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Un astillero recuperado: cuando emerge el Titanic

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El astillero SANYM, en la Isla Maciel, está desde hace unos meses en manos de la cooperativa de trabajadores Almirante Brown, que ha logrado reflotarlo y darle un horizonte productivo. El principal impulsor de la cooperativa fue, a la vez, protagonista de una historia increíble durante el período más tenebroso del país. Cómo se enlazan pasado, presente y futuro, en una charla sobre la vida y la política junto al Riachuelo.

La conversación es un oficio sorprendente.

En la Isla Maciel, junto al denso líquido que forma el Riachuelo, las autopistas que lo cruzan, las barcazas que se le atreven, y las grúas que parecen dinosaurios muertos de pie, la charla fluía con respecto a la cooperativa Almirante Brown, que recuperó un astillero fundido y en seis meses logró pasar de 48 a 62 trabajadores.

Pero de pronto el relato sobre luchas obreras en los astilleros se enlazó con la vida de película (de película de terror, al menos en parte) de don César González, 64 años, víctima de lo peor de la historia argentina, pero protagonista también de este tipo de experiencias que acaso formen parte de lo mejor.

El caso del astillero no tiene los componentes escénicos de otras luchas por la recuperación de fábricas. Aquí no hay pequeños partidos con sus grandes banderas, no hubo una resistencia heroica, policías ominosos, ni patronales delictivas, hasta ahora.

El visitante debe bajar el viejo puente que une La Boca con Avellaneda. Una estación de servicio es el punto de encuentro para que algún integrante de la cooperativa sea guía y salvoconducto en la Isla Maciel, a la que se llega eludiendo pilares de autopistas y transitando calles que los productoes de Hollywood deberían conocer para rodar escenas de crímenes, persecusiones y suspenso en zonas portuarias: sin chauvinismo, este paisaje es mucho más inquietante.

Un error de cálculo, pasarse una cuadra o desembocar en una calle incierta, puede significar estar en tierra de nadie, según los propios habitantes de la zona. Tierra de nadie significa ser asaltado, o cosas peores, según los mismos voceros. Una de las calles que llega al astillero parece propiedad de una “conteinera”, como llaman a la empresa dedicada a carga y descarga de containers Expolgan, que detiene camiones y los revisa interrumpiendo el tránsito sin miramientos, y que ha cortado incluso toda la calle Juan Díaz de Solis que bordea al Riachuelo (suele suponerse que las calles son públicas). Afortunadamente los señores de Expolgan no han decidido aún cobrar peaje o pedir documentos, en este país tan extraño.

El astillero Almirante Brown ocupa 36.000 metros cuadrados. Hay galpones infinitos para fabricar naves, hay cadenas gigantescas con eslabones desmesurados, hay un varadero para las reparaciones al que se arrastran con las cadenas los barcos extraídos del agua, y hay un paisaje de engañosa mansedumbre y agua pastosa que lame los barcos viejos y las grúas muertas. A lo alto se ven los autos que vuelan por las autopistas y los puentes sobre el Riachuelo.

Del otro lado hay una isla llamada Buenos Aires.

El astillero SANYM trabajó durante unos 30 años hasta que en julio del 2001 se transformó en una nueva víctima del modelo económico. Menem lo hizo. Sus galpones tienen cuatro naves y puentes grúas de 10 y 15 toneladas, grúas móviles de hasta 90 toneladas, un muelle de 120 metros y el varadero para embarcaciones de hasta 600 toneladas y 110 metros de largo (o de eslora, en la jerga del oficio). No sólo tiene capacidad para reparar a nuevo cualquier artefacto flotante que se ponga allí, sino que los galpones son para la construcción de barcos.

Todo esto se fue hundiendo como un Titanic que chocó contra el témpano económico que congeló y averió a tantas industrias. El dogma del uno a uno cambiario convirtió a la Argentina en uno de los países más caros del mundo, y cualquier compañía naviera prefería hacer sus reparaciones o sus pedidos en otros países más razonables.

