Nota
“Una plataforma de impunidad”: la denuncia penal contra Pablo Noceti y altos mandos de la Gendarmería por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, y sus encubrimientos posteriores. En base a una investigación realizada por la propia fuerza, el Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. Los hechos denunciados fueron parte de los sucesos que la familia denuncia desde hace tres años. Más allá de la cautela por los anuncios y los hechos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dice a lavaca: “Lo que quedó claro es que Noceti no tiene la impunidad asegurada”. Qué dice la denuncia. Las dudas de la familia. La necesidad de una investigación independiente. Y la entrevista que lavaca le hizo a Noceti desde Esquel, 19 días después de la desaparición del joven.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.
-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.
El diálogo forma parte de la entrevista que lavaca le hizo el 19 de agosto de 2017 a Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y señalado por la familia Maldonado como uno de los principales responsables políticos de lo que el exfuncionario consideraba una “patraña”: el violento e ilegal operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche el 1 de agosto de ese año, día que a Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de esa represión.
El Ministerio de Seguridad comunicó la presentación ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires de una denuncia penal contra Noceti y también el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino, para que se investiguen sus responsabilidades en los hechos que derivaron en la desaparición y muerte del joven de 28 años. El resultado, según lo comunicado por la propia ministra Sabina Frederic en conferencia de prensa, llegó después de un informe de investigación realizado por la propia Gendarmería, que llevó siete meses y produjo un material de 600 fojas.
“Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones que han exigido que se conozcan los hechos incluso como acto reparatorio con la memoria social”, apuntó la ministra Sabina Frederic, en conferencia de prensa. “Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”.
Lavaca se comunicó con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, para conocer las impresiones que le dejó esta denuncia. En principio, dice que se enteró por los medios: “Me hubiera gustado no seguir en la misma línea de siempre, que los familiares nos enteremos por los medios de comunicación. Tenemos derecho a saber, más cuando estamos denunciando al Estado, cuando se presente una denuncia como esta”.
Sobre la denuncia, aclara que todavía no pudo leerla en su totalidad, pero subraya: “Sin duda es positivo, pero en verdad que la Gendarmería cuestione a la misma Gendarmería, aunque esté bien, se presta a especulaciones, porque ya nos mintieron muchas veces y hasta fraguaron libros. Lo más rescatable de eso es que confirma, por todos los indicios, de que se trata de una desaparición forzada. Si la propia Gendarmería reconoce y dice que hizo un pésimo operativo, ¿qué es lo que va a decir Lleral y Otranto (los jueces que intervinieron en la causa y la familia recusó), que dijeron todo este tiempo que la Gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se ahogó solo? La Corte Suprema debería asignar a un juez imparcial e investigar la desaparición forzada. Todo es muy lindo, pero si la Justicia no lo tiene en cuenta, esto no tiene ningún sentido”.
De una flagrancia a una desaparición forzada
La denuncia que esta mañana comunicó la ministra Frederic -acompañada del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous- es un racconto de hechos que la familia viene denunciando hace tres años, desde el 1 de agosto de 2017. La diferencia es que esta vez la hace el propio Estado.
El Ministerio informó que la investigación muestra que las acciones de Noceti “constituyeron una ingeniería jurídica de impunidad”. Y apuntó:
- “Es en ese marco que la investigación encargada por el Ministerio y efectuada por la Gendarmería muestra que, atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje ´que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero´”.
Cuando Bullrich fue interpelada en el Senado por la desaparición de Santiago, ubicó a Noceti a las 12:30 del 1 de agosto en el operativo represivo de Gendarmería: “Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno”.
En dos entrevistas radiales, Noceti se había ubicado en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en la comunidad mapuche de Esquel. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”.
Tanto la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y el CELS advirtieron en su momento a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “flagrancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación se efectivizó en los violentos operativos. Heredia fue explícita: “Pasamos de una flagrancia a una desaparición forzada sin una coma de por medio”.
En la conferencia, Frederic comunicó que el 22 de enero encomendó la instrucción de la investigación para determinar su responsabilidad penal por el 1 de agosto de 2018.
Los principales puntos de la denuncia a Noceti:
- “Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo. A su vez, tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
- La denuncia sostiene que “resulta evidente” que Noceti “no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza”, ya que los gendarmes se encontraban prestando funciones como “agentes auxiliares de la justicia”, por orden del Juzgado Federal N°1 de Esquel, a cargo de Guido Otranto (luego recusado), que se refería únicamente a que los manifestantes no cortaran la Ruta Nacional 40.
