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Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

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La desaparición forzada de Santiago Maldonado es el punto de inflexión de un proceso del que es víctima la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, que incluye la detención de su lonko, Jones Huala, las constantes represiones violentas y las causas armadas. Cuál es el rol de Benetton en este proceso y qué significa trabajar en sus campos. Los argumentos que consideran ilegal la detención de Huala y el incumplimiento del Estado argentino de los derechos de los pueblos originarios. La posición de la comunidad azotada por la justicia y la Gendarmería con respecto a la RAM. “No somos ese grupo ni pertenecemos a él, pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para justificar  las represiones”, asegura Fernando Jones Huala. ¿Cuál es la salida? “La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de  incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos”, dice el lonko de la comunidad. Una nota que pone en contexto la pregunta que el Estado argentino sigue sin responder: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Daniel Loncón, uno de los werken (voceros) de la comunidad Pu Lof en Resistencia, del Departamento de Cushamen, define con tres preguntas básicas  el contexto que no hay que perder de vista en la desaparición forzada de Santiago Maldonado:  “¿Por qué desaparece Santiago? Por una represión de Gendarmería. ¿Por qué reprime Gendarmería? Porque se estaba protestando por la libertad de un lonko preso hacía un mes. ¿Por qué está preso el lonko? Ahí nos remite a la cuestión territorial: ese despojo es la génesis histórica de todo esto. Desde que se inició la recuperación el 13 de marzo de 2015, nuestra comunidad sufrió una persecución y represión sistemática por parte de la Justicia y el Estado”.
Facundo Jones Huala está detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel desde el 27 de junio por un pedido de captura internacional para ser extraditado a Chile. Las abogadas que han representado al lonko a lo largo del proceso han descrito la decisión judicial como una “aberración jurídica”. ¿Por qué? El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por los mismos hechos que habían sido materia de juicio de extradición en Esquel, el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Guido Otranto declaró la nulidad del juicio porque no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
La abogada de la familia Maldonado,  Verónica Heredia, también señaló a lavaca que esa escalada represiva sobre la comunidad es el contexto en el que debe leerse la desaparición de Santiago Maldonado: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”.

Jones Huala


El hostigamiento
La primera detención de Jones Huala se produjo el 27 de mayo de 2016 en un violento despliegue de efectivos provinciales, Gendarmería y GEOP. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales regresaron a la comunidad y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería. No fue esa la única represión que sufrió la comunidad: en enero, la Pu Lof soportó tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. También se llevaron animales. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo. Como informó la Revista Cítrica, uno de los detenidos ese día fue Ariel Garzi, el amigo de Santiago que lo llamó por teléfono luego de su desaparición, en esa llamada que fue atendida y duró 22 segundos que aún es misterio, ya que la justicia no la investigó.
La comunidad también tuvo que enfrentar una causa  judicial que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista y que abrió la puerta a un espionaje ilegal, por el cual fueron procesados dos fiscales provinciales, dos jefes policiales y un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI,. El procesamiento de todos estos funcionarios de Estado fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “El primer grupo de la comunidad que inició este proceso de recuperación fue baleado por policías que llegaron en autos de civil”, dice a lavaca Fernando Jones Huala, hermano del lonko y otro de los voceros. “Los peñi y las lamien pusieron carteles en el alambrado y a la media hora llegaron en dos autos de civil policías uniformados. Enseguida empezaron a los tiros. Muchas veces denunciamos el uso de armas 9mm, pero pocas veces pudimos recoger las vainas: la persona que dispara viene con otra atrás, que va juntando las vainas. La mayoría de las veces no podíamos encontrarlas. A eso se sumó el armado de causas: tenemos más de 25 personas procesadas en diferentes causas en torno a la recuperación, que se suman al lonko preso”.
Sobre la segunda detención de Jones Huala, dice Loncón: “Esta decisión es más política que judicial. Evidencia una persecución en términos de pensamiento. Desde la Pu Lof se está planteando una propuesta política del Movimiento Autónomo del Puel Mapu y eso es lo que más le genera terror al poder. No le tiene miedo a las piedras, sino a la lucha de las ideas. El MAP está planteando un proyecto político muy claro: uno de sus proyectos es la recuperación de las tierras productivas que hoy están en manos del latifundio. Y eso afecta una cuestión central en este sistema hegemónico de poder, que es la concentración de la riqueza”.
-Allí aparece Benetton como eje central
-Cuando la comunidad Santa Rosa viajó a Roma a reunirse con Benetton, allí no se pudo llegar a una solución. La propuesta fue otorgarle tierras en otros lugares, donde la comunidad no aceptó. Si se quiere podemos decir que el privado  tuvo más iniciativa que el propio Estado, porque el artículo 75 inciso 17, más allá de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, también reconoce la entrega de tierras aptas y suficientes. Benetton tuvo la iniciativa de entregar tierras, que no eran aptas ni suficientes, pero el Estado no hizo ese ejercicio. Contrariamente a eso ha favorecido al capital privado y extranjero al momento de allanarle el camino administrativo y jurídico para quedarse con esas tierras. Hemos denunciado que no es ingenuo este proceso de corrimiento estatal: ese esquema perverso vemos en el sur.

