Nota
Cuarta audiencia por Luciano Arruga: piden 16 años de prisión para el policía acusado
Los abogados querellantes solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 para el policía Diego Torales, acusado por torturas a Luciano Arruga, que tenía justamente 16 años. Sus argumentos y los de los defensores de Torales. Cómo el caso del jefe del Ejército Milani entró en la argumentación, y lo que dijeron los familiares al salir. El viernes próximo se conocerá la sentencia.
Las partes ya estaban ubicadas a las 12 del mediodía. Las expectativas sobre los alegatos se hicieron sentir en la previa, cuando las organizaciones sociales y políticas comenzaron a llegar mientras la Red Nacional de Medios Alternativos desplegaba su transmisión especial del juicio. Las banderas ya estaban colgadas, como cada uno de los días, sobre la valla de la Unión Industrial de La Matanza, y otra bandera cortaba al medio la calle: “Ni ausente ni perdido, detenido desaparecido”.
El rostro era el de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008. Conviene recordar que 4 meses después Luciano desapareció, y su cadáver apareció 6 años y medio después, en octubre de 2014. Pero no es ese el tema que se debate en este juicio oral y público: desde el lunes el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 juzga las torturas que el oficial Julio Diego Torales cometió contra Luciano aquella jornada.
Ya declararon Mónica Alegre, mamá de Luciano, Vanesa Orieta, su hermana, Juan Gabriel Apud, el amigo.
Declaró el médico que certificó las lesiones y la médica que no lo hizo.
Declararon los policías que lo ubicaron en tiempo y espacio en un lugar donde jamás tuvo que estar.
Y este viernes llegó el turno de los alegatos. La expectativa se acrecentó cuando a las 12:27 los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a Torales en la sala, esposado, quien se sentó en el medio de su equipo de abogados (Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes y un ayudante), al igual que las otras tres audiencias.
En silencio, seguía ingresando el público.
A las 12:34 aparecieron los jueces.
Degradación
El fiscal José Luis Longobardi empezó su alegato subrayando que tiene “serios elementos” que le permiten determinar que el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19:40, Luciano Arruga fue agredido “tanto física como psicológicamente” en el destacamento de Lomas del Mirador. El fiscal acreditó los golpes y las amenazas sufridas por Luciano. En este punto, Longobardi recordó el “verdugueo” sufrido por el joven: “negro rastrero”, “chorro”, “te vamos a llevar al pabellón rosa”, “si no te callás te vamos a llevar a la Comisaría 8va donde están los violines” (por los violadores). Le dieron un sándwich previamente escupido.
Longobardi: “Lo degradaron, lo humillaron. Todo es brutal. Es infame, humillante”.
Siguió: “Hoy esta fiscalía va a sostener 3 coautores. Uno es Torales. El actor principal es Luciano Arruga porque fue quien nos marcó el camino hacia la verdad. No era fácil: tuvo que vencer miedos, al tiempo, hasta su propia muerte. Luciano se hizo escuchar: nos habló por su propia madre, que no dio un testimonio de venganza”.
En ese sentido, Longobardi ponderó los testimonios de Vanesa y de Mónica a lo largo del debate: “No muestran ningún flanco de ataque, ninguna contradicción”. Los tomó como prueba. De Vanesa, cuando escuchó que Luciano le gritaba: “Vane, sacame de acá que me están pegando”. De Mónica, sobre insultos que Torales le dijo a Luciano al final de su detención: “chorro”, “delincuente”.
Longobardi: “Ese hecho humillante se dio bajo custodia”.
El fiscal también describió cómo Luciano recibió esos golpes. “Mónica lo dijo bien: ´Torales era el que me pegaba´. Los dolores lo podemos acreditar a través de la madre y del testimonio de Apud”.
Apud especificó que a Luciano le dolían la cara, el tobillo, le costaba caminar, tenía marcas en la espalda.