- La denuncia subraya que “la intromisión” de Noceti en el operativo queda acreditada al ordenar aplicar el procedimiento correspondiente a delitos en flagrancia promocionada en el llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”. Se trata del famoso “Protocolo Antipiquetes” que Bullrich promocionó por los medios, pero que nunca fue sancionado ni publicado en el Boletín Oficial, por lo que estaba “carente de toda validez jurídica”.
- Según la investigación del actual Ministerio, el operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago obedeció “ a una decisión motivada por la ´voluntad política´, habiendole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquel entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar, incurriendo en una conducta que excede el imperium de la autoridad política e invadiendo el accionar de la Justicia”.
La absolución administrativa
La denuncia también es contra el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Algunas conclusiones sobre el accionar de Otero:
- “Expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de protección necesarios (…) lo que derivó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo, al verse el personal desprotegido y vulnerable ante la constante agresión de los manifestantes”.
- El informe apunta que “tampoco había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad, lo que implicaría una manifiesta violación de las normativas vigentes en la materia”.
- “A eso se agregó la directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia, lo que motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta. Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.
En cuanto al subdirector Robino, el informe destaca que su accionar fue “decisiva” para que se haya podido “obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior, colaborando de este modo a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo despeje en cuestión, favoreciéndolos con una verdadera ´absolución administrativa´”.
De esta forma, para las autoridades se consagró “una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1º de agosto del 2017”.
La investigación también menciona las negliglencias del comandante Balardi (jefe del operativo de despeje de la ruta), que se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales de menor jerarquía. Lo mismo ocurrió con Fabián Arturo Méndez (jefe del Escuadrón 35 El Bolsón) y el comandante principal Juan Pablo Escola, que no dio aviso de la situación al juzgado federal y actuó de “forma intempestiva y apresurada” sobre el terreno de la comunidad.
La denuncia recuerda cuando la exministra Bullrich dijo que “no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana”, y concluye: “Cabe preguntarse si los «gendarmes» a los que no quería tirar por la ventana eran su propio Jefe de Gabinete y la superioridad institucional de la fuerza también involucrada con dicho funcionario; de ahí, la necesidad de simular una investigación disciplinaria, encubriendo, apurando y asegurando una conclusión absolutoria al respecto”.
Por una investigación independiente
Sergio Maldonado apunta a lavaca que toda esta información tiene que ser acoplada a la causa por desaparición forzada. “Dicen que la Gendarmería tiene responsabilidades. Perfecto: ¿en qué? ¿En hacer mal un operativo? ¿O en desaparecer a una persona?”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. El anuncio llegó también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.
Dice Sergio: “¿Hubiera estado bueno esto tenerlo antes? Sí. Porque si nosotros no impugnábamos por cuarta vez para que Lleral no sea el juez, hubiera continuado en la causa diciendo que Gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué voy a confiar que el Ministerio de Seguridad presente un informe diciendo que Gendarmería tiene responsabilidades si el juez avanza deslidando absolutamente todo?”.
Otro punto es que casi no hay mención a Patricia Bullrich. “Lo que sí quedó claro es que Noceti no es un intocable, que no tiene la impunidad asegurada, y que Bullrich les haya envalentonado a romper todos los protocolos, hay consecuencias”.
El Estado denunciando al Estado, a través de la misma fuerza denunciada, también confirma un pedido de la familia para garantizar la imparcialidad de la investigación: la conformación de un Grupo de Expertos Independientes. El sábado, durante las actividades virtuales por los tres años de la desaparición, Sergio informó que, luego de tantos rechazos, la familia avanzó en la conformación de un equipo interdisciplinario de expertos de México, Colombia y Chile, entre peritos, periodistas y abogados.
Y remarca: “Ahora lo más importante es qué van a decir Lleral y Otranto. ¿Van a seguir soteniendo que Gendarmería no hizo nada? Tiene que empezar otro etapa de iniciar juicio político a Otranto y Lleral porque, con todo lo que mintieron y ocultaron, es preocupante que sigan impartiendo justicia”.
Qué dijo Noceti
El 19 de agosto de 2017, desde Esquel, lavaca habló en exclusiva con Noceti. La duración de la entrevista fue corta, ya que el funcionario se había excusado de hablar más porque la causa estaba en etapa de investigación y bajo secreto de sumario.
Este es el diálogo completo.
-La ministra de Seguridad (por Bullrich) lo ubicó el 1 de agosto en el lof. ¿Es verdad lo que dijo?
-Sí, obvio, no va a ser mentira. Más vale que sí.
–¿Fue a las 12:30?
