Comenzaron los alegatos de un proceso judicial histórico en el que el Tribunal Federal 2 de Rosario juzga a dos ex funcionarios del municipio bonaerense de Pergamino y a cinco productores agropecuarios, además de un fumigador y un ingeniero agrónomo. La querella solicitó penas que van de tres a cinco años de prisión efectiva para los agricultores, acusados de contaminar la salud humana y el ambiente. La fiscalía estuvo en sintonía con la querella: pidió dos años de ejecución condicional para los ex funcionarios, y entre tres y cuatro para los dueños de los campos, además de exigir el decomiso de los inmuebles donde hicieron las aplicaciones ilegales. El pasado de uno de los abogados defensores como ex juez de menores en la dictadura.

por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

–Pruebas y certezas del daño que hacen los agrotóxicos, sobran. Y seguiremos luchando hasta que nadie más sufra sus consecuencias, nunca más.

Así habló Sabrina Ortiz en la puerta del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, minutos después de haber terminado los alegatos de la querella –de la que ella es parte– en un juicio sin precedentes en Argentina: están sentados en el banquillo de los acusados productores (Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó y los hermanos Carlos y Hugo Sabatini), un ingeniero agrónomo (José Luis Grattone), un fumigador (Cristian Taboada) y –lo que resulta extraordinario por lo inédito– funcionarios que debían controlar las pulverizaciones en el municipio de Pergamino: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

Las querellantes Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz, en la puerta del juzgado junto a sus abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro.

Desde 2007 Sabrina comenzó a denunciar: la fumigaban a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia. Fue comprendiendo la mecánica de cultivos transgénicos, fumigaciones, contaminación, enriquecimiento de productores y enfermedades para la población expuesta. En 2011 alzó más la voz, cuando las fumigaciones la intoxicaron y le hicieron perder su embarazo de seis meses. 

Luego sufrió dos ACV. 

Luego se confirmó que tanto ella como sus pequeños hijos tenían agrotóxicos en sus cuerpos, lo que explicaba las enfermedades que padecían. 

Luego, ante la ausencia de abogados que tomaran su caso, empezó a estudiar derecho y se recibió en 2018, cuando inició la causa penal (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento). El 4 de febrero pasado –8 años después–, empezó este juicio que incluyó la declaración de 52 testigos en 16 audiencias de la etapa de instrucción, y que acaba de entrar en la recta final: los alegatos.

Pruebas de sobra

El turno de la querella ocurrió este miércoles 27 de mayo. En la sala, Sabrina parece calma, confiada. Y un poco cansada. Cada tanto, hace anotaciones en un papel. “Se hizo eterno todo este proceso”, le dirá luego a lavaca. Junto a ella está Alejandra Bianco, también víctima, querellante y vecina. Los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro tomaron la palabra por casi tres horas. Algo de lo mucho que explicaron para fundamentar la acusación. 

–Probamos las responsabilidades penales concretas de los acusados y sus delitos hacia el ambiente –agua, aire y suelo– y a las personas expuestas. Demostramos que no fueron hechos aislados sino una práctica sistemática y catastrófica para la salud física y emocional; el veneno ingresaba por las hendijas de las casas, cerraduras, canillas, haciendo un cóctel terrorífico de moléculas de agrotóxicos con altísimo grado de peligrosidad en barrios sometidos a una exposición crónica.

–Esto lo confirmaron pruebas obtenidas de pericias rigurosas y testimonios de científicos que atestiguaron, como el doctor en ciencias químicas Guillermo Hough: certificó que en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer del 36% más que en otros territorios.

–En este juicio, además de enfermedades también hablamos de muertes, como la hija de Paola Díaz –una de las vecinas denunciantes– que murió de leucemia a los 11 años; o de Florencia Morales, vecina fallecida en 2023. Los productores tenían conocimiento de que estaban enfermando.

–Nos hubiera alcanzado con mostrar la distancia que no cumplían (la ordenanza vigente en ese entonces era 100 metros de exclusión desde el área urbana), pero fuimos más allá y nos sobró prueba para demostrar la vinculación directa entre las fumigaciones y el daño, lo que encamina a este juicio a sentencias condenatorias.

