#NiUnaMás
Lucía Pérez: cuando el poder judicial actúa como muchos femicidas
El femicidio de Lucía Pérez tuvo una primera sentencia en Mar del Plata en la que se condenó a los autores no por el crimen, sino por tenencia y venta de estupefacientes: 8 años y 135.000 pesos de multa. Los jueces excluyeron el contexto de violencia contra una menor de edad sometida a las drogas y, al contrario, se dedicaron a escrutar el supuesto pasado de Lucía, señalando a una víctima de 16 años por tener vida sexual, por no ser “sumisa” o por “tener carácter”. La familia ya anunció que apelará en todas las instancias, dispuesta a llegar a los tribunales internacionales por incumplimiento del Estado Argentino de pactos sobre derechos humanos de las mujeres. El caso de la fiscal que mintió sobre la causa de la muerte. Los jueces que se escudaron en Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal para argumentar que la brecha entre hombres y mujeres no existe.
Matías Farías, 25 años, y Juan Pablo Offidani, 43, fueron absueltos por la violación y el asesinato de Lucía Pérez Montero, 16 años, ocurrida el 8 de octubre de 2016. Así lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata, compuesto por Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas.
La acusación presentada por el fiscal Daniel Vicente pedía la prisión perpetua de Farías como autor de «abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor» pero los jueces descartaron ese delito y condenaron a Farías y Offidani a ocho años de cárcel (por lo que seguirán presos por ahora) y una multa de 135.000 pesos por tenencia y venta de estupefacientes. Lucía, según esta mirada del llamado Poder Judicial, murió por una sobredosis. No hay respuesta, entre tantas, sobre quién sobredosificó a la menor de edad para que terminara muriendo. Y evidentemente eso no es considerado un delito.
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, dijo al conocer la sentencia: “Este tribunal no entiende nada de violencia de género”.
“La justicia hace lo que hacen muchos femicidas: borrar el rostro de humanidad de la víctima, desechar su vida en una bolsa de basura o dejarla abandonada” explica a lavaca Laurana Malacalza, llamada como testigo experta al juicio por su rol como coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
“Es una actitud sin ningún reconocimiento de parte de la justicia de la condición de víctima y de sujeta que tuvo Lucía. Sin embargo, lo que le interesó a los jueces es analizar su pasado de vida, dar cuenta de que tenía una vida sexual activa, como tenemos todos, pero el fallo no explica que eso no justifica que un varón adulto mayor se aprovecha de esa situación y que el aprovechamiento de esa situación provoque la muerte”, argumenta Malacalza.
“Entendíamos que si no se juzgaba la muerte de Lucía como femicidio, al menos se enmarcara el abuso sexual en un contexto de violencia de género”.
¿Por qué no se juzgó como femicidio? Dice la funcionaria: “Para que un delito sea femicidio tiene que haber un dolo, una búsqueda de matar. En caso de que Farías no tuviese esa intención, lo que no pudo haber descartado es que podía ocurrir eso si le daba la cantidad de drogas que le daba y mantenían relaciones sexuales mientas le daba droga. Podía ocurrir un hecho así, con una menor de edad”. El otro elemento que recuerda Laurana es que Farías había dado más estupefacientes a Lucía para endeudarla y exigirle sexo como contrapartida: “Por eso la carátula que apoyó el abogado de la familia fue Abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”.
Marta, la madre de Lucía, no encontraba palabras: «Es una vergüenza que los condenen por tenencia de drogas y no por la muerte de Lucía». Un tercer acusado, Alejandro Maciel, 61 años, fue absuelto por el delito de encubrimiento.
El defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó también el fallo porque “naturaliza la violencia contra las mujeres”. «La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer alienta nuevos abusos, y también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal».
¿La brecha no existe?
Laurana Malacalza por su lado plantea que la sensación es desoladora. “Habíamos enviado un informe para que el tribunal tuviera claves interpretativas del propio Código Penal que diferencia un crimen ‘cuando mediare violencia de género’. Pero cuando me tocó ir a declarar, por las preguntas que me hacían, me di cuenta que iba a ser muy difícil incorporar la perspectiva de violencia contra las mujeres”.
Ese día Laurana planteó que “la subordinación de la mujer es una cuestión histórica”.
El juez Viñas le contestó: “¿A qué se refiere con que es histórica? ¿De dónde saca eso? ¿Es una teoría suya?”
Luego el juez Carnevale negó la existencia de desigualdades: “Acá hay una defensora que es mujer, una secretaria de juzgado que es mujer. Acá hay mujeres que lograron acceder a lugares de poder. Está usted, que tiene un montón de títulos” le dijo a Laurana. Viñas agregó a la defensiva: “No todos los hombres somos iguales”, como si el acusado fuese él. Carnevale completó el despropósito: ”Tuvimos una presidenta mujer, tenemos una gobernadora: esa brecha hoy no existe”.