Longobardi recordó lo que relató la doctora Fontela, que revisó a Luciano cuando el patrullero lo llevó al Cuerpo Médico: “Dijo que podían haber golpes que no dejan marcas”. Luego, citó a González, el médico que atendió al joven en el Policlínico y acreditó una lesión producto de un golpe “duro y romo”. El fiscal: “¿Saben qué es? Un puño”.
Siguió el fiscal: “Muchos dijeron que Luciano era feliz y tranquilo. No sólo lo dijeron familiares y amigos, lo dijo Chapero (Mónica Viviana Chapero, la oficial que declaró el jueves, y dijo que estuvo gran parte de esa tarde con Luciano Arruga en la cocina del destacamento). No hay un justificativo: la tortura es tortura”. Longobardi citó al Tribunal Internacional de Derechos Humanos.
“También nos vuelve a hablar Luciano a través del testimonio de Rocío Gallegos” (la amiga con la que vivía Orieta en aquel entonces). “Ella escuchó cuando al otro día Vanesa le recriminaba a Torales que le habían sacado los 20 pesos, lo del sándwich, lo de los maltratos”.
Longobardi: “Así vemos que todo se va conjungando”.
A modo de anticipar el alegato de la defensa sobre el grito que escuchó Vanesa en el destacamento (“Vane, sacame que me están pegando”), precisó: “Es obvio que no le estaban pegando en ese momento. Fue en un tramo de tiempo. Fíjense que ante una pregunta de la fiscalía, se dijo que todo fue en distintas secuencias”.
El fiscal citó la definición de tortura del diccionario: “Grave dolor físico y psicológico”. Luego, al considerar probada la actitud “ilícita y la coautoria” de Torales, definió que el hecho encuadra en la definición de torturas según el artículo 144 ter, inciso 1 o 3 del Código Penal.
El inciso 1 expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”.
El inciso 3: “Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.
Casi llegando al final, Longobardi hizo hincapié en el intento de la defensa de marcar a Luciano como el autor del robo: “Endilgarle el ilícito es una canallada. Él no está para defenderse de nada”. Nuevamente, buscando adelantarse al alegato de la defensa, señaló: “Es una lógica perversa. Ni aún si fuera miembro del ISIS se lo puede hacer. Está bajo custodia”.
Como atenuantes marcó la falta de condenas anteriores de Torales.
Como agravantes: la condición de menor de Luciano, que estaba sentado mientras sufrió los golpes, y eran tres los mayores que estaban con él.
Y, finalmente, acusó por la pena de 10 años e inhabilitación “absoluta y perpetua por torturas” a Julio Diego Torales. “Luciano nos vuelve a hablar, a mí y a todos”, cerró. “Nos vuelve a pedir justicia”.
Eran las 13 horas.
Un niño bajo tortura
El primero en tomar la palabra de los abogados de la familia Arruga fue Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que en todo su alegato resaltó la condición de “niño” de Luciano Arruga. “Se encuentra debidamente acreditado que en un procedimiento de dudosa legalidad fue detenido Luciano Arruga en Perú y Bolivar (Lomas del Mirador) para ser trasladado al destacamento y ser recibido por Julio Diego Torales, el mismo que teniendo poder sobre un niño de 16 años lo golpeó con, al menos, dos personas más”.
Combi especificó que la “dudosa ilegalidad” se debió a las formas en las que se produjo la detención. Marcó tres hechos:
- “No se contó con testigos de actuación cuando se lo aprehendió”.
- “No hay constancia de la requisa a un niño (el policía Miguel Ángel Olmos, que junto a Miguel Osvaldo Soraire realizó la aprehensión en el móvil 28915, declaró en el juicio que fue en esa requisa donde le encontraron los supuestos objetos robados a Joel Colla).
- Colla dijo que el robo fue entre las 9 y las 10. Olmos, que detuvieron a Luciano a las 11. “Hay más de una hora del hecho. Y la detención fue a metros de su casa”.
