La Mesa Agroalimentaria Argentina denuncia los intentos de Javier Milei de avanzar con la entrega de tierras a extranjeros y grandes empresas, mediante la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Aunque aún no pudo tratarla en sesiones, mantiene el proyecto en comisiones y negocia apoyos. “El gobierno crea seguridad jurídica para las corporaciones e inseguridad para quienes usamos la tierra para producir alimentos”, afirman. Cómo se planta el Movimiento Nacional Campesino Indígena frente a esta otra forma de motosierra: el vaciamiento territorial. Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia Tierra Viva bajo el título «El Gobierno quita la posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía nacional sobre nuestras tierras».

Por Nahuel Lag*

Agencia Tierra Viva

El gobierno de Javier Milei tiene desde su primer mes en la Casa Rosada el objetivo de derogar la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) para habilitar, sin restricciones, la compra del territorio argentino a manos de capitales extranjeros. Esa decisión se vio frustrada, por segunda vez, cuando en plena sesión del Senado el oficialismo decidió retirar del tratamiento la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. “Así como estaba el dictamen de mayoría, no consiguieron los votos necesarios, pero la ley no se retiró. Volvió a comisiones para ser tratada nuevamente. Ganamos un poco de tiempo y posibilidades”, señala Marisol Troya, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST), que junto a la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) y otras organizaciones sociales, ambientales, académicas y sindicales formaron la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda para frenar el proyecto oficialista.

La iniciativa de puño y letra del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —el mismo que diseñó el DNU 70/2023, con el que se intentó derogar la ley por primera vez y luego fue frenado por una medida de amparo—, avanza con modificaciones y derogaciones sobre otro complejo entramado de entrega a manos privadas. Acelera los desalojos (con modificaciones al Código Civil), limita la capacidad del Estado para expropiar tierras de “utilidad pública” (con modificaciones a la Ley 21.499 sobre Expropiaciones y Ley 24.374 sobre Regularización Dominial) y deroga el artículo de la Ley de Manejo del Fuego que prohíbe por 30 años el cambio del uso del suelo luego de los incendios (para evitar el avance de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria).

El 20 de mayo pasado, el oficialismo había conseguido en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General un dictamen de mayoría negociado por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con una modificación en el capítulo sobre la Ley de Tierras, dando mandato para que las provincias decidieran qué tierras vender a manos extranjeras. “Federalismo puro”, lo definió Bullrich y lo comparó con lo hecho con la Ley de Glaciares. 

La respaldaron desde la UCR y otras bancadas aliadas. El Bloque Justicialista y Convicción Federal se había opuesto pidiendo otras modificaciones. El dictamen de mayoría sostenía los aspectos críticos sobre la Ley de Tierras, entre ellos la derogación de ocho artículos como el que limitaba la compra (15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras y hasta 1.000 hectáreas en zonas estratégicas), la eliminación del Registro Nacional de Tierras Rurales y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales; y la habilitación a toda persona física o jurídica extranjera para quedarse con los territorios.  

La Mesa Agroalimentaria alertó desde el inicio del tratamiento sobre la profundización de un “desequilibrio estructural” porque “otorga más poder a quienes poseen la tierra pero no la trabajan” y amplió a una red de organizaciones como el Frente Agrario Evita, el MTE-Rural, Inquilinos Agrupados, Red Universitaria por la Crisis Climática, FARN, el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), el Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-Gemsal), La Cámpora, CTA Autónoma, que se incorporaron para frenar el proyecto del oficialismo. 

El único eco de las preocupaciones de las organizaciones estuvo dado por el Bloque Justicialista, que participó de la conferencia de prensa que la multisectorial realizó frente al Congreso en la previa de la sesión en la que el proyecto se frustró. Durante el tratamiento de la norma, Sturzenegger se hizo presente para defender su iniciativa a principios de abril y el debate quedó cerrado a los voces disidentes. Las comisiones están presididas por senadores de LLA: Agustín Pedro Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Judith Márquez (Legislación General) y, hasta ahora, negaron la realización de reuniones informativas. Con la decisión de volver el proyecto a comisiones, el dictamen de mayoría logrado a fines de mayo se cae y la iniciativa deberá volver a ser debatida. Del proyecto original —por presión de la Iglesia— se logró eliminar un capítulo entero que modificaba la Ley de Registro Nacional de Barrios Populares.

“La discusión y el debate va a ser muy complejo, pero nosotros tenemos la obligación de plantear lo que está pasando. Para que la sociedad lo sepa y para poder continuar con acciones de lucha que permitan organizarnos mejor para resistir, básicamente”, sostiene Marisol Troya, del MNCI-ST. 

—El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es un anhelo del Gobierno desde el inicio de su mandato. ¿Cuáles son los puntos críticos que denuncian desde la Mesa Agroalimentaria y la multisectorial de organizaciones? 

