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La Cancillería, la UTT y los chanchos para China

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Apio y propuestas: la UTT movilizada con barbijos (todas las fotos: Sebastián Smok)

A través de funcionarios de Cancillería, el gobierno confirmó a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que el acuerdo con China para la criar y exportar masivamente ganado porcino a dicho país no tendrá marcha atrás.  Pero abrió la posibilidad de discutir la implementación del cuestionado proyecto con organizaciones sociales, ambientales y con otros ministerios como el de Agricultura y Medio Ambiente. Participaron en la imprevista reunión Rosalía Pellegrini y Agustín Suárez, de la coordinación nacional de la UTT y, por Cancillería, el jefe de gabinete Guillermo Chávez y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme. En la conversación quedaron expuestos diferentes paradigmas e intereses para pensar la producción y el trabajo. La continuidad, o no, entre la gestión macrista y la actual. Para la UTT el saldo es positivo, porque se sacará a luz un tipo de debate que hasta ahora se resolvía de espaldas a la comunidad. El dilema entre el vaso medio lleno o medio vacío.  

En la calle Esmeralda al 1200 hay un spa, una regalería, un local que anuncia “uñas esculpidas”- “peinados para fiestas” – “sol pleno” (antes llamados “peluquerías”), un almacén de fiambres, quesos, aceites y vinos, una veterinaria y una Cancillería. Una diferencia entre los distintos negocios de la cuadra es la escala: la cantidad de gente a la que pueden afectar según lo que hagan o dejen de hacer.

A esa geografía se estaban sumando este viernes, casi al mediodía, 10 cajones de verduras agroecológicas y una olla popular acercados por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) frente a la puerta de la Cancillería (Esmeralda 1212). La acción del gremio campesino, célebre por sus verdurazos, buscaba cuestionar el acuerdo entre Argentina y China para la cría masiva de cerdos que abastezcan parte del mercado de dicho país.

Desde Cancillería, diplomáticamente, les pidieron que al menos no instalaran la olla y los convocaron a una imprevista reunión con Guillermo Chávez, jefe de gabinete del canciller Felipe Solá y Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Subieron a esa charla Rosalía Pellegrini y Agustín Suárez, de la coordinación nacional de la UTT, y Sergio Val de la fundación Che Pibe, de la CTA Autónoma.

Quedaron en la vereda los tentadores cajones mientras la reunión se extendía durante una hora, y los vecinos de esa zona afrancesada de Retiro consultaban a las mujeres de la UTT –todas con sus barbijos y las distancias pandémicas correspondientes– si podían comprarles calabazas, zanahorias, tomates o kale. “Si nos ponemos, las vendemos todas” comentaba una de las agricultoras, “pero estaba definido algo mejor: mandarlas a comedores comunitarios».

En los contendedores de la zona se veían afiches: «Argentina matadero del mundo. No al acuerdo con China. Liberación Animal». Un hombre se acercó en plan charla, saludando cada tanto a vecinos que pasaban en Mercedes o Audi. Postuló que el Covid-19 no existe, que el barbijo es inútil, y que el veganismo es una maniobra china para que la gente deje de comer carne, y quede toda para ellos.

A un costado, la olla estaba en modo espera.   

“El monocultivo es bueno”

Los cajones que la UTT llevó frente a la Cancillería.

Tras la reunión hubo una charla informativa con quienes acompañaron la acción.

Agustín Suárez: “Nos plantearon dos posturas. La primera fue muy técnica. Están convencidos de que el acuerdo con China es positivo. Se va a hacer, va a traer dólares, puestos de trabajo y felicidad para todos” ironizó sobre lo que le plantearon. “Desde lo político, entienden  la propuesta que les acercamos: tiene que haber un diálogo con el resto de la sociedad para discutir si realmente va a ser o no positivo. Ahí está el conflicto. Parte de la sociedad tiene memoria sobre lo que significa la soja transgénica, lo que representó como saqueo, contaminación, vaciamiento de los campos, hambre. Y no nos convence tanto”.

El argumento se apoya en que una cría masiva de cerdos significará otro envión para la producción transgénicos como soja y maíz con que les dan de comer.

