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Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

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El informático que reportó fallas en el sistema de boleta electrónica fue perseguido. Los informes en Internet que mostraban códigos del software, censurados. La Justicia Contravencional y la Policía Metropolitana actuaron en tiempo récord para allanar – literalmente- toda duda. La gente, contenta porque el voto resultó rápido. ¿Quién ganó?

boleta electronica

La auditoría hackeada

En la página oficial de la empresa Magic Software Argentina S.A (MSA), la compañía que obtuvo la licitación en tiempo récord para ejecutar la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, la imagen principal muestra a una chola tocando la famosa pantalla. El mensaje parece claro: si ella puede, cualquiera puede.
Lo que también quedó claro en la elección porteña es que cuestionar el sistema de boleta electrónica tiene riesgos. Joaquín Sorianello no imaginó qué mecanismo activaba cuando, a diez días de las elecciones, se comunicó con la propia MSA para advertirles que había encontrado fallas en sistema. Según explicó a Télam, el informático denunció la filtración en la web de “los certificados SSL (son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet) de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos datos, especificó, estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”. ¿Cuál es la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón.
La auditoría realizada por la Universidad de Buenos Aires sobre los equipos y el software utilizado no había detectado “problemas graves” ni indicios de “inconvenientes insalvables” para que el sistema se implemente en la elección del 26. Sin embargo, el informe detallado del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales manifiesta una crítica de base: “los defectos en la documentación (presentada por la empresa contratada, MSA) representan un punto débil en el software que dificulta no sólo la auditabilidad del mismo, sino también el mantenimiento y evolución”. El informe indica dos vulnerabilidades que el sistema es capaz de sufrir:

  1. La lectura del contenido del chip – antes de ser introducido en la urna- “podría llegar a hacerse a través de un smarthphone” .
  2. Usando una antena especial, “se puede llegar a leer la terminal en el momento en que está grabando el voto sobre el chip”.

La conclusión del informe, entonces, no se corresponde en rigor con los aspectos técnicos (vulnerabilidades) y formales (documentación insuficiente) que señalan los profesionales auditores. Ante estas deficiencias, la auditoría se sale de su control técnico y llama a extremar los controles para la boleta electrónica: “los principales custodios de los comicios siguen siendo las autoridades de mesa y los delegados del Tribunal, como los fiscales de las agrupaciones políticas y los mismos electores”.
Según un informe de Poder Ciudadano sobre la elección con este sistema en la ciudad de Salta, ocurre en la práctica exactamente lo contrario: “En escasas oportunidades los electores verifican que el chip de la boleta contenga la misma información que está impresa, y, a su vez, los fiscales no exigen a la autoridad de mesa que ésta muestre la impresión de cada BUE, priorizando la velocidad a la transparencia.
¿Entonces?

Joaquín Sorianello

Joaquín Sorianello

La democracia privatizada

Dos días antes de las elecciones porteñas, la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa de Joaquín Sorianello por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA, a quien Sorianello había llamado para advertir los errores. ¿Por qué una jueza contravencioal y una policía municipal ejecutaban un allanamiento? La excusa que manifestó el candidato del oficialismo porteño fue el temor a un posible “hackeo”.
Sorianello estaba en Bariloche y se enteró del allanamiento a través de un tío. Cuenta que secuestraron el disco externo y cualquier elemento que pudiera almacenar información. «No soy un hacker. Soy un programador preocupado porque no nos roben la democracia», dice Sorianello en conversación telefónica con lavaca. Cuenta: “El jueves pasado vi un tuit que mostraba la contraseña del sistema del voto electrónico. Entré y era posta. Hice público eso. Lo que difundí es que cualquier persona podía acceder a las terminales de recuento de votos. Es un sistema que pone en peligro a la democracia y sentí el deber de compartir la información que tenía. Soy parte del movimiento de libre conocimiento. Nuestra ética es compartir información. Y si la democracia está en peligro, lo decimos”.
Diego Saravia – ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos de Argentina, además de candidato a diputado en su provincia por el FPV- explica la parte técnica de este descubrimiento: “Lo que se descubrió fue la posibilidad de grabar  boletas con muchos votos para un candidato. Si bien lo descripto sería detectable por un observador atento, nada le impide a la empresa activar una rutina que rectifique las inconsistencias y logre certificados de escrutinios perfectos”. ¿Qué significa esto? Que el sistema es poco vulnerable para un agente externo, pero muy manipulable por la propia empresa: “Lo que se descubrió – la posibilidad de grabar boletas con muchas votos para un candidato- es la última gota que confirma esa hipótesis. Lo grave del descubrimiento es que se reveló que las auditorías efectuadas fueron inefectivas. Y si la auditoría no es eficaz, no hay nada que impida a la empresa hacer fraude. En definitiva, nada le impide a la empresa definir a un ganador”.
Diego Saravia fue una de las personas que denunció las irregularidades del sistema de boleta electrónica durante las PASO en Salta, y que por ello tuvo un round directo con el titular de MSA en Argentina, Nicolás Deane. Otro dato de escándalo es que el titular de MSA, Nicolás Deane, cuya empresa tiene el monopolio del voto electrónico en el país (acaba de ganar la licitación para implementar el sistema en Resistencia), fue Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral hasta al menos el 2011 (http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/184578/norma.htm).