El patrón Benetton
El “esquema perverso” que describe Loncón lo lleva en su cuerpo y en su historia: el werken cuenta a lavaca que de niño podían pasar dos meses hasta que pudiera ver a su papá, que trabajaba en los campos del actor central en esta trama de despojo: Benetton.
“Tenía que viajar entre 6 y 7 horas a caballo, invierno o verano, cruzar el Río Chubut, un río que crecido llega hasta el lomo del caballo. Muchas veces lo vi llegar con la ropa mojada. Son las condiciones históricas bajo las que nuestras familias vivieron y viven. Ahora tenemos el agravante de que en los pueblos, caso Cushamen o El Maitén, tenemos una dependencia total del poder político, sumado a una avanzada colonizadora y religiosa atroz”.
-¿Qué trabajo hacía su padre en los campos de Benetton?
-Empezó  cuando pertenecía a los ingleses y se jubiló hace unos años, cuando ya estaba la administración Benetton. Era peón de campo y sufría las mismas condiciones del 99 por ciento de las personas que están en esos lugares y territorios. Cuando de chico iba a la estancia veía cómo los carneros que la estancia exhibe en las exposiciones de la Sociedad Rural en Comodoro o en Esquel, que se cotizan en dólares, vivían en condiciones muchos mejores que los peones: tenían viruta en el piso para que no se dañen las patas, luz eléctrica y agua y alimento a discreción, algo que no tenían los empleados. Ellos vivían en una piecita muy pequeña, tenían un fogón con  leña, al lado tenían el recabo (la montura del caballo) y el perro. Esa era la existencia del peón, sus elementos. Como dice Cafrune, qué otra cosa puede mostrar el peón que no sea su pobreza. Esa es la historia repetida de muchas de nuestras familias. De hecho, la condición del peón que estuvo vapuleado todas estas semanas (Evaristo Jones, el puestero a quien querían endilgarle la posible muerte de Maldonado) no varía mucho de las condiciones de vida y de existencia. Ningún medio mostró cómo ni dónde vive, ni los trabajos que tiene que hacer. Tampoco que, en muchos casos, trabaja toda la familia, pero le pagan solo al peón. Ni tampoco cuentan que el mantenimiento de los puestos no es remunerado.
La Justicia criminaliza dos veces
Aún no hay fecha para el segundo juicio de extradición del lonko Jones Huala. La comunidad y organismos de derechos humanos denunciaron su ilegal detención y señalan que el anterior proceso fue declarado nulo por el juez Otranto. “No se puede autorizar la extradición solicitada respecto de Francisco Facundo Jones Huala, sin violar su garantía al debido proceso legal”, es el textual de la sentencia.
¿Por qué es violatorio? Porque las fuerzas estatales cometieron un delito gravísimo para inculparlo. Esto dijo el juez en el fallo.
“[…] se deriva con claridad que todas las manifestaciones que realizó (el testigo) mientras estuvo detenido fueron producto de la coacción que recibió de parte del personal policial para que revele datos de los autores de las pintadas que habían aparecido en la ciudad de Gualjaina referidas a la Resistencia Ancestral Mapuche. Fue coaccionado físicamente a través de golpes y psíquicamente mediante la amenaza de que él quedaría involucrado en ese hecho si no declaraba lo que se le exigía. De esta coacción surgió la vinculación de Francisco Facundo Jones Huala con las pintadas, con el incendio del camión, la conformación de la Resistencia Ancestral Mapuche, los planes de recuperación territorial y la condición de prófugo de la justicia chilena”.
Luego de este fallo del juez Otranto, la fiscal Silvina Ávila (la misma que hoy investiga el expediente de la desaparición forzada de Maldonado) y el procurador Eduardo Casal solicitaron a la Corte Suprema que revocara la nulidad. La Corte Suprema la confirmó, pero en el mismo sentido que Otranto: no se expidió sobre el motivo de la extradición. Ese vacío es el que aprovechó el juez federal Villanueva para ordenar la detención de Huala.  El argumento judicial es que la sentencia no impide dar curso a un nuevo pedido de extradición ya que la solicitud no quedó decidida de forma definitiva.
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) habían presentado un amicus curiae para exigir la liberación del lonko que sintetiza el estado de la causa:

  • La orden de captura internacional fue dejada sin efecto el 30 de mayo de 2016, resolución que fue “debidamente comunicada a las autoridades nacionales como al Jefe de Sección Extradiciones Departamento de INTERPOL”.
  • “Resaltamos, conforme la información que manejamos, que no se ha dictado una nueva orden de captura internacional, ni tampoco existe un nuevo requerimiento de extradición de parte del Estado de Chile contra Jones Huala”.
  • “La detención de Jones Huala, en nuestra opinión, resultaría arbitraria, ilegítima y abusiva. No existirían, a nuestro criterio, motivos razonables que fundamenten la necesidad de que Jones Huala sea privado de su libertad”.


El MAP no es la RAM: una diferencia que no es sólo de siglas
Loncon explica que la Pu Lof en Resistencia de Cushamen forma parte del MAP, cuyas reivindicaciones se diferencian de otras coordinadoras o confederaciones mapuche. “Cada una tiene su camino, se han ido organizando en cada momento histórico como se puede. Somos respetuosos de las diversas expresiones que nuestro pueblo tiene, porque si bien compartimos una historia común de despojo, cada uno tiene sus formas. Algunos eligen la vía administrativa de reclamo. Nuestros abuelos muriendo yendo por allí, recorriendo dependencias y organismos estatales pidiendo títulos de propiedad, algo que medianamente les asegure su territorio. Hoy se buscan otras formas de denunciar y de mostrar cierto hartazgo”.
Los werken explican cuáles son las reivindicaciones centrales del MAP:

  • Recuperación de todo el territorio ancestral. “Por eso las recuperaciones no se hacen donde fueron confinados nuestros antepasados, sino en tierras productivas. Qué pasa: esas tierras hoy están en manos de los latifundios y de los ricos”.
  • Mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio. “Cuando hablamos de autonomía queremos echar por tierra la reacción al mito de un supuesto Estado mapuche. Nadie habla de eso: nosotros convocamos las legislaciones que el mismo Estado ha establecido. No implica poner en peligro la soberanía de nadie: pasa que tenemos un Estado monocultural, construido bajo un sustrato racista muy grande que no quiere entender otras formas de desarrollo de vida”.
  • Ejercicio de derechos políticos y sociales. “Nuestras recuperaciones necesitan un territorio para desarrollarse”.