Rosalía Pellegrini: “Nuestra propuesta es que haya una mesa de diálogo. Que intervengan el ministerio de Agricultura, el de Ambiente y Cancillería, pero también entidades de las que llamamos ‘el otro campo’, organizaciones que participan en el Foro Agrario, organizaciones ambientalistas e incluso académicas. Gran parte de lo que veníamos buscando tenía que ver con eso: con poder debatir”.

Rosalía percibió las contradicciones de la situación: “Obviamente hay contradicciones. Hablan con una concepción popular, como gobierno de Alberto, pero parece que para ellos la justicia social y la protección ambiental son contradictorias. Llegar a la justicia social y un nivel de vida aceptable para el pueblo es contradictorio con pensar propuestas alternativas, por ejemplo agroecológicas”.

Agustín recordó que al hablar de justicia social, sus interlocutores les respondieron mencionando “inclusión” social.

“Y cuando nos íbamos seguían insistiendo en que el modelo sojero y de monocultivo fue bueno. ‘Revisen eso’, nos decían, y lo único que cuestionaban es que no estuvo correctamente controlado”. Cabe señalar que el señor Neme fue Coordinador Ejecutivo del ministerio de Agricultura de la Nación durante 14 años y 1 mes, entre enero de 2002 y enero de 2016, años del boom sojero que ahora describe como no “suficientemente controlado” durante su propia gestión.  “Pero ahí está la diferencia entre quien piensa un modelo de monocultivo frente al modelo diverso y agroecológico que planteamos nosotros”. El modelo de monocultivo que se vende como moderno, en realidad implica un atraso que pone al país en una etapa productiva de venta de materias primas, pre-“granero del mundo”.

Dólares & virus porcinos

Otro planteo de los funcionarios fue el de la necesidad de dólares. Sergio Val: “¿Pero dólares para qué? Entraron dólares durante años por la soja, pero el país está totalmente endeudado, hay más pobreza y más hambre”.

Rosalía: “Y con este tema de China está la misma situación. Si los actores van a ser un puñado de empresas que especulan con el mercado internacional y mandan los ingresos afuera, ¿de qué sirve que entren un montón de dólares si no hay soberanía alimentaria, posibilidad de acceso a la tierra, y políticas públicas concretas?”  

“De todos modos es un desafío desde las organizaciones pensar cómo traer dólares a la Argentina, desde otro esquema productivo” propone Rosalía haciéndose cargo de lo que la clase política y económica no ha sido capaz de resolver.

El proyecto del Estado chino, a través de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial de dicho país, consiste (supuestamente, porque en estos casos suele haber una brecha entre los números y la realidad) 27.000 millones de dólares en ocho años para la instalación de criaderos porcinos, que permitirían exportaciones a la propia China por 20.000 millones de dólares anuales (supuestamente).

O sea: es un traslado de sus criaderos a zonas lejanas, entusiasmo motorizado por la gripe porcina de 2018 que mató a más de 200 millones de cerdos, todo lo cual permite intuir que la culpa de los murciélagos en la actual pandemia es una leyenda frente a otros sistemas de relación enfermiza con los animales que generan las zoonosis. Los posibles efectos ambientales y sanitarios de este negocio son parte del rechazo que se manifestó en estos días.  

Para la Argentina, el proyecto representa (supuestamente) duplicar la producción actual. Y desde el punto de vista de la agricultura implica un relanzamiento –para alimentar a estos animales- de la producción transgénica basada en agrotóxicos, cuyos efectos cancerígenos han sido señalados por la OMS y por la justicia norteamericana en las causas contra Monsanto por el uso del glifosato Roundup.

