Nota
“Una plataforma de impunidad”: la denuncia penal contra Pablo Noceti y altos mandos de la Gendarmería por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, y sus encubrimientos posteriores. En base a una investigación realizada por la propia fuerza, el Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. Los hechos denunciados fueron parte de los sucesos que la familia denuncia desde hace tres años. Más allá de la cautela por los anuncios y los hechos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dice a lavaca: “Lo que quedó claro es que Noceti no tiene la impunidad asegurada”. Qué dice la denuncia. Las dudas de la familia. La necesidad de una investigación independiente. Y la entrevista que lavaca le hizo a Noceti desde Esquel, 19 días después de la desaparición del joven.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.
-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.
El diálogo forma parte de la entrevista que lavaca le hizo el 19 de agosto de 2017 a Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y señalado por la familia Maldonado como uno de los principales responsables políticos de lo que el exfuncionario consideraba una “patraña”: el violento e ilegal operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche el 1 de agosto de ese año, día que a Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de esa represión.
El Ministerio de Seguridad comunicó la presentación ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires de una denuncia penal contra Noceti y también el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino, para que se investiguen sus responsabilidades en los hechos que derivaron en la desaparición y muerte del joven de 28 años. El resultado, según lo comunicado por la propia ministra Sabina Frederic en conferencia de prensa, llegó después de un informe de investigación realizado por la propia Gendarmería, que llevó siete meses y produjo un material de 600 fojas.
“Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones que han exigido que se conozcan los hechos incluso como acto reparatorio con la memoria social”, apuntó la ministra Sabina Frederic, en conferencia de prensa. “Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”.
Lavaca se comunicó con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, para conocer las impresiones que le dejó esta denuncia. En principio, dice que se enteró por los medios: “Me hubiera gustado no seguir en la misma línea de siempre, que los familiares nos enteremos por los medios de comunicación. Tenemos derecho a saber, más cuando estamos denunciando al Estado, cuando se presente una denuncia como esta”.
Sobre la denuncia, aclara que todavía no pudo leerla en su totalidad, pero subraya: “Sin duda es positivo, pero en verdad que la Gendarmería cuestione a la misma Gendarmería, aunque esté bien, se presta a especulaciones, porque ya nos mintieron muchas veces y hasta fraguaron libros. Lo más rescatable de eso es que confirma, por todos los indicios, de que se trata de una desaparición forzada. Si la propia Gendarmería reconoce y dice que hizo un pésimo operativo, ¿qué es lo que va a decir Lleral y Otranto (los jueces que intervinieron en la causa y la familia recusó), que dijeron todo este tiempo que la Gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se ahogó solo? La Corte Suprema debería asignar a un juez imparcial e investigar la desaparición forzada. Todo es muy lindo, pero si la Justicia no lo tiene en cuenta, esto no tiene ningún sentido”.
De una flagrancia a una desaparición forzada
La denuncia que esta mañana comunicó la ministra Frederic -acompañada del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous- es un racconto de hechos que la familia viene denunciando hace tres años, desde el 1 de agosto de 2017. La diferencia es que esta vez la hace el propio Estado.
El Ministerio informó que la investigación muestra que las acciones de Noceti “constituyeron una ingeniería jurídica de impunidad”. Y apuntó:
- “Es en ese marco que la investigación encargada por el Ministerio y efectuada por la Gendarmería muestra que, atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje ´que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero´”.
Cuando Bullrich fue interpelada en el Senado por la desaparición de Santiago, ubicó a Noceti a las 12:30 del 1 de agosto en el operativo represivo de Gendarmería: “Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno”.
En dos entrevistas radiales, Noceti se había ubicado en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en la comunidad mapuche de Esquel. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”.
Tanto la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y el CELS advirtieron en su momento a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “flagrancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación se efectivizó en los violentos operativos. Heredia fue explícita: “Pasamos de una flagrancia a una desaparición forzada sin una coma de por medio”.
En la conferencia, Frederic comunicó que el 22 de enero encomendó la instrucción de la investigación para determinar su responsabilidad penal por el 1 de agosto de 2018.
