La comunidad mapuche Pailako abandonó por su cuenta la lof para evitar que el operativo de desalojo desmedido se transformara en violencia y banalización mediática. Desplantaron así al gobernador de Chubut, al presidente de Parques Nacionales y a la propia ministra de Seguridad, presentes en el lugar. 

Para los integrantes de la lof Pailako, la persecución barre sus derechos ancestrales sobre un territorio que sus familias habitaron por cinco generaciones, mucho antes de la creación del Parque Los Alerces, en 1937. En 2020, la comunidad realizó una recuperación territorial para, valga la redundancia, recuperar también una forma de vida.

Qué pasó, y qué no. Todo lo que había desde entonces, hasta hoy. Y el mensaje que dejó la comunidad en el lugar, para que vieran las autoridades.

Por Francisco Pandolfi

30 días, ni uno más ni uno menos. Desde el martes 10 de diciembre de 2024 –fecha en la que Javier Milei firmó el decreto que eliminó la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, vigente desde 2006 y que suspendía los desalojos a los pueblos originarios– hasta hoy, jueves 10 de enero de 2025, cambió el año pero pasó solo un mes. Hasta hoy, que se consumó el primer destierro de una comunidad ancestral: la lof Pailako, dentro de lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, en el país Argentina, territorio que previo al genocidio indígena fue propiedad comunitaria del pueblo nación mapuche tehuelche.

Sin embargo, los distintos poderes no pudieron obtener la foto del desalojo que buscaban: la comunidad mapuche Pailako abandonó el predio que había recuperado en 2020 dentro de Los Alerces, horas antes de que esta mañana comenzara el despliegue –desproporcionado e inútil–  de fuerzas de seguridad (más de 40 vehículos con agentes de la Policía Federal y Gendarmería, sumado a la presencia de la ministra Patricia Bullrich; el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el intendente de Esquel, Matías Taccetta) para desalojar a una lof compuesta por cinco familias, tras la orden judicial del juez federal de Esquel Guido Otranto. 

El show debe seguir

El camino lo allanó el presidente con uno de sus tantos decretos. Y la crónica ya estaba anunciada desde hacía una semana. En noviembre, el fiscal Otranto había suspendido el proceso de desalojo porque los plazos procesales no se habían cumplido, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la decisión tras el decreto presidencial. Con la luz verde del gobierno nacional, Otranto (el mismísimo juez recusado en el caso de desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado) ordenó la expulsión. El jueves pasado, personal de Parques Nacionales y la Policía Federal le notificó la decisión a la comunidad y le otorgó cinco días hábiles para la salida. Hoy se cumplía el plazo. Y hoy hubo show. 

Un show del que no pudieron ser parte como veedores organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Esquel (APDH) y La Liga Argentina de Derechos Humanos, porque su solicitud en tiempo y forma ante el juez fue rechazada por “no formar parte del expediente”. Nora Rodríguez, de la APDH, sintetiza: “Sin embargo, el mismo juez aceptó que otras personas que tampoco son parte del expediente, sí estuvieran hoy, donde armaron un circo impresionante, como si fuera The Truman Show. Pero el desalojo como tal no existió, porque cuando llegaron no había a quien desalojar”. 

La comunidad desterrada

Para los integrantes de la lof Pailako, la persecución barre sus derechos ancestrales sobre un territorio que sus familias habitaron por cinco generaciones, mucho antes de la creación del Parque Los Alerces, en 1937. En 2020, la comunidad realizó una recuperación territorial para, valga la redundancia, recuperar también una forma de vida. Hasta hoy.

Había vacas, caballos, gallinas y abejas. Hasta hoy. Había huertas familiares –comunes entre varias rucas (casas)– y había una más grande, que la construían entre toda la lof. Hasta hoy. Había papa, haba, ajo, arvejas, trigo. También árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Hasta hoy. La comunidad habitaba menos de 2 mil hectáreas, de las 250 mil que ostenta el Parque Nacional Los Alerces. 

Hasta hoy. 