Laurana Malacalza sostiene: “La sentencia luego no analizó el contexto en el que se dan estos hechos, que tiene que ver con un contexto de una dominación histórica de los varones con respecto a las mujeres, sobre todo cuando esa dominación se acrecienta por la edad de la víctima y el contexto de vulnerabilidad en que ocurre, que es el contexto del consumo de drogas. A partir de eso no es posible considerar que haya un consentimiento de parte de una menor de edad adolescente, porque ese consentimiento no daría cuenta de una situación de igualdad o paridad entre varón y mujer. No se puede hablar de una libre autonomía sexual”.
Culpar a la víctima
Agrega la funcionaria: “La sentencia juzga un delito de venta de droga que es un delito contra la salud pública, un delito sin víctima, donde la víctima es la salud pública. No se considera la historia de vida de Lucía ni su condición de adolescente en ese contexto. Cuando se la considera es para reforzar la victimización, planteando su pasado sexual, indaga sobre eso, algo rechazado por todos los estándares internacionales de derechos humanos: no se debe hurgar en el pasado de las víctimas, sino juzgar el hecho en particular. Porque de lo contrario, algo de la esfera de lo privado termina siendo usado por la propia justicia para legitimar un hecho contra la integridad sexual y contra la propia vida de la víctima”. En la sentencia se plantea que Lucía no era “sumisa”, que tenía carácter y que tenía vida sexual activa. Es todo un alegato que parece frivolizar que una menor de edad murió en manos de tres sujetos que la drogaron.
“Por eso se explica que esa sentencia haya sido como fue. Lo que es completamente desechado por la justicia es la vida de Lucía. No se encuentra ninguna investigación ni causal que diga cómo murió, por qué murió. Que haya muerto por sobredosis, que es la causal física, no explica el contexto en que ocurrió en esa muerte. Eso es lo que daría un mensaje de no impunidad desde el punto de vista de dominación y violencia hacia las mujeres”.
Otro argumento de Malacalza: “Aunque el caso no hubiese sido juzgado como femicidio, podría haberse explicado la situación en los fundamentos de la sentencia. Un contexto de aprovechamiento y dominación de un varón con respecto a una mujer. En la sentencia dice que había “solamente“ 7 años de diferencia, pero 7 años en una nena de 16 respecto a un varón de 23 que es el proveedor de drogas que la había endeudado dándole más droga de la que ella podía comprar para seguir manteniendo con ella un vínculo de carácter sexual”.
“¿Como eso no queda visibilizado en algún momento de la sentencia?” se pregunta Malacalza: ”Quiere decir que cualquier varón puede abusar sexualmente de una niña. ¿Cómo no va a ser considerado un abuso sexual cuando hay un varón adulto que posee el cuerpo de una menor? ¿Cómo van a hablar de igualdad, de consentimiento?”
La mentira fiscal
Otro aspecto de la sentencia es la denuncia que hacen los jueces sobre la primera fiscal del caso, María Isabel Sánchez, quien brindó una conferencia de prensa relatando detalles escabrosos sobre el modo en que Lucía fue muerta (habló de empalamiento, entre otras cosas), lo cual fue luego desmentido por las pericias médicas.
Dice la sentencia: “La fiscal Sánchez movió a un país. Y movió a un país a partir del dolor y del horror derivados de una mentira. Dando cuenta de un hecho atroz a partir de un mensaje en conferencia de prensa que no hizo más que provocar indignación”. Sánchez fue apartada del caso, y en Mar del Plata sólo hay rumores sobre su actitud de falsificar detalles de la muerte de Lucía, en busca de un ascenso.
“Pero que no haya existido lo que dijo la fiscal no quiere decir que no haya existido el abuso” expresa Malacalza. “Parecería que tiene que haber una lesión física, una
huella marcada en el cuerpo de Lucía, para que lo consideremos violencia. Entonces lo dan como consentimiento”.
Contra el Estado
Hacia adelante: “Va a hacerse la apelación. Esto recién empieza” describe Malacalza. “Y si hace falta se llegará a las instancias internacionales denunciando al Estado Argentino y al provincial por no haber incorporado la perspectiva de género en sus prácticas judiciales. Esto no es un reclamo del movimiento feminista, ni un capricho, sino que el Estado nacional y el provincial deben cumplir con una obligación al haber firmado convenciones vinculadas a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano y de la ONU. Incorporar esa perspectiva de género es la que haría que al menos no exista la impunidad”.
#NiUnaMás
Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde (tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”), que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
#NiUnaMás
Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
- Revista MuHace 4 semanas
Mu 207: Crear lo que viene
- #NiUnaMásHace 4 semanas
Triple narcofemicidio: la respuesta al horror
- #NiUnaMásHace 2 semanas
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio
- NotaHace 2 semanas
Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
- NotaHace 2 semanas
9 años sin Lucía Pérez