-A través de un comunicado, varias organizaciones mapuche expresaron que la RAM era un invento de servicios de inteligencia, cuyas acciones servían como ventana a la represión. ¿Cúal es la posición del MAP?
Loncon: Las acciones existen, no se pueden negar, pero no podemos aseverar ni adjudicarlas a una comunidad determinada. En Chubut hay más de 110 comunidades registradas. Ninguna se ha adjudicado esas acciones.
Jones Huala: La forma de expresión existe, pero no hay forma de comprobar específicamente cuál acción corresponde a esta organización y cuál a un servicio de inteligencia. Por ejemplo, el día que se llevaron a Santiago se prendió fuego mágicamente una estación de la Trochita que está pegada al pueblo de El Maitén, lleno de gendarmes y policías. ¿Cómo puede ser? La comunidad ha manifestado hace mucho tiempo que no somos ese grupo ni pertenecemos a él. Pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para ir preparando el escenario para meter las represiones.
Loncon: Veamos los ataques a la Casa del Chubut, en Buenos Aires: ¿permitirían esas acciones pensar que el Gobierno tiene vínculos con la RAM porque habilitó la zona ese día? En Chile ya habíamos empezado a ver que son muy comunes los montajes: tienen figuras, como “testigos ocultos”, que te señalan como culpable de un incendio y la fiscalía luego se agarra de eso para perseguirte. Nosotros decimos: ojo, Argentina está mirando mucho el modelo represivo chileno. Allí hay muertos por carabineros y secuestrados por la PDI (Policía de Investigaciones). No nos olvidemos que cuando en Argentina ocurre la Conquista del Desierto se produce, a su vez, la pacificación de la araucanía en Chile. Fue una avanzada militar conjunta. Hemos visto cómo el aparato estatal genera condiciones para problemas con la solución ya preparada. Hemos visto en el sur cómo se produce el llamado “estado de excepción”, es decir, la suspensión de todo tipo de orden con lapsus de tiempo donde puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que pasa cuando la Gendarmería corta la ruta y los accesos, para generar un terreno donde puede pasar de todo. Ahora hubo algo que trascendió: la desaparición de Santiago. Y, desde allí, el Estado junto a los medios monopólicos pueden instalar cualquier tipo de relato.
La salida
-¿Qué escenarios se abren con el nuevo juicio al lonko?
Jones Huala: El juicio anterior fue ratificado por la Corte Suprema y allí salió todo el espionaje ilegal que sufrimos. Allí quedó evidenciada la persecución política e ideológica contra Facundo y la violencia institucional que llevan adelante para ejercer esa persecución. En este nuevo proceso se suman todas las irregularidades que hay en torno a él y, también, la desaparición de Santiago: a él lo desaparecen por reclamar la libertad de Facundo. De todas maneras, quien decide en última instancia es la Corte Suprema. Creo que parte de ese nuevo escenario lo va a definir el propio Gobierno, pero también la movilización social que se viene dando.
Loncon: Hay un estado de creación de conciencia de nuestra gente y pueblo en la cual estamos muy esperanzados, porque Facundo pudo sintetizar muchos años de despojo, de condiciones indignas de existencia, de condiciones materiales de vida desfavorables, y lo pudo sintetizar en un discurso que ha llegado muchísimo. Eso genera una movilización social que va adquiriendo su propio camino. Entendemos que más allá de la presión que tenga el juez está la presión social, y la que se va a seguir generando hasta el mismo momento del juicio, porque la situación llegó hasta niveles internacionales. Ha movilizado cosas en diferentes partes del mundo. Esperamos que todo esto termine en la no extradición y liberación del lonko. Hay pruebas de sobra para exponer este terrorismo de Estado que sufre la comunidad mapuche. Es un conflicto político histórico, en el cual el Estado debe asumir la responsabilidad de ser quien ha generado, promovido y sostenido el conflicto, a costa de la gente.
Jones Huala: No es solo el pueblo mapuche el que sufre esta violencia, también el pueblo qom, wichi: es necesario que el Estado adopte todas las medidas necesarias y todas las herramientas constitucionales y supraconstitucionales que tiene para poder resolver este conflicto.
Loncon: La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de  incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos.

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Ley de humedales: el humo político

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La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.   

Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densa en el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.

En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.  

“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.

En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley. 

La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de  humedales”.  

Rosca vs urgencias

El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000  km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales. 

El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.  

