#NiUnaMás
Un año del femicidio de Araceli: esperando que exista la justicia
La familia de Araceli Fulles encabezó una movilización por las calles de José León Suárez a un año del crimen de la joven de 22 años. La investigación del femicidio en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. Hay ocho imputados, y un reclamo de justicia que sigue pendiente.
Vecinas, vecinos, organizaciones sociales y políticas participaron de la marcha encabezada este lunes 3 de abril por la familia de Araceli Fulles, que tenía 22 años cuando fue asesinada hace exactamente un año.
Mónica Ferreyra, la mamá de Araceli, dijo a lavaca: “Hace un año que perdí a mi hija y no me gustaría que le pase a ninguna chica más. Marchamos, pero no fue sólo la marcha por mi hija, sino para que realmente haya justicia. Es para abrir los ojos a todos, para que las chicas se cuiden. No quiero que ningún papá sufra lo que estoy sufriendo yo. Y en cuanto a la justicia, sólo quiero que haya. Que no hagan oídos sordos al pedido que una hace. Yo pienso que si ellos estuviesen en mi lugar, los querrían mandar al paredón. Nosotros no, estamos tranquilos: queremos creer que la justicia va a existir”.
La marcha, de la que participó el intendente de San Martín Gabriel Katopodis, partió desde Márquez y 9 de Julio, José León Suárez, hasta la plaza en la que se vio por última vez a Araceli, que estuvo 25 días desaparecida. Su cuerpo fue finalmente encontrado en el fondo de una vivienda cerca de su casa, donde había sido enterrado. La fiscal Graciela López Ferreyra solicitó la elevación a juicio del expediente pero el titular del Juzgado de Garantías N°1, Martín Porto, aún no se expidió.
Hay ocho hombres imputados: Darío y Hernán Badaracco, Carlos Cassalz, Marcelo Escobedo, Hugo Cabañas, Emmanuele y Jonathan Avalos (hermanos de un efectivo del Comando de Patrullas de Tres de Febrero), Marcos Ibarra y Daniel Alaniz. Darío Badaracco, el dueño de la vivienda en la que encontraron el cuerpo, fue el primer detenido. Cassalz recuperó la libertad pero lo volvieron a detener porque amenazó de muerte a testigos. Son los únicos que permanecen detenidos a la espera del juicio. Mónica: “Por ahora está todo parado”.
La madre de Araceli contó además a lavaca la experiencia de participar este año en la masiva movilización del 8M: “Fui con la camiseta de mi hija, llevamos el banner que decía ´Justicia por Araceli´. Fue hermoso, mucha gente aplaudiendo el banner, que nos besaba y abrazaba. Es increíble ver personas que no conocés y te dicen: ‘Señora, yo seguí el caso de su hija, permítame que le dé un abrazo y un beso’. Había gente llorando al lado mío. Fue muy emotivo”.
La revista MU realizó una investigación luego del femicidio en su edición 111 (mayo 2017). La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de expuso qué hay detrás de estos crímenes de mujeres. El barrio exigió “que la policía deje de amparar a los delincuentes”. El narcomachismo, la red de impunidad, el rol de la policía, el poder judicial y los medios. Aquí, la investigación completa sobre el caso.
Vencer al miedo: la trama que nos hizo ver el caso Araceli
La impunidad que quedó al descubierto con el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles expone qué hay detrás de estos femicidios. El barrio exige ahora “que la policía deje de amparar a los delincuentes” en un territorio donde el huevo de la serpiente del narcomachismo pudo romperse por la acción de una familia y sus vecinas. ▶ CLAUDIA ACUÑA Y ANABELLA ARRASCAETA
Llueve.
En estos bordes del conurbano eso significa que a la tristeza de las persianas bajas de los negocios quebrados, las siluetas fantasmales de las fábricas bombardeadas por sucesivas décadas de recesión y los baches que surcan las avenidas transitadas por autos destartalados, se suma una humedad helada, penetrante.
Si todo lo que acá duele fuera una serie, estarías viendo los escenarios de la primera temporada de The Killing.
En estos tiempos tremendos, las series tiene la virtud de ordenar en secuencias la violencia. Por eso lo primero que te muestra The Killing es lo que importa: el miedo que le hacen sentir a una mujer transitando los bordes de la ciudad, sola.
