Nota
Un astillero recuperado: cuando emerge el Titanic
El astillero SANYM, en la Isla Maciel, está desde hace unos meses en manos de la cooperativa de trabajadores Almirante Brown, que ha logrado reflotarlo y darle un horizonte productivo. El principal impulsor de la cooperativa fue, a la vez, protagonista de una historia increíble durante el período más tenebroso del país. Cómo se enlazan pasado, presente y futuro, en una charla sobre la vida y la política junto al Riachuelo.
La conversación es un oficio sorprendente.
En la Isla Maciel, junto al denso líquido que forma el Riachuelo, las autopistas que lo cruzan, las barcazas que se le atreven, y las grúas que parecen dinosaurios muertos de pie, la charla fluía con respecto a la cooperativa Almirante Brown, que recuperó un astillero fundido y en seis meses logró pasar de 48 a 62 trabajadores.
Pero de pronto el relato sobre luchas obreras en los astilleros se enlazó con la vida de película (de película de terror, al menos en parte) de don César González, 64 años, víctima de lo peor de la historia argentina, pero protagonista también de este tipo de experiencias que acaso formen parte de lo mejor.
El caso del astillero no tiene los componentes escénicos de otras luchas por la recuperación de fábricas. Aquí no hay pequeños partidos con sus grandes banderas, no hubo una resistencia heroica, policías ominosos, ni patronales delictivas, hasta ahora.
El visitante debe bajar el viejo puente que une La Boca con Avellaneda. Una estación de servicio es el punto de encuentro para que algún integrante de la cooperativa sea guía y salvoconducto en la Isla Maciel, a la que se llega eludiendo pilares de autopistas y transitando calles que los productoes de Hollywood deberían conocer para rodar escenas de crímenes, persecusiones y suspenso en zonas portuarias: sin chauvinismo, este paisaje es mucho más inquietante.
Un error de cálculo, pasarse una cuadra o desembocar en una calle incierta, puede significar estar en tierra de nadie, según los propios habitantes de la zona. Tierra de nadie significa ser asaltado, o cosas peores, según los mismos voceros. Una de las calles que llega al astillero parece propiedad de una «conteinera», como llaman a la empresa dedicada a carga y descarga de containers Expolgan, que detiene camiones y los revisa interrumpiendo el tránsito sin miramientos, y que ha cortado incluso toda la calle Juan Díaz de Solis que bordea al Riachuelo (suele suponerse que las calles son públicas). Afortunadamente los señores de Expolgan no han decidido aún cobrar peaje o pedir documentos, en este país tan extraño.
El astillero Almirante Brown ocupa 36.000 metros cuadrados. Hay galpones infinitos para fabricar naves, hay cadenas gigantescas con eslabones desmesurados, hay un varadero para las reparaciones al que se arrastran con las cadenas los barcos extraídos del agua, y hay un paisaje de engañosa mansedumbre y agua pastosa que lame los barcos viejos y las grúas muertas. A lo alto se ven los autos que vuelan por las autopistas y los puentes sobre el Riachuelo.
Del otro lado hay una isla llamada Buenos Aires.
El astillero SANYM trabajó durante unos 30 años hasta que en julio del 2001 se transformó en una nueva víctima del modelo económico. Menem lo hizo. Sus galpones tienen cuatro naves y puentes grúas de 10 y 15 toneladas, grúas móviles de hasta 90 toneladas, un muelle de 120 metros y el varadero para embarcaciones de hasta 600 toneladas y 110 metros de largo (o de eslora, en la jerga del oficio). No sólo tiene capacidad para reparar a nuevo cualquier artefacto flotante que se ponga allí, sino que los galpones son para la construcción de barcos.
Todo esto se fue hundiendo como un Titanic que chocó contra el témpano económico que congeló y averió a tantas industrias. El dogma del uno a uno cambiario convirtió a la Argentina en uno de los países más caros del mundo, y cualquier compañía naviera prefería hacer sus reparaciones o sus pedidos en otros países más razonables.
