Un grupo de hijos e hijas de desaparecidos comenzó un proceso judicial para que el Estado reconozca que la violencia ejercida sobre esas infancias también constituyó un delito. Es un proceso inédito que llega luego de un análisis y reconstrucción de testimonios sobre cómo funcionó el terrorismo de Estado en sus operativos, cautiverios y crímenes. Una investigación crucial que reúne los testimonios de Teresa Laborde, María Lucía Onofri, María Eva Basterra Seoane y Dafne Casoy. (En la foto de portada, Teresa ,a la izquierda, junto a sus hermanos Martina y Santiago, y su mamá, Adriana Calvo).

Por Evangelina Bucari

Nacer en el asiento trasero de un Falcon verde rumbo al Pozo de Banfield. Tener dos meses y que te amenacen con una picana en la ESMA. Que te secuestren dos veces y crecer en cautiverio. Quedar sentada a upa de un casero maniatado mientras un operativo se lleva a tu familia y deja detrás un vacío imposible de reconstruir. Pasar hambre, frío. Que te violenten de todas las formas posibles, te abandonen en casas vacías o como NN en instituciones, o crecer vigilado durante años después de recuperar la libertad.
Son muchas las infancias que no fueron apropiadas pero sí víctimas directas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar en Argentina. ¿Cómo es sobrevivir al horror? ¿Por qué es necesario ponerlo en palabras y lograr justicia? ¿Qué significa seguir visibilizando estas historias frente a la campaña negacionista del gobierno de Javier Milei?
“Las violencias ejercidas sobre las infancias no fueron episodios azarosos ni daños colaterales, sino el resultado de decisiones específicas tomadas por los grupos represivos sobre qué hacer con esos niños y niñas”, señala la socióloga Florencia Urosevich. Investigadora y una de las coordinadoras del área de infancias del Observatorio de Crímenes de Estado (OCE) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Urosevich explica que “las fuerzas represivas actuaban con inteligencia previa y sabían que había niñas y niños en las casas durante los operativos, tomando resoluciones específicas sobre su destino”.
Durante décadas, esas experiencias quedaron fuera del centro del relato sobre el terrorismo de Estado. La sociedad argentina logró identificar con claridad el robo y la apropiación de bebés –gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo y de los organismos de derechos humanos–, pero hubo otros cientos de infancias atravesadas por formas menos reconocidas y visibilizadas de violencias.
Si bien ya desde el Juicio a las Juntas aparecieron en los testimonios de hijos e hijas de desaparecidos, lo hacían como contexto, como parte de la escena: los expedientes registraban los hechos, pero no los nombraban como víctimas del proceso represivo ilegal que también los tuvo como protagonistas. A 50 años del golpe genocida, solo algunos lograron que se los reconozca como casos judiciales, más allá de ser testigos de lo que vivieron sus madres y padres, que en muchos casos continúan desaparecidos.

“Los que estaban ahí”

