Protesta social
La vuelta a la anormalidad

Terminó el Mundial pero los reclamos siguen intactos, con respuesta represiva. Nunca frenaron las marchas de jubilados en estos días futboleros (lo que cobran alcanza cada vez para menos) y este miércoles se sumaron organizaciones sociales (el gobierno caducó el programa Volver al Trabajo) y la CGT con las dos CTA (cuestionando el ajuste y en defensa de la seguridad social). Todo vuelve a la normalidad cada vez más anormal de estos tiempos. ¿Qué se percibe de la realidad desde la marcha? Lo que se come y lo que no, la “inteligencia emocional” y lo que gasta el gobierno en reprimir, como volvió a ocurrir.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Postal 1: miércoles 10 am
La calle se llama Obreros de La Negra. El nombre llama la atención para ojos poco habituados al sur conurbano: se refiere al frigorífico La Negra, un emblema de lo que alguna vez se llamó industria, fundado en 1885, escuela de dirigentes sindicales, protagonistas del 17 de octubre de 1945 y cerrado a mediados de la década del setenta. Hoy solo conserva el arco de entrada, como gesto histórico, que da pie a lo que se convirtió: un Carrefour.
Enfrente hay una estación de servicio Shell, punto de encuentro de varias de las organizaciones sociales que este miércoles marchan en Puente Pueyrredón, municipio bonaerense de Avellaneda, e inician un día de protestas que seguirá más tarde en el Congreso con los gremios de la CGT y la ya histórica marcha de jubilados y jubiladas de cada semana. Otras organizaciones vienen directamente desde la estación del tren Roca, que tiene otros dos nombres históricos: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes piqueteros asesinados aquí mismo en junio de 2002 por la Policía Bonaerense.

El reclamo se da en el marco de una jornada nacional de lucha contra la decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de cerrar el programa Volver al Trabajo (antes “Potenciar Trabajo”), que perjudica a más de 900 mil familias. Las organizaciones de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) lograron una medida cautelar para frenar la medida, pero la Cámara Federal de San Martín la revocó.
“El Gobierno dice que elimina nuestro salario para darnos ‘inserción laboral’. Sus propios números lo desmienten”, denunciaron desde la organización, y precisaron:
- El supuesto programa, llamado “Formando Capital Humano”, alcanzó sólo a 172 personas en todo el país.
- “De casi un millón de laburantes, el Estado confiesa que apenas 5.783 accedieron a alguna prestación este año”.
- Algunos de los “cursos fantasma” que proponen desde el Ministerio tienen nombres como “Inteligencia emocional para el ámbito laboral” o “Estrategias de ahorro en la cocina: ahorrar y comer bien es posible”.

Inteligencia emocional y el costo de la represión
Eugenia (47) mide su inteligencia emocional desde sus dos hijas y una nieta de dos años. Vino con sus compañeras del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) desde Villa Argentina, en Florencio Varela, con quienes alimentan a 45 familias dos veces por semana en el comedor del barrio. Está desocupada hace dos años (es asistente terapéutica) y dice que no consigue nada: “Nada”.
Su pareja tampoco está trabajando: tiene tuberculosis (enfermedad que registró un aumento de 71,6% en comparación al 2020) y no lo toman de ningún lado: “Nada de nada”.
Por eso, estas mujeres son algunas de las miles de esta movilización que tranquilamente podrían dictar cualquier curso sobre estrategias de ahorro o financiamiento, porque el monto de su programa social (que les quieren quitar) es de solo 78.000 pesos por mes.

“Me tengo que repartir –cuenta–. Con eso pago Internet y busco ofertas para comprar dos kilos de carne picada a 10.000 pesos, que raciono. En mi casa se come una vez al día, a la tarde noche; el resto del tiempo estamos a mate. Voy al canje a intercambiar ropa usada por mercadería: jeans o zapatillas por fideos, maple de huevos, morrón o tomate. Una o dos veces al mes voy a Capital a cirujear. Siempre encontrás ropa, alguna cartera, entonces la lavo y la llevo al trueque para sustentarme. Hoy en la cuenta me quedan 7.000 pesos y estamos a 22 de julio”.