Con los pies en este panorama responde Camaño: 

¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?  

Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto. 

¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?

Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce. 

Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?

Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos. 

La «cuchillada en la espalda«

Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega. 

“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse. 

Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”. 

El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”. 

La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.

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El patrón del fuego: humo, agronegocios, y el Delta en llamas

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Se destruyeron 853.000 hectáreas de humedales en dos años y medio, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este año, 100.000. “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. El objetivo, alimentar ganado que ocupa esas zonas para agrandar la frontera agropecuaria y liberar áreas para los negocios transgénicos e inmobiliarios. Links a notas e investigaciones sobre el tema. (Foto de portada tomada del la cuenta de Federico Padin en Twitter, @fede_padin).

“Nosotros tenemos humo en la ciudad bastante seguido, desde el 2020 a esta parte. Lo que pasa es que llega a los medios de Buenos Aires cuando ya es zarpado, que es lo que pasó el fin de semana”.

Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales, habla desde Rosario mientras coordina con sus compañeros los detalles de la movilización de este miércoles en el Monumento a la Bandera. Una marcha que surgió de manera espontánea desde las redes sociales, ante la evidencia del humo, y a la cual se le fueron montando todas las organizaciones sociales de la provincia e incluso, por primera vez, la Universidad Nacional, que decretó un cese de las actividades para que la comunidad universitaria pueda asistir.

“La Universidad abrió un teléfono para recibir casos de afecciones por el humo: en la primera hora recibió 100 consultas”, cuenta Julia sobre nuevos apoyos institucionales que hablan de una bronca transversal en la ciudad del puerto internacional, azotada por la violencia, lo narco, el hambre, las quemas y los femicidios. Se suman a las víctimas todas las personas con problemas en las vías respiratorias, y quienes empiezan a sufrirlos por la invasión del humo.

La violencia de cada día

·         “Basta de humo”

·         “Humo es el negocio”

·         “Plomo y humo, el negocio de matar”

Foto: Eduardo Bodiño

Las pintadas aparecieron en edificios públicos y en la ya famosa escultura Barquito de Papel (popularmente rebautizado “narquito”) luego de tres días de humo sostenido, y merecieron más notas periodísticas que las propias causas que las originaron: los incendios que desde hace al menos 2 años destruyen el Delta, y que el pasado fin de semana volvieron a intensificarse de manera asfixiante para la población urbana.

“Tomó una relevancia a nivel nacional, pero humo tenemos casi todas las semanas. A veces muy leve, y a veces como pasó este fin de semana de dos días y medio, sin poder respirar, y gente muy afectada a nivel salud. Cada 4 meses pasa así, de manera alevosa, desde hace 2 años”, cuenta Julia sobre la a-normalidad.

La masiva movilización de hoy en Rosario pone en contexto a las pintadas. Si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales sobre un área total, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

En San Pedro y las Islas Las Lechiguanas, parte del mismo Delta en llamas: https://lavaca.org/notas/san-pedro-argentina-la-realidad-en-llamas/

Y en Corrientes, donde otros incendios recientes confirmaron la necesidad de la Ley de Humedales: https://lavaca.org/mu168/la-ley-del-fuego/

La Multisectorial en Defensa de los Humedales nació como una respuesta en pleno pico de la pandemia: su bautismo desesperado fue una histórica toma del puente en pleno aislamiento obligatorio.

“Estábamos muriendo por el humo más que por el Covid, esa era la sensación”, relata Julia, y enseguida conecta con la actualidad. “Ahora parecería que el humo vuelve, ya no hay Covid, pero es como si fuera natural”. La movilización de este miércoles intentó sacudir esa naturalización postpandémica de lo antinatural.

