Sigamos en contacto

Nota

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

Publicada

el

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

boleta electronica

La auditoría hackeada

En la página oficial de la empresa Magic Software Argentina S.A (MSA), la compañía que obtuvo la licitación en tiempo récord para ejecutar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, la imagen principal muestra a una chola tocando la famosa pantalla. El mensaje parece claro: si ella puede, cualquiera puede.
Lo que también quedó claro en la elección porteña es que cuestionar el sistema de boleta electrónica tiene riesgos. Joaquín Sorianello no imaginó qué mecanismo activaba cuando, a diez días de las elecciones, se comunicó con la propia MSA para advertirles que había encontrado fallas en sistema. Según explicó a Télam, el informático denunció la filtración en la web de “los certificados SSL (son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet) de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos datos, especificó, estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón.
La auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires sobre los equipos y el software utilizado no había detectado “problemas graves” ni indicios de “inconvenientes insalvables” para que el sistema se implemente en la elección del 26. Sin embargo, el informe detallado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta una crítica de base: “los defectos en la documentación (presentada por la empresa contratada, MSA) representan un punto débil en el software que dificulta no sólo la auditabilidad del mismo, sino también el mantenimiento y evolución”. El informe indica dos vulnerabilidades que el sistema es capaz de sufrir:

  1. La lectura del contenido del chip – antes de ser introducido en la urna- “podría llegar a hacerse a través de un smarthphone” .
  2. Usando una antena especial, “se puede llegar a leer la terminal en el momento en que está grabando el voto sobre el chip”.

La conclusión del informe, entonces, no se corresponde en rigor con los aspectos técnicos (vulnerabilidades) y formales (documentación insuficiente) que señalan los profesionales auditores. Ante estas deficiencias, la auditoría se sale de su control técnico y llama a extremar los controles para la boleta electrónica: “los principales custodios de los comicios siguen siendo las autoridades de mesa y los delegados del Tribunal, como los fiscales de las agrupaciones políticas y los mismos electores”.
Según un informe de Poder Ciudadano sobre la elección con este sistema en la ciudad de Salta, ocurre en la práctica exactamente lo contrario: “En escasas oportunidades los electores verifican que el chip de la boleta contenga la misma información que está impresa, y, a su vez, los fiscales no exigen a la autoridad de mesa que ésta muestre la impresión de cada BUE, priorizando la velocidad a la transparencia.
¿Entonces?

Joaquín Sorianello

Joaquín Sorianello

La democracia privatizada

Dos días antes de las elecciones porteñas, la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA, a quien Sorianello había llamado para advertir los errores. ¿Por qué una jueza contravencioal y una policía municipal ejecutaban un allanamiento? La excusa que manifestó el candidato del oficialismo porteño fue el temor a un posible “hackeo”.
Sorianello estaba en Bariloche y se enteró del allanamiento a través de un tío. Cuenta que secuestraron el disco externo y cualquier elemento que pudiera almacenar información. «No soy un hacker. Soy un programador preocupado porque no nos roben la democracia», dice Sorianello en conversación telefónica con lavaca. Cuenta: “El jueves pasado vi un tuit que mostraba la contraseña del sistema del voto electrónico. Entré y era posta. Hice público eso. Lo que difundí es que cualquier persona podía acceder a las terminales de recuento de votos. Es un sistema que pone en peligro a la democracia y sentí el deber de compartir la información que tenía. Soy parte del movimiento de libre conocimiento. Nuestra ética es compartir información. Y si la democracia está en peligro, lo decimos”.
Diego Saravia – ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos de Argentina, además de candidato a diputado en su provincia por el FPV- explica la parte técnica de este descubrimiento: “Lo que se descubrió fue la posibilidad de grabar  boletas con muchos votos para un candidato. Si bien lo descripto sería detectable por un observador atento, nada le impide a la empresa activar una rutina que rectifique las inconsistencias y logre certificados de escrutinios perfectos”. ¿Qué significa esto? Que el sistema es poco vulnerable para un agente externo, pero muy manipulable por la propia empresa: “Lo que se descubrió – la posibilidad de grabar boletas con muchas votos para un candidato- es la última gota que confirma esa hipótesis. Lo grave del descubrimiento es que se reveló que las auditorías efectuadas fueron inefectivas. Y si la auditoría no es eficaz, no hay nada que impida a la empresa hacer fraude. En definitiva, nada le impide a la empresa definir a un ganador”.
Diego Saravia fue una de las personas que denunció las irregularidades del sistema de boleta electrónica durante las PASO en Salta, y que por ello tuvo un round directo con el titular de MSA en Argentina, Nicolás Deane. Otro dato de escándalo es que el titular de MSA, Nicolás Deane, cuya empresa tiene el monopolio del voto electrónico en el país (acaba de ganar la licitación para implementar el sistema en Resistencia), fue Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral hasta al menos el 2011 (http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184578/norma.htm).