Ese miedo es el protagonista de esta historia.
La heroína principal es Araceli Fulles, esa joven de 22 años que todos conocimos por su final, transmitido por todos los medios en directo. Culminaba así la gran lección que nos dejó Araceli: cómo funciona la máquina de la violencia.
Analizarla hoy es una tarea, un aprendizaje y una deuda.
La que tenemos con ella, con su familia y con todas las mujeres.
La injusticia
Llueve.
La ropa y los pies de todas las mujeres están empapados y las lágrimas se mezclan con las gotas densas de la tormenta. Son rostros desfigurados por el dolor, con ojeras de insomnios y miradas desconfiadas.
Están alertas y cansadas y despeinadas.
Siete mujeres están sentadas al lado de una estatua que reproduce en bronce a San Martín, al que por algún motivo -a simple vista inexplicable- le han cruzado cintas de peligro y colocado delante un cartel que anuncia “Informes”. Es lo primero que se ve cuando se ingresa a los tribunales de San Martín, en cuyo hall las cintas de peligro se multiplican, creando una atmósfera como las de esas escenas del crimen que abundan en las series tipo The Killing.
A unos metros de donde están sentadas las siete mujeres, con el San Martín de bronce que grita peligro a sus espaldas, están paradas otras mujeres que acaban de escuchar la sentencia a perpetua para el femicida de Micaela González. No festejan, pero se las ve aliviadas. La abogada Gabriela Konder resume el caso: le rompió la cabeza con un ladrillo en la puerta de su casa, delante de su hijita de dos años y de su hermano de 11. “Fue un caso relativamente fácil de resolver, por suerte, porque se trató de un femicidio parental en la vía pública, no tuvimos que depender de la investigación policial ni judicial para esclarecerlo”.
Pregunto a la abogada qué fue lo que más le impactó del juicio: “Escuchar a los testigos, que describían a la pareja como ´normal´, pero después detallaban que él la agarraba de los pelos o que la denigraba delante de la familia. Esa naturalización de la violencia me impactó”. Se queda unos segundos en silencio y agrega: “Y también cómo se construye el no ver, no escuchar, no meterse. Aquel día, al comenzar a discutir la pareja, los vecinos se dieron vuelta. Literalmente le dieron la espalda. Pero cuando les preguntás por qué, no dicen que es para no meterse, sino porque no quieren ser parte de lo que viene después. ¿Entendés? No confían en la justicia. Y cuando no hay justicia, no hay testigos. Es una cadena”.
En la puerta y bajo la lluvia hay más mujeres con niños en brazos, mojándose. Son integrantes del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el movimiento que acompañó la denuncia del femicidio de Micaela González en el barrio y en tribunales. Están ahí, bajo ese cielo inclemente, que consideran un castigo menor al lado del peligro de impunidad que podían consagrar los jueces si no acompañaban hoy a la familia de una mujer asesinada.
Mientras, el grupo de siete mujeres sigue sentado.
La que me habla ahora es otra mujer, quejándose porque le entregaron un botón antipánico como única protección para evitar las palizas de su pareja. Protesta porque ella trabaja limpiando casas en Capital y el botón deja de funcionar apenas cruza la General Paz. Le acaban de explicar que así funciona: es decir, no tiene el alcance que ella necesita.
¿Y?
Me repite: “Y nada. Así funciona”.
Llueve.
Cuando todas estas mujeres llegaron a estos tribunales eran las 7 de la mañana y había frío, pero no lluvia, así que ahora -que ya es mediodía y la tormenta golpea-, no hay paraguas ni impermeables, sino calzas y buzos de algodón empapados.
Si la historia de este miedo fuera el argumento de una serie, quizá arrancaría con lo sucede después: las siete mujeres empapadas se ponen de pie, frente MU, el único medio que respondió a la convocatoria de su conferencia de prensa. Ante ese solo grabador, la prima de Araceli lee un comunicado solemne. Intentan así desmentir la cantidad desconcertante de falsas noticias que estuvieron circulando esa semana.
Es una conferencia de prensa que le habla a una prensa ausente.
Una vez terminada la lectura del comunicado, la joven prima de Araceli anuncia:
-Ahora pueden hacer preguntas.