El proyecto en juego

Estamos en agosto. La misma época –en 2020 y en 2021- que en Rosario se registraron el mismo tipo de quemas y el acoso del humo, una sincronía que la Multisectorial no lee como casualidad: “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. ¿Para qué? “Entendemos que para los pastizales, para que en primavera estén los brotes y las vacas coman… Tenemos datos de zonas quemadas de islas que aparecen como campos en grandes inmobiliarias. También se puede pensar que es preparar el terreno para que se extienda la frontera agropecuaria, la soja básicamente. Pero… no los sabemos a ciencia cierta: son las tres cosas y alguna otra cosa más que no estamos sabiendo” dice y repite para enmarcar: “Esto responde a un proyecto económico de país”:

Sobre las causas y efectos de estas quemas, el periodista rosarino Tomás Viú investigó en esta nota para la MU 150: https://lavaca.org/mu150/todos-los-fuegos-el-delta-en-llamas/

Este territorio, el Delta del Paraná, es zona de puerto donde entran y salen barcos, en un territorio de islas de aproximadamente 70 kilómetros de monte nativo, con acceso a lo que suele llamarse “hidrovía”: el Paraná. “No es tan romántico el asunto”, pincha el paisaje Julia. “Las islas siempre fueron territorio de cualquier cosa, es decir, de cualquier tipo de negocio por fuera de la ley, con acceso al río de salida internacional. La hidrovía simboliza el territorio como disputa de poderes de los grandes negocios… es un análisis, una lectura que hago yo personalmente pero que está en boca de todos”.

En esta nota, el diputado Carlos del Frade desarrolla este análisis que da cuenta de la relación entre modelo extractivo, narcotráfico y quemas: https://lavaca.org/mu163/carlos-del-frade-contar-para-vivirla/

La encerrona

Sigue Julia: “La ciudad está estallada de violencia: hoy tenemos 18 niñes muertes por balaceras en lo que va del año… La sensación es como de una encerrona: nos matan porque no aplican políticas sociales, y tampoco tratan seriamente la cuestión del narcotráfico. Y esto no está distante de las quemas de las islas”.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió reaccionar a las quemas con un cambio de Ministro de Seguridad que las organizaciones sociales leen como una provocación: Omar Perotti le pidió la renuncia al ministro José Lagna y puso como sucesor a Rubén Rimoldi, un comisario general retirado. “A partir de estas pintadas que surgieron el gobierno empezó a justificar todo como en mensajes mafiosos… la famosa criminalización de la expresión popular. Parece más importante que te escriban una pared de un edificio público. que si se está llenando todo de humo y nadie del Estado hace nada. El mensaje parece ser: acostúmbrense que va a ser así, y si no, palos para todos”. 

Hacia adelante se vislumbra más de lo mismo: “Hay un claro camino para el proyecto económico de este país que nada tiene que ver con conservar el ambiente, y mucho menos darle lugar y voz a la organizaciones de los territorios. Es un manoseo de un discurso que se dice federal, inclusivo, colectivo, bla bla, versus la realidad de las acciones que son: de derecha, conservadoras y absolutamente extractivistas y neoliberales. Es una contradicción, una esquizofrenia sin fin. Y en el medio, nos ahogamos. Por eso vamos a seguir movilizándonos”.

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Informe América: dictamen del INADI establece que hubo violencia machista

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El Informe América fue elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América hacia trabajadoras y trabajadores. A raíz de la presentación en distintos organismos del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que el periodista Antonio Laje tuvo conductas “violentas”, “cínicas” y “perversas” y que la conducción de dicho grupo de medios tuvo una actitud “reaccionaria, anacrónica y a todas luces ineficientes”. Los principales puntos y las recomendaciones del organismo.

El Informe América se presentó el diciembre pasado en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo en el multimedio Grupo América. 

El documento se presentó luego oficialmente en distintos organismos estatales: la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Además se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

Luego de una investigación la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, a cargo de Demián Zayat, emitió un dictamen técnico de opinión que confirma “la conducta violenta de género del Sr. Laje y la complicidad o aquiescencia de las autoridades y dueños del multimedios en el cual se desempeña”.

Esta situación fue denunciada por Periodistas Argentinas cuando enfatizó que no se trataba de una sola persona sino de una situación sistemática que se viene desarrollando a lo largo del tiempo.