El presidente de la cooperativa, Horacio Rodríguez (31 años) cuenta que hubo un intento del fundador y propietario, Raúl Poetti, quien consiguió obras como la de los «puentes rojos» que permitieron ensanchar la General Paz, de Buenos Aires, y los puentes giratorios de Puerto Madero. Pero lo hizo gracias a presupuestarlas a precios tan bajos, que no pudo mantener el esquema de la compañía, y se endeudó para poder cumplir con las obras. Al menemismo le sucedió la etapa de catalepsia conducida por Fernando de la Rúa. El 17 de julio del 2001 los 120 obreros del astillero recibieron sus telegramas de despido.
Venían cobrando sus sueldos, cobraron de a poco sus indemnizaciones y empezaron a buscar otros trabajos. Algunos pudieron engancharse en las empresas de las que SANYM era proveedora. Pero la mayoría quedó rondando Dock Sud, Isla Maciel, y las calles de Avellaneda, sin respuestas sobre su propio destino.
Horacio, que era delegado gremial, se había comprado una bicicleta para ir y volver al astillero sin gastar dinero en dos colectivos. Sus hijos tienen 6 y 4 años. Fue uno de los que quedó sin encontrar trabajo. Había comenzado como peón, en el escalón inicial del astillero, pero ya había pasado a calderería, oficio de mayor rango y prestigio.
Del lado de afuera de la verja quedó también el otro delegado, César González, con su experiencia de sesentón y sindicalista de toda la vida, sus ojos achinados tras los anteojos, y con una idea proferida con calma y rapidez: «Tenemos que hacer una cooperativa».
No fue demasiado escuchado en aquel momento. Un año largo después, en septiembre del 2002, González seguía repitiendo su consejo, pero había algo diferente: la paridad cambiaria rota, lo que permitía pensar en el proyecto del astillero como algo más que un sueño loco. Fueron 14 los obreros que se reunieron en una plaza de Camino General Belgrano y Pasco, en Ezpeleta. Se propusieron intentar la cooperativa. Hablaron con uno de los abogados especializados en el tema, el doctor Luis Caro. Colaboró el Sindicato Argentino de Obreros Navales, SAON. Hablaron también con el intendente de Avellaneda, se abrieron algunos contactos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el ministerio de la Producción.
Se redondeó una idea: ofrecerle al propietario alquilar el astillero. Dice Rodríguez: «Poetti aceptó, dándonos 6 meses de gracia. Después, nos cobraría mensualmente el 5 % de lo que facturáramos». ¿Por qué tanta generosidad? Dos hipótesis de Rodríguez: «Una es que me parece que quiere todo esto, y que no se resigna a verlo cerrado. Cada tanto viene y se toma un cafecito, charla un rato. La otra es que puede suponer que si esto se reactiva a él lo beneficie y en algún momento pueda recuperarlo o venderlo». Oscar Selser, otro integrante de la cooperativa, agrega: «Ojo, que al poco tiempo de alquilarnos el astillero, llegó la quiebra. Son 4 millones de dólares. Podría pasar que alguien compre la quiebra para quedarse con todo».
En cualquier caso, toda variante que no tenga en cuenta a los integrantes de la cooperativa tiene un final que anuncian sin alardear: «Conflicto».
Sin embargo, hasta ahora esa palabra no figura en el diccionario de este caso. «No fue dura la lucha, más bien lo contrario. Había contrato de alquiler, nos formamos como cooperativa, empezamos a tener bastante trabajo, primero con dos pesqueros marplatenses, y a partir de ahí nos está yendo bastante bien» dice Rodríguez. Actualmente son 62 los integrantes de la cooperativa, contra 48 que había en diciembre del 2002 cuando reingresaron al astillero. Cada uno gana entre 800 y 1.000 pesos o poco más, según el mes. «Estamos al revés que Brukman, ahí hay conflicto, acá no» dice Rodríguez, frase que pronuncia sin tono alguno, como un dato.