Diego Saravia

Diego Saravia

El round salteño

En las elecciones salteñas de este año, la empresa MSA reconoció que tuvieron que reemplazar 299 máquinas que presentaron fallas. Saravia, por su parte, demostró otra más: a modo de fiscalización informática, con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) a la máquina en la cual las personas debían votar en modo de mantenimiento para demostrar la debilidad del sistema de MSA.
En el antecedente salteño el sistema fue contratado por el gobernador Juan Manuel Urtubey (144 millones) y los primeros en denunciar irregularidades fueron los candidatos del PRO. El problema, entonces, no parece tener color político, sino estar atado al control del oficialismo. Los abogados del Frente de Romero y Olmedo denunciaron, sin embargo, a la empresa: “La empresa MSA eludió el control de la autoridad electoral y de los fiscales informáticos designados por cada partido o frente participante en los reemplazos; se observó manipulación de los DVD sin control alguno de las autoridades electorales y no se dispuso vigilancia a los efectos de evitar tales reemplazos arbitrarios y discrecionales».
Saravia se hace otras preguntas más allá de la coyuntura: “¿Para qué sirve esto? No veo que este sistema aporte nada nuevo ni amplíe la capacidad de decidir de los electores. Lo único destacable es la velocidad del escrutinio provisorio. Dicho esto, ¿hay otras formas de hacer voto electrónico? Sí, y mejores. Para empezar, el sistema debe ser transparente: eso implica publicar el código fuente y no allanar a quien lo investiga”.
En una entrevista con El Intransigente, Nicolás Deane, contesta las críticas a Saravia con una respuesta particular: “Desde que trabajamos en Salta, él dice que quiere ver el código fuente. Quiere que lo publiquemos en Internet y que él y toda la comunidad puedan verlo. Esto es algo ideológico que genera más problemas de los que supera con este tipo de información”.
Deane sostiene que “los informáticos” confunden urna electrónica (que tienen memoria y un router interno que contabiliza votos) con boleta electrónica. “El dato no se guarda en la máquina sino en la boleta, en el mismo soporte físico y el chip. Eso se carga en la máquina con dvds que se queman frente a todos los partidos políticos. Pero antes de grabar, no solamente tienen la posibilidad de revisarlo, sino que también se verifica”, defiende.
A Saravia no le cierran las explicaciones públicas de Deane, y se remite a los hechos: afirma que Sorianello demostró la verdadera cara del negocio. Propone dos opciones. Una: “La empresa actúa de mala fe”. Dos: “La empresa es tan incapaz que es extraño que el sistema funcione correctamente”. ¿Dos más dos es cuatro? Su conclusión: “La única opción que queda es que esos agujeros están ahí a propósito”.