El dictamen sostiene que se identifica “un modus operandi generalizado en el ámbito de los medios masivos de comunicación: el machismo imperante en ellos, materializado en el acoso, abuso, maltrato, intimidación y descrédito profesional al que son sometidas las mujeres”. Además remarca que ”mientras la violencia de género gana lugar y relevancia en los medios” son los propios medios  en donde “se perpetúan y reproducen conductas machistas contra las trabajadoras”. 

Sobre el modus operandi detallado en el Informe América, el INADI entiende que “dicha práctica tiene un aspecto cínico y otro perverso”. Y detalla cada uno: 

  • “El costado cínico reside en el principal argumento de defensa esgrimido generalmente por las personas acusadas, argumento que endilga a la vorágine de ‘la exigencia profesional’ la responsabilidad por ‘algún exceso’”. 
  • Respecto al costado perverso: “Anida en que los maltratos y abusos denunciados generalmente implican el desastre para la denunciante, su descrédito profesional, persecución o despido, que generalmente incluye también caer en una suerte de lista de vetados que impide trabajar en otros programas o medios del grupo en cuestión o, en casos graves, incluso en cualquier otro medio del país. Este rasgo ruin, montado sobre el temor e incertidumbre que genera la posibilidad de perder el empleo, es el que precisamente habilita su propia existencia y continuidad”. 

Además en el documento emitido hoy por parte del organismo se sostiene que «Laje se victimizó y denunció una “operación” para destruirlo. Más allá del egotismo del Sr. Laje, que al parecer se considera lo suficientemente importante e influyente como para que se instalen operaciones en su contra, con sólo apreciar las declaraciones de las mujeres implicadas, sus tareas y sobre todo las consecuencias que tuvieron en sus trabajos, basta para descartar la falsa ‘operación’ argüida por Laje»

Otra definición: “La defensa del Sr. Laje consistió en definir a esta situación no como maltrato, sino como exigencia. Más allá del nombre que le quiera poner, los hechos encuadran sin lugar a dudas en todas las definiciones de violencia

contra la mujer que establece la normativa internacional y nacional». 

Respecto al papel y responsabilidad de los dueños y autoridades del Grupo América el organismo remarca que “su actitud ante la situación resultó reaccionaria, anacrónica y a todas luces insuficiente. En relación a su intervención en este expediente, si bien puede entenderse el derecho a la defensa que toda persona física y jurídica tiene, la actitud aséptica y tecnicista evidencia en las presentes actuaciones un desinterés absoluto por la violencia engendrada contra las mujeres en el medio que presiden”. 

Subraya el INADI que “en el afán de defender a su conductor deja a la empresa en una posición de absoluta complicidad con los graves hechos denunciados y de espaldas a una realidad (el empoderamiento de las mujeres para terminar de una vez con prácticas y conductas violentas contra ellas) que no va a detenerse por más caso omiso que quiera hacerse. Con su actitud la empresa, además, revictimiza a las mujeres implicadas, ya que la inacción respecto a lo ocurrido, aún ante la presentación de denuncias formales, reafirma la postura tomada al despedir a las trabajadoras que no se sometían a los abusos de Laje, o al permitir su persecución y acoso laboral, sin garantizar los más elementales derechos laborales”. 

Como organismo estatal que actúa contra toda forma de discriminación, el INADI estableció en el dictamen una serie de recomendaciones con el fin de prevenir y reparar las acciones denunciadas. Las recomendaciones son: 

  • “Arbitrar los medios necesarios de manera inmediata para evitar la continuidad de conductas denunciadas, sin que se adopten represalias contra las víctimas y denunciantes”. 
  • “Establecer capacitaciones sobre violencia de género a fines de evitarlas en el futuro y lograr un estándar aceptable en cuanto a los derechos de la mujer”. 
  • “Establecer segmentos sobre derechos de la mujer para sacar al aire en el programa de las noticias de la mañana”. 
  • “Aprobar y poner en práctica, de un modo conjunto con los representantes sindicales, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, y crear un área de género para prevenir este tipo de conductas que deberá tener intervención en la investigación que se lleve adelante en las denuncias de este tipo”. 
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