El presidente de la cooperativa, Horacio Rodríguez (31 años) cuenta que hubo un intento del fundador y propietario, Raúl Poetti, quien consiguió obras como la de los “puentes rojos” que permitieron ensanchar la General Paz, de Buenos Aires, y los puentes giratorios de Puerto Madero. Pero lo hizo gracias a presupuestarlas a precios tan bajos, que no pudo mantener el esquema de la compañía, y se endeudó para poder cumplir con las obras. Al menemismo le sucedió la etapa de catalepsia conducida por Fernando de la Rúa. El 17 de julio del 2001 los 120 obreros del astillero recibieron sus telegramas de despido.

Venían cobrando sus sueldos, cobraron de a poco sus indemnizaciones y empezaron a buscar otros trabajos. Algunos pudieron engancharse en las empresas de las que SANYM era proveedora. Pero la mayoría quedó rondando Dock Sud, Isla Maciel, y las calles de Avellaneda, sin respuestas sobre su propio destino.

Horacio, que era delegado gremial, se había comprado una bicicleta para ir y volver al astillero sin gastar dinero en dos colectivos. Sus hijos tienen 6 y 4 años. Fue uno de los que quedó sin encontrar trabajo. Había comenzado como peón, en el escalón inicial del astillero, pero ya había pasado a calderería, oficio de mayor rango y prestigio.

Del lado de afuera de la verja quedó también el otro delegado, César González, con su experiencia de sesentón y sindicalista de toda la vida, sus ojos achinados tras los anteojos, y con una idea proferida con calma y rapidez: “Tenemos que hacer una cooperativa”.

No fue demasiado escuchado en aquel momento. Un año largo después, en septiembre del 2002, González seguía repitiendo su consejo, pero había algo diferente: la paridad cambiaria rota, lo que permitía pensar en el proyecto del astillero como algo más que un sueño loco. Fueron 14 los obreros que se reunieron en una plaza de Camino General Belgrano y Pasco, en Ezpeleta. Se propusieron intentar la cooperativa. Hablaron con uno de los abogados especializados en el tema, el doctor Luis Caro. Colaboró el Sindicato Argentino de Obreros Navales, SAON. Hablaron también con el intendente de Avellaneda, se abrieron algunos contactos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el ministerio de la Producción.

Se redondeó una idea: ofrecerle al propietario alquilar el astillero. Dice Rodríguez: “Poetti aceptó, dándonos 6 meses de gracia. Después, nos cobraría mensualmente el 5 % de lo que facturáramos”. ¿Por qué tanta generosidad? Dos hipótesis de Rodríguez: “Una es que me parece que quiere todo esto, y que no se resigna a verlo cerrado. Cada tanto viene y se toma un cafecito, charla un rato. La otra es que puede suponer que si esto se reactiva a él lo beneficie y en algún momento pueda recuperarlo o venderlo”. Oscar Selser, otro integrante de la cooperativa, agrega: “Ojo, que al poco tiempo de alquilarnos el astillero, llegó la quiebra. Son 4 millones de dólares. Podría pasar que alguien compre la quiebra para quedarse con todo”.

En cualquier caso, toda variante que no tenga en cuenta a los integrantes de la cooperativa tiene un final que anuncian sin alardear: “Conflicto”.

Sin embargo, hasta ahora esa palabra no figura en el diccionario de este caso. “No fue dura la lucha, más bien lo contrario. Había contrato de alquiler, nos formamos como cooperativa, empezamos a tener bastante trabajo, primero con dos pesqueros marplatenses, y a partir de ahí nos está yendo bastante bien” dice Rodríguez. Actualmente son 62 los integrantes de la cooperativa, contra 48 que había en diciembre del 2002 cuando reingresaron al astillero. Cada uno gana entre 800 y 1.000 pesos o poco más, según el mes. “Estamos al revés que Brukman, ahí hay conflicto, acá no” dice Rodríguez, frase que pronuncia sin tono alguno, como un dato.