¿Qué hipótesis evalúan cuando ya se cumplen 27 días de la desaparición de Araceli?
Nosotras no hacemos hipótesis. Eso es algo que solo hace gente que está sentada en un escritorio y tiene tiempo para perder. Nosotras, desde el primer día, hacemos lo mismo: organizarnos para buscarla.
Así comenzó el peor día del Caso Araceli.
La tierra que traga
Araceli desapareció en San Martín en la madrugada del 1° de abril y durante 27 días su destino fue ocultado por todos: la policía, la justicia y la prensa. Es la trilogía de la impunidad, pero también la santísima tríada que consagra qué, dónde y cuándo vemos lo que vemos.
En la casa de la mamá de Araceli hay una enorme pantalla de televisión que ahora mismo muestra la cara de Jorge Rial con un zócalo que informa sobre el último escándalo mediático. “Le levanté la mano después de que ella me pateó la cara”, dice el zócalo.
La tele está sin sonido, las paredes sin revoque y en la cocina, que también es comedor, hay media docena de hombres que esperan las novedades que traen las mujeres de Tribunales. “Nada”, resume la mamá de Araceli.
Luego uno de sus tres hermanos pone la pava para el mate.
Otro de los hombres se me acerca con una carpeta donde está guardada la denuncia que hicieron en la comisaría por la desaparición de Araceli, aquel día que le mandó el mensaje a su mamá (“andá poniendo la pava que ya voy para allá)” y nunca llegó. Estaba a una cuadra y media, me aclara.
Le pregunto quién es y me responde: “De la Brigada. Estoy viviendo con ellos, compartiendo las 24 horas. Mi trabajo es de contención”, detalla.
Sospecho qué contiene.
En esa cocina comedor está el único y verdadero centro de operaciones de la búsqueda de Araceli.
Ahora mismo están alterados por un llamado que recibieron alertando sobre un posible dato. El hermano mayor de Araceli es el encargado de hacer con ese dato lo que la familia hizo desde el primer día: llevar las pistas recibidas al juzgado y al Comando de Patrullas Comunitarias (CPC), que depende de la municipalidad de San Martín.
Ubiquémonos en ese territorio.
San Martín es el municipio del conurbano en el que viven casi 500 mil personas, 100 mil en asentamientos pobres: hay más de 30, todos sometidos en las últimas décadas al maltrato social y económico, hasta convertirlos en escenarios de las más diversas transas delictivas. Desde el primer día que asumió el gobierno de Mauricio Macri se retiraron de todos esos barrios las fuerzas nacionales –básicamente, Gendarmería- dejando la llamada “seguridad” a cargo de las fuerzas municipales y provinciales, en esta proporción:
- La fuerza policial municipal, llamada Protección Ciudadana, que tiene 200 integrantes, 80 patrulleros y 875 cámaras de seguridad, que se monitorean desde el CPC.
- La Bonaerense, que depende del gobierno provincial, tiene 800 integrantes, y 40 patrulleros, de los cuales funcionan 33.
Durante 27 días ninguna de estas fuerzas y herramientas aportó nada sobre el paradero de Araceli.
Tuvieron que correr, sí, detrás de cada pista que llegaba al 911 o el celular que difundió la familia para encontrarla. Y en este peor día volvieron a correr, empujados por esa llamada que había aportado algo diferente: el dato que la familia estaba esperando.
La red de impunidad
“Estamos rodeados de amarillo”, sintetiza un funcionario municipal para describir la situación política del municipio de San Martín. Para explicar lo que esto significa pone un ejemplo: “La única obra del gobierno nacional anunciada para esta zona es el Metrobus y nos saltea. Viene de la Capital, pero se retoma recién en Tres de Febrero, que es de ellos”. Ellos son el gobierno de Cambiemos, que sortea la obra pública según un reparto colorido: deja en blanco a los municipios opositores.
¿El color político afectó el destino de la búsqueda de Araceli?
¿Es esta interna política el motivo por el cual el gobierno nacional no activó la difusión en los medios de la foto de Araceli ni envió los equipos suficientes y necesarios para encontrarla?