Reducción de daños

–El municipio de Pergamino quiere volver a la ordenanza que limitaba las fumigaciones a 100 metros de distancia del ejido urbano y descartar la prohibición actual de 1095 metros, ordenada por una medida cautelar. Desde que rige esa orden judicial hubo una reducción drástica de agrotóxicos en cuerpos y ambiente. Pedimos que este tribunal se expida en contra de esa regresión y que la medida cautelar vigente se amplíe a todas las escuelas rurales.

–La ahora ex secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, confesó que el municipio no cumplió ninguna ordenanza en el cuidado del ambiente. 

–Las fumigaciones se hicieron en una clandestinidad total, de madrugada, fuera de toda legalidad, a diez metros de las viviendas, sin recetas agronómicas y sin avisar cuándo fumigaban. Así trabajaban los productores juzgados, y así también quienes debían controlarlos.

–Guillermo Naranjo era el director de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino y en el juicio confesó que en muchas ocasiones no iban a controlar (junto al auditor Mario Tocalini) porque ya había un ingeniero agrónomo contratado por el productor. O sea, admitió que el poder de policía del Estado se lo otorgaban a un particular. Así quedó demostrado la discrecionalidad de los funcionarios y que no hubo eficacia en el control; cada productor hacía lo que quería con las aplicaciones.

Los jueces Román Pablo Lanzón y Eduardo Daniel Rodrigues Da Cruz y la jueza Elena Beatriz Dilario.

50 y 50

Detrás de donde me siento a escuchar la segunda jornada de alegatos, cuatro mujeres preguntan por el medio de comunicación en la se publicará esta nota. A su modo, ejercen la defensa de los imputados. 

–¿Vas a cubrir también lo que diga el alegato de la defensa? Porque esto es un cincuenta y un cincuenta, eh…

Lo que alegó la fiscalía

La audiencia de este jueves comenzó con el alegato del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Federico Reynares Solari. 

–En la inspección ocular realizada en Pergamino, vimos la ósmosis entre los campos y las viviendas. Me llevó a pensar cómo vivieron los vecinos fumigados tanto tiempo ahí, porque la Justicia llegó con los hechos ya sucedidos. Para que el discurso de las víctimas haya llegado a juicio, queda claro la potencia que tiene, porque las condiciones de producción de ese discurso eran adversas.

–El municipio de Pergamino, además de querer deslegitimar el reclamo, no tuvo en sus prioridades la gestión ambiental. Y la respuesta penal tampoco fue la adecuada: esto empezó en 2018, se podía haber tratado antes, hubiese sido más sano para todos.

–Quedó claro que se superó el estándar de peligrosidad para el ambiente y eso generó una eclosión en los cuerpos de las personas. No hay explicación alternativa. El daño genético que tiene el hijo de Sabrina Ortiz no lo causó el haber tomado detergente del pico…

–No hay ninguna evidencia científica que vaya en la dirección contraria al planteo de las víctimas. Hubo un desprecio por la salud humana y lo peor no fue el uso de agroquímicos, sino el no tener en cuenta a las personas que podían hacerles daño. Las personas juzgadas son personas expertas en sus rubros, no hubo error, sabían lo que hacían.

Pedido de condenas

La querella solicitó 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional para los productores Fernando Cortese y Mario Roces y para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, sobre quien se subrayó su conocimiento técnico y profesional como agravante. A Cortese le atribuyeron un rol central en las fumigaciones, además de haber amenazado al papá de Sabrina Ortiz. A Roces lo acusaron de amenazas, hostigamientos y de haber asesinado al perro de Sabrina, como forma de amedrentamiento. Pero Sabrina no se calló.

Para Víctor Tiribó se solicitó una pena de 4 años de cárcel efectiva –y no 5–, “por ser el único con una postura reflexiva ante las denuncias y haber dejado de producir con venenos en su campo”. 

A los hermanos Carlos y Hugo Sabatini –por habérseles probado un solo hecho de contaminación– se les pidió 3 años y el doble de inhabilitación para producir. Para el fumigador Cristian Taboada no se exigió condena por trabajar al servicio de un productor y tener un rol secundario.