Dafne Casoy tenía diez meses cuando un grupo represivo secuestró a su padre, Claudio Casoy, y a su madre, Eva Ullman, militantes montoneros, en una quinta de La Reja, en abril de 1977. A ella no se la llevaron: la dejaron llorando a upa del casero de la casa, atado a una silla. Lo que ocurrió después nunca pudo reconstruirse del todo. No sabe cuánto tiempo pasó hasta que volvió con su familia ni quién los ayudó.
Como muchas hijas e hijos de militantes perseguidos y desaparecidos, Dafne creció sin pensarse desde una perspectiva de víctima. “Me costaba verme así. Sentía que había chicos a los que les había pasado algo mucho peor”, relata. Cuando declaró en 2017 en el juicio ABO III, del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, lo hizo para testificar por el caso de su mamá, que fue llevaba al Atlético y continúa desaparecida. “Mi padre nunca llegó y nunca apareció, entonces su caso nunca fue juzgado. Es otro de los vacíos judiciales que hay”, detalla.
Recién entonces ocurrió algo inesperado: la fiscal Gabriela Sosti les hizo a esos adultos que contaban sus experiencias de niños una pregunta que abrió otras: “Y a usted, ¿qué le pasó?”.
“Con esa pregunta la fiscal dio un lugar a esas narrativas, a lo que vivieron esas infancias, que no las habíamos podido escuchar de otro modo”, recuerda Urosevich, que seguía los testimonios de cerca. Esas declaraciones judiciales mostraban algo que durante décadas había pasado inadvertido: los operativos represivos no ignoraban la presencia de niños.
Fue así como desde el OCE –que dirige el sociólogo Daniel Feierstein– y los equipos de los sitios de memoria de ABO se propusieron reconstruir los testimonios presentados en los juicios ABO I, II y III y rastrear cada referencia a infancias presentes en operativos de secuestro: qué ocurrió con esos niños y niñas, y qué decisiones tomaron los grupos represivos sobre ellos.
El relevamiento permitió reconstruir 133 casos de niñas, niños y adolescentes que atravesaron operativos del circuito ABO y sufrieron diversas trayectorias represivas: abandono, cautiverio, institucionalización, violaciones, amenazas o vigilancia posterior; múltiples violencias que no culminaron en su apropiación. Lejos de tratarse de daños colaterales, el estudio publicado en “Somos los invisibles, los no vistos”, del libro Infancias Sobrevivientes (Cooperativa La Minga, 2025), demuestra la existencia de decisiones sistemáticas sobre qué hacer con esas infancias.
En ese proceso, a partir de 2019 comenzaron a organizar encuentros con quienes habían sido esas chicas y chicos. Allí apareció otra dimensión: las historias se repetían. Eran casi 30 personas compartiendo recuerdos fragmentarios, imágenes corporales, sueños persistentes ligados a los operativos y una incomodidad común frente a la palabra víctima. Lo que parecía una experiencia individual empezó a leerse como algo colectivo y como parte de un patrón represivo más amplio.
De esos encuentros surgió la propuesta de hacer una querella colectiva impulsada por hijas e hijos del circuito ABO, acompañada por el Observatorio y el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscalía de María Ángeles Ramos. Ellos mismos prepararon los casos. “Hicimos un trabajo de investigación y recopilación junto con el equipo del OCE y los sitios de memoria ABO. Ya pasó más de un año desde que lo presentamos a la justicia y estamos a la espera de la respuesta del juez (Daniel) Rafecas”, cuenta Dafne, en referencia a un proceso que continúa atravesado por dilaciones judiciales.
Si bien no todas las personas involucradas eligieron el camino judicial, el reclamo comparte un objetivo común: que el Estado reconozca que las violencias ejercidas sobre esas infancias también constituyeron delitos. Nombrarlo, dicen, es una forma de reparación. “En la justicia muchos fuimos tratados como objetos, que estaban simplemente ahí, a los que no les pasó nada. Entendimos que teníamos que reclamarlo, que quedara escrito que no fueron hechos aislados”, asegura Dafne.