Solá y la antinaturaleza

Integrantes de la UTT tras la reunión con Chávez y Neme. (Fotos: Sebastián Smok)

Agustín Suárez: “Nos dijeron que van a instalar en principio cinco megafábricas de producción porcina en el norte argentino, de 12.000 madres cada una, con la idea de llegar en cinco años a 300.000 madres. No especificaron en qué provincias. Les dijimos lo que pensamos, que eso no va a funcionar, que va a traer problemas para la economía, para la salud, para la producción, la contaminación, pero ellos se cierran en que el proyecto es positivo. Creen que el desarrollo del país viene de la mano de la profundización del modelo agropecuario que ya tenemos. Nosotros decimos que tenemos casi 30 años de soja, y el discurso era el mismo: todo positivo. Y no fue así. ¿Quién abrió la puerta?”.

Rosalía responde: “Felipe Solá, el mismo que cuando negociaron con el sector del agronegocio dijo que la soja venía a solucionar el hambre de la Argentina. Hoy se ve más que nunca que no fue así. Aprobó el uso de transgénicos (en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, en base a un informe de la propia Monsanto que ni siquiera había sido traducido al castellano). Y no hubo ninguna solución sino ganancias para un sector cada vez menor, mayor concentración de tierras y todo lo que ya conocemos como efectos en la salud”.

Plantea Rosalía que además ya es evidente que hay otros modos de producción: “Yo pensaba lo del ingreso de divisas, como algo que puede ser diversificado. En el Foro Agrario hemos presentado propuestas en ese sentido. Y además hay esquemas de producción extensiva de granos que son sustentables, experiencias reales como la RENAMA (Red de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología), que no dejan de crecer, y que tendrían que ser apoyados”.

Encadena Rosalía otra idea: “Estamos en el marco de una pandemia, una epidemia global, causada muy probablemente por la devastación de los ecosistemas. No es alteración, es destrucción: desmonte, monocultivo, contaminación. Y ahora quieren incorporar sistemas que implican hacinamiento de animales, que implican la antinaturaleza. Animales que hay que rellenar de vacunas y antibióticos para que no se mueran, y que después nos dan de comer. Yo creo que  la pandemia es una oportunidad para pensar otros modos de desarrollo y de vida”

Lo que huele Zulma

Rosalía: “Celebramos la ida del macrismo, y saludamos la llegada de este gobierno, perro claramente es nuestra responsabilidad como movimiento social decir cómo son las cosas. Dudamos mucho de este proyecto, y tenemos todo el derecho a dudar”.  

Agustín:”Por eso planeamos que tiene que existir consenso social, y hablamos de abrir el diálogo. Entre esta gestión y la anterior, en lo técnico, no hay diferencias. No las hubo en estos últimos 30 años. Por eso es importante la actitud policía que se tome”.

En estos casos puede pensarse el diálogo como una oportunidad (el vaso medio lleno) o, por el contrario, como una forma oficial de evaporar las aguas y dejar el vaso medio vacío, para seguir con lo suyo sin ruidos en la calle.

Rosalía: “Para mi es positivo lo que pasó. Estamos logrando sacar a la luz un debate de política económica y agropecuaria dura, que venía gestándose a espaldas del pueblo. Es muy bueno poder sentar a las organizaciones campesinas, y a los ministerios para que pongan la cara y paguen el costo político de lo que hagan o dejen de hacer. Y a las organizaciones ambientalistas. Es un paso positivo. Una primera victoria”.   

Los cajones de verduras se cargaron rumbo a comedores comunitarios. La olla fue llevada a Plaza San Martín, donde comenzaron a acercarse personas que viven en la calle, en este invierno, en esta pandemia. Un guiso maravilloso funcionó como un gesto de convivencia. Rosalía: “Con las verduras y la amenaza de olla, logramos la reunión. Es apenas el comienzo, no es que mañana se vaya a lograr la reforma agraria. Pero hay que insistir e insistir para que se discuta, que la gente se informe y crezca la conciencia”.

Zulma Molloja, joven y aguerrida boliviana productora también de la UTT tiene una percepción: “Me huele mal el proyecto, porque todo lo hicieron a escondidas. Quieren más transgénicos, y ese es un modelo de muerte. Muerte para nosotras, para nuestros hijos. Como productores queremos ser parte de esto, pero llevándolo de otro modo.  En lugar de transgénicos, cosas sanas. En lugar de animales enfermos, animales saludables. Eso queremos: cambiar el modelo”.   

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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