¿Por qué César González insistió tanto con la cooperativa? Con la sonrisa del que hace una travesura, dice: “Por viejo. Había experiencia de otras cooperativas y yo venía de una vieja escuela. En la industria naval no es nuevo el cooperativismo. Se intentó siempre. A veces fue exitoso. Hubo una cooperativa acá en la Ribera, La Unión, que llegó a tener 300 operarios. En los tiempos de los milicos, fueron cayendo, hubo persecusiones, y también coacción de empresarios reaccionarios, digamos”.

César dice que esa experiencia fue importante “por la solidaridad, incluso con gente militante despedida de sus trabajos, o que estuvieron presos”. César aclara que no estuvo en La Unión. Era secretario de organización y de asuntos gremiales del SAON, pero tras el golpe de Estado de 1976 el sindicato fue intervenido. César volvió a su puesto en el astillero Príncipe, Menchi y Penco.

Allí trabajaba con el padre de Horacio Rodríguez, el actual presidente de la Amirante Brown, que escucha el relato de César con un silencio tenso.

Una madrugada, cree que el 19 de septiembre de 1976, unos autos se detuvieron frente a la casa de César González, en Ezpeleta. Tenía dos hijos de 5 y 3 años. Iban al jardín de infantes. En 1975 había quedado viudo. En la casa vivía su cuñada, que cuidaba los niños. César cree que los que llegaron estaban de civil, y algunos de fajina. Hubo golpes en la puerta, también lo golpearon a él, comieron las frutas que había en la heladera, le usaron una valijas para llenarla de todo lo que podían robarse, le birlaron hasta un monedero, y lo arrastraron hasta la camioneta.

Esa madrugada se convirtió en un desaparecido.

¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? “Poco” contesta. “Unos 25 días”, dice con el estilo nada quejoso del que sabe que al menos está vivo para contarlo. Presume que lo capturó la Armada, y lo depositaron en un centro clandestino de la policía bonaerense. “Debía ser la montada de Wilde, por algunos datos que fui conociendo”.

¿Qué pasó en esas semanas de secuestro? César, sin cambiar nunca el tono sereno de su relato, dice que no lo torturaban todos los días. “Me habrán torturado unas cinco o seis veces. Te desnudaban, te ataban, te ponían la picana eléctrica en las orejas, en el torso, en los testículos, todo. Pero no solo a mí: a todos”. Lo aclara como quien no quiere agrandar su propio padecimiento.

Algunas veces los captores de González tenían brotes creativos: “Una vez me hicieron sentar sobre unos papeles que estaban embebidos en nafta. El milico prendía un encendedor. ¿Querés fumar? Me decía. Yo le dije ‘no fumo’. ‘Mentira’ me contestó, ‘si en tu mesa de luz había un atado de cigarrillos’. Yo le dije: sí, pero ya dejé”. González lo cuenta sonriendo. A la distancia resulta casi una anécdota simpática, aunque no ha olvidado el olor del combustible, y la sensación de ver cerca aquella llama.

Mirando hacia uno de los galpones del astillero, César dice que le causó mucha impresión que en el espacio de 1×2 en el que lo habían depositado con otras dos personas, vendadas como él, arrojaran muertos. Se corrige: “Muertos no. Tipos agonizantes. A mí me tiraron a un viejo que antes había estado conversando conmigo. Querían que dijera dónde estaban sus hijos. Él decía que no sabía. Lo apretaron toda la noche. A la mañana lo tiraron en mi sucucho. Y murió al lado mío, el hombre”.

La situación permanente era el griterío, por los tormentos. Todo el día, en distintos turnos. “Era una fábrica de tortura” dice César, acuñando una definición perfecta. A lo sumo había un par de horas de descanso algunas mañanas, pero luego el griterío se reiniciaba. “Ahí varios los torturaron hasta matarlos. Pero a veces pedían médico: a algunos los querían vivos”. ¿Qué preguntaban? “Si conocés a tal o a cual. Esas cosas”.