Tomala vos, dámela a mí

La preadjudicación de MSA (Magic Software Argentina S.A )no llevó ni un mes. Según consta en el propio Boletín Oficial porteño, la licitación se abrió el 14 de enero, la apertura de sobres con las dos empresas oferentes se realizó dos semanas después (28 de enero a las 15 horas) y el 4 de febrero la Comisión de Evaluación de Ofertas ya tenía la conclusión de “que la oferta más conveniente para la adjudicación correspondiente” era la de MSA.
La Ciudad lo oficializó el 20 de febrero a través de un decreto donde se comprometía a desembolsar 216 millones de pesos por los servicios de MSA para las PASO, las elecciones generales y, también, para una eventual segunda vuelta (bingo: con el ballotage factura 12 millones de pesos más). Como, finalmente, el sistema no fue utilizado en las primarias, el Gobierno renegoció las pautas con la empresa de cara a lo que venía: Magic Software Argentina cerró en 151 millones de pesos por un escrutinio provisorio y otro tipo de servicios (instalación de máquinas para la capacitación de la población y personal, además de la infraestructura tecnológica) para las elecciones generales.
Las cuentas realizadas por el diario contrainformativo Clarín establecen que la implementación del voto costó 6 veces más que la antigua modalidad de boletas impresas y que por cada votante, el gobierno gastó 60,4 pesos.
La otra empresa que se presentó a la licitación fue Smartmatic Internacional Holding B.V, una compañía holandesa con sucursales distribuidas por todo el mundo, a la que ciertos sectores de la prensa local vincularon rápidamente con el “fraude chavista” y las “irregularidades” en la implementación del voto electrónico en Brasil.
La oferta de Smartmatic superaba los 203 millones de pesos, pero estaba por debajo de la de su competidora, que ascendía a los 218 millones de pesos.
La Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar la documentación que cada empresa presentó en la licitación, estuvo integrada por:

  • Roberto Gigante, por el Ministerio de Hacienda.
  • Bruno Screnci Silva, por el Ministerio de Gobierno.
  • Felipe Miguel, por la Jefatura de Gabinete.
  • Eduardo Alberto Macchiavelli, por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
  • Gustavo Lonegro, por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

MSA ganó la licitación, literalmente, por goleada, pero Smartmatic no se quedó callada:presentó un amparo contra el gobierno porteño por considerar que el pliego y el proceso estuvieron hechos “a la medida” de MSA. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó “in limine” el amparo por considerar que el Gobierno “pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas” por la firma holandesa.
El sistema de evaluación de la licitación estuvo basado en los puntajes que la Comisión fue otorgando a las empresas en los diversos tópicos. Por ejemplo, MSA goleó a Smartmatic en los antecedentes empresariales: 35 a 15. Allí pesó la valoración sobre los antecedentes específicos de cada compañía en relación al sistema de boleta electrónica. En este punto, la Comisión de Evaluación de apoyó “en la opinión técnica” de la Dirección General Electoral, cuyo informe le otorgó 10 puntos más a MSA que a Smartmatic, ya que esta última sólo acreditaba –según el organismo oficial- una elección a cargos públicos en una ciudad de Ecuador.
La opinión de la Dirección General Electoral también pesó a la hora de definir las características de los sistemas ofertados, y Smartmatic sufrió una quita de puntos ya que los dispositivos presentados “se ajustan al sistema de voto electrónico y no al de boleta única”. A estas quitas se le agregan la falta de CUIT de la firma holandesa en Argentina y la incapacidad de presentar una certificación de stock de bienes de dispositivos electrónicos en el país.
Por su parte, el Grupo MSA se presenta como un holding de capitales “100% nacionales”. Además del ex funcionario de la Cámara Nacional Electoral, el presidente es Sergio Osvaldo Orlando Angelini y el director titular, Gabriel Oscar Serio. Sus mandatos vencen el 23 de octubre de este año.
En la página de la empresa se jactan de estar hace más de quince años “brindando servicios de alto valor agregado en el mercado nacional e internacional”. MSA está conformado por varias empresas, entre las que se destaca el servicio de boleta electrónica, pero también sistemas de software “de administración pública”. De eso se trata “Punto Gob: “Desde principios del año 2000, el gobierno de la Municipalidad de Rafaela y GRUPO MSA han incursionado en la conformación de esta Software Factory bajo el modelo de sociedad anónima, para producir y comercializar software de administración pública”, dice la empresa. De esa experiencia también se destaca la coincidencia de otro empleado municipal devenido miembro de MSA: Germán Gabriel Burcher, ex secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela.

Consejos de un experto

¿Y Sorianello? La pesadilla judicial lo obligó a conseguir un abogado que aportó una onegé. Por consejo del letrado, dejó de hablar con la prensa. Al mismo tiempo, alguien creó un perfil falso (fake) de Twitter con su apodo.
El verdadero es @_joac
El falso le agrega otra “c”.
En Twitter, justamente, comenta que también le recomendaron cortarse el pelo.
Y aconseja:
“Cuando votes, chequeá que lo que votaste en la pantalla sea lo que sale impreso en la boleta. Y luego, revísalo con el lector. Sé tu propio fiscal de mesa”.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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