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Amparo para un barrio entero

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¿Qué hacer frente al terrorismo de barrio? ¿Cómo actuar (y no solo escandalizarse) frente a la violencia, el delito y el miedo cotidianos en barrios pobres y periféricos donde el Estado y la policía son muchas veces cómplices del problema, y no de su solución? ¿Donde los menores son armados y reclutados por la propia policía que les otorga “zonas liberadas” para cometer delitos?
Amparo para un barrio enteroLas preguntas convocaron a un heterogéneo grupo de personas y proyectos: Mónica Alegre, la mamá del desaparecido Luciano Arruga (e integrantes de la Coordinadora por su aparición); Penélope Lauman, recuperada tras haber sido baleada en el barrio Villegas, de Ciudad Evita (y familiares y amigas); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); integrantes de las revistas Barcelona, Mu, y de la cooperativa lavaca; Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH); periodistas e investigadores como Cristian Alarcón (quien además participó en los grupos que lucharon por el esclarecimiento de la desaparición de Miguel Bru, en los 90), abogados como Ricardo Dios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en el CELS, con la presencia de distintos medios y una idea que expresó Gastón Chillier, Director Ejecutivo de la organización anfitriona: “Esperamos que este sea el primer encuentro de muchos. Pero de acuerdo a lo que estuvimos conversando con Claudia Acuña (presidenta de la cooperativa lavaca) nos parece definitivamente muy interesante la idea de realizar una acción judicial para el barrio Villegas con la forma de un amparo. Desde la órbita de los derechos humanos, se ha utilizado al poder judicial por la vía penal, para juzgar a los responsables de violaciones a esos derechos, cosa que no vamos a dejar de hacer. Pero por otro lado, lo ahora nos planteamos es promover una acción de amparo, que ponga en juego la responsabilidad del Estado también con respecto a otros derechos: a la educación, la vivienda, el trabajo, poder desarrollar una vida digna. Y que el Estado sea responsable –por acción- de promover y garantizar esos derechos, y no responsable de la violación de los mismos. Hay una vinculación entre lo que fue el terrorismo de Estado, y este terrorismo de barrio, que nos obliga a pensar en nuevos paradigmas para enfrentarlo”.
Luciano + Penélope
Amparo para un barrio entero“Hoy se cumplen un año y cinco meses de la desaparición de mi hijo” explicó Mónica. Luciano Arruga tenía 16 años y desapareció en Lomas del Mirador el 30 de enero de 2009 tras haber rechazado la oferta realizada por policías de “trabajar” para ellos. Traducción: cometer delitos con zonas liberadas por las propia policía. La causa está parada, pero además los policías sospechados por su desaparición siguen en funciones. Junto a Mónica estaba Penélope Lauman, integrante de la cooperativa lavaca y víctima de tres balazos por la espalda en medio de una aparente “guerra” entre bandas barriales.
Josefina Martínez, del Programa de Violencia Institucional del Cels destacó algo muchas veces distorsionado: “No hay tanto una ausencia del Estado, sino una presencia de las redes de ilegalidad. Por eso hemos hecho este acopio de trabajos para hacer un análisis amplio que nos permita ver la trama de la violencia, más allá de cada caso puntualmente”.
Dos casos diferentes
Amparo para un barrio enteroPablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, recordó que desde hace mucho vienen denunciando estas situaciones: “La vinculación de parte de la policía, de parte del poder judicial y parte del poder político es histórico, y no solo del conurbano sino de todo el país. El caso último que tenemos es el de Luciano. En el barrio de San Petersburgo, lindante a Villegas y Puerta de Hierro, y marcado como triángulo rojo, donde los policías se aprovisionan de jóvenes que pasan a trabajar para esta gente”. Pablo agregó: “En el país de los desaparecidos, no hemos podido instalar lo suficiente el caso de la desaparición de Luciano Arruga”. Recordó que el entonces ministro bonaerense Carlos Stornelli, acorralado por los efectos del caso de la familia Pomar, varios meses después terminó denunciando él también el reclutamiento de jóvenes para delinquir por parte de la Policía Bonaerense
Frente a la sensación de que nada puede hacerse en estos casos, Pimentel opuso dos ejemplos. En San Petersburgo, la movilización primero de los padres y luego de grupos de chicos, incluso “pibes chorros” terminó generando la intervención del ministerio de Desarrollo Social, que facilitó la implementación de otras actividades: “Los chicos largaron las armas, están haciendo trabajos en el barrio y hasta fútbol callejero. Y las chicas, que muchas veces eran las que incitaban a los chicos para lo delictivo, ahora están en grupos de hip hop, y todo el barrio está con una predisposición distinta a salir del problema”. El segundo ejemplo: “Mientras Penélope estaba en el hospital, las chicas del barrio salieron a volantear, a hacer pintadas con jóvenes y chicos, grafitis. Yo vivo a 15 cuadras. El otro día, mientras estábamos frenando un desalojo, la gente del barrio me comentaba: ‘qué bárbaro, cómo lograron parar a la banda que estaba en Villegas, y eso que estaba amparada por un jefe policial’. Quiere decir que es muy difícil, pero posible transformar las cosas. Crear un paradigma de autosuperación, que tiene que enfrentarse a algo que sigue vigente, que son las prácticas punteriles en los barrios. Ha habido avances si se compara con la época de Duhalde, pero se siguen alimentando esa forma de tener atada a la gente con planes sociales”.
La ley del piolaje