La vida es bella

María Lucía Onofri tenía un año y medio; su hermano Luis, apenas once meses. El 16 de agosto de 1977 salieron con su madre, Ana María Soffiantini, a hacer compras por la zona de Juan B. Justo y Fragata Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires. No llegaron a la esquina. Un grupo de tareas los rodeó en plena calle, golpeó a su madre, la separó de ellos y los subió a dos autos Ford Falcon. Lloraban mientras escuchaban sus gritos alejarse cuando la encapuchaban. Su padre había sido secuestrado unos meses antes.
María Lucía tiene un recuerdo propio que sobrevivió al terror que sintió ese día: unas naranjas moviéndose en una verdulería, deformadas por el miedo y la velocidad del secuestro. Esa imagen, chiquita, mínima, fragmentaria, quedó como marca inaugural de su historia. Ese fue el primer secuestro de los hermanos Onofri.
Durante días nadie supo dónde estuvieron. Según reconstrucciones posteriores, los niños habrían permanecido cautivos en un lugar aún no identificado, posiblemente vinculado al circuito represivo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino al que habían llevado a su madre. Luego fueron entregados a sus abuelos maternos en la localidad bonaerense de Ramallo. Llegaron en silencio, sin hablar, profundamente retraídos. De ese viaje, María Lucía recuerda ver a su hermano “en pañales y peinado a la gomina sentado en la parte de atrás de un Falcon, comiendo pochoclos”.
Su abuelo falleció pocos meses después. Las amenazas eran permanentes: “No denuncien, no hablen”. Al año siguiente, volvieron a buscarlos. Esta vez, los militares los llevaron a una casa de Munro utilizada como espacio satélite de la ESMA, donde funcionaba una carpintería en la que su madre permanecía detenida bajo régimen de trabajo esclavo y libertad vigilada. Allí los niños fueron utilizados para simular una vida familiar “normal” mientras estaban en cautiverio.
De ese tiempo Luis tiene una escena grabada: un dedo que cae al suelo cuando Ricardo Coquet –otro de los secuestrados, que luego sería pareja de su madre y su “padre de corazón”– se accidenta trabajando en el taller. Un perro pasa y se lo lleva. María Lucía recuerda que, aun así, su madre y “Ñeco” (Ricardo) intentaban protegerlos: “Era como la película La vida es bella. Nos inventaban siempre aventuras, porque todo el tiempo había personas extrañas”.
La familia permaneció bajo vigilancia estatal hasta 1981, y se quedaron en Ramallo. Su padre, Hugo Luis Onofri, continúa desaparecido.
Como ocurre con otras infancias sobrevivientes, la violencia no terminó con la liberación. “Nací en cautiverio y en un estado de clandestinidad que duró mucho tiempo, muchísimo tiempo, con una historia que no podía nombrarse públicamente y que la sociedad prefería olvidar”, asegura Luis.
Recién en 2004 sintieron un quiebre. “El 24 de marzo, cuando Néstor Kirchner pidió perdón, fue muy reparador. A mí me cambió la vida subjetivamente. Hasta ese momento nos pedían que nos olvidáramos, que era la mejor manera de pacificar”, recuerda Luis.
Durante años, su historia no fue considerada un caso judicial propio, pero el relato de Ana María, su madre, fue escuchado y, en el marco de la causa ESMA, se comenzaron luego a investigar formalmente los delitos cometidos contra ellos: “Tormentos, sustracción, retención y ocultamiento de menores”.
En agosto de 2023 declararon ante el TOF N° 5 de la Capital Federal, y en 2024 se conoció la sentencia: el exoficial de inteligencia de la Armada Jorge Luis Guarrochena fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, entre otros hechos, por el delito de “sustracción, retención u ocultación de menores de 10 años en forma reiterada”: fueron 45 hechos, entre ellos, el de los hermanos Onofri y el de María Eva Basterra Seoane. Junto a las 400 víctimas que integraron el objeto procesal, este juicio tuvo la particularidad de haber incluido secuestros de niños y niñas privados de su libertad con sus padres. La sentencia aún no está firme porque fue apelada.
Para ambos, declarar significó una transformación profunda. “Que te pregunten por qué te secuestraron, cómo impactó eso en tu infancia, sobre las vejaciones que sufriste, sentir que podía aportar algo”, destaca Luis. María Lucía lo nombra de otro modo: “Yo me sentía invisible”. Durante décadas, explica, fueron tratados como un apéndice de la historia adulta. “Éramos como un anexo a nuestros padres, como si no tuviéramos sentimientos. Pero yo ya era una personita, tenía emociones, pensaba”. Luis completa: “Éramos personas que habían sufrido más allá de lo que les pasó a nuestros padres”.
El juicio produjo algo difícil de nombrar. “Fue muy liberador. En un momento, me desarmé, pero sentí que pude hacer un moñito, cerrar una etapa”, asegura Luis.
Porque, como resume la investigadora Florencia Urosevich, “ningún niño es responsable de ninguna violencia que el mundo adulto le haga”.

Sobrevivir a la ESMA

María Eva Basterra Seoane tenía apenas dos meses cuando el 10 de agosto de 1979 fue secuestrada junto su madre, Dora Laura Seoane, y su padre, el obrero gráfico y militante peronista Víctor Basterra. Separados, fueron llevados a la ESMA. Ellas permanecieron cautivas durante una semana, su padre hasta casi entrada la democracia.
Eva no conserva recuerdos conscientes de ese tiempo, pero algo quedó. Durante años, soñó con una pared alta y una pequeña ventana. No sabía de dónde venía esa imagen hasta que, ya adulta, visitó el centro clandestino por primera vez. Cuando bajó al sector en el que estuvieron detenidos, reconoció el espacio: la cocina donde habían permanecido tenía exactamente esa ventanita. “Fue una imagen que me acompañó siempre, en algún lugar del inconsciente”, cuenta.
Durante su estadía, los represores prohibieron que la llamaran por su nombre: las personas secuestradas que la cuidaban comenzaron a decirle Cepillito, por el pelo parado de bebé. “Qué hermosa beba, lástima que le cagaron la vida con el nombre”, llegó a decir un militar.
Otra marca apareció en la infancia, mucho después de la liberación. Al caer la tarde, mientras jugaba en casas de amigos, sentía un miedo inexplicable: la certeza de que sus padres no volverían a buscarla. “Pensaba que me iban a dejar ahí”, recuerda. El terror al abandono persistió durante más de un año. No era un recuerdo narrado: era una sensación física.
A diferencia de otras infancias sobrevivientes, Eva no recuerda un momento preciso en el que se reconoció como víctima. En su familia la historia siempre se contó en plural. “Nunca dije ‘soy víctima’. Siempre fue ‘nos pasó esto’”, explica. Desde muy chica supo que habían sido secuestrados, que la habían separado del pecho de su madre, que habían amenazado con torturarla delante de su padre. La violencia formaba parte del relato familiar, no de un descubrimiento posterior.
Décadas después, ya adulta y embarazada, declaró en los juicios de lesa humanidad. En la sentencia del TOF N°5 de la ciudad de Buenos Aire se incorporaron casos de niñas y niños que fueron secuestrados junto a sus madres o padres en sus casas y llevados a la ESMA, como los hermanos María Lucía y Luis Onofri. Testimoniar fue, dice Eva, una experiencia “conmovedora”: aportar su voz a la condena de los responsables significó inscribir su propia experiencia en la historia colectiva.
“El testimonio escribe la historia”, afirma. Su identidad –cantora, feminista, militante sindical, madre– también se construye desde ahí: la militancia como continuidad de una memoria que no quedó detenida en el horror sino en la idea de transformación colectiva. “Nadie es más que nadie”, repite, como enseñaba su padre. Y agrega: “Yo voy a seguir esa lucha hasta el último día”.