Eugenia, sus compañeros y las miles de familias que vinieron a Avellaneda no pueden llegar hasta el Puente porque un enorme operativo policial lo impide: hay oficiales de la Policía Federal, de la Prefectura, con motos y un hidrante que avanza sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio de Seguridad informó que gastó 2.087 millones de pesos en 43 operativos para reprimir las marchas de jubilados en 2025: el monto equivale a más de 5.500 jubilaciones mínimas.
Este miércoles no fue la excepción: cuando las organizaciones comienzan con la quema de gomas, las fuerzas avanzan y gasean. “El gobierno no piensa en los pobres”, dice Eugenia. “¿Tenemos que venir a luchar y que nos repriman porque nos sacaron los alimentos frescos del comedor? El Municipio ya no nos da pollo, papa o cebolla porque dice que no tiene presupuesto. El hijo de mi amiga está desnutrido y no recibe ayuda de nadie”.
¿Qué esperás?
–Que tengamos una propuesta buena. ¿Nos quieren sacar el plan? Ok, pero que nos den trabajo.
Postal 2: miércoles 3 pm
La geografía de los alrededores del Congreso Nacional no tiene nada que ver con la de los últimos miércoles. Como no pasaba hace varios meses, el conjunto de organizaciones de jubiladas y jubilados, esta vez, no reclama en soledad contra el gobierno de Javier Milei.

Hoy sienten compañía.
La Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las dos CTA, la UTEP y distintos movimientos sociales, se unieron a los jubilados como reinicio de un plan de lucha post-mundial. La segunda acción en conjunto, según comunicaron, será el 7 de agosto, en la peregrinación a San Cayetano, de Liniers a Plaza de Mayo.
Pablo Morán tiene 51 años, integra el gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) y es trabajador de la empresa Danone desde 2007.
Es delegado de los repositores de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, cuenta que la situación de los lecheros está bien pese a Milei. Dice que no fue magia, sino un sindicato que desde hace 20 años actualiza sus ingresos mes a mes, según la inflación. Son una rara avis. “Nuestro básico es de dos millones y lo logramos luchando. Antes pertenecíamos al sindicato de Comercio, que hoy tiene su base en menos de un millón”, y agrega que están acá, en esta plaza, porque es una obligación mirar hacia el costado. “Y a nuestro costado está todo mal. Por eso los miércoles tenemos que estar siempre con los jubilados, no sólo hoy”.
Pablo define a este gobierno con una palabra: horrible.

“De toda la que dicen que se ahorraron, no tiró nada a la calle, para los trabajadores, para los jubilados”.
Resalta: “Nada”.
¿Cómo sigue esto?
–Juntos, unidos, sin dar un paso atrás. Y sin mezquindades. Pero algunos sindicatos no mueven, no están acá, no avanzan. Y el peronismo, que es el que nos permitió solidificar nuestra base, hoy encima está peleado, cagado a palos.
Se queda pensando. Necesita decir algo más: “Me preocupa mucho porque este tipo (por el actual presidente), pese a todo lo que está haciendo, tiene chances de ganar las elecciones que vienen. No la estamos viendo. Y no podemos seguir haciendo la vista gorda. La gente la está pasando mal… lo tenemos que frenar”.
Postal 3: miércoles 3.30 pm
Zulema Palavecino tiene 75 años, un pin con la bandera de Palestina, otro con el rostro de Floreal Avellaneda (estudiante de 15 años secuestrado por la dictadura en 1976) y un pañuelo verde del aborto. Como muchas de las personas en este día de movilizaciones y luchas, tuvo presencia completa: a la mañana en Puente Pueyrredón y a la tarde, como todos los miércoles, con sus compañeros y compañeras de Jubiladxs Insurgentes.
Trabajó en el gremio telefónico durante 25 años. Era operadora en el Centro de Conmutación Internacional de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), cuando el servicio estaba a manos del Estado. Fue parte de la organización que luchó para declarar ese empleo como insalubre y recuperar la hora de trabajo que la dictadura les había agregado.
Vivió la privatización menemista en 1990 y el impacto en números concretos: “De 40.000 trabajadores quedamos 20.000”. Se jubiló en 2004 y, desde entonces, acompaña la lucha que encabezó, entre otras, la histórica dirigente Norma Plá: “El triunfo depende de que los jubilados podamos sobrevivir. Están arrasando con un sector importante, que formó la riqueza del país, y este gobierno quiere que desaparezcamos”.
Zulema no vive a dos cuadras del Congreso, sino en el municipio de Burzaco, sur conurbano, a más de 25 kilómetros de esta plaza. Si tiene suerte, se toma el 266 hasta la estación del ferrocarril Roca, pero como pasa poco, camina quince cuadras hasta la avenida, se sube a cualquiera de los que vienen de Quilmes, y ya en la estación viaja hasta Constitución. De ahí, cualquier ómnibus que la deje en Congreso. A la vuelta, lo mismo.