Horas previas a dejar su tierra, desde la comunidad le dijeron a lavaca: “Es otro ejemplo más de cómo el Estado argentino nos menosprecia en todo sentido. Nos han acusado de ser los responsables directos de los grandes incendios que ellos mismos han provocado en las últimas temporadas, nos acusan de violentos, de bárbaros, de no ser mapuche tehuelche, no reconocen nuestra preexistencia. Nos acusan de que nos escudamos detrás de banderas de los pueblos originarios sin ser parte. Nosotros impulsamos el dialogar frente a frente y nos negaron, como siempre. Esta decisión política solo demuestra el racismo estructural existente y un pensamiento ideológico de puro negacionismo a aceptar que pueda haber otra forma de relacionarse con la naturaleza. Y también clarifica que detrás de este desalojo hay un montón de intereses extractivistas que sólo traerán contaminación y deterioro de la mapu, a lo que siempre nos vamos a negar porque estamos a favor de la vida”. 

Democracia flaca

Gustavo Franquet integra la Gremial de Abogadas y Abogados, que defendió jurídicamente a la lof Pailako. Cuenta, con la ocupación de las fuerzas federales consumada: “Qué se puede decir que no esté a la vista. La costumbre de hacer grandes construcciones mediáticas, efectistas y efectivas porque ellos están convencidos que con este tipo de cosas, juntan votos. Montan un espectáculo donde la realidad no tiene mucha importancia”. En cuanto al proceso judicial: “Todo lo que plantean Parques Nacionales, y los gobiernos de Chubut y Nación, es mentira. Por ejemplo, que hubo diálogo, cuando ellos se negaron. Además, en el comunicado que lanza Parques, afirman ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, y se llevan por delante a una comunidad con un mando dictado por la dictadura y firmado por Videla. Expulsan a una lof mapuche violando todos los derechos internacionales que protegen a los pueblos originarios y a la propia Constitución Nacional. Lo que pasó hoy, habla de nuestra democracia, porque a más de 40 años sus órganos no fueron capaces de hacer una ley que tuviera en cuenta los derechos indígenas”. 

Sobre el retroceso en materia legislativa: “La ley de suspensión de desalojos que acaba de derogar Milei está en sintonía con lo que plantea permanentemente el Poder Judicial, que no es ni más ni menos que el pueblo mapuche no existe, que está muerto. Lo que nadie se hace cargo es que si se respeta a la cultura y al pueblo mapuche como una entidad viva, hay que garantizarle el acceso al territorio. Sin eso, todo es bla bla. Y circo. Y despliegue de la violencia y, como ellos orgullosamente lo dicen, una vuelta a Julio Argentino Roca a través de un Estado colonizador”.

Brotes verdes

Cuando irrumpieron las fuerzas policiales esta mañana, para sorpresa, no se encontraron con ninguna persona mapuche. Entre los borcegos, los chalecos, las armas, en esa soledad absoluta, se toparon con un cartel escrito a mano, con marcador, sobre una hoja A4, que dejó colgado la propia comunidad, para que las botas y los gobiernos lean: 

Acá permanecerán por siempre: 

nuestra gente antigua, nuestros brotes.

Después de agradecer a la Gendarmería, «que nos facilitó las instalaciones» (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta «usurpación» de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: «Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo».

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

“Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”. Y “Vamos a ir a buscar justicia hasta el fin del mundo”. Sergio Maldonado viene literalmente de ahí, de Ushuaia, de visitar el Juzgado Federal donde recayó ahora la causa por la desaparición muerte de su hermano. “Empezamos de cero”, dice sobre la nueva etapa que debe considerar también la posibilidad que plantea la familia del joven: la de una desaparición forzada.

Santiago Maldonado fue visto por última vez durante una represión salvaje de la Gendarmería a una comunidad mapuche; su cuerpo sin vida apareció 78 días después de ese episodio, en el río. En una primera instancia el juez Lleral –apartado este año- quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, lo cual le valió un duro revés de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Corte Suprema y organismos internacionales mediante) que le dio la razón a la familia: hay que seguir investigando.