Nacer en un Falcón verde

«Fui víctima directamente yo de la dictadura y mi familia. Siempre fui Teresa, la que nació presa. Pero, a decir verdad, si hubiese nacido presa, hubiese tenido mejores condiciones, pero la verdad es que nací desaparecida y torturada”. Así empezó Teresa Laborde su declaración el 29 de marzo de 2022, en el día 60 del juicio “Brigadas”, en una sala virtual del TOF N° 1 de La Plata, en el que también dieron sus testimonios su hermana Martina y su hermano Santiago.
Nació el 15 de abril de 1977 en el asiento trasero de un Falcon verde. Su madre, Adriana Calvo, estaba secuestrada, esposada y con los ojos vendados mientras era trasladada desde otro centro clandestino de detención hacia el Pozo de Banfield.
Teresa llegó al mundo en movimiento, sobre el piso del auto, todavía unida por el cordón umbilical a su madre, que ni siquiera pudo sostenerla ni ponerla en su pecho. Quedó tirada en el piso, lloraba. Sádicamente, los represores se reían. El testimonio de su madre fue el primero del Juicio a las Juntas, y volvió a conmover al mundo al ser representado en la película Argentina, 1985.
Durante quince días, ambas permanecieron juntas en ese lugar del horror, luego fueron liberadas.
Sin embargo, por muchos años no se pensó como víctima. Creció convencida de que quienes habían sobrevivido eran sus padres. Ella, en cambio, sentía que había tenido suerte: no la apropiaron, salió en brazos de su madre, tuvo una familia. “En un momento, yo pensaba que la había sacado barata”, recuerda. El reconocimiento llegó mucho después, cuando comenzaron las leyes de reparación y entendió algo que nunca había nombrado: ella también era sobreviviente.
El cuerpo había guardado lo que la memoria consciente no podía recordar. El dolor persistente en la espalda –producto del parto violento–, la sordera de un oído asociada a la desnutrición durante el embarazo, el miedo a dormirse sola, los temblores repentinos de frío que la acompañaron desde la infancia y que ella vincula con lo que su madre le contó del cautiverio: era un lugar helado. “Las memorias las guardamos en el cuerpo”, dice hoy.
También quedaron huellas más difíciles de explicar. Años después, mientras ensayaba una obra de teatro, escuchó una canción popular que nunca había oído y se quebró en llanto sin saber por qué. Esa noche, tarareó en su casa El Carbonero y su madre apareció pálida desde otra habitación: “Me abrazó, nos pusimos a llorar y me dijo: te la cantaba Patricia cuando estabas en el cautiverio”. Teresa recuerda esa escena y su voz se entrecorta. “Me acuerdo de ese abrazo y me emociono”.
Para ella, reconocerse víctima fue un proceso político, emocional y colectivo. Las mujeres que la cuidaron y defendieron en cautiverio siguen desaparecidas. Por eso, cuando intenta definirse, no habla primero del horror sino de lo que permitió sobrevivir: “Soy el resultado de la solidaridad que tenemos en el ADN, eso que quisieron destruir y no pudieron”. Recuerda algo que también contó en el juicio: un día, esas compañeras de celda formaron una muralla humana para que no se la llevaran. “En mi imaginario –asegura– siento que me criaron como lobas. Y esa solidaridad es para mí lo más importante, y es lo que nos quisieron robar”.