La respuesta del funcionario es otro dato: “El intendente (Gabriel Katopodis) se dio cuenta de que los rastrillajes se hacían sin perros y se tuvo que encargar de conseguirlos. Averiguó que los Bomberos Voluntarios de Punta Alta tenían perros entrenados; los contactó y nos prestaron dos”.
Uno fue el que marcó la casa donde encontraron el cuerpo destrozado de Araceli.
El dato que llegó aquel peor día fue concreto: dónde habían visto a Araceli por última vez.
En una plaza.
Y con qué personas: los hombres que ahora están detenidos.
Ahora ya conocemos varios nombres y quedó expuesta la red que mató e hizo desaparecer a Araceli –diez hombres, tres son policías de la seccional en la que la familia presentó la denuncia de desaparición y de la cual dependía la búsqueda- pero aquel día ese dato confirmó lo que la familia sospechaba desde el primer día: en su desaparición estaban involucrados conocidos del barrio que contaban con un sistema de impunidad territorial, protegidos por la Policía Bonaerense.
Habían logrado, al fin, superar el principal obstáculo.
La no fiscal
La oficina de la fiscal Graciela López Pereyra tiene en su puerta pegado un cartel que proclama: “No estás sola: podemos ayudarte”. Promociona así al Sistema Integral Contra la Violencia de Género. La fiscal no atiende a la prensa. Atiende, sí, a esa policía que le fue marcando el ritmo de la investigación judicial. Así, ninguna de las hipótesis que argumentó la fiscal para definir los esfuerzos de la investigación tuvo asidero. La primera fue la droga, que la llevó a no hacer nada durante los primeros diez días. La segunda, llegó con la conmoción por el femicidio de Micaela García: la de la trata. La tercera fue investigar a la familia. Se activó justo después de que los hermanos de Araceli declararan públicamente: “La policía no quiere encontrarla. Ya saben quién la tiene”.
Todas estas hipótesis de investigación fueron plantadas en la causa por la policía y tuvieron su correspondiente difusión en la prensa.
Los medios presentaron a Araceli primero como una consumidora de drogas duras, a pesar de que nadie que haya visto cómo afecta a los cuerpos la adicción al paco pudiera asociarlo a la imagen de Araceli.
Luego, agitaron el fantasma de la trata, que recorre las tinieblas de la explotación sexual en un país en el que el comercio de cuerpos es cada vez más intenso, abusivo y alentado por factores sociales tan diversos como la destrucción de la autoestima, la falta de horizontes vitales y productivos de las mujeres. El mercado de la explotación sexual hoy no necesita secuestrar esas vidas que ya están presas de sus destinos sociales. Necesita, sí, mantenerlas atadas, con violencia y abusos, a esos miserables destinos. Y para lograrlo cuenta con cómplices privilegiados.
Eso que llaman “trata” es la policía, la justicia y los medios que se alimentan de prostituir mujeres. Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Es la misma máquina abusadora que hizo funcionar la no-búsqueda de Araceli.
Lobo suelto
Cada uno de los días sin Araceli, la familia y sus amigas hicieron funcionar otra máquina, la única capaz de conjurar la impunidad de ese poder. Con los pies y las manos, volantearon cada cuadra del barrio, miraron a los ojos a cada vecino y recorrieron cada casa, desde las mejores hasta las más precarias.
Aquel peor día estaban repartiendo esos volantes cuando llegó la noticia de que habían encontrado el dato que buscaban. En el grupo hay mujeres jóvenes que ya son madres de varios hijos. Su preocupación principal es una siniestra: tienen miedo de que se los roben. Es una preocupación que repite cada una, como si fuera una verdad y no una pesadilla. Lo dicen con convicción y cuentan hasta cómo se organizan para evitar lo peor: hacen cadenas para que siempre haya un adulto acompañando a los hijos a la entrada o salida de la escuela y no los dejan jugar nunca en la calle.
¿De dónde sale ese miedo?
Busco y encuentro.
Hace diez años, en San Martín desapareció Milagros, una nena de 5 años. Nunca apareció. El único sospechoso detenido, quedó libre. La fiscal fue Graciela López Pereyra, la misma del caso Araceli.
En los bordes del conurbano los fantasmas que dan miedo son alertas que hay que tomar siempre en serio. Son memoria de impunidad que advierten: peligro, lobo suelto.