¿Por qué César González insistió tanto con la cooperativa? Con la sonrisa del que hace una travesura, dice: «Por viejo. Había experiencia de otras cooperativas y yo venía de una vieja escuela. En la industria naval no es nuevo el cooperativismo. Se intentó siempre. A veces fue exitoso. Hubo una cooperativa acá en la Ribera, La Unión, que llegó a tener 300 operarios. En los tiempos de los milicos, fueron cayendo, hubo persecusiones, y también coacción de empresarios reaccionarios, digamos».
César dice que esa experiencia fue importante «por la solidaridad, incluso con gente militante despedida de sus trabajos, o que estuvieron presos». César aclara que no estuvo en La Unión. Era secretario de organización y de asuntos gremiales del SAON, pero tras el golpe de Estado de 1976 el sindicato fue intervenido. César volvió a su puesto en el astillero Príncipe, Menchi y Penco.
Allí trabajaba con el padre de Horacio Rodríguez, el actual presidente de la Amirante Brown, que escucha el relato de César con un silencio tenso.
Una madrugada, cree que el 19 de septiembre de 1976, unos autos se detuvieron frente a la casa de César González, en Ezpeleta. Tenía dos hijos de 5 y 3 años. Iban al jardín de infantes. En 1975 había quedado viudo. En la casa vivía su cuñada, que cuidaba los niños. César cree que los que llegaron estaban de civil, y algunos de fajina. Hubo golpes en la puerta, también lo golpearon a él, comieron las frutas que había en la heladera, le usaron una valijas para llenarla de todo lo que podían robarse, le birlaron hasta un monedero, y lo arrastraron hasta la camioneta.
Esa madrugada se convirtió en un desaparecido.
¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido? «Poco» contesta. «Unos 25 días», dice con el estilo nada quejoso del que sabe que al menos está vivo para contarlo. Presume que lo capturó la Armada, y lo depositaron en un centro clandestino de la policía bonaerense. «Debía ser la montada de Wilde, por algunos datos que fui conociendo».
¿Qué pasó en esas semanas de secuestro? César, sin cambiar nunca el tono sereno de su relato, dice que no lo torturaban todos los días. «Me habrán torturado unas cinco o seis veces. Te desnudaban, te ataban, te ponían la picana eléctrica en las orejas, en el torso, en los testículos, todo. Pero no solo a mí: a todos». Lo aclara como quien no quiere agrandar su propio padecimiento.
Algunas veces los captores de González tenían brotes creativos: «Una vez me hicieron sentar sobre unos papeles que estaban embebidos en nafta. El milico prendía un encendedor. ¿Querés fumar? Me decía. Yo le dije ‘no fumo’. ‘Mentira’ me contestó, ‘si en tu mesa de luz había un atado de cigarrillos’. Yo le dije: sí, pero ya dejé». González lo cuenta sonriendo. A la distancia resulta casi una anécdota simpática, aunque no ha olvidado el olor del combustible, y la sensación de ver cerca aquella llama.
Mirando hacia uno de los galpones del astillero, César dice que le causó mucha impresión que en el espacio de 1×2 en el que lo habían depositado con otras dos personas, vendadas como él, arrojaran muertos. Se corrige: «Muertos no. Tipos agonizantes. A mí me tiraron a un viejo que antes había estado conversando conmigo. Querían que dijera dónde estaban sus hijos. Él decía que no sabía. Lo apretaron toda la noche. A la mañana lo tiraron en mi sucucho. Y murió al lado mío, el hombre».
La situación permanente era el griterío, por los tormentos. Todo el día, en distintos turnos. «Era una fábrica de tortura» dice César, acuñando una definición perfecta. A lo sumo había un par de horas de descanso algunas mañanas, pero luego el griterío se reiniciaba. «Ahí varios los torturaron hasta matarlos. Pero a veces pedían médico: a algunos los querían vivos». ¿Qué preguntaban? «Si conocés a tal o a cual. Esas cosas».