Su hipótesis es que la CGT tiende a los fuegos artificiales. “Lo que necesitamos es que nos juntemos todos. Cuesta visualizar cómo coordinar esa unidad: nos tenemos que poner de acuerdo en las necesidades como clase, no como sector”.
¿Esta plaza es un intento? “Hubiera sido un intento si convocaban a medio paro para que vengan los que están trabajando. No esperamos nada de la CGT: lo que necesitamos es parar el país. Con la Ley de Tierras directamente quieren destrozarlo. Como jubilados no podemos proponer la fuerza, pero sí la postura con la que hemos resistido: la constancia. Lo que se necesita es un plan de lucha que sea constante, y no algo de una vez y listo”.
Zulema cuenta por qué cada miércoles espera el 266 que no pasa, por qué no falta nunca al Congreso: “Sentimos que no podíamos hacer otra cosa más que resistir, porque quedarnos en casa era morir de todos modos. Nos encontramos con jubilados que no conocíamos pero tenían la misma actitud. Vivimos la década del setenta y fuimos una generación que creció pensando que había que luchar para cambiar el sistema. Cruzado por un conformismo o posibilismo, muchos abandonaron los sueños, pero cuando nos dimos cuenta que estábamos viejos y nos habían quitado todo, esos sueños son los que nos dieron fuerza”.
No gana la mínima y, “por suerte”, no gasta en medicamentos: “Quizá es por el cuidado naturista que me viene desde mi mamá”, dice, y aclara que tampoco pasa mucho tiempo en casa. La Agencia lavaca da fe: donde hay una marcha o un reclamo, Zulema y sus compañeros están allí. Llegado el caso que no pueda ir, se organizan para que alguien pueda estar.
Fruto de estos tiempos, realiza otro trabajo: es una masajista de alto vuelo. Empezó hace 20 años, después de jubilarse. No apunta a un público empresarial, dice: “Me dedico a que se recuperen los trabajadores que luchan porque, si están mal o doloridos, no pueden luchar”.
Mientras los gremios se van –en su mayoría rápido, sin ni siquiera dar una vuelta entera a la plaza– y queda la radio abierta de jubiladas y jubilados, esas palabras de Zulema resuenan con el comienzo del día, ante el frigorífico La Negra decorando un Carrefour: el desafío de recuperar el cuerpo y los sueños para luchar, antes de descubrir que nos han quitado todo.

Protesta social
Pedido de libertad para dos detenidos hace cuatro meses por manifestar contra la Reforma Laboral