Quizás ahora que el femicida de Araceli logró ser atrapado -por una mujer paraguaya y embarazada, de quien se rio Gendarmería cuando los alertó de la presencia del asesino en el barrio- al fin dejen de acecharnos los fantasmas que reproducen cuentos sobre chicas que estuvieron a punto de ser secuestradas.
Quizás.
Pedagogía de la crueldad
Aquel peor día pasó lo que todos ya sabemos. El cuerpo destrozado de Araceli fue encontrado por un perro que siguió el rastro de su perfume desde la plaza hasta la casa donde estaba enterrada. Su madre me había dicho: “A mi hija no se la tragó la tierra”, pero de la manera más perversa habían querido que eso sucediera.
Sin embargo, tenía razón.
A Araceli no se la había tragado la tierra.
A Araceli se la habían tragado la policía cómplice de sus femicidas, las internas políticas y las operaciones de prensa. El hallazgo de su cuerpo destrozado dejó al descubierto todo eso y mucho más.
¿Qué más?
Si esta historia del miedo fuera una serie, la última escena quizá mostraría el zapping por diferentes pantallas de televisión que exhiben en directo el show del terror.
Es la síntesis perfecta de aquello que la antropóloga Rita Segato describe como “la pedagogía de la crueldad”. Un shock de noticias que, una y otra vez, resaltan lo que ya no es noticia, sino prédica: las mujeres estamos en riesgo.
Es cierto: lo estamos.
Es cierto: las hijas tienen miedo de andar solas por las calles, las madres tienen miedo de que sus hijas anden solas por la calle y las que no son madres, también.
¿Es esa la lección que quieren transmitirnos con el Caso Araceli?
Llueve.
La prima de Araceli estudió Ciencias Políticas. La conocí la mañana de aquel peor día en Tribunales y la vi luego organizar la volanteada al día siguiente, hasta que llegó el momento en que tuvo que irse a la escuela de adultos nocturna donde da clases, allá por el final de la ruta 8, me dijo, antes de subirse la capucha de la campera, cruzarse la cartera al pecho y caminar bajo la tormenta esas largas y desoladas cuadras que la llevaban hasta la parada del colectivo. Antes, me pide:
“Poné que Araceli era muy carismática, que te hacía reír, que era muy compañera. Una dulce, muy. Poné que Araceli estaba buscando qué seguir, qué estudiar, qué le gustaba. Poné que era una piba de 22 años común, muy familiera”.
Pongo.
Pongo también la última frase que me dice al despedirse:
“La sociedad sabe lo mal que trabaja la justicia o cómo los medios manipulan la información. Sabe también que los que tienen un rol social no asumen la responsabilidad que tienen. Sabe además que la desventaja siempre la soportamos las de abajo. Estos casos suceden ya todos los días, pero todos los días tenemos soportar que el sistema empiece de cero. Pero nosotras no empezamos de cero. Cada vez estamos más despiertas, cada vez sabemos más qué hacer”.
Cada vez sabemos más qué hacer, pongo y repito.
Pongo, además, esa última imagen que miro alejarse mientras el cielo truena:
Una mujer joven caminando sola por la calle, con miedo.
Llueve.
Hágase la luz
Tres días después de hacer aparecer el cadáver de Araceli, la familia, las amigas, las vecinas, organizan una marcha para exigir justicia. Ya saben a qué se enfrentan. “Esto recién comienza”, dirá el tío para sintetizar lo que ya saben. “Te tiene que pasar algo así para que te des cuenta, pero está todo a la vista. Ahora no pueden taparlo”. Se refiere a la red que protegió hasta ahora a quienes están involucrados en el femicidio de Araceli. Una trama que va desde el narcotráfico territorial, atraviesa a la Bonaerense y llega a la justicia. Señala, indignado, que Darío Badaracco, el femicida de Araceli, tenía una denuncia por abuso y maltrato de los hijitos de su pareja, que fue archivada.
¿Por quién?
Por la fiscal Graciela López Pereyra, la misma que dejó enredar la búsqueda de Araceli.
“Estamos furiosos y le deseamos a esta gente lo peor, pero sabemos que no es el momento para que pensemos claramente cuál es la mejor manera de terminar con esto”.