El abogado resaltó que, una vez en el destacamento, Luciano “no recibió ninguna garantía como ciudadano, y menos como un niño”. Remarcó que el informe de la médica legista del Cuerpo Médico, que no precisó ninguna lesión, se produjo aproximadamente a las 12:30. “Ella dijo que fue a las 13:30. Lo corrigió en el acta”, dijo. “Luciano no presentó lesiones aparentes al momento, tampoco hematomas”. Es decir, apuntó Combi, no tenía lesiones antes de ingresar al destacamento.
El abogado puntualizó otra irregularidad: “El destacamento no tenía lugar para detenidos. Y hay otra: Luciano era menor, y eso era una dependencia policial”. Combi citó las resoluciones del Ministerio de Seguridad, del Comité contra la Tortura y el fallo “Verbitsky” sobre la ilegalidad que significa ingresar a niños y niñas en comisarías. “Además, era la cocina”, remarcó. “No sólo quedó acreditado por los testigos, sino por el propio imputado en sus declaraciones”.
Combi recordó que Olmos confirmó que Luciano fue detenido en la cocina y que marcó a quién le entregó “un niño”. La respuesta: Torales. “También lo dijo Chapero”, agregó. La mujer reconoció que Luciano Arruga estuvo privado de su libertad en la cocina del destacamento. “Y Torales tenía poder de hecho”, apuntó Combi. “Torales sabía que era un menor de edad. Lo sabía porque se lo dijeron Mónica y Vanesa. Y además Fontela, profesional, experta (la doctora del Cuerpo Médico), dijo que tenía 16 años. Y se lo mandó a la cocina en extremo estado de vulnerabilidad”.
Nueve horas estuvo encerrado Luciano. Combi expresó que Vanesa Orieta pidió varias veces ver a su hermano y nunca se le permitió. También citó a Mónica cuando contó que Luciano señaló a quienes le habían pegado cuando lo soltaron. “¿Quién te pegó?”, le preguntó Torales al joven. “Vos me pegaste”, le respondió el niño. Luciano había señalado que uno le pegaba mientras otros dos lo sujetaban.
Combi también subrayó que Apud lo vio a Luciano golpeado, con dolor en el cuerpo. “Y un dolor probatorio: González, el médico, nos informa que tiene un traumatismo en la región frontal pómulo izquierdo”, dijo el abogado sobre el certificado del Policlínico de San Justo. “La propia defensa preguntó: ‘¿Puede ser un cachetazo?’. Y les respondió: ‘Es raro que un cachetazo deje un traumatismo’”.
Siguió Combi: “A los dolores físicos lo acompañan la humillación”. El abogado ancló en el concepto de “verdugueo”, expresado por Mónica, por Vanesa, por Apud. “Es un niño de 16 años en un destacamento policial en la más absoluta clandestinidad. Eso generó secuelas que también fueron acreditadas. Generó miedo. Hubo una persecusión anterior, pero también es cierto que el cambio de Luciano se dio a partir de esta detención. ¿Recuerdan lo que dijo Mónica de la camiseta de River, de sus hermanitos? Era miedo a la muerte. En un niño”.
Combi se refería a lo que Mónica contó en la primer audiencia. “El día que yo me vaya cuidá a mi hermana. Es mi vida. Y a mis hermanos”, le decía Luciano. “Yo me voy a ir antes que vos, ma. Poné mi camiseta de River. Prometeme que me vas a envolver con mi bandera”. Mónica, ese día, agregó: “Los sueños de conocer el mar y de terminar el estudio, ya no estaban”.
El abogado también se refirió a lo que Luciano le había comentado a Rocío Gallegos.“No sé qué hacer porque la policía no me deja circular cerca de mi casa”, le comentó el joven. A Gallegos le llamó la atención la palabra “circular”: no era del vocabulario de Arruga. Combi: “No hay dudas sobre si fue torturado. Tampoco que lo humillaron. Y en plena clandestinidad: no había otros detenidos. ¿Alguien puede imaginarse a un niño de 16 años encerrado 9 horas gritando cuando están su mamá y su hermana y no lo dejan ver?”.