Marisol Troya—:  Las modificaciones sobre la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego son ejes muy importantes. En torno a la Ley de Manejo de Fuego, propone que haya un cambio de uso de suelo luego de que un territorio sea arrasado por un incendio intencional o no intencional. Esto da lugar a las autoridades provinciales a dar ese permiso de cambio de uso, lo que va a habilitar para que luego de incendios intencionales ocurran en esos territorios actividades extractivas: el avance de los monocultivos de pino o de soja, por ejemplo. 

—En cuanto a la Ley de Tierras, las derogaciones de los artículos que limitan la posesión de tierra en manos extranjeras modifican el sentido de la tierra como bien común, su utilidad pública…  

—Este Gobierno, más allá de este proyecto de ley, propone que el mercado sea el único regulador social y el problema es que el mercado regula solamente en función de las grandes ganancias de las corporaciones transnacionales y no en función del derecho a la tierra y a la vivienda. El gobierno de La Libertad Avanza vino a proponer que  los derechos sociales, tanto individuales como colectivos, no existen más. Por lo tanto, sostiene que no debe existir la función social de la tierra, que es lo que los pequeños productores, los campesinos, los indígenas siempre defendemos como eje para discutir la tenencia de la tierra de la que vivimos.  

—Otros de los artículos que deroga de la Ley de Tierras implica eliminar el límite a la posesión de más de 1.000 hectáreas en zona de alta productividad o la prohibición para zonas ribereñas de cuerpos de agua o en zona de frontera, donde tenemos la Cordillera y los glaciares. Todo esto en un contexto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

—En primer lugar, el proyecto saca la limitación de compra de tierras por parte de extranjeros, cualquiera puede comprar sin límites. Elimina el Registro de Extranjerización de la Tierra, con lo cual los argentinos y las argentinas vamos a tener menos información sobre quiénes y con qué fines compran tierras en el país. También, como decís, saca la prohibición de comprar tierra sobre cursos de agua y sobre zonas de frontera, que no es menor, porque muchas veces esto implica también negocios ilícitos en zonas de frontera. Entonces, es un proyecto del Gobierno que nos quita cualquier posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía nacional sobre nuestras tierras y lo que va a suceder son nuevos corrimientos de los territorios campesinos e indígenas de las tierras donde producimos alimentos, por parte de corporación transnacional, estados nacionales, empresas extranjeras. Se da en el contexto del RIGI y ahora el «Súper RIGI», que comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados, que otorgan muchos beneficios a corporaciones extranjeras con el argumento de que vienen a invertir y a generar trabajo local. Pero de los proyectos mineros aprobados por el RIGI, hasta el momento, se crearía solo 7.000 puestos de trabajo en todo el país, mientras que los puestos de trabajo perdidos en este modelo económico se cuentan de a cientos de miles. No se trata de un modelo de bienestar para el pueblo argentino, el Gobierno está en función de las ganancias de las mayores corporaciones.

—Para el avance sobre los territorios, el proyecto contempla también la modificación del Código Civil para acelerar los desalojos… 

—Ese eje es muy peligroso. Habilita desalojos en un tiempo récord, tanto en el campo como en las ciudades, por lo que tiene un impacto doble: en el acceso a la vivienda y en los medios de producción, en el uso de la tierra como bien común. En este punto, hay que reconocer que el Estado nacional, en las distintas gestiones que pasaron, no resolvió durante muchísimos años esta cuestión sobre la posesión de las tierras indígenas y campesinas. La Ley de Emergencia Territorial Indígena (que el gobierno de Milei derogó) habilitaba, por ejemplo, la entrega de títulos comunitarios y un ordenamiento del territorio distinto en función de un modelo de soberanía alimentaria. Ahora, este gobierno viene a matar toda posibilidad de contemplar la función social de la tierra en función de quienes la trabajan y quienes viven en ellas desde hace muchas décadas.

—Marcás la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Vos integrás también la Red Puna, que reúne a familias campesinas e indígenas en Jujuy. ¿Cómo podés ver el impacto que tendría este proyecto de ley en esos territorios?

—La distribución de la tierra en nuestro país es un problema de fondo que ningún gobierno nacional tocó, pero también entendemos que durante los gobiernos peronistas teníamos, al menos, leyes que protegían cierto estatus de tenencia de la tierra para las comunidades indígenas en torno a la propiedad comunitaria. Un derecho reconocido por el artículo 75 de la Constitución Nacional, que habla de la preexistencia étnica de los pueblos originarios y habilita la titulación comunitaria de la tierra sobre los territorios que ancestralmente habitamos. En Jujuy, en los últimos años, venimos resistiendo el avance de las mineras del litio, que obviamente lo hacen sin consulta previa ni libre ni informada (como obliga la ley). Si uno junta la modificación de la Constitución Provincial, que ocurrió durante el gobierno de Gerardo Morales, con el RIGI y ahora el Súper Rigi y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sin tener una gran parte de comunidades sus títulos comunitarios, obviamente nos pone en un esquema de cada vez mayor inseguridad jurídica sobre la tierra. El gobierno nacional crea seguridad jurídica para las grandes corporaciones transnacionales y una profunda inseguridad jurídica para quienes habitamos los territorios y producimos alimentos para los mercados locales. 