Las mujeres del barrio, sin embargo, ya aprendieron cómo comenzar a construir el largo camino que tienen por delante. Trazaron el recorrido de esta marcha para que el punto culminante fuera la plaza donde fue vista por última vez Araceli con vida.
Llevaron hasta allí velas y las encendieron. Convirtieron así en santuario ese negro territorio dominado por los transas del barrio.
Es un mensaje.
La luz de las velas enfrentando la oscuridad con que el poder protege a los delincuentes.
Hay más de quinientas personas acompañándolas y muchas vecinas que salen a la puerta de su casa para aplaudirlas a su paso.
Lograron así, con los pies y las velas, que en esta noche estrellada en la que ya no llueve las mujeres tengan menos miedo.
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Cecilia Basaldúa cumpliría 41 años: marcha al mural el sábado, y el estado de la causa por un femicidio que sigue impune
Este sábado 9 de noviembre a las 17 se realizará una marcha en el barrio porteño de Núñez (Crisólogo Larralde y Grecia) hacia el mural que recuerda a Cecilia, que hoy cumpliría 41 años.
El 25 de abril de 2020 el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. Hacía veinte días que estaba desaparecida, a 800 kilómetros de su casa. Ese recorrido es el que ha tenido que hacer su familia decenas de veces en estos cuatro años y medio, y lo seguirá haciendo mientras no haya verdad y justicia frente a ese crimen. El papelón de un juicio con un falso acusado, y la voz de la familia. Por Anabella Arrascaeta.
“Estamos, como siempre, en la lucha”, dice Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. En el día del cumpleaños de su hija va a pasar la tarde junto a Susana Reyes, mamá de Cecilia y su compañera, en el mural que hicieron con la foto de su hija (que muetra la foto de portada). “Vamos a charlar un poco, van a ir algunos amigos. Estar ahí es recordarla, es estar de alguna manera con ella”.
El próximo sábado 9 de noviembre, a las 17 horas, van a marchar desde Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, en Núñez, hasta ese mural ubicado en las calles Larralde y Grecia.
“Es importante marchar por el barrio porque era su lugar”, explica Daniel, y cuenta: “Lo hacemos todos los años y siempre vienen sus amigos. Era su barrio, era donde ella andaba, aún con todos los viajes que hizo, con todos los lugares por los que anduvo, Cecilia siempre tenía a su barrio presente. Por ejemplo acá cerca, en Platense, enseñaba patín. Ahí también tenía un equipo de hockey. Sus amigos de toda la vida son del barrio, como los míos y los de Susana, que acompañan a la familia. Es una forma de que puedan participar. El tema es no bajonearse y seguir haciendo todo lo necesario para que se conozca la verdad y se haga justicia en serio”.
Historia del crimen
En 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, Cecilia estaba en Argentina después de cuatro años de viajar con su mochila y sus artesanías por toda América Latina. Los primeros días de abril se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. Le había contado a su familia que estaba parando en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El 4 de abril fue la última vez que habló con ellos. Su cuerpo apareció el 25 de ese mes, cerca de un basural de Capilla, luego de 20 días de intensa búsqueda y rastrillajes por toda la zona. Tenía signos de abuso sexual y de estrangulamiento.
Por el femicidio de Cecilia fue detenido e imputado Lucas Bustos, un joven de 24 años. La fiscal fue Paula Kelm llegó a juicio sin pruebas en su contra, y en julio del 2022 el tribunal lo absolvió reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen. Se trataba de lo que en la jerga se define como “perejil”: un inocente cuya acusación encubre a los verdaderos culpables. Después de que la familia tuviese que atravesar todo ese juicio, el femicidio de Cecilia continúa impune.
En aquel momento se ordenó también una nueva instrucción para dar con los responsables del crimen. La causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Finalmente recayó en Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, fiscal que entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.
Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre del año pasado el Fiscal General anunció la designación del fiscal Nelson Lingua.
Dice Daniel: “La causa está orientada nuevamente. Están haciendo cosas que no se hicieron antes. Lo que nunca hizo Paula Kelm lo hizo este fiscal, Nelson Lingua. Está trabajando. Nosotros estamos luchando para saber qué pasó, pero además hacemos estas cosas como marchar tanto en Córdoba y en nuestro barrio, para que a Cecilia no se la olvide, y esto es lo más importante”.