Diego Saravia

Diego Saravia

El round salteño

En las elecciones salteñas de este año, la empresa MSA reconoció que tuvieron que reemplazar 299 máquinas que presentaron fallas. Saravia, por su parte, demostró otra más: a modo de fiscalización informática, con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) a la máquina en la cual las personas debían votar en modo de mantenimiento para demostrar la debilidad del sistema de MSA.
En el antecedente salteño el sistema fue contratado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (144 millones) y los primeros en denunciar irregularidades fueron los candidatos del PRO. El problema, entonces, no parece tener color político, sino estar atado al control del oficialismo. Los abogados del Frente de Romero y Olmedo denunciaron, sin embargo, a la empresa: “La empresa MSA eludió el control de la autoridad electoral y de los fiscales informáticos designados por cada partido o frente participante en los reemplazos; se observó manipulación de los DVD sin control alguno de las autoridades electorales y no se dispuso vigilancia a los efectos de evitar tales reemplazos arbitrarios y discrecionales».
Saravia se hace otras preguntas más allá de la coyuntura: “¿Para qué sirve esto? No veo que este sistema aporte nada nuevo ni amplíe la capacidad de decidir de los electores. Lo único destacable es la velocidad del escrutinio provisorio. Dicho esto, ¿hay otras formas de hacer voto electrónico? Sí, y mejores. Para empezar, el sistema debe ser transparente: eso implica publicar el código fuente y no allanar a quien lo investiga”.
En una entrevista con El Intransigente, Nicolás Deane, contesta las críticas a Saravia con una respuesta particular: “Desde que trabajamos en Salta, él dice que quiere ver el código fuente. Quiere que lo publiquemos en Internet y que él y toda la comunidad puedan verlo. Esto es algo ideológico que genera más problemas de los que supera con este tipo de información”.
Deane sostiene que “los informáticos” confunden urna electrónica (que tienen memoria y un router interno que contabiliza votos) con boleta electrónica. “El dato no se guarda en la máquina sino en la boleta, en el mismo soporte físico y el chip. Eso se carga en la máquina con dvds que se queman frente a todos los partidos políticos. Pero antes de grabar, no solamente tienen la posibilidad de revisarlo, sino que también se verifica”, defiende.
A Saravia no le cierran las explicaciones públicas de Deane, y se remite a los hechos: afirma que Sorianello demostró la verdadera cara del negocio. Propone dos opciones. Una: “La empresa actúa de mala fe”. Dos: “La empresa es tan incapaz que es extraño que el sistema funcione correctamente”. ¿Dos más dos es cuatro? Su conclusión: “La única opción que queda es que esos agujeros están ahí a propósito”.

Tomala vos, dámela a mí

La preadjudicación de MSA (Magic Software Argentina S.A )no llevó ni un mes. Según consta en el propio Boletín Oficial porteño, la licitación se abrió el 14 de enero, la apertura de sobres con las dos empresas oferentes se realizó dos semanas después (28 de enero a las 15 horas) y el 4 de febrero la Comisión de Evaluación de Ofertas ya tenía la conclusión de “que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente” era la de MSA.
La Ciudad lo oficializó el 20 de febrero a través de un decreto donde se comprometía a desembolsar 216 millones de pesos por los servicios de MSA para las PASO, las elecciones generales y, también, para una eventual segunda vuelta (bingo: con el ballotage factura 12 millones de pesos más). Como, finalmente, el sistema no fue utilizado en las primarias, el Gobierno renegoció las pautas con la empresa de cara a lo que venía: Magic Software Argentina cerró en 151 millones de pesos por un escrutinio provisorio y otro tipo de servicios (instalación de máquinas para la capacitación de la población y personal, además de la infraestructura tecnológica) para las elecciones generales.
Las cuentas realizadas por el diario contrainformativo Clarín establecen que la implementación del voto costó 6 veces más que la antigua modalidad de boletas impresas y que por cada votante, el gobierno gastó 60,4 pesos.
La otra empresa que se presentó a la licitación fue Smartmatic Internacional Holding B.V, una compañía holandesa con sucursales distribuidas por todo el mundo, a la que ciertos sectores de la prensa local vincularon rápidamente con el “fraude chavista” y las “irregularidades” en la implementación del voto electrónico en Brasil.
La oferta de Smartmatic superaba los 203 millones de pesos, pero estaba por debajo de la de su competidora, que ascendía a los 218 millones de pesos.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar la documentación que cada empresa presentó en la licitación, estuvo integrada por:

  • Roberto Gigante, por el Ministerio de Hacienda.
  • Bruno Screnci Silva, por el Ministerio de Gobierno.
  • Felipe Miguel, por la Jefatura de Gabinete.
  • Eduardo Alberto Macchiavelli, por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
  • Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

MSA ganó la licitación, literalmente, por goleada, pero Smartmatic no se quedó callada:presentó un amparo contra el gobierno porteño por considerar que el pliego y el proceso estuvieron hechos “a la medida” de MSA. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó “in limine” el amparo por considerar que el Gobierno “pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas” por la firma holandesa.
El sistema de evaluación de la licitación estuvo basado en los puntajes que la Comisión fue otorgando a las empresas en los diversos tópicos. Por ejemplo, MSA goleó a Smartmatic en los antecedentes empresariales: 35 a 15. Allí pesó la valoración sobre los antecedentes específicos de cada compañía en relación al sistema de boleta electrónica. En este punto, la Comisión de Evaluación de apoyó “en la opinión técnica” de la Dirección General Electoral, cuyo informe le otorgó 10 puntos más a MSA que a Smartmatic, ya que esta última sólo acreditaba –según el organismo oficial- una elección a cargos públicos en una ciudad de Ecuador.
La opinión de la Dirección General Electoral también pesó a la hora de definir las características de los sistemas ofertados, y Smartmatic sufrió una quita de puntos ya que los dispositivos presentados “se ajustan al sistema de voto electrónico y no al de boleta única”. A estas quitas se le agregan la falta de CUIT de la firma holandesa en Argentina y la incapacidad de presentar una certificación de stock de bienes de dispositivos electrónicos en el país.
Por su parte, el Grupo MSA se presenta como un holding de capitales “100% nacionales”. Además del ex funcionario de la Cámara Nacional Electoral, el presidente es Sergio Osvaldo Orlando Angelini y el director titular, Gabriel Oscar Serio. Sus mandatos vencen el 23 de octubre de este año.
En la página de la empresa se jactan de estar hace más de quince años “brindando servicios de alto valor agregado en el mercado nacional e internacional”. MSA está conformado por varias empresas, entre las que se destaca el servicio de boleta electrónica, pero también sistemas de software “de administración pública”. De eso se trata “Punto Gob: “Desde principios del año 2000, el gobierno de la Municipalidad de Rafaela y GRUPO MSA han incursionado en la conformación de esta Software Factory bajo el modelo de sociedad anónima, para producir y comercializar software de administración pública”, dice la empresa. De esa experiencia también se destaca la coincidencia de otro empleado municipal devenido miembro de MSA: Germán Gabriel Burcher, ex secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.

Consejos de un experto

¿Y Sorianello? La pesadilla judicial lo obligó a conseguir un abogado que aportó una onegé. Por consejo del letrado, dejó de hablar con la prensa. Al mismo tiempo, alguien creó un perfil falso (fake) de Twitter con su apodo.
El verdadero es @_joac
El falso le agrega otra “c”.
En Twitter, justamente, comenta que también le recomendaron cortarse el pelo.
Y aconseja:
“Cuando votes, chequeá que lo que votaste en la pantalla sea lo que sale impreso en la boleta. Y luego, revísalo con el lector. Sé tu propio fiscal de mesa”.

Nota

16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

Publicada

el

Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

Publicada

el

Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

Seguir leyendo

#NiUnaMás

Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

Publicada

el

Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

Podés descargar el documento aquí.

Seguir leyendo

LA ÚLTIMA MU: MARICI WEW

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.