La comida era intragable, dice. «Una especie de afrecho de maíz de polenta crudo. Aunque tuvieras hambre te daba asco, ganas de vomitar». Una noche les alcanzaron ese engrudo. «Pero el policía dijo por otro tipo que estaba ahí: ‘a ese no le den’. No me acuerdo qué palabras usó, pero dio a entender que al tipo lo iban a matar. Todavía me acuerdo que el milico dijo eso, y yo lo escuché al tipo tragar la saliva».
César González ya no mira por la ventana hacia el galpón, sino de frente, de pie y con las manos en los bolsillos. El astillero dejó de existir. Recuerda particularmente dos situaciones.
Una:
«Hubo una noche que trajeron a unas diez personas, las bajaron a las patadas las torturaron toda la noche. Ahí estabas, pared de por medio, escuchabas todo. Los mataron torturándolos. Después los agarraron como a bolsas y los tiraban arriba de una camioneta. Fue la noche más espantosa de mi vida».
Dos:
«Yo estaba solo en el sucucho, y un día meten a una piba desnuda. Tendría 17, 18 años. Yo estaba con la venda, pero era de una tela que algo veías. Le pregunté bajito qué le había pasado. Me dijo que tenía una amiga militante, pero se la llevaron a ella. La madre la regañaba por esos amigos. Me contó que la metieron en el baúl de un auto, la sacaron, la pusieron en el asiento de atrás, y la violaron 6 ó 7 milicos. Me dijo ‘a mí me van a soltar, porque yo no ando en nada, no tengo nada que ver’. Pero a mí había algo que me llamó mucho la atención: no tenía capucha. Y ahí, cuando no tenés capucha, estás listo» dice González, sin un gesto.
Al día siguiente se llevaron a la chica. Al rato un policía se acercó con tono cómplice al sucucho: «¿No te la cogiste?». González balbuceó una negativa. El policía dijo: «Sos un boludo, ya no existe más».
César dice: «Nunca me pude acordar de cómo se llamaba esa chica. Todavía me arrepiento porque podía salir algún dato. Pero nunca me pude acordar».
César González cree que está vivo por la intervención del entonces embajador alemán, y también del obispo de Quilmes, Antonio Quarracino, influido a su vez por la democracia cristiana alemana. «Resulta que había estado en Alemania, invitado como sindicalista para conocer empresas cooperativas y con sistemas de gestión diferentes, con más control obrero». Tales gestiones, ante los propios marinos, parecen haber logrado la liberación, que se efectivizó a orillas del arroyo Sarandí.
«Conmigo había caído el secretario del gremio y diputado nacional Ricardo De Luca. Quedó mal, pobre, muy afectado. No quedó claro en sus cosas. Hace tiempo que no lo veo, pero estaba mal, se olvida mucho, dice cosas incoherentes. Y otro delegado, Estanislao Vallejo, tuvo hemiplejía. Por lo menos mentalmente no quedó mal. Yo no sé si quedé mal o bien. Pero quedé».
Don César tiene necesidad de aclarar que él no era guerrillero. «Me peleaba con los del ERP y tenía parientes de los Montoneros, pero yo les decía que nos iban a hacer mierda a todos. ‘Van a hacer pelota todo un movimiento revolucionario porque no estamos en condiciones de hacerles frente’. Y así fue. No había lógica en lo que hacían. Yo estaba en lo gremial, lo de las cooperativas, teníamos la posibilidad de ir avanzando en nuestras reivindicaciones y en las luchas. Esto no era Cuba, para hacer desde abajo una revolución».
César volvió del arroyo Sarandí a su casa, al tiempo lo intimaron a volver al trabajo en el astillero. Volvió. Al tiempo un compañero le recomendó irse de allí. «Te van a matar» le informó con una certeza que fue convincente para González. Marchó a Corrientes, y allí se incorporó a una cooperativa, llamada también Almiratne Brown, en la que trabajó hasta entrada la democracia.