El abogado concluyó: “Torales fue el autor material de los hechos”.
Luego le pasó el micrófono a su colega Maximiliano Medina, del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Precedentes
Medina encuadró el delito como torturas en los mismos términos que el fiscal Longobardi: artículo 144 del Código Penal. Sin embargo, ahondó más en la tipificación del delito a nivel internacional (como la Convención contra la Tortura), para diferenciar la “distinción o gravedad del sufrimiento” que separa la tortura de la distinción de “apremios y vejaciones”. Por esa razón, inquirió si los sufrimientos físicos y psíquicos que padeció Luciano Arruga revisten para ser calificado como tortura.
“La respuesta es sí”, dijo Medina, y citó diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecieron algunos parámetros que marcaron precedentes que deben seguir como guía los tribunales internos, tal como especificó la Corte Suprema de Justicia.
Por ejemplo, en el caso Mendoza versus Argentina, la CIDH “dijo que la violación a la integridad física y psíquica de las personas abarca desde la tortura hasta otro tipos de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos (edad, contexto, vulnerabilidad)”, precisó Medina. La CIDH especifica que cada caso deberá ser analizado en su situación concreta.
Medina citó una sentencia del Tribunal de Casación en 2015, que se refirió a otro precedente de la CIDH: el caso Luis Lisandro Cabrera contra República Dominicana. Uno de los jueces dictaminó que debía ampliar los razonamientos referidos a qué consideraba como torturas, y expresó que no sólo debía atenerse a las cuestiones físicas para determinar la tipificación, sino que las amenazas a lesiones produce un nivel de “angustia moral” que “puede ser caratulado como torturas”.
En base a estos antecedentes, entre otros que mencionó, Medina pidió tener en cuenta tres puntos para este proceso.
- El contexto de los hechos.
- Las condiciones particulares de la víctima.
- Los efectos concretos.
En cuanto al primero, Medina recordó la “dudosa legalidad” de la detención de Luciano y su posterior derivación al destacamento, “un lugar no habilitado para detenciones”. Medina agregó que Luciano quedó aislado en la cocina, incomunicado. “Dimensionemos lo que es para un niño de 16 años”, expresó. “Cada minuto es una agonía. Este castigo se dio a absoluta merced del oficial de servicio”.
¿Quién es? Torales.
Medina se refirió a una de las frases de Vanesa Orieta que dejó una huella en cada persona que haya asistido al juicio: “Le quebraron la vida”. Hablaba de Luciano, su hermano. “Esa frase es significativa”, dijo Medina. Separó dos aspectos.
El golpe a Luciano: “Es un intento de dejarlo marcado”.
La tortura psicológica: “Las amenazas contra la integridad sexual”.
Medina citó el fallo Castro versus Perú de la CIDH. “Sufrir una grave amenaza física configura tortura”, resumió. “Y si el destacamento depende de la Comisaría 8º, que el oficial de servicio diga que lo iba a mandar con los violines, eso configura una amenaza inminente”.
Medina: “Esto es absoluta humillación”.
Violencia institucional
“Luciano era un niño en términos internacionales”, esgrimió el abogado del CELS sobre su segundo punto, referido a las condiciones particulares de la víctima. “Luciano no podía salir ileso de estos sufrimientos”. Medina habló del Caso Bulacio, donde se hace mención en la sentencia a la vulnerabilidad de los niños en situaciones de encierro.
Además, expresó que el joven de 16 años pertenecía a un sector social vulnerable. “Luciano tenía la etiqueta de pibe chorro, negro, delincuente, y eso incrementa el estigma”. Citó al manual contra la tortura de Amnistía Internacional: “La tortura se nutre de la discriminación. Allana el camino a la tortura. No se ve a la persona como víctima, sino como objeto. Por eso el miedo”.