El mural hacia donde marchará el domingo la familia exige en letras negras “verdad y justicia”.
Al lado del rostro de Cecilia se lee: “Vivas nos queremos”.
Y hay una pregunta que a cuatro años de su femicidio la familia no va a dejar de formular, y que todavía está pendiente de respuesta: “¿Qué pasó en Capilla del Monte?”.
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Ley contra el acoso en ámbitos laborales y académicos: ahora a votar
En reunión plenaria y con la firma de todo el arco político menos el oficialismo, el proyecto de ley contra el acoso en ámbitos laborales y académicos quedó listo para ser votado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Cómo y por qué se gestó.
Por Anabella Arrascaeta/ Fotos Lina Etchesuri
El dictamen de la ley impulsado por Periodistas Argentinas para que en la ley de Protección Integral se incluya el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos fue firmado por la mayoria de las fuerzas que integran las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, y quedó así listo para ser tratado en el recinto en búsqueda de la media sanción.
La iniciativa surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas y estudiantes afectadas por Pedro Brieger. A lo largo de una semana, las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos escucharon los relatos de veinticinco mujeres –colegas, alumnas, vecinas– que sufrieron acoso por parte del periodista a lo largo de 30 años. ¿Qué hacemos con todo esto?, fue la pregunta y la propuesta de trabajo que así nació. El primer paso fue elaborar colectivamente el informe “La cultura del acoso: punto y aparte” que resume los testimonios -revelando la compleja dimensión del acoso- y desnudando las responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias. Como conclusión el informe – presentado en el Senado de la Nación- evidenciaron que existen leyes para penalizar el acoso callejero, pero no para aquellos que se producen en el ámbito laboral y académico: esa es la gran deuda que el informe de Periodistas Argentinas propuso saldar y para eso se pusieron a elaborar un proyecto de ley.
Luego de esa presentación fueron invitadas a exponer en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Unión por la Patria), a donde presentaron el proyecto. “No estamos acá para una selfie, sino para proponerles organizar un grupo de trabajo que construya las herramientas que necesitamos para poder trabajar sin sufrir estas violencias”, sintetizó ese día la periodista Claudia Acuña, fundadora de Cooperativa lavaca. Así fue: en esa reunión la diputada Silvana Giudici (PRO), invitó a todas las integrantes de la comisión a firmar una declaración para expresar el repudio a los hechos denunciados, y así se construía la transversalidad que marcó el camino legislativo.
Tres meses después de publicado el informe, Periodistas Argentinas presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que propone modificar la Ley de violencia contra las mujeres (26.485), incorporando en un nuevo inciso el acoso sexual en contextos laborales y académicos, tipificando esta violencia como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. El proyecto fue ingresado por Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y firmado por representantes de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, UCR, Frente de Izquierda, PRO y Coalición Cívica.
Un mes después, las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Laboral convocaron a una reunión plenaria para firmar dictámen, que obtuvo 34 firmas: todo el arco político, excepto el oficialismo de la Libertad Avanza, quien no suele participar de las reuniones de comisión.
“Hoy, acá, estamos tratando de ponerle calma a mucho dolor. Es inconmensurable el paso que se está dando, y por más que haya convenios de todo tipo esos convenios son el techo y acá le estamos poniendo un piso real y concreto a situación que cualquiera de nosotras puede describir”, celebró la periodista Nancy Pazos luego de concretarse el dictámen. A su lado estaba la periodista Agustina Kampfer, que en el año 2010 expresó públicamente en un programa de televisión que el periodista Pedro Brieger, flamante ganador del premio Martín Fierro, era “un acosador”. Fue la primera en hacerlo, en ese momento nadie la escuchó. Dijo hoy Kampfer: “En Periodistas Argentinas somos un colectivo que lo que está demostrando es que para lograr las cosas la lucha es colectiva. No tengo dudas de que quienes están acá han sufrido situaciones de acosos, sé que lo están haciendo de un lugar no operativo, sino que también de protagonistas”.
La diputada Mónica Macha encabeza la comisión de Mujeres y Diversidad, que junto a la de Legislación Laboral (presidida por Martín Tetaz) firmaron el dictamen por unanimidad.