La comida era intragable, dice. “Una especie de afrecho de maíz de polenta crudo. Aunque tuvieras hambre te daba asco, ganas de vomitar”. Una noche les alcanzaron ese engrudo. “Pero el policía dijo por otro tipo que estaba ahí: ‘a ese no le den’. No me acuerdo qué palabras usó, pero dio a entender que al tipo lo iban a matar. Todavía me acuerdo que el milico dijo eso, y yo lo escuché al tipo tragar la saliva”.

César González ya no mira por la ventana hacia el galpón, sino de frente, de pie y con las manos en los bolsillos. El astillero dejó de existir. Recuerda particularmente dos situaciones.

Una:

“Hubo una noche que trajeron a unas diez personas, las bajaron a las patadas las torturaron toda la noche. Ahí estabas, pared de por medio, escuchabas todo. Los mataron torturándolos. Después los agarraron como a bolsas y los tiraban arriba de una camioneta. Fue la noche más espantosa de mi vida”.

Dos:

“Yo estaba solo en el sucucho, y un día meten a una piba desnuda. Tendría 17, 18 años. Yo estaba con la venda, pero era de una tela que algo veías. Le pregunté bajito qué le había pasado. Me dijo que tenía una amiga militante, pero se la llevaron a ella. La madre la regañaba por esos amigos. Me contó que la metieron en el baúl de un auto, la sacaron, la pusieron en el asiento de atrás, y la violaron 6 ó 7 milicos. Me dijo ‘a mí me van a soltar, porque yo no ando en nada, no tengo nada que ver’. Pero a mí había algo que me llamó mucho la atención: no tenía capucha. Y ahí, cuando no tenés capucha, estás listo” dice González, sin un gesto.

Al día siguiente se llevaron a la chica. Al rato un policía se acercó con tono cómplice al sucucho: “¿No te la cogiste?”. González balbuceó una negativa. El policía dijo: “Sos un boludo, ya no existe más”.

César dice: “Nunca me pude acordar de cómo se llamaba esa chica. Todavía me arrepiento porque podía salir algún dato. Pero nunca me pude acordar”.

César González cree que está vivo por la intervención del entonces embajador alemán, y también del obispo de Quilmes, Antonio Quarracino, influido a su vez por la democracia cristiana alemana. “Resulta que había estado en Alemania, invitado como sindicalista para conocer empresas cooperativas y con sistemas de gestión diferentes, con más control obrero”. Tales gestiones, ante los propios marinos, parecen haber logrado la liberación, que se efectivizó a orillas del arroyo Sarandí.

“Conmigo había caído el secretario del gremio y diputado nacional Ricardo De Luca. Quedó mal, pobre, muy afectado. No quedó claro en sus cosas. Hace tiempo que no lo veo, pero estaba mal, se olvida mucho, dice cosas incoherentes. Y otro delegado, Estanislao Vallejo, tuvo hemiplejía. Por lo menos mentalmente no quedó mal. Yo no sé si quedé mal o bien. Pero quedé”.

Don César tiene necesidad de aclarar que él no era guerrillero. “Me peleaba con los del ERP y tenía parientes de los Montoneros, pero yo les decía que nos iban a hacer mierda a todos. ‘Van a hacer pelota todo un movimiento revolucionario porque no estamos en condiciones de hacerles frente’. Y así fue. No había lógica en lo que hacían. Yo estaba en lo gremial, lo de las cooperativas, teníamos la posibilidad de ir avanzando en nuestras reivindicaciones y en las luchas. Esto no era Cuba, para hacer desde abajo una revolución”.