-12:30. Yo salí a las 10:30 de Bariloche. Estuve en el Juzgado Federal el día anterior y ese día había quedado en ir a ver al juez federal de Esquel (Guido Otranto, quien lleva adelante la causa que aunó los habeas corpus presentados). Así que 12:30 pasé por la ruta, saludé a los gendarmes y seguí. Como lo dijo la ministro.
-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.
-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.
-Las versiones indicaban que usted estaba en coordinación con los jefes de escuadrones. Puntualmente con Fabián Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón.
-No tengo funciones operativas en el Ministerio: soy el jefe de Gabinete. El que tiene las funciones operativas es Burzaco (Eugenio, secretario de Seguridad del Ministerio), él es quien comanda las fuerzas. Eso no significa, por ahí, que no se pueda dar una orden, pero en este caso concreto puntual, no. Es más: se actuó bajo órdenes del juzgado.
-El juzgado dice que no y el expediente demuestra que la última llamada fue a las 5:30. Las actuaciones fueron en el marco de la figura de flagrancia.
–De todas maneras ellos pueden actuar solos en flagrancia, conforme al artículo N°183 del Código Procesal Penal. No hace falta ni siquiera que le den una orden del juzgado. Si el juzgado le da la orden es anecdótico. Pero en flagrancia pueden actuar sin orden.
-¿Eso es lo que usted había sugerido en las reuniones que mantuvo aquí?
-Eso lo dije también en todas las radios. Eso es lo que dice todos los códigos procesales penales de todo el país, e incluso el Código Procesal Penal nuestro en el artículo N° 183. Si ustedes agarran todos los códigos procesales, todos, tienen esa previsión. De la misma manera que si usted llega a una escena del delito en la que están robando en algún lugar, no tiene que llamar a un juez para preguntarle: “Dígame, doctor, ¿detengo o quiero que siga robando?”. No, la fuerza de seguridad actúa.
–Pero la flagrancia, al circunscribirse solo al hecho que está aconteciendo, no justifica todo lo que denuncian que ocurrió en la comunidad: quema de instalaciones, secuestros de pertenencias, destrozos.
-A mí no me consta que hubiera ninguna quema ni ningún destrozo. No sé quién lo dice. A mí no me consta porque no estuve en el momento del hecho, llegué después. Pero cuando llegué no había ningún humo. Creo que si hubiera habido quema habría habido humo.
–Es lo que denuncia la comunidad, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel.
-La comunidad ha dicho tantas mentiras… Que digan que haya habido humo o una quema no me consta. Para nada. Este procedimiento empezó 11:15, yo pasé 12:30 y no había humo.
-¿Los organismos y la Defensoría Federal también mienten entonces?
-Sí, también.
-¿Qué piensa sobre que los organismos lo señalen como el responsable directo de la desaparición de Santiago Maldonado?
-Es un invento total. Otro más de los inventos y las mentiras.
Tres años después, Noceti ahora deberá dar más explicaciones, pero a la Justicia.
Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

Nota
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.
La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.
Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.
Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.
Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.
Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.
Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.
La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?
Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.
Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?
Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.
¿Les iban informando qué harían con ustedes?
Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.
¿Por qué Italia primero?
Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.
¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?
Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.
¿Cómo es un ataque con drones?
Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.
En altamar también siguieron las intimidaciones
Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.
¿En algún momento temiste por tu vida?
Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.
Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?
Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.
¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?
Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.
¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?
Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.
¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?
En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.
Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?
No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.
El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…
Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.
¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?
Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.
Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.
¿Qué edad tiene tu hija?
9 años.
Nota
9 años sin Lucía Pérez

La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.
Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.
La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.
En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

Foto: Florencia Ferioli.
Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

Foto: Florencia Ferioli.
En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.
“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.
En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.

Foto: Florencia Ferioli.
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