Amparo para un barrio enteroMientras los integrantes del Cels distribuían a los periodistas algunos trabajos relacionados con la situación, como «Violencia institucional y políticas de seguridad: refuerzo de las corporaciones y estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad», Cristian Alarcón describió la diferencia entre las maras y pandillas centroamericanas (convertidas en una masiva subcultura) y las bandas que operan en los barrios argentinos: “Aquí es todo muy incipiente. Nosotros no estamos condenados. Hay sociedades centroamericanas que frente a tragedias con miles de muertos, ni siquiera logran pedir justicia. Aquí tenemos recursos extraordinarios”. Agregó: “Tenemos que hacernos grandes preguntas. Por ejemplo, desde donde intervenimos. Nos encontramos ante una ley nueva. La del pibe más piola, la policía más piola, la familia más piola, el gran piolaje, y todos interviniendo de algún modo en las redes delictivas. Hay una adhesión a la ilegalidad. Esa es una discusión que hay que dar. Frente a cualquier demanda, estas alianzas que estamos pensando tienen a favor un factor: el tiempo. Y la intervención de la propia gente del barrio. Lo que hay que preguntarse es sobre la relación de las instituciones de la sociedad civil, con los sectores populares. En esta reunión estamos viendo una alianza estratégica, a la que podemos sumarnos algunos periodistas escribiendo, publicando y lanzando ideas para ver cómo enfrentar esas situaciones nuevas”.
Ir por otro lado
Amparo para un barrio enteroMónica: “Yo no sé de política, es más no sé hablar ante una cámara. Les pido disculpas. Pero me siento herida, desilusionada. Me pongo a pensar ¿Dónde están los derechos de nosotros, la gente humilde? Donde están los derechos de mi hijo? Si alguien me lo sabe explicar que me lo explique. ¿Y los derechos de Penélope? O del pibe que murió por ir a un recital? O de los muertos en Bariloche? Nadie me lo explica. Luciano es un número más. Un negrito más. No les sirvió, no les importa, habrá miles. Por eso estamos acá. Para que entiendan los que están más arriba de nosotros. Tenemos que abriles los ojos, mis hijos o Penélope no son un número. Necesitan también que les abran las puertas”.
Mónica agradeció a las revistas presentes la mención permanente del caso de Luciano. Incluyó a Barcelona. Pablo Marchetti, uno de los directores de la publicación, contó: “Parecería que la política de derechos humanos tiene que ver solo con crímenes de la dictadura. Y que la seguridad solo tiene que ver con el robo a ciertos sectores sociales. Entonces Luciano Arruga no encaja. Modestamente queremos dar una idea distinta. Hablábamos de esta pelea en los medios. Cuando salió en TN lo de Luciano, por fin, en el programa de televisión 6,7, 8 salieron a criticarlos diciendo que hablan de eso y no de hijos de Ernestina Herrera de Noble. Estamos en medio de una pelea mediática muy particular. Una vez más, vayamos por otro lado”.
[audio:https://media.lavaca.org/audios/cels-cristian-alarcon.mp3]
Cristian Alarcón, periodista e investigador
[audio:https://media.lavaca.org/audios/cels-gaston-chillier.mp3]
Gastón Chillier, director del Cels
[audio:https://media.lavaca.org/audios/cels-monica-arruga.mp3]
Mónica, la mamá de Luciano Arruga
[audio:https://media.lavaca.org/audios/cels-pablo-pimentel.mp3]
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH)
[audio:https://media.lavaca.org/audios/cels-claudia-acuna.mp3]
Claudia Acuña, de la Cooperativa lavaca

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Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día. 

La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán. 

En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.

En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas. 

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En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica. 

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En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

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Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.

En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

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Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.

Más información en www.observatorioluciaperez.org

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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

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Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.

Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar

25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..

Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.

      – Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.

Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.

–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.

Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.

La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:

Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género.  Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.

El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.

Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.

Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

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“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como  granaderos.

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Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado  notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón  se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

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Susana, Daniel y Daniela Pavón

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar  que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

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Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.

 El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.

La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?

Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.

La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el  centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:

 “Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación  y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.

Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.


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