Milton Tolomeo y Eneas Gallo son dos trabajadores precarizados que están presos en el penal de Marcos Paz por las protestas contra la reforma laboral en febrero. Sus parejas organizaron una conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), acompañadas por la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs, para exigir su liberación. La síntesis en una frase: “¿Desde cuándo gritar en la calle es pecado?”.
por Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
Milton Tolomeo tiene 39 años, es socorrista, masajista profesional y desde el 14 de febrero está preso. Primero el Ministerio de Seguridad ordenó llevarlo al Sistema Integral de Gestión para Personas de Alto Riesgo (SIGPLAR) en el penal de Ezeiza, donde estuvo incomunicado durante un mes: 20 horas por día de encierro y 4 de recreo, junto a narcos. La ministra Alejandra Monteoliva se jactaba de darle ese trato “al anarquista de la molotov”. Después de mucha pelea por parte de su defensa, familia y organismos, lo trasladaron a un pabellón común en la cárcel de Marcos Paz.
Eneas Gallo tiene 36, pedaleaba 12 horas por día para Rappi en Palermo y desde el 18 de marzo está preso. También en Marcos Paz, pero en un pabellón distinto al de Milton.
Ambos son acusados por la justicia porteña de tirar molotovs en la votación de la reforma laboral en el Senado, el 11 de febrero. La causa pasará al fuero federal: les imputan intimidación pública, resistencia a la autoridad y tenencia de material explosivo. Pese a todos los argumentos de sus defensas –CORREPI en el caso de Milton y la Gremial de Abogados con Eneas–, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad confirmó la prisión preventiva porque la pena en expectativa por los delitos imputados es de hasta 15 años de prisión, lo que los lleva a presuponer que buscarían evitar el proceso judicial. En el caso de Eneas suman, además, que no posee “arraigo” (un domicilio fijo), situación derivada de su precariedad laboral.
Este miércoles las parejas de Milton y Eneas –Eva del Rosario y Vanessa Polini, respectivamente– encabezaron una conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), convocada por la Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs, para darle fuerza a la campaña por la liberación. En la próxima MU contaremos sus historias.
La primera en hablar fue Vanessa, que reprodujo un audio de Eneas, desde el Pabellón III Módulo III de Marcos Paz: “Mando este audio mientras se juega el primer partido de este mundial miserable donde los ganadores siempre son las corporaciones”, arrancó Eneas, que hizo un racconto de los hechos represivos en el actual gobierno y denunció el intento de los fiscales de aplicar la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta social. Vanessa, luego, leyó un escrito, en el que se preguntó: “¿Desde cuándo gritar en la calle es pecado?”.

Eva y Vanessa, las novias de dos trabajadores precarizados, detenidos por protestar contra la Reforma Laboral. Foto: lavaca.org
A su turno, Eva también pasó un audio de Milton, desde el Pabellón V Módulo I: “Soy un pluriempleado precarizado más, tengo una hija de 12 años y una novia docente de lengua y literatura”. Eva completó: “Dudo mucho que un terrorista se levante todos los días a las cinco de la mañana para ir a trabajar o que disponga de un gabinete de masajes en su casa”. Milton también iba tres veces por semana a los parques Chacabuco y Centenario, en CABA, con su camilla de masajes: empezó después de que lo echaran en Ferrum, la empresa de sanitarios en la que trabajaba. Además, por su trabajo de socorrista atendía a jubiladas y jubilados en las marchas de los miércoles: “No estamos más seguros con Milton preso porque él le limpiaba la cara a los que recibían gases en las represiones policiales”.
En la conferencia también participó Homero Aguirre, ex detenido por la reforma: quedó libre porque en las imágenes de la marcha sólo se lo veía sosteniendo unos fenólicos, aunque sigue con los cargos de resistencia a la autoridad e intimidación pública. Por este proceso, el supermercado Disco donde trabajaba lo echó: hoy está buscando empleo. “Necesitamos seguir luchando más allá del procesamiento”, insistió.
En el Serpaj estuvieron presentes el diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), la legisladora porteña Vanina Biasi (FIT), Alberto y Leonardo Santillán (papá y hermano de Darío, asesinado en Puente Pueyrredón en 2002, junto a Maximiliano Kosteki) Fabián Grillo (papá de Pablo, fotorreportero sobreviviente de una represión a hinchadas y jubilados), el padre Paco Olveira (Cura en Opción por los Pobres, otro de los habituales reprimidos y detenidos por el gobierno en marchas de jubilados) y Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, entre otros referentes sociales, gremiales y de derechos humanos.
“Necesitamos esta unidad, la más amplia posible: si no, no hay chance de liberar a los compañeros”, sostuvo Mirta Israel, militante de la coordinadora y de Hermanas y Hermanos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado. Mirta recuerda la experiencia de la Ley Bases, cuya coordinadora se organizó para liberar a las 35 personas detenidas y acompañar los procesos judiciales. Ahora se están organizando para visitar a Milton y Eneas, además de recaudar fondos para ayudar económicamente a sus familias.
Por eso, alentó: “Es el momento de profundizar esta unidad y presionar. No sólo pedimos su libertad sino también el cese de todas las causas. Los queremos en la calle”.
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