Las preguntas que aún no tienen respuesta: “Si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba. Y si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí”.

El tiempo perdido. La esperanza, y la vida rota. La memoria de Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado. Y la misma ministra de Seguridad ayer y hoy: Bullrich.

Por Lucas Pedulla

“Esta semana tendría que haber estado con la cabeza en actividades relacionadas a los 7 años de la desaparición de Santiago pero no pude ni ponerme a pensar porque la justicia nos dio tres días para encontrar peritos: justo hoy vence el plazo”. 

Sergio Maldonado habla por teléfono desde Bariloche a siete años del momento que cambió la vida de esta familia para siempre. La sincronía judicial parece una burla por este tiempo sin verdad ni justicia, pero se ubica en un presente extraño: el 10 de mayo de este 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez federal Gustavo Lleral -que había dictado el cierre de la causa por la desaparición y muerte del joven que el jueves hubiera cumplido 35 años- y derivó el expediente al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete. 

También revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra) y exigió una serie de medidas de prueba que ponen la causa nuevamente en órbita, contra cualquier negacionismo oficial, incluso cuando ambos contextos -aquel fatídico 2017 y este curioso 2024- comparten la misma ministra de Seguridad: Patricia Bullrich.

“Vamos en búsqueda de justicia, hasta el fin del mundo”, dice Sergio, que vive en Bariloche; su abogada, en Buenos Aires; la fiscalía está en Esquel (Chubut); y ahora tuvo que viajar hasta Tierra del Fuego para entrevistarse personalmente con el nuevo magistrado. 

¿Qué significa entonces este fallo y este presente? Sergio es claro: “Volvemos al inicio”. 

Donde todo empezó

El inicio de esta sucesión de violencias se ubica el 1 de agosto de 2017. Ese día, en plena meseta patagónica, fue la última vez que vieron con vida a Santiago, un joven de 28 años que se había acercado de forma solidaria a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, que había sido cruelmente reprimida meses atrás y estaba reclamando por la liberación de su referente, Facundo Jones Huala (hoy preso en Chile, en estado delicado de salud por estar hace un mes en huelga de hambre). Santiago estaba de paso porque quería volver a su 25 de Mayo natal, en la provincia de Buenos Aires, a estar con su familia, ya que extrañaba a su mamá y a su abuela. Sin embargo, ese día tuvo que escapar aterrorizado de una violenta represión de más de cien gendarmes que irrumpieron de forma ilegal, sin orden judicial, sobre una comunidad indígena. Santiago desapareció.

Sergio, su hermano, encarnó la lucha de una familia que, después de 78 días, el 17 de octubre de ese año, dio con el cuerpo, que encontraron en el mismo lugar del Río Chubut que había sido rastrillado previamente. El juez Gustavo Lleral quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, sin tener en cuenta el contexto violento de represión en el que se produjo su desaparición. Desde entonces, la familia tuvo que recurrir a vías internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llevar a cabo un pedido concreto: una investigación imparcial e independiente. 

Tras intervenciones de la propia Corte Suprema, y ante un nuevo intento de cierre de causa, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia intervino e instó al nuevo juzgado a que “adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba” que Lleral nunca tomó. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez no se ahorraron críticas con el juez, le recordaron que no cumplió ninguna de las medidas ordenadas por esa misma cámara: “La injustificada reticencia que ha evidenciado el magistrado instructor (por Lleral) en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten, dejando transcurrir un extensísimo plazo -que tales medidas no hubieran requerido- es suficientemente demostrativa de que ya tiene una posición tomada acerca de cómo sucedieron los acontecimientos; y ello resulta incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar quien se encuentra a cargo de la investigación de un hecho ilícito de estas características”. 

Y concluyeron: “La investigación no se encuentra agotada”. 

Un detalle: los jueces tomaron el antecedente de la Cámara de Casación “en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Allí también la justicia quiso cerrar el caso diciendo que Facundo se había “ahogado”, sin investigar las evidencias contra efectivos de la Policía Bonaerense. Allí, también, la familia logró apartar a la jueza del caso, María Gabriela Marrón. Por el lado de la familia Maldonado, Lleral fue el segundo juez de la causa. El primero había sido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, recusado en 2017.