César volvió del arroyo Sarandí a su casa, al tiempo lo intimaron a volver al trabajo en el astillero. Volvió. Al tiempo un compañero le recomendó irse de allí. “Te van a matar” le informó con una certeza que fue convincente para González. Marchó a Corrientes, y allí se incorporó a una cooperativa, llamada también Almiratne Brown, en la que trabajó hasta entrada la democracia.

Tal vez por eso mismo, estar trabajando en Corrientes, su historia jamás fue contada ante el periodismo, ni figura en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Siguió el juicio a las juntas militares. “Una alegría indescriptible fue eso”.

El astillero para el que trabajaba la cooperativa se fundió, y don César volvió a Buenos Aires, y a su viejo sindicato, como responsable de la obra social.

La administración Alfonsín comenzó el declive de la industria, según lo ha vivido don César, y liquidó lo que quedaba. “Es que Menem tenía el mismo plan que los militares con Martínez de Hoz y Alsogaray. Son todos lo mismo. Todos muy meticulosamente cuidados por los americanos. Lo que no hicieron con los militares, lo hicieron buscando a éste”. Don César se siente peronista de toda la vida, “aunque te confieso que con muchas preguntas, sobre qué significa ser o no ser” susurra, con lo que bien podría ser una corriente política mayoritaria en la Argentina: el hamletismo.

Reaparecen el astillero, el Riachuelo, el futuro. Don César dice que le ve porvenir al astillero, si es que el país logra reactivarse. Horacio Rodríguez, a quien trata como a un hijo, comenta que están por cerrar un negocio con una mina colombiana, donde un argentino descubrió que podrían abaratar costos cargando carbón en barcazas en lugar de utilizar cientos de pequeños camiones por los desfiladeros de las montañas. La construcción de las barcazas podría representar unos 900.000 dólares.

Don César dice que, de lo que tiene dudas, es de que el establishment económico deje crecer el proceso de recuperación de fábricas y empresas. “Acá no cambió el modelo, sigue habiendo mucha cosa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y van a querer cortar esto. Habrá que ver qué hacen los que gobiernan. Y también habrá que ver qué hacemos los trabajadores” dice achinando los ojos con una sonrisa.

Su teoría es que el modelo neoconservador no ha logrado nada productivo. “Y acá se está demostrando que nosotros también sabemos hacer las cosas. Hasta hubo compañeros que trababan en otros lugares y se vinieron aquí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre acá se siente más libre y más creativo”. ¿Por qué? “Porque nadie lo presiona, se presiona él mismo para hacer las cosas bien. Y creativo porque antes si faltaba algo, algún material, el hombre se sentaba a esperar a que se lo trajeran. Ahora en cambio lo fabricamos nosotros mismos. Falta un caño, una pieza, nos ponemos a ver cómo la reemplazamos sin comprarla. Es lindo eso, hay una cosa de reglas de arte”.

¿Qué necesitan? El permiso para el uso de las tierras, que también son pretendidas por el gigantesco vecino Expolgan que, de obtenerlas, obtendría un muelle más cómodo. Necesitan también acceso a créditos razonables, para la compra de materiales. Necesitan que el senado bonaerense ratifique la media sanción de diputados, de expropiación de los bienes muebles. Y más que nada necesitan que los dejen tranquilos, trabajando, sin impedimentos.

Don César considera que solidaridad es lo siguiente: “Eramos 40, ahora somos 60, y podemos llegar a ser 400. Todos viviendo y ganando más o menos bien”.

Me muestra unas chapas, y cómo las convierten en piezas navieras. “¿Ve? Con estas cosas, cuando nos quedamos sin nada, inventamos soluciones nuevas”.

Después de pronunciar tal programa político y social, el hombre se mete las manos en los bolsillos, y le da la espalda al Riachuelo. Con su cortesía de otro siglo, pide disculpas por interrumpir el sorprendente oficio de la conversación.

Hay una razón que los lectores -a esta altura- sabrán valorar en todo su significado: don César debe irse a trabajar.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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