—En las últimos años con la crisis financiera, la pandemia de Covid-19 y las guerras, las tierras  rurales se transformaron en un commoditie, creció su acaparamiento por parte de grupos transnacionales y algunas Estados debaten modelos de reformas agrarias, pero el proyecto oficialista no sólo entrega las tierras a extranjeros sino que modifica la Ley de Expropiaciones. ¿Cómo limita al Estado para una posible reforma agraria? 

—Lo limita totalmente. Modifica todo el circuito administrativo del Estado para poder expropiar tierras y saca cualquier posibilidad de la utilización de la tierra en su función social. Deshabilita el proceso administrativo que permitía a los estados provinciales a expropiar para otorgar tierras a procesos cooperativos de producción de alimentos, por ejemplo. Esa posibilidad no va a existir más o va a estar muy restringida, con lo cual es casi imposible redistribuir tierras públicas, por ejemplo, tierras fiscales para la producción de alimentos en mano de los pequeños productores. Desbalancea la cuestión jurídica en función de los beneficios de los propietarios de la tierra y no en función de quiénes, por ejemplo, alquilan. Esto sucede no solo para lo rural, sino también para el ámbito urbano. 

—¿Puede generar nuevos conflictos combinado con la aceleración de los desalojos?

—En la ruralidad podría producir una nuevo corrimiento del dominio de las tierras. Con actores que presenten títulos de propiedad ficticios para reclamar la posesión. Son conflicto territoriales que ya ocurren, porque muchas veces los terratenientes salen a reclamar tierras campesinas o indígenas con títulos que no sabemos dónde se rubricaron. Pero, ahora, podrán acudir al Poder Judicial y conseguir que en diez días se dicte el desalojo de las tierras en contra de la gente que las ha ocupado tradicionalmente de manera ancestral o  durante más de 20 años. Todavía tenemos la ley de posesión veinteñal que nos ampara, pero ahora se podrá discutir la posesión en procesos breves, siempre en desmedro del inquilino o de quién produce alimento en los territorios. Estos desalojos siempre existieron, pero esta ley le daría una celeridad totalmente distinta de lo que vivimos hasta ahora. 

—¿Qué otras consecuencias observan a futuro si este proyecto se transformara en ley?

—El nuevo avance sobre las tierras para la producción de alimentos locales en mano de los pequeños productores y el incremento del territorio para la producción de commodities con destino al exterior va a generar también un aumento en el precio de los alimentos para los argentinos. Porque si gran parte del territorio queda concentrado en manos de grandes terratenientes y corporaciones, van alinear aún más los precios locales con los precios internacionales.

—¿El proyecto sería el moño de una política de la La Libertad Avanza destinada a eliminar la agricultura familiar, campesina e indígena?

—Este proyecto de ley se inscribe en un contexto de importación de alimentos en nuestro país, importación de alimentos que ya producimos y que mata a las economías regionales. Por otro lado, ocurre en el marco de la eliminación y el desguace de las instituciones públicas que antes atendían a la agricultura familiar, campesina e indígena, entre ellos, los programas del INTA y el Senasa que atendían a nuestro sector, como también la eliminación del Inafci y de la persecución en las cooperativas y mutuales que son parte del sector. Tampoco hay que olvidar el acuerdo comercial con Estados Unidos, que vende nuestros bienes comunes a las empresas yankes, un acuerdo para defender un imperio en decadencia.  

—La respuesta desde la Mesa Agroalimentaria, además de la denuncia, viene siendo la propuesta de que sí hay otro modelo… 

—El derecho y el acceso a la tierra son cuestiones por las que la Mesa Agroalimentaria Argentina viene peleando desde hace muchos años y presentó proyectos para avanzar en otro modelo de ruralidad. Como sectores de la ruralidad que producimos alimentos para el mercado interno pensamos que tenemos que tener un rol de autonomía frente a la geopolítica global, un rol que pueda potenciar los encadenamientos productivos de nuestra ruralidad con más industria para los pequeños, con más producción, con más innovación tecnológica. Eso es imposible si lo hacemos arrodillados vendiéndole nuestras tierras. No es posible desarrollar un modelo de soberanía nacional sin soberanía alimentaria, sin que nuestra gente pueda acceder a los alimentos que producimos y se generan con trabajo argentino.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca y Revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).