La fiscalía estuvo en la misma sintonía con la querella, aunque un escalón por debajo: pidió dos años de ejecución condicional para los ex funcionarios, y entre tres y cuatro para los agricultores, además de exigir el decomiso de los campos donde hicieron las aplicaciones ilegales y de las máquinas fumigadoras. “No es una mera sanción económica el decomiso de los inmuebles, sino una reconversión ambiental, una eco recuperación y una manera de neutralizar una fuente de peligro”, explicó el fiscal Reynares Solari. 

A los ex funcionarios del municipio de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural, 2 años de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación. No se pidió prisión efectiva por considerar que estaban insertos en un distrito “que no tenía una política activa en prevención de los hechos”.

Un defensor ex juez en la dictadura

Al finalizar el alegato de la fiscalía, comenzó el de la defensa. Tomó la palabra el abogado Juan Carlos Marchetti, que patrocina a cinco de los acusados: los productores Sabatini, el fumigador Taboada y los ex funcionarios Naranjo y Tocalini. En su intervención, dijo que anteriormente fue juez. En efecto, fue juez de Menores de la ciudad bonaerense de San Nicolás durante la dictadura, y quien impidió durante veinte años que Manuel Gonçalves Granada (nieto 57 restituido) conociera su identidad tras entregarlo en 1977 a amigos del marido de su prima.

El abogado delante de los imputados. El Dr. Juan Carlos Marchetti fue juez de la dictadura. Impidió durante dos décadas la restitución de identidad a un nieto desaparecido. Es abogado además de corporaciones fabricantes de agrotóxicos.

Marchetti, además, representa jurídicamente a la empresa Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas tóxicos –glifosato, atrazina y 2,4D–, con la que contaminó el río Paraná. https://lavaca.org/mu181/tuve-tu-veneno-contaminacion-en-san-nicolas/

Ilustrados

Marchetti pidió la absolución para sus cinco defendidos. Dijo que no hubo delitos y que las acusaciones parten de premisas falsas.

Para defender a los ex funcionarios, echó la culpa hacia arriba, al municipio gobernado por Javier Martínez, del PRO/ Juntos por el Cambio, desde el 2015. Dijo que trabajaban con precariedad de recursos, que eran solo dos personas y tenían un auto para moverse en 10 mil hectáreas que abarcaba la prohibición de las fumigaciones. No podían evitar la acción del productor, había una imposibilidad material. Además, tenían sueldos exiguos”. Y agregó que hoy mejoró el resguardo del ambiente: ya no hay dos personas en el área, ahora hay tres.

Para defender a los productores y al fumigador, Marchetti –traje gris oscuro, brilloso, camisa, corbata, peinado raya al costado– usó una misma palabra: “ilustrado”. “Señores jueces, deben verle las manos a los hermanos Sabatini, no hay ilustración. Es el perfil de la gente honesta, sana, incompatible con un acto de malicia”. Sobre Taboada: “Es un hombre simple que seguía instrucciones, trabajador, un peón de campo no ilustrado”.

Para que no se vuelva a repetir

Como cierre del alegato querellante, el abogado Carlos González Quintana resumió:

–La sentencia puede ser histórica, crear un precedente, una doctrina para que no se vuelva a repetir y no llegar siempre con los hechos consumados. Tuvimos testimonios, pericias, documentos, una convergencia de vecinas y vecinos de distintas clases sociales denunciando la misma práctica, expuestos por más de una década bajo la responsabilidad de los acusados. 

Y compartió una estrofa de la canción Preguntitas sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui.  

Hay un asunto en la tierra

Más importante que Dios

Y es que naide escupa sangre

Pa’ que otro viva mejor

Y es que nadie escupa sangre

Pa’ que otro viva mejor.

La canción fue una premonición en muchos sentidos. Yupanqui era pergaminense, como Sabrina Ortiz y tantas madres de barrios fumigados, y tantas vecinas y vecinos que esperan el veredicto que se calcula se conocerá a mediados de junio.