice que le están pegando, se esté hablando con el señor Torales”. Lo que predijo el fiscal, ocurrió. “No se interpreta el sometimiento y estigma del niño Arruga”, dijo Grimberg.
Señaló que Luciano estuvo en la cocina y tenía libertad hasta para ir al baño. Dijo que tampoco se probó el cambio de actitud y que la conversación de Vanesa Orieta con Torales vía telefónica es “falsa”. Dijo: “Torales no tenía servicio al otro día”. También señaló que los familiares no estaba “desamparados” legalmente. “La pareja en ese momento (de Vanesa) era abogado”, fue su justificación.
También desacreditó el certificado médico del Policlínico. “Pudo haberse producido después de salir de la comisaría”, argumentó, especificando que fue sólo “una equimosis” (un moretón).
“Mi cliente es víctima procesal. Está detenido sólo por dos personas”, dijo, en referencia a Mónica y Vanesa.
Sobre la calificación de “torturas”, consideró que es una tipificación “demencial”.
Luego chicaneó: “Mi cliente no es Videla, no es Pinochet, no es Milani. Si fuera Milani, seguramente no estaría el CELS, porque es miembro del Poder Ejecutivo Nacional”.
Siguió: “El chico nunca estuvo sometido”. Dijo en referencia a Torales: “Al señor lo han torturado. Ha pasado años en la penitenciaría. Eso no es una equimosis”.
Grimberg pidió la absolución y, además, la imputación por falso testimonio a Apud y Vanesa Orieta. “Mintió sobre la situación en la que estaba su hermano, tuvo asesoramiento jurídico”,  justificó.
Concluyó: “El planteo de torturas es poco serio”.

Habló Torales

El fiscal Longobardi replicó. Insistió en que tratar de juzgar a Arruga es “una canallada, hasta cobarde”. Dijo que Luciano dejó vestigios, huellas, testimonios. Consideró que no hubo falso testimonio: “Lo que dijo Apud es lo que vio Apud. No le pidamos rigorismos gramaticales”.
Combi manifestó que recurrirán a las vías correspondientes para denunciarlos por calumnias. “Los organismos de derechos humanos tienen como único objeto la defensa de la verdad y la justicia de esta familia”, expresó entre aplausos.
Luego, la jueza Volpicina le preguntó a Torales si quería decir algo. Le acercaron el micrófono. “Hace años que estoy preso injustamente. Mis hijas están esperando en mi casa”, dijo solamente.
Volpicina concluyó la última audiencia del juicio y citó a las partes al próximo viernes.
En una semana, a las 12 horas, se conocerá el veredicto del Tribunal.

“Ya ganamos”

El verdadero cierre de estas cuatro audiencias estuvo en la calle, al igual que toda la construcción de condena social que llevó a los familiares y amigos de Luciano Arruga a acusar como torturador cara a cara a un policía después de tantos años. Hubo un fuerte aplauso cuando Mónica Alegre salió de la sede de la Unión Industrial. Habló, con la tranquilidad y justeza habitual, mirando cada rostro.
“Más allá del fallo que salga, ganamos”, dijo. “Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Vaya si ganamos. Él (Torales), sentado ahí, y nosotros mirándolo. Se lo debo a mis abogados (los nombró), y no me voy a olvidar de Pablo Pimentel (titular de la APDH-La Matanza), el primero que estuvo”. Luego nombró a cada integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. “Estamos acá, ganamos. Nos tenemos que sentir orgullosos, y hoy más que nunca tenemos que gritar Luciano presente”.
Todos allí respondieron a esas palabras con otras dos: “Ahora y siempre”.

Nota

Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

Publicada

el

Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

Seguir leyendo

Nota

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

Publicada

el

La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

Seguir leyendo

Nota

Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

Publicada

el

En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.