Sobre el tercer punto, Medina enumeró diversos efectos concretos que tuvo Luciano: incertidumbre, angustia, dolores físicos y psíquicos, desesperación, bronca, depresión, miedo a su integridad física. “Hay que tener miedo para caminar donde uno vive”, dijo Medina sobre las palabras de Luciano a Rocío Gallegos. “Luciano sufrió profundamente física y psíquicamente al estar aislado en una cocina. Y está claro que Torales fue coautor, como mínimo, junto a una persona más”.
María Dinard, también del CELS, leyó el pedido de pena. Como atenuante, mencionó la faltas de antecedentes de Torales. Como agravante: la pluralidad interviniente, el aprovechamiento del cargo, ser el oficial a cargo del destcamento y el “dolor y la humillación” a la familia Arruga.
Le pena pedida: 16 años de prisión e inhabilitación absoluta de funciones.
Medina: “Es una grave violación a los derechos humanos. No quiero presionar a nadie, pero no es parte de un hecho aislado, es parte de la violencia institucional naturalizada por la sociedad. Es un deber del Estado sancionar estas violaciones”.
Fin del alegato.
Los jueces llamaron a un cuarto intermedio.
Eran las 14.25.
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El “tufillo”
Los jueces volvieron a las 14:48. Era el turno de la defensa. Había intriga por saber qué dirían.
El primero que habló fue Gastón Jordanes.
Dijo que Luciano Arruga fue detenido por robo. “Se habló de la cantidad de tiempo que estuvo. Es verdad. ¿Pero por qué?”, se preguntó. “No tenía documentos. La madre, tampoco. La hermana, nada. Ningún papel. ¿Tiene la culpa (Torales) de que Luciano se movilice sin DNI? ¿Y la madre? Dijeron que es ‘un papelito’. No, no es un papelito, es la acreditación de una identidad. A mí, como abogado, si pido consultar un expediente, me piden la acreditación. Las formalidades hay que cumplirlas. ¿Culpa de torturas? ¡No! Una vez que se acreditó el vínculo, fue dado en libertad”.
Sobre “la violencia que en teoría se ejerció”, dijo: “No tenían nada cuando entró”.
Dijo que si hubiera sido esposado, como remarcó Vanesa, habría tenido marcas en las muñecas. Dijo que tampoco se acreditó “la golpiza”. Dijo que tampoco se acreditó lo que señaló Apud (las marcas violetas en la espalda). “La ropa no tenía nada. ¿Cómo? ¿Si fue molido a palos?”, manifestó. “El colmo: un sándwich escupido por gargajos. Luciano tenía calle. Su amigo Apud dijo que tenía carácter. ¿Cómo una persona así va a comerse eso? Otra mentira sobre Diego Torales”.
Jordanes dijo que este proceso llegó recargado por un “tufillo medio raro” por un hecho posterior al que se está juzgando (habla de la desaparición de Luciano, donde ese mismo destacamento cobra nuevamente protagonismo). “Pero la culpa no de Torales”, consideró. “Estamos juzgando a una persona por alguien que dijo que le dijo. Sería gravísimo condenarlo por eso.
Luego, golpeó bajo. “Si tu hermano está pasando por un momento terrible de su vida, que lo van a matar, no podés irte a trabajar por tres horas”, chicaneó, sobre lo que había dicho Vanesa Orieta en su testimonio. La hermana de Luciano, llorando, manifestó que ese día debía irse para no perder el trabajo: con eso pagaba el alquiler, ayudaba a su mamá, ayudaba a Luciano. Jordanes siguió: “Una hermana, con el carácter que ella tiene, no lo hubiera abandonado”.
Sobre Mónica: “¿No puede convencer a ningún familiar para que se la traigan (habla de la documentación que tuvo que ir a buscar a Puente La Noria)?”.