Tal vez por eso mismo, estar trabajando en Corrientes, su historia jamás fue contada ante el periodismo, ni figura en los registros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Siguió el juicio a las juntas militares. «Una alegría indescriptible fue eso».
El astillero para el que trabajaba la cooperativa se fundió, y don César volvió a Buenos Aires, y a su viejo sindicato, como responsable de la obra social.
La administración Alfonsín comenzó el declive de la industria, según lo ha vivido don César, y liquidó lo que quedaba. «Es que Menem tenía el mismo plan que los militares con Martínez de Hoz y Alsogaray. Son todos lo mismo. Todos muy meticulosamente cuidados por los americanos. Lo que no hicieron con los militares, lo hicieron buscando a éste». Don César se siente peronista de toda la vida, «aunque te confieso que con muchas preguntas, sobre qué significa ser o no ser» susurra, con lo que bien podría ser una corriente política mayoritaria en la Argentina: el hamletismo.
Reaparecen el astillero, el Riachuelo, el futuro. Don César dice que le ve porvenir al astillero, si es que el país logra reactivarse. Horacio Rodríguez, a quien trata como a un hijo, comenta que están por cerrar un negocio con una mina colombiana, donde un argentino descubrió que podrían abaratar costos cargando carbón en barcazas en lugar de utilizar cientos de pequeños camiones por los desfiladeros de las montañas. La construcción de las barcazas podría representar unos 900.000 dólares.
Don César dice que, de lo que tiene dudas, es de que el establishment económico deje crecer el proceso de recuperación de fábricas y empresas. «Acá no cambió el modelo, sigue habiendo mucha cosa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y van a querer cortar esto. Habrá que ver qué hacen los que gobiernan. Y también habrá que ver qué hacemos los trabajadores» dice achinando los ojos con una sonrisa.
Su teoría es que el modelo neoconservador no ha logrado nada productivo. «Y acá se está demostrando que nosotros también sabemos hacer las cosas. Hasta hubo compañeros que trababan en otros lugares y se vinieron aquí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre acá se siente más libre y más creativo». ¿Por qué? «Porque nadie lo presiona, se presiona él mismo para hacer las cosas bien. Y creativo porque antes si faltaba algo, algún material, el hombre se sentaba a esperar a que se lo trajeran. Ahora en cambio lo fabricamos nosotros mismos. Falta un caño, una pieza, nos ponemos a ver cómo la reemplazamos sin comprarla. Es lindo eso, hay una cosa de reglas de arte».
¿Qué necesitan? El permiso para el uso de las tierras, que también son pretendidas por el gigantesco vecino Expolgan que, de obtenerlas, obtendría un muelle más cómodo. Necesitan también acceso a créditos razonables, para la compra de materiales. Necesitan que el senado bonaerense ratifique la media sanción de diputados, de expropiación de los bienes muebles. Y más que nada necesitan que los dejen tranquilos, trabajando, sin impedimentos.
Don César considera que solidaridad es lo siguiente: «Eramos 40, ahora somos 60, y podemos llegar a ser 400. Todos viviendo y ganando más o menos bien».
Me muestra unas chapas, y cómo las convierten en piezas navieras. «¿Ve? Con estas cosas, cuando nos quedamos sin nada, inventamos soluciones nuevas».
Después de pronunciar tal programa político y social, el hombre se mete las manos en los bolsillos, y le da la espalda al Riachuelo. Con su cortesía de otro siglo, pide disculpas por interrumpir el sorprendente oficio de la conversación.
Hay una razón que los lectores -a esta altura- sabrán valorar en todo su significado: don César debe irse a trabajar.
Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.
Nota
9 años sin Lucía Pérez

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.
Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.
La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.
En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.
Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.
En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.
“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.
En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.
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