Los principales puntos de la denuncia a Noceti:
- “Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo. A su vez, tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
- La denuncia sostiene que “resulta evidente” que Noceti “no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza”, ya que los gendarmes se encontraban prestando funciones como “agentes auxiliares de la justicia”, por orden del Juzgado Federal N°1 de Esquel, a cargo de Guido Otranto (luego recusado), que se refería únicamente a que los manifestantes no cortaran la Ruta Nacional 40.
- La denuncia subraya que “la intromisión” de Noceti en el operativo queda acreditada al ordenar aplicar el procedimiento correspondiente a delitos en flagrancia promocionada en el llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”. Se trata del famoso “Protocolo Antipiquetes” que Bullrich promocionó por los medios, pero que nunca fue sancionado ni publicado en el Boletín Oficial, por lo que estaba “carente de toda validez jurídica”.
- Según la investigación del actual Ministerio, el operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago obedeció “ a una decisión motivada por la ´voluntad política´, habiendole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquel entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar, incurriendo en una conducta que excede el imperium de la autoridad política e invadiendo el accionar de la Justicia”.
La absolución administrativa
La denuncia también es contra el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Algunas conclusiones sobre el accionar de Otero:
- “Expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de protección necesarios (…) lo que derivó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo, al verse el personal desprotegido y vulnerable ante la constante agresión de los manifestantes”.
- El informe apunta que “tampoco había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad, lo que implicaría una manifiesta violación de las normativas vigentes en la materia”.
- “A eso se agregó la directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia, lo que motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta. Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.
En cuanto al subdirector Robino, el informe destaca que su accionar fue “decisiva” para que se haya podido “obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior, colaborando de este modo a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo despeje en cuestión, favoreciéndolos con una verdadera ´absolución administrativa´”.
De esta forma, para las autoridades se consagró “una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1º de agosto del 2017”.
La investigación también menciona las negliglencias del comandante Balardi (jefe del operativo de despeje de la ruta), que se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales de menor jerarquía. Lo mismo ocurrió con Fabián Arturo Méndez (jefe del Escuadrón 35 El Bolsón) y el comandante principal Juan Pablo Escola, que no dio aviso de la situación al juzgado federal y actuó de “forma intempestiva y apresurada” sobre el terreno de la comunidad.
La denuncia recuerda cuando la exministra Bullrich dijo que “no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana”, y concluye: “Cabe preguntarse si los «gendarmes» a los que no quería tirar por la ventana eran su propio Jefe de Gabinete y la superioridad institucional de la fuerza también involucrada con dicho funcionario; de ahí, la necesidad de simular una investigación disciplinaria, encubriendo, apurando y asegurando una conclusión absolutoria al respecto”.
Por una investigación independiente
Sergio Maldonado apunta a lavaca que toda esta información tiene que ser acoplada a la causa por desaparición forzada. “Dicen que la Gendarmería tiene responsabilidades. Perfecto: ¿en qué? ¿En hacer mal un operativo? ¿O en desaparecer a una persona?”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. El anuncio llegó también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.
Dice Sergio: “¿Hubiera estado bueno esto tenerlo antes? Sí. Porque si nosotros no impugnábamos por cuarta vez para que Lleral no sea el juez, hubiera continuado en la causa diciendo que Gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué voy a confiar que el Ministerio de Seguridad presente un informe diciendo que Gendarmería tiene responsabilidades si el juez avanza deslidando absolutamente todo?”.
Otro punto es que casi no hay mención a Patricia Bullrich. “Lo que sí quedó claro es que Noceti no es un intocable, que no tiene la impunidad asegurada, y que Bullrich les haya envalentonado a romper todos los protocolos, hay consecuencias”.
El Estado denunciando al Estado, a través de la misma fuerza denunciada, también confirma un pedido de la familia para garantizar la imparcialidad de la investigación: la conformación de un Grupo de Expertos Independientes. El sábado, durante las actividades virtuales por los tres años de la desaparición, Sergio informó que, luego de tantos rechazos, la familia avanzó en la conformación de un equipo interdisciplinario de expertos de México, Colombia y Chile, entre peritos, periodistas y abogados.