Las voces en el Congreso
La reunión estuvo presidida por las autoridades de las comisiones de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (UxP); y de Legislación Laboral, Martin Tetaz (UCR), que dieron la palabra a diputados y diputadas de distintos bloques que acompañaron la iniciativa.
“Este agregado resulta necesario, va a significar un nuevo avance, y sobre todo va a ser justicia. Falta mucho para que en el ámbito laboral los derechos de hombres y mujeres sean iguales”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky, además Secretario General de la CTA.
La diputada Natalia Sarapuba (UCR), expresó que “la violencia es transversal, y en algunos ámbitos se expresa con mayor contundencia”, por lo que “desde las mujeres radicales sentimos que la firma de esta dictamen es una muestra de que vamos a defender los derechos de las mujeres, y vamos a construir una agenda que tenga consensos y ponga estos derechos como prioridad”. La diputada Silvina Giudici (PRO) también hizo foco en el logro de consensuar en un tema tan importante: “Me parece central que sigamos por este camino, muchas veces con obstáculos, que significa defender los derechos de las mujeres”.
Nancy Pazos, de Periodistas Argentinas durante el encuentro en Diputados.
La diputada Julia Strada (UxP) mostró datos oficiales del ex Ministerio de Trabajo sobre las medidas que impulsan las empresas para la equidad. Específicamente sobre el acoso laboral comentó: “el 70,4% de las empresas dijo que en los últimos 5 años no hizo nada para la prevención. Los datos indican que hay una falta de provisión de herramientas que es importante incorporar”.
El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) informó que espera que se trate antes de fin de año en el recinto. Lo mismo dijo el diputado Sergio Capozzi del PRO. Ese es el próximo paso.
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Octubre con 18 femicidios, 2 travesticidios y 20 intentos de asesinato: datos actualizados del Observatorio Lucía Pérez sobre la violencia patriarcal
Mientras se celebraba el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Salvador de Jujuy, la propia provincia se conmocionó ante la noticia del femicidio de Natividad Cañizares, de 68 años. Fue el 12 de octubre. Cuando la multitud se preparaba para marchar desde las afueras hacia el centro de San Salvador de Jujuy, llegó la noticia de que Natividad había sido apuñalada por su ex pareja, un ex policía que fue detenido por los propios vecinos. Natividad ya había denunciado sin éxito el peligro en el que se encontraba. Ella vivía a cuatro cuadras de Florencia la casa de Florencia Sayes, asesinada en ese mismo barrio el mes anterior por su pareja. Florencia tenía una hija.
El contexto del que el Estado no parece hacerse cargo a fondo: el Observatorio Lucía Pérez registró en lo que va del año 158 huerfanxs por femicidios.
En lo que va del año el Observatorio, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 254 femicidios y travesticidios en todo el país. Es decir 254 crímenes en los 306 días que lleva este año transcurridos.
Tomando solamente octubre, en el mes se registraron 18 femicidios en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Salta y Tucumán; y 2 travesticidios, ambos en la provincia de Buenos Aires. Y hubo 24 intentos de femicidio, lo que da cuenta de la violencia más que cotidiana que sufren las mujeres.
Pero los crímenes van más más allá: durante 2024 ya fueron asesinadas en el marco de esos femicidios, 20 infancias. En octubre, por ejemplo, fue asesinada Mía Morena Zapata, tenía 16 años, y vivía en González Catán, ciudad bonaerense. El dato eleva la cifra de muertes hasta hoy por estos crímenes a 274.
Otro dato estremecedor. Contando los 20 intentos de femicidio de octubre, el total anual hasta ahora se eleva a 213 tentativas de asesinato.
Un tema que no aparece en las agendas mediáticas, políticas, o judiciales: en 2024 se produjeron 84 desapariciones de mujeres en plena democracia, sin que el Estado, las policías o el poder judicial hayan logrado una respuesta sobre el destino de esas personas.
En el mes que culminó continuó la movilización social exigiendo justicia y un freno a laviolencia y la impunidad. Se organizaron 19 movilizaciones, lo que implica que durante el año ya hubo 268 marchas y reclamos en la calle contra la violencia patriarcal en todo el país.
Por otra parte, el número de funcionarios denunciados por distintas formas de violencia de género asciende a 568.
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Toda la información producida es de público y libre acceso en www.observatorioluciaperez.org
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