Concluyó: “Es inexplicable el suceso de mentiras”.
Milani en el alegato
Luego habló Juan Grimberg. Dijo que no encontraba “congruencia entre la tortura y el resultado”.
Siguió: “Nadie puede explicar que frente a una tortura, un chico gritando, que dice que le están pegando, se esté hablando con el señor Torales”. Lo que predijo el fiscal, ocurrió. “No se interpreta el sometimiento y estigma del niño Arruga”, dijo Grimberg.
Señaló que Luciano estuvo en la cocina y tenía libertad hasta para ir al baño. Dijo que tampoco se probó el cambio de actitud y que la conversación de Vanesa Orieta con Torales vía telefónica es “falsa”. Dijo: “Torales no tenía servicio al otro día”. También señaló que los familiares no estaba “desamparados” legalmente. “La pareja en ese momento (de Vanesa) era abogado”, fue su justificación.
También desacreditó el certificado médico del Policlínico. “Pudo haberse producido después de salir de la comisaría”, argumentó, especificando que fue sólo “una equimosis” (un moretón).
“Mi cliente es víctima procesal. Está detenido sólo por dos personas”, dijo, en referencia a Mónica y Vanesa.
Sobre la calificación de “torturas”, consideró que es una tipificación “demencial”.
Luego chicaneó: “Mi cliente no es Videla, no es Pinochet, no es Milani. Si fuera Milani, seguramente no estaría el CELS, porque es miembro del Poder Ejecutivo Nacional”.
Siguió: “El chico nunca estuvo sometido”. Dijo en referencia a Torales: “Al señor lo han torturado. Ha pasado años en la penitenciaría. Eso no es una equimosis”.
Grimberg pidió la absolución y, además, la imputación por falso testimonio a Apud y Vanesa Orieta. “Mintió sobre la situación en la que estaba su hermano, tuvo asesoramiento jurídico”, justificó.
Concluyó: “El planteo de torturas es poco serio”.
Habló Torales
El fiscal Longobardi replicó. Insistió en que tratar de juzgar a Arruga es “una canallada, hasta cobarde”. Dijo que Luciano dejó vestigios, huellas, testimonios. Consideró que no hubo falso testimonio: “Lo que dijo Apud es lo que vio Apud. No le pidamos rigorismos gramaticales”.
Combi manifestó que recurrirán a las vías correspondientes para denunciarlos por calumnias. “Los organismos de derechos humanos tienen como único objeto la defensa de la verdad y la justicia de esta familia”, expresó entre aplausos.
Luego, la jueza Volpicina le preguntó a Torales si quería decir algo. Le acercaron el micrófono. “Hace años que estoy preso injustamente. Mis hijas están esperando en mi casa”, dijo solamente.
Volpicina concluyó la última audiencia del juicio y citó a las partes al próximo viernes.
En una semana, a las 12 horas, se conocerá el veredicto del Tribunal.
“Ya ganamos”
El verdadero cierre de estas cuatro audiencias estuvo en la calle, al igual que toda la construcción de condena social que llevó a los familiares y amigos de Luciano Arruga a acusar como torturador cara a cara a un policía después de tantos años. Hubo un fuerte aplauso cuando Mónica Alegre salió de la sede de la Unión Industrial. Habló, con la tranquilidad y justeza habitual, mirando cada rostro.
“Más allá del fallo que salga, ganamos”, dijo. “Llegar hasta acá fue un logro muy grande. Vaya si ganamos. Él (Torales), sentado ahí, y nosotros mirándolo. Se lo debo a mis abogados (los nombró), y no me voy a olvidar de Pablo Pimentel (titular de la APDH-La Matanza), el primero que estuvo”. Luego nombró a cada integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. “Estamos acá, ganamos. Nos tenemos que sentir orgullosos, y hoy más que nunca tenemos que gritar Luciano presente”.
Todos allí respondieron a esas palabras con otras dos: “Ahora y siempre”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
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