Una mínima luz

El fallo le da la razón a la familia Maldonado. “Se podría haber evitado -ubica Sergio-. Lo que dijo Lleral en su fallo de 2023 fue lo mismo que dijo en 2018. Si la Cámara tuvo que esperar más de cinco años para darse cuenta de lo mal que hizo todo, es penoso. Tienen una responsabilidad más allá de que se expidieron de una manera favorable, porque no es solo que perdimos tiempo, sino también muchas pruebas, testigos, y gente que ya no está. Son muchas las cosas que afectan a la causa. No es gratis, y los más perjudicados somos nosotros. Y Santiago. Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que “los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado”, en relación a la desaparición forzada, pero aclararon: “Entendimos que ello no autorizaba a dar por concluida la causa”. Por ese motivo, encomendaron “profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responde o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo”. 

Para Sergio, sin embargo, nada está descartado: “Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que no había que descartar la desaparición forzada, y que hay que investigar todas las hipótesis. De hecho, el nuevo juez no lo descarta. Si la justicia no investigó, no hizo nada ni tampoco tiene datos, no puede descartar algo que ni siquiera sabe. Lo único que tenemos es la causa de la muerte (‘muerte violenta por sumersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia’). ¿Estuvo los 78 días en ese lugar? La autopsia no pudo decir eso. Por eso empieza todo de nuevo. ¿Quién fue el responsable? ¿Fueron los gendarmes cuando ingresaron? ¿Lo mataron el mismo día, estuvo ahí y nadie lo vio? ¿Se lo llevaron? ¿Murió al quinto día? Son todas preguntas que nos venimos haciendo. Hay tres posibilidades de fechas diferentes y por eso tenemos que poner peritos, para ahondar sobre la autopsia”.

Sergio sabe que al nuevo juez le llega una causa “muy manoseada y embarrada”, pero por eso mismo el magistrado no puede determinar nada: “Tiene que investigar todo. Acá no es que se cuestiona la autopsia en sí, sino que pedimos ampliar pruebas y trabajar sobre lo que hay. Si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí. Porque si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba”.

Además, el contexto de violencia represiva. Hace unas semanas la familia difundió un video peritado por el fiscal federal Federico Baquioni, donde se ven cuatro escuadrones de gendarmes ejecutando al menos 83 disparos sobre una ruta vacía. Los efectivos tiran contra la comunidad, arrojan piedras, y hasta uno lleva un hacha. Sergio: “Hay mucho para trabajar, para que citen a declarar, incluso para hacer una reconstrucción en el lugar: el río es el mismo, el descampado también, la ruta sigue igual, y están los testigos”.

A donde vayan

Viajar a Ushuaia no es gratis. 

Todo tiene un costo -económico, físico, emocional- para una familia que hace siete años no sabe qué pasó con Santiago. ¿Cómo se vive -o se siente- este nuevo inicio? 

Sergio piensa: “Por un lado, hay esperanza, pero por otro hay agotamiento y estrés. Estamos a siete años y tuvimos tres días para encontrar peritos. Estas fechas son complicadas. Acá se nos fueron siete años de nuestras vidas. Perdimos un montón de cosas. Primero está Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado, pero también está todo lo que se rompe. Tu vida va más o menos encaminada, y de repente pasás a ser otra persona. Te desarma todo. Por algo que, encima, es producto de una violencia del Estado. Santiago solo estaba solidarizándose con los pueblos originarios”.

Sergio para y se toma un segundo, y sigue: “No es que lo buscaste: el Estado te metió arriba del ring. Y tampoco lo podés dejar, porque todos los recursos los tenemos que buscar nosotros”. 

Así, hace siete años, esta familia no para.

Hace siete años falta Santiago.

Y allí está Sergio, viajando hasta el fin del mundo, para encontrar verdad y justicia.