Y remarca: “Ahora lo más importante es qué van a decir Lleral y Otranto. ¿Van a seguir soteniendo que Gendarmería no hizo nada? Tiene que empezar otro etapa de iniciar juicio político a Otranto y Lleral porque, con todo lo que mintieron y ocultaron, es preocupante que sigan impartiendo justicia”.
Qué dijo Noceti
El 19 de agosto de 2017, desde Esquel, lavaca habló en exclusiva con Noceti. La duración de la entrevista fue corta, ya que el funcionario se había excusado de hablar más porque la causa estaba en etapa de investigación y bajo secreto de sumario.
Este es el diálogo completo.
-La ministra de Seguridad (por Bullrich) lo ubicó el 1 de agosto en el lof. ¿Es verdad lo que dijo?
-Sí, obvio, no va a ser mentira. Más vale que sí.
–¿Fue a las 12:30?
-12:30. Yo salí a las 10:30 de Bariloche. Estuve en el Juzgado Federal el día anterior y ese día había quedado en ir a ver al juez federal de Esquel (Guido Otranto, quien lleva adelante la causa que aunó los habeas corpus presentados). Así que 12:30 pasé por la ruta, saludé a los gendarmes y seguí. Como lo dijo la ministro.
-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.
-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.
-Las versiones indicaban que usted estaba en coordinación con los jefes de escuadrones. Puntualmente con Fabián Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón.
-No tengo funciones operativas en el Ministerio: soy el jefe de Gabinete. El que tiene las funciones operativas es Burzaco (Eugenio, secretario de Seguridad del Ministerio), él es quien comanda las fuerzas. Eso no significa, por ahí, que no se pueda dar una orden, pero en este caso concreto puntual, no. Es más: se actuó bajo órdenes del juzgado.
-El juzgado dice que no y el expediente demuestra que la última llamada fue a las 5:30. Las actuaciones fueron en el marco de la figura de flagrancia.
–De todas maneras ellos pueden actuar solos en flagrancia, conforme al artículo N°183 del Código Procesal Penal. No hace falta ni siquiera que le den una orden del juzgado. Si el juzgado le da la orden es anecdótico. Pero en flagrancia pueden actuar sin orden.
-¿Eso es lo que usted había sugerido en las reuniones que mantuvo aquí?
-Eso lo dije también en todas las radios. Eso es lo que dice todos los códigos procesales penales de todo el país, e incluso el Código Procesal Penal nuestro en el artículo N° 183. Si ustedes agarran todos los códigos procesales, todos, tienen esa previsión. De la misma manera que si usted llega a una escena del delito en la que están robando en algún lugar, no tiene que llamar a un juez para preguntarle: “Dígame, doctor, ¿detengo o quiero que siga robando?”. No, la fuerza de seguridad actúa.
–Pero la flagrancia, al circunscribirse solo al hecho que está aconteciendo, no justifica todo lo que denuncian que ocurrió en la comunidad: quema de instalaciones, secuestros de pertenencias, destrozos.
-A mí no me consta que hubiera ninguna quema ni ningún destrozo. No sé quién lo dice. A mí no me consta porque no estuve en el momento del hecho, llegué después. Pero cuando llegué no había ningún humo. Creo que si hubiera habido quema habría habido humo.
–Es lo que denuncia la comunidad, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel.
-La comunidad ha dicho tantas mentiras… Que digan que haya habido humo o una quema no me consta. Para nada. Este procedimiento empezó 11:15, yo pasé 12:30 y no había humo.
-¿Los organismos y la Defensoría Federal también mienten entonces?
-Sí, también.
-¿Qué piensa sobre que los organismos lo señalen como el responsable directo de la desaparición de Santiago Maldonado?
-Es un invento total. Otro más de los inventos y las mentiras.
Tres años después, Noceti ahora deberá dar más explicaciones, pero a la Justicia.
Nota
Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

Más allá de tu vereda.
Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse.
No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.
El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.
El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto.
En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.
Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.
Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”.
Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.
Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”.
Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.
Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.
Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.
Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.



Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.
«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».
Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración.
Hay orgullo.
Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera.
Jorgelina: “Hagamos más radios”.
Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.
Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:
“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.
Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental:
“Más allá de tu vereda,
hay otra realidad,
atrás de tu puerta”.
Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva:
“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